La violencia es una consecuencia del conflicto. Pero cuando la violencia se apodera de las calles y de las relaciones sociales, no estamos sólo ante un conflicto, sino también ante la incapacidad de solucionar los problemas a través de cauces democráticos. La ley, los jueces, el parlamento, las mesas de diálogo, los convenios colectivos y el simple pudor son formas cívicas que procuran reconocer el conflicto y solucionarlo con mecanismos civilizados.

El Partido Popular se queja de que sus militantes y sus cargos públicos sienten la presión de la ciudadanía. Más que presión empieza a advertirse un desprecio generalizado y una crispación cada vez más aguda ante todo lo que significa el PP, sus intereses, sus formas de actuar y su alianza con unos poderes económicos que están empobreciendo a la sociedad española. No es extraño: el PP echa leña al fuego y alimenta el conflicto de un modo irresponsable al mismo tiempo que cancela los cauces democráticos.

El distanciamiento entre los altos ejecutivos de una empresa y los trabajadores ha sido una de las prácticas calculadas de la economía neoliberal. Resultaba necesario cortar de raíz cualquier sentimiento de unidad para introducir la crueldad como códigos de comportamiento. La solidaridad de los colectivos humanos, incluso en los proyectos de carácter económico, está fuera de razón cuando se quiere explotar, usar y tirar a la gente en nombre de los beneficios. Los grandes sueldos de los ejecutivos, la firma de indemnizaciones millonarias para las cúpulas y la deslocalización de los centros de poder han servido para establecer una distancia tajante entre los intereses directivos y los trabajadores. Donde no existen vínculos sólo es posible la insolidaridad. Nadie puede tener mala conciencia al aplicar un recorte, una degradación de derechos laborales o un despido multitudinario. No hay que mirar a los ojos.

Mecanismos muy parecidos se reproducen entre las cúpulas de las organizaciones políticas y sus militantes o su electorado. El PP, desde luego, se lleva hoy todo el protagonismo en esta dinámica. La cancelación de los cauces democráticos para solucionar injusticias acentúa los conflictos. La estrategia más evidente es la práctica oficial de la mentira. Sin ningún pudor, los portavoces del PP callan o mienten a propósito de las cuestiones más turbias con las que se enfrentan. La mentira evita la obligación de asumir responsabilidades políticas concretas, pero no impide el descrédito generalizado de unas siglas. La cúpula se salva a costa de dejar entre la basura a sus militantes y de ensuciar de forma grave la convivencia parlamentaria. Una mentira impuesta es una forma más de gobernar por decreto.

Hay también, junto a la mentira, otras estrategias. La cancelación de los cauces democráticos ha tenido especial importancia en la manipulación de la justicia, en la represión policial y en la obstaculización de mecanismos fundamentales para la democracia económica como los convenios colectivos. En vez establecer marcos de diálogos necesario entre empresarios y trabajadores, se impone la lógica del ordeno y mando de los poderosos. En vez respetar y defender a los ciudadanos, se reprime y se criminaliza a los que defienden sus derechos. Y en vez de asegurar la independencia judicial, se presiona para evitar una investigación rigurosa. El miedo del PP a que el juez Bermúdez investigara las actuaciones de su tesorero Bárcenas ha sido un buen ejemplo del estado de nuestra justicia, tan llena de aristas, rencores y deudas. Se trata de un juez conservador, aupado por la derecha en su carrera. Pero la derecha no se sintió cómoda —y es que hay límites de indecencia para todo— con su actuación en el juicio sobre el 11-M. Por eso se comportó de manera poco generosa con él a la hora de seguir apoyándolo. Consciente de sus maniobras, el PP intuyó el enfado del juez y se llenó de nervios cuando el caso Bárcenas llegó a sus manos.

El Gobierno empobrece a la población, degrada la vida laboral, desmantela la sanidad y la educación pública, es decir, crea conflictos graves. Y al mismo tiempo  obstaculiza la solución democrática de los problemas. Es una inercia temeraria que favorece los brotes de violencia. Lo vamos a sufrir más pronto que tarde. También es un modo de condenar a sus votantes y a sus militantes a un desprecio público generalizado. La cúpula del PP es la responsable de que hoy en España no parezca decente ser del PP. Resulta muy difícil compatibilizar la corrupción y la avaricia de unos pocos con el empobrecimiento pacífico de la inmensa mayoría.