Estoy de acuerdo con la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas: la campaña de "desprestigio" que está sufriendo el alto tribunal es "desproporcionada e intolerable". Tanto ella, como otros tres compañeros suyos, cuyos mandatos caducaron hace varios años, deberían haberse marchado ya. Con su permanencia, están colaborando al desprestigio de tan alta institución de manera desproporcionada e intolerable.

Porque es verdaderamente desproporcionado que un tercio del tribunal con su mandato caducado permanezca haciendo su trabajo, intentando infructuosamente dilucidar si un Estatut de tan alto voltaje político como el de Cataluña es o no constitucional. Un "intolerable y desproporcionado" porcentaje de miembros sin vergüenza torera para dimitir.

Curiosamente se refiere a su tribunal como si se tratase del templo de la objetividad, intentando sustraernos a todos la verdadera naturaleza de su composición: todos sus nombramientos tienen una génesis política. Cuatro han sido nombrados por el Congreso de los diputados, otros cuatro, por el Senado, dos, por el gobierno, y otros dos, por el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, un tribunal de nacimiento exclusivamente político, con padres y madres reconocidos, que no hacen otro oficio que dilucidar sobre materiales también exclusivamente políticos.

¿A qué viene, entonces, tanto aspaviento con la supuesta independencia del Tribunal Constitucional si todos sabemos que es la suma de las subjetividades de quienes los han nombrado? ¿Por qué se empeña la señora presidenta en hacernos creer que ejercen su magisterio, como estatuas de la Justicia, con los ojos tapados y la balanza de la objetividad en una mano?