La gresca de Poyales del Hoyo o el esperpento ante la Ley 52/2007
Mucha atención se sigue prestando a un pintoresco incidente, pero, no por ello, menos lamentable; el ocurrido el pasado domingo en Poyales del Hoyo, a la salida de misa de 12, entre miembros de algunas asociaciones de Memoria Histórica y entre supuestamente pacíficos vecinos de este pueblo. Entre quienes se autodefinen como nietos de obreros a los que no pudieron matar aquellos que aparecen como fieles cumplidores de los mandamientos de la Iglesia Católica. Todo bajo la pugna entre el obrerismo revolucionario de corte bolchevique y entre las más clásicas esencias patrias de la involución de nuestra sociedad. Así, frente a frente, lo pretendidamente perenne frente a lo realmente inexistente. Medios de comunicación y noticieros siguen atentamente esta anécdota de verano y sus detalles. Políticos y pseudo-políticos, con manida y hueca invocación, claman por el respeto a los muertos o la correcta aplicación del orden público. En resumen, que al esperpento y a lo grotesco difícilmente se le puede añadir más.
Pero bien, ante ello, me planteo una propuesta, como es verlo desde más hondo calado, desde más allá de puntuales imágenes, pues entiendo que el suceso y sus razones son claramente pasajeros y enmendables, pero no lo es lo que subyace. Esto es, si los muertos de las cunetas y los exhumados de ellas tienen o no derechos seguros y efectivos ante nuestras leyes. En especial, en la llamada Ley de Memoria Histórica. Ante este problema, ésta cita, sin precisar, unos marcos de competencia, que desde todo ente se rechaza; a multidisciplinares protocolos conjuntos que no se elaboran, al menos, desde el rigor; a la genérica colaboración de todas las administraciones para la localización e identificación de víctimas, etc. etc., pero, de efectividad, nada de nada, lo muestra bien a luz el citado suceso y, sobre todo, precedentes administrativos. Resulta, por tanto, en último extremo, patético e hiriente para una sociedad madura que, una ley que ocupó casi toda una legislatura completa, que llevó a la acritud política, donde se recordaron fantasmas del pasado, se manipuló sobre la equiparación de bandos, se habló de la reescritura o no de nuestra historia, más muchísimos otros tópicos, no proporcione ninguna aplicación práctica a unas simples cuestiones que plantea la real existencia de las desapariciones forzadas en España.
Si de esta ley hubiera resultada aprobada una mínima previsión vinculante, solo algún precepto de efectiva aplicación, resultaría ocioso examinar donde, de verdad, nos hallamos: que los familiares de estas víctimas quedan a expensas de la buena comprensión de la autoridad que administra cementerios; que los restos exhumados sean tratados conforme a tradicionales ordenanzas, o por contrario, según alguna norma especial de ámbito provincial o autonómico; sobre cómo resolver reales diferencias entre familiares, etc. etc., la casuística sería amplia. Y es en esto, donde se encuentra el real origen del incidente sucedido en Poyales, con independencia de cualquier otra consideración.
Ante la situación, no deja de ser oportuno recordar, una vez más, que ellas son las víctimas de un holocausto, negado, todavía ni tan siquiera tiene puesto nombre a las víctimas, pero que tiene mostrada su realidad. Por tanto, cuando menos, esperar que por quienes deben y pueden se extraigan necesarias enseñanzas y se adopten medidas generales, pues son bien posibles.
Fernando Magán es abogado de las víctimas en la causa contra el franquismo.
Las víctimas del franquismo, el panorama actual
Fernando Magán
“¿Qué será de mi España cuando despierte de esta salvaje pesadilla? Al final no quedará piedra sobre piedra, ni vivos que puedan enterrar a los muertos. Toda la tierra será un cementerio al aire libre donde sólo podrán sobrevivir las alimañas.
Son palabras de Miguel de Unamuno, según un diario último, escritas cuando aún todavía no habían transcurrido ni siquiera seis meses del inicio del Alzamiento Nacional y desde que él mismo hubiera hecho adhesión a la sublevación, con un donativo de cinco mil pesetas para la suscripción nacional. Pero ya antes, el 12 de Octubre de 1936, había calificado ese alzamiento de guerra incivil, con motivo de la celebración en la Universidad de Salamanca del Día de la Raza en presencia del general sublevado, José Millán-Astray, y de Carmen Polo, esposa del general Franco, ya entonces nombrado Caudillo de la Cruzada.
Estas muertes, fruto de un terror premeditadamente planificado y ejecutado entre la población civil, todavía duraría muchísimo más tiempo, tres años más, tanto en las retaguardias como también en el campo de contienda bélica, donde el objetivo militar era erradicar, a sangre y fuego, cualquier raíz de ideas y objetivos vinculados al Frente Popular que, mediante elecciones democráticas, ganó el gobierno de la II República Española.
Pero acabada la contienda bélica comenzó para los republicanos que pudieron huir de España un amplio éxodo por Europa y América, mientras que la represión interna continuó con un auténtico genocidio para los que no pudieron huir o fueron delatados como desafectos.
Los vencedores, en su cruzada contra toda clase de liberalismo y en su obsesión por exterminar las ideas marxistas y las personas que las defendieran, iniciaron una Causa General, un juicio masivo que, mediante paradójicas y generalizadas condenas de auxilio a rebelión, sirvió para dictar unas 200.000 condenas a muerte, ejecutadas en alta proporción, que además sirvieron para incautar sus bienes y a los restantes hacerles esclavos, junto a otra importantísima parte de la población que era redimida de no entrar en prisión.
Hasta Abril de 1948 España permaneció en estado legal de guerra, donde las únicas normas a aplicar eran decimonónicas Ordenanzas Militares y el Bando Militar dictado por el generalato sublevado; esto es, repitiendo nuevamente a Unamuno, en el mismo diario y para Salamanca, que no había guerra, sino algo peor, lo que se oculta en el cinismo de una paz en estado de guerra.
Muerto su dictador, Francisco Franco Bahamonde, para cuyo régimen solo respondía ante Dios y ante la Historia, los españoles, en la esperanza de una mejor situación política y de mejores expectativas, no pusieron insalvables problemas para aceptar, con amnesia, ese oscuro pasado que, para quienes gestaron el tránsito político de esa Dictadura a Democracia, lo supusieron y pactaron como un olvido de gravísimos crímenes y de las innumerables victimas de toda clase, causadas en toda forma.
Pero la más larga y cruel Dictadura conocida en el mundo civilizado moderno, claramente, no ha quedado borrada de la memoria de los españoles, de su memoria individual y de la colectiva. Muchísimos de ellos, en su madurez ciudadana, quieren recuperarla y tratarla en presente, como herida no cerrada, mientras otros se sumergen en ella por primera vez, con vergüenza que se hace propia, todo acompañado del ánimo de hacer debida justicia con una deuda, en términos de dignidad. Esto, nuevamente, el poder político lo ha querido ignorar, o no ha sabido tratar, al querer solaparlo con una ley llamada de Memoria Histórica, que, en realidad, solo es de cicateras y falaces compensaciones económicas.
Sin embargo, ese deseo de justicia si ha encontrado audiencia en el juez que mejor simboliza en España y, puede que en el mundo, la persecución universal de dictadores y la reparación de sus víctimas, es decir, el juez Baltasar Garzón Real, ensalzado siempre cuando ha conocido de hechos análogos en otras partes del mundo.
Cuando las familias y sus asociaciones, alternativamente a dicha ley, acudieron a la Audiencia Nacional, en su declaración judicial de competencia el juez señaló los miles de víctimas existentes, antes aportadas nominalmente por los denunciantes, y que después de detenido examen quedan cifradas en 152.237 personas. Conocer el paradero estas personas, y de otras muchas, que seguro no han sido aportadas, ha quedado socialmente como el mayor reto para toda la justicia española.
Pero la promulgación de la ley de Memoria Histórica, y otras cuestiones no siempre dichas, han hecho que este juez haya sido procesado por el supuesto delito prevaricación, desde el poder judicial, por pretender investigar los delitos denunciados, mientras que el poder ejecutivo, con el Presidente Zapatero a su cabeza, lo han justificado invocando la Historia, coincidiendo de tal guisa con los designios del Dictador, y a hoy se sigue demorando abordar este problema, en una situación de real urgencia, so pretexto de convenios con CCAA, más otras dilaciones, cuando una base de conocimiento está ya creada, bajo la fe pública judicial.
En consecuencia, el problema, después de una larga dictadura y de largo tiempo votando democráticamente, queda ahora aún más agravado, pues ya no es solo responder ante España, y ante el mundo, de los miles de víctimas con paradero desconocido, es también el responder de cómo un juez con generales reconocimientos por tareas como la iniciada, resulta que ante la sola acusación de quien provienen o siguen justificando la Dictadura, ha quedado procesado por decidir investigar, aplicando la ley universal, delitos no exonerables.
Lamentable situación, que hace nuestra sociedad contemple perpleja como sus poderes públicos, los gobernantes en distintos modos, trasladan preocupantes mensajes de que no quieren despertar de tan sórdida, lacerante e inacabable pesadilla, para España y para los españoles, y además, incompatible con la Democracia.
Vaya con esta exposición los mejores deseos para el diario Público en su proyecto de memoria social pública, en la confianza de que recibirá amplia consulta, y de que hará importante contribución al esclarecimiento de quienes fueron las víctimas de la Dictadura y que fue de su paradero.
Fernando Magán es abogado de las víctimas en la causa del juez Baltasar Garzón contra el franquismo
