Ayer por la tarde, tras una excursión desde el cercano Allariz (Ourense) donde se celebra un concurso de jardines a la orilla del río Arnoia, encontré mi pueblo cercado de tres incendios forestales, con focos separados por cientos de metros. Una flotilla de aviones y helicópteros trataba de atajar el fuego, entrando y saliendo de una columna de humo descomunal, de unos incendios evidentemente provocados. Curiosamente, venía de hablar con uno de los voluntarios que guarda el concurso de jardines de Allariz, un parado de larga duración, que me confesaba tener la "esperanza" de que pronto comenzase la temporada de incendios para contar por fin con un trabajo remunerado en los piquetes de extinción contratados por la Xunta. Me lo decía con amargura, por su situación laboral desesperada y por reconocer que su salida vital más inmediata dependía de la desgracia de los demás.

Me pareció una alegoría del Partido Popular.

Los incendios forestales en Galicia, y particularmente en Ourense, son casi un endemismo. Meditad sobre estas cifras: el 80% de los incendios forestales en suelo europeo (este año, bien es verdad, hay que hacer una excepción con el caso de Rusia) suceden en la península ibérica. Galicia, con un 7% de toda la masa forestal de España, sufre el 50% de los incendios, y se calcula que en Ourense es ¡12 veces más probable que arda un terreno que en la media del resto de España!

Los gallegos llevamos siglos preguntándonos quien quema el monte. Cui prodest, a quien beneficia. Y en la respuesta clásica hay ingredientes de novela negra, entre los que no faltan pirómanos con el síndrome de Nerón, parados que temen quedarse sin trabajo temporero en la extinción de incendios, ganaderos que pretenden abrir huecos de pastizales, vendettas entre vecinos, intereses de las empresas madereras y de pasta de papel que aprovechan la madera quemada, una descabellada repoblación forestal que despreció durante décadas el árbol autóctono, movimientos especulativos de los propios ayuntamientos, descuidos de los usuarios del bosque, y el lamentable estado de limpieza en que se encuentra buena parte de los montes.

La lucha contra la quema del monte comienza en los despachos. La Ley de Montes aprobada por el pleno del Congreso en 2006 ¡con el único voto en contra del Partido Popular! (a lo mejor no es una alegoría, como pensaba antes) convertía a los guardas forestales en agentes de la autoridad y, lo que es mejor, prohibía cambiar el uso forestal del monte quemado para convertirlo en urbanizable durante los 30 años siguientes.

De la misma manera que los viticultores saben que el buen vino se hace cuidando la viña, los técnicos forestales saben que los incendios se apagan antes de que se produzcan con una buena gestión forestal, con la limpieza de todo material altamente fungible, como maleza seca, con la implantación de contratos fijos que eviten la quema del monte por parte de trabajadores que optan a un puesto de trabajo temporal.

Tropezamos aquí con un problema estructural añadido: el monte en Galicia está dividido en cientos de miles de parcelas abandonadas por sus propietarios a su suerte por falta de rentabilidad. Algunos sienten sus propiedades más como una carga impositiva que como una riqueza de la que no se pueden desprender, porque nadie quiere un monte que sólo produce gastos de mantenimiento.

En el momento en que esto os escribo sobrevuelan sobre mi cabeza los hidroaviones de la flotilla de extinción, ocupados todavía en apagar los rescoldos de los incendios de ayer. Es un sonido de guerra que me está poniendo muy mal cuerpo.