Me parece alarmante la debilidad ideológica con la que se ha planteado el debate de la propiedad intelectual como una lucha entre internautas y creadores. Yo no quiero opinar como internauta o creador, sino como ciudadano. Internet es hoy la metáfora más clara del espacio público y del destino que los poderes económicos tienen previsto para el Estado. Sería recomendable huir del izquierdismo barato que suele utilizar la derecha como trampa populista para defender sus intereses.

La crisis ha puesto en evidencia que la desregulación de los mercados es la gran aliada del capitalismo más fiero. No podemos admitir, por tanto, que las regulaciones estatales se presenten como un atentado contra la libertad civil. Pensar que la libertad exige la falta social de límites significa asumir la lógica de los especuladores. La tarea del Estado es darle un sentido cívico a los límites. Si se pone en duda que todo trabajador tiene derecho a un salario justo y que los derechos de autor son el salario de los creadores y la fuente de ingresos de los técnicos de la industria cultural, someteremos el tejido artístico de la sociedad al dictado del absolutismo neoliberal. No creo que se produjese un empobrecimiento intelectual inmediato, porque el poder creativo ha encontrado siempre modos de vida bajo las iglesias y las monarquías más atosigantes. Pero no conviene olvidar con discusiones falsas la verdadera realidad del problema: la sustitución de las viejas multinacionales por los nuevos mercaderes de la red. No hay disputa entre creadores y ciudadanos, sino estrategias de confrontación entre negociantes sin escrúpulos.

El precio de los soportes tradicionales de divulgación musical suele ser muy superior a su valor real. Se equivoca quien piensa que el dinero va derecho al bolsillo del artista. La mayor parte de los beneficios están destinados a engrosar las cuentas de las multinacionales. Las nuevas formas de distribución del arte en la red permiten ahora una revisión de costos y de precios. Es una buena noticia. Pero cambiar esta revisión por la simple piratería significa no sólo robar a los trabajadores de la cultura (y la realidad del sector tiene poco que ver con la caricatura de los famosos millonarios), sino participar también en las tramas de enriquecimiento de los nuevos negociantes. Cuando los derechos de autor sean mercancía basura, las telefónicas y los mercaderes digitales harán su negocio. Se trata de una operación muy parecida a la de los constructores que degradan un barrio para comprar edificios baratos y venderlos después, con ayuda de las mejoras municipales, como viviendas de lujo. El marxismo, en manos de sus profetas, ha sufrido errores catastróficos a la hora de imaginar los futuros utópicos, pero sigue siendo una buena teoría para interpretar el capitalismo. Este es un caso claro en el que las rentas del trabajo se convierten en mercancía o en propiedad capitalista para especular. ¿Es ese el significado de la libertad? ¿La libertad de quién? Las bellas historias de los piratas románticos esconden una amenaza muy peligrosa contra el Estado.

Tampoco es admisible la prepotencia tecnológica de los que afirman que ninguna ley debe ponerle puertas al campo de la innovación. ¿Renunciamos también a limitar las mutaciones biológicas, las industrias contaminantes y las armas de destrucción masiva?

Vivimos una época que privatiza los espacios públicos (véase la sustitución de los debates políticos por la chismosería de Wikileaks) y facilita la publicación de las miserias privadas. Internet, como metáfora del Estado, da buena cuenta de ello. Se miente, se calumnia, se vomita y se crean confusiones con absoluta impunidad. Después de recibir mil veces el mensaje de que la llamada Ley Sinde permitirá sin amparo judicial la clausura de determinadas páginas, uno siente escalofríos al leer el texto y encontrar siete referencias precisas a la obligatoria actuación de la Justicia siempre que sea necesario regular el ánimo de lucro. No todo debe estar permitido en internet, las leyes de vigilancia democrática son imprescindibles. Contra la demagogia populista, conviene agradecerle a la ministra de Cultura que haya dado el primer paso en un camino emprendido ya por países más civilizados. Deberían implicarse también Hacienda, Industria, Justicia y Educación. Es una cuestión de Estado.