Multiplícate por cero

El coste del despido está en el fondo del debate

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Ocho de cada diez trabajadores en España comienzan su vida laboral con un contrato temporal (ahora con la crisis son algo menos). ¿Les parece mucho? Lo que viene después es peor. Diez años más tarde, la mitad de ellos sigue con contratos temporales, según un estudio del Banco de España. Y son los grupos menos favorecidos y con menor formación los que sufren durante más tiempo la temporalidad, aunque nadie se libra: el 20% de los ingenieros y licenciados tiene un contrato temporal diez años después de haber empezado a
trabajar.

La excesiva temporalidad es, después del paro, uno de los principales problemas del mercado de trabajo. La reforma laboral que ayer planteó el Gobierno a patronal y sindicatos pretende reducir la contratación temporal y promover la indefinida. Y para eso dice que hay que delimitar en qué casos se pueden encadenar contratos temporales –aunque no especifica cómo– y en ampliar la utilización del contrato de fomento de la contratación indefinida. Se trata de un tipo de contrato acordado en la época de Aznar y cuya indemnización por despido improcedente es de 33 días.

Paralelamente, el Gobierno plantea, con todas las cautelas, que las empresas que recurran más a la contratación temporal paguen más cotizaciones sociales por desempleo.

La redacción del documento presentado – “Líneas de actuación en materia de diálogo social”– es tan ambigua y deja tanto al futuro pacto que tanto patronal como sindicatos no podían más que salir dispuestos a sentarse a negociar. Justo lo que buscaba Zapatero, que no ha querido repetir el error cometido hace una semana con las pensiones, cuando el Gobierno propuso elevar de 65 a 67 años la edad legal de jubilación, y que ha provocado la primera rebelión de los sindicatos contra él.

Pero habrá que ver cómo acuerdan la letra pequeña de asuntos como “reforzar la causalidad del despido”. Mientras Toxo y Méndez salieron diciendo que la palabra despido no aparecía en el documento y el Gobierno insistía en que no se reducían las indemnizaciones por extinción de contrato, entre las líneas de actuación se propone que, sin menoscabo de la tutela judicial efectiva, se reflexione sobre la necesidad de clarificar y diferenciar más entre el carácter procedente o improcedente de los despidos económicos. El Gobierno señala que el creciente recurso al despido improcedente ha provocado la descausalización del mismo y que se generalice la idea de que el coste ordinario del despido es de 45 días.

El documento ya no dice más, pero esto cada uno puede entenderlo como quiera. Por eso salió satisfecho el presidente de CEOE. Los empresarios pueden considerar que lo que quiere decir el Ejecutivo es que hay que reconducir el despido para hacer un mayor uso de las causas objetivas –con lo que serían 20 días de indemnización por año trabajado– y lograr de esta forma reducir los actuales costes por despido. Mientras que los sindicatos verán que se respeta su primera línea roja: no perder la tutela judicial efectiva. El texto no provoca enfrentamientos en un primer momento pero si se entra en el detalle puede llegar a haberlos, y gordos.

Si acudimos a las estadísticas judiciales de los despidos y a las prestaciones por desempleo, podemos ver que –sin tener en cuenta los ERE– en más del 70% de los casos las empresas utilizan la vía del despido improcedente con carácter inmediato. De las extinciones de contrato que acaban en los juzgados (el 30% restante), alrededor del 30% se pacta y más del 20% acaba en sentencias favorables al trabajador. Por lo tanto, cerca del 90% de las rescisiones de contratos indefinidos se resuelve con la indemnización máxima de 45 días por año trabajado. Y esto es lo que al Gobierno y a los empresarios les parece excesivo.

Tras una semana donde pocas cosas se podían haber hecho peor –planes de rebaja de las pensiones que no son tales pero que se envían a Bruselas en el principal programa de política económica, ministros que se contradicen unos a otros, un comisario europeo compañero de partido que propina el penúltimo pisotón a la economía española– Zapatero no ha querido pisar más callos. Pero difícilmente la reforma laboral podrá concitar la misma aquiescencia por parte de todos.

Y con las pensiones de los diputados ¿qué hacemos?

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Cuando pides a alguien un sacrificio, debes empezar sacrificándote tú mismo. Esto lo digo porque entiendo la mayor parte de la reforma del sistema de pensiones que plantea el Gobierno, pero no entiendo que los políticos no vayan a compartir el sacrificio del resto de los españoles en este tema.

Veamos: lo que el Gobierno quiere hacer con las pensiones nos exige más a todos, incluso retrasar dos años la jubilación. Esto, visto en frío, es una faena. Pero si lo consideras en conjunto, la reforma que se plantea busca la sostenibilidad del sistema y pone coto a algunas inequidades que ha ido acumulando.

Por ejemplo, en el régimen de pensión vitalicia por incapacidad se amparan casos como los de futbolistas profesionales que sufren una lesión o una enfermedad congénita (pongamos por caso, disfunciones cardiacas). Estas personas, habiendo trabajado poco tiempo como jugadores, ya tienen una pensión de por vida. Y el caso es que no pueden jugar más, pero sí podrían desempeñar un trabajo reposado. El Gobierno alega que “no es razonable que trabajos profesionales que se desarrollan en exclusiva en una parte de la vida, generen pensiones vitalicias”, ni tampoco “que prestaciones pensadas para cubrir la imposibilidad de trabajar –incapacidad permanente absoluta– se compaginen con el trabajo”. Se trata de un cambio que parece de sentido común.

Pero empecemos ahora a hablar del sacrificio que no hacen diputados y senadores: ellos pueden gozar de una pensión máxima cuando les llegue el retiro aunque su periodo de trabajo en el Parlamento no sea largo y el resto de su vida laboral hayan cotizado por la mínima. Bastan 11 años en el Parlamento para tener derecho al cien por cien de la pensión máxima y con siete años se llevan el 80%. Aún reconociendo las particularidades que tiene ser diputado, con la interrupción de carreras profesionales en el ámbito privado, este complemento vitalicio a las pensiones de sus señorías los convierte en un colectivo privilegiado. Más aún si se consideran otras ayudas que reciben, como que las Cortes paguen la cotización de los ex parlamentarios que cesen a los 55 años y no tengan otra actividad laboral.

Entre las exigencias propuestas del Gobierno para acceder a la pensión no hay ninguna referencia a sus señorías. La explicación no se debe a un fallo de memoria sino que es puramente técnica: la reforma afecta al sistema de la Seguridad Social mientras que el complemento de pensiones de los parlamentarios sale del presupuesto del Congreso. Yo, que no soy nada técnica, sólo veo una cuestión: ambas cosas salen del dinero público.

Es una oportunidad única para que los miembros del Pacto de Toledo, que son los que van a decidir nuestras pensiones futuras, den ejemplo y se igualen al resto de ciudadanos.

Podemos debatir la necesidad de introducir cambios en el sistema de pensiones para asegurar su sostenibilidad, incluso estar de acuerdo con algunos. Es cierto que la relación entre años de trabajo y años de retiro se ha deteriorado. Hace tres décadas se trabajaba durante 40 años y se cobraba la pensión menos de diez, porque te morías antes. Ahora se trabaja una media de 37 años y se vive retirado unos 18. Es decir, el Estado debe pagar las pensiones más tiempo y la proporción entre activos y jubilados mengua.

Pero, antes de resignarnos a que dentro de 15 o 20 años haya que jubilarse a los 67, habría que comprobar si no se pueden incrementar los cotizantes por otras vías. Por ejemplo: aumentando la tasa de ocupación, logrando la plena incorporación laboral de la mujer, con la llegada de inmigrantes o que los jóvenes –que sufren una tasa de paro superior al 40%– encuentren empleo.

Incluso aceptando que, por motivos de pirámide de población, no se lograra un número suficiente de cotizantes a la Seguridad Social, lo que resulta paradójico es que sigan permitiendo prejubilarse –por miedo a que impedirlo incremente las cifras del paro– mientras se retrasa la edad de retiro. El Gobierno propone “limitar” las prejubilaciones en las empresas con beneficios y de los directivos aunque, al no “prohibir”, podemos presumir que seguirá habiendo prejubilaciones.

 Pero el debate de las pensiones lleva a otro: Si tantas ganas tenemos de jubilarnos, ¿no deberían ser nuestras condiciones de trabajo las que habría que revisar?

Caseros de los inmigrantes

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Mariana dejó dos hijos en Ecuador: uno se quedó con la abuela, el otro está enterrado en un pequeño cementerio, asesinado por un desconocido, según el informe policial. Ella se vino a España para que a su segundo hijo no le faltara lo que no pudo darle al primero: educación, un techo seguro, comida todos los días. Aquí lleva dos años, vive con su pareja en un piso patera y tiene un casero espabilado que le ha doblado el alquiler de la habitación desde que han nacido los mellizos basándose en puras matemáticas: la habitación sigue siendo la misma pero el índice de ocupación se ha multiplicado por dos; es lo que tiene la aritmética.

El casero de Mariana no es alcalde de Vic, pero podría serlo. La intención –ya descartada– de ese ayuntamiento catalán de no empadronar a los inmigrantes sin papeles perseguía dos objetivos, uno electoral y otro económico. Los ayuntamientos y las comunidades autónomas se encuentran en una situación de endeudamiento y ahogo financiero grave. Quitarse demandantes de servicios sociales serviría para mejorar las cuentas públicas. Eso es usar las matemáticas al estilo del casero de Mariana.

Existe el estereotipo del inmigrante como usuario recurrente de los servicios sociales. No falta quien se queja de que ocupan las plazas escolares, llenan las consultas de la Seguridad Social o reciben todas las ayudas sociales. Sin embargo, la realidad es bien distinta: la frecuencia con la que utilizan los servicios sociales es inferior a su peso demográfico; por ejemplo, en la sanidad la mayor utilización se produce a partir de los 65 años, edad que no alcanzan nuestros inmigrantes.

 Es verdad que se trata de una población que está sufriendo más el desempleo y que no dispone de una red familiar para sobrevivir; al contrario, ellos son los suministradores de apoyo económico a los familiares que han dejado en sus países de origen. Por eso, con la crisis, los inmigrantes son o serán más propensos a usar los servicios públicos de asistencia. Más motivo para no suprimirlos.

El debate sobre si aquí cabemos todos o no acaba de empezar. Pero no somos caseros y aquí no vale la pura aritmética.

¿Cuántos somos?

En 2009 había 5.600.000 extranjeros en España sobre una población total de 46,6 millones, según el último Padrón Municipal del INE. Eso supone el 12% de población inmigrante sobre el total de población. En los últimos diez años, el número de inmigrantes empadronados ha crecido un 650%, pero aún no llegamos al 20% que representan sobre la población total en países vecinos.

Ni llegaremos en los próximos años, según los expertos. Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) pronostica que la entrada de inmigrantes se va a ralentizar como consecuencia de la crisis. En concreto, prevé que, hasta 2014, el número de inmigrantes rumanos se reduzca a la tercera parte (20.000 anuales) al igual que los marroquíes (flujo anual de 26.000 emigrantes para 2014). Eso sí, cuando la economía recupere el empuje anterior a la crisis la llegada de inmigrantes también se reactivará.

¿Qué efecto tiene sobre el salario del resto de los trabajadores que haya un colectivo forzado a aceptar sueldos más bajos o donde la temporalidad es la norma? Un estudio del Banco de España señala que, para los inmigrantes que entraran en España entre 1996 y 2000 sin experiencia laboral previa, el salario inicial es alrededor de un 35% inferior respecto al de un trabajador nacional con la misma edad y experiencia laboral. Al cabo de diez años esa diferencia se reduce a la mitad pero no sigue bajando. La competencia salarial y laboral de los inmigrantes no ha tenido impacto en los nacionales porque ha sido complementaria: ocupaban trabajos que los españoles no querían y eran años de expansión económica. En época de crisis las cosas pueden cambiar para los trabajadores no cualificados. La salida fácil es decir que se vayan los inmigrantes; la difícil, evitar la presión a la baja de los salarios y las condiciones laborales favoreciendo la integración y la igualdad en el trato.

 ¿Quiénes se benefician de una inmigración no protegida? A mí me parece que los que aplican las matemáticas como el casero de Mariana.

La cosa no va con Gerardo Díaz Ferrán

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En la imaginación de Díaz Ferrán no cabe la dimisión ni volar en Air Comet

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A Gerardo Díaz Ferrán ni se le ha pasado por la imaginación dimitir como presidente de CEOE a pesar de los sucesivos escándalos que están azotando su vida empresarial y de los prácticamente nulos logros o acuerdos como líder de la patronal.Tampoco a los miles de pasajeros que se han quedado en tierra tras el cierre, por insolvencia, de Air Comet –empresa de Díaz Ferrán– se les había pasado por la imaginación que no podrían ver a sus familias estas navidades. Y, muy probablemente, en la imaginación de los miembros de la Junta Directiva de CEOE ni por asomo aparecía la posibilidad de que la compañía de su líder fuera embargada por un juez británico y que la aerolínea cerrara dejando en tierra a casi cien mil incautos que compraron billetes de Air Comet cuando el propio Díaz Ferrán aseguraba ayer que él no hubiera elegido a su compañía para volar a ningún sitio”.
A los empresarios que le blindaron hace una semana en su amago de dimisión como presidente de CEOE no se les ocurrió pensar nada de esto y Díaz Ferrán no les reveló el riesgo de embargo a pesar de conocerlo desde dos días antes. Más que nada por si echaban a volar la imaginación.
“La imaginación al poder” fue el grito más emblemático de Mayo del 68. Díaz Ferrán tenía 26 años por aquellas fechas pero no parece que le guste imaginarse muchas cosas. En nuestra fantasía está suponer qué habría hecho la junta directiva de haberlo sabido. O qué pasará en la próxima reunión. Algunos miembros de CEOE ya han puesto en marcha su imaginación.

¿Pierden los empresarios con Díaz Ferrán?

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Hubo una época en que el presidente de la patronal y los líderes sindicales eran conocidos como “el comando del sosiego”. CEOE, UGT y CCOO cumplían su parte en el desarrollo económico global del país: aplicar también el espíritu del consenso y la modernización que había alentado la transición democrática. Ahora, el que es representante máximo de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, en plena crisis económica, no sosiega, sino que alimenta la crispación dentro y fuera de la organización. Nada que ver con su antecesor, José María Cuevas, cuyo lema era: “Negociad siempre. Y cuando la negociación se vuelva imposible, seguid negociando”.

Esa filosofía permitió a Cuevas apuntar en el haber de CEOE pactos tan dispares y tan extensos en el tiempo como el Acuerdo Económico y Social (AES) de 1984, la reforma laboral de 1997 o los sucesivos acuerdos interconfederales de negociación colectiva (AINC), que permitieron años de paz social en las empresas. Cuando Cuevas firmó su último AINC, en 2007, dijo que patronal y sindicatos daban “un ejemplo a la sociedad en un momento en que se han debilitado los principios del consenso”.

Sin embargo, en estos momentos la patronal no está consiguiendo nada positivo ni para los empresarios, ni para la organización en sí misma, ni para el propio Díaz Ferrán. CEOE está convulsa, su presidente es cuestionado a pesar de las muchas “adhesiones inquebrantables” que exija y la imagen social de los empresarios se ha deteriorado incluso más que la economía en general. Mientras tanto, el 12 de diciembre, con su manifestación unitaria, los sindicatos demostraron la fuerza que tienen hoy –poca o mucha– para forzar a CEOE a un gran nuevo acuerdo económico y social que pueda ayudar a la recuperación. Seguro que a Díaz Ferrán, como al Partido Popular, esa fuerza le parecería poca. Aunque les hubiera parecido mucha, la manifestación tampoco habría conseguido que Díaz Ferrán mostrara un sosiego tipo Cuevas, en aras de una paz social que hace falta hoy más que nunca.

Esta es la situación en la que se va a intentar por enésima vez sentar a todos a la mesa del diálogo social. A estas alturas, los empresarios ya podrían haber conseguido algunos beneficios, aunque no fueran todos los que ambicionaban. Pero Díaz Ferrán no quiso seguir el consejo de Cuevas –negociar, llegar a acuerdos y seguir negociando– para que el Gobierno no tuviera la foto que ansiaba. Por eso, cuando Zapatero le invitó a cenar en la Moncloa, junto con los líderes sindicales, rechazó la oferta de rebajar dos puntos las cotizaciones sociales, control de los empresarios del absentismo laboral, participación de las empresas de trabajo temporal en la Administración y en el sector de la construcción o más dinero del ICO.

Aquella cena concluyó sin acuerdo y, aunque algunas de las medidas menores han sido puestas en marcha después, el Gobierno descartó la rebaja de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, dado que las cuentas públicas no están para más recortes de ingresos. Así que despreció un ahorro de costes de 7.000 millones de euros para sus compañeros de patronal.

Hoy, es posible que para que en CEOE no le pongan fecha de caducidad a Díaz Ferrán sólo le valga un resultado positivo del diálogo social. En la patronal valoran más la capacidad de llegar a acuerdos globales que la pericia individual como empresario del presidente de todos ellos. Casi todo empresario tiene en su curriculum errores de gestión más o menos importantes, aunque a Díaz Ferrán se le acumulan por días (es posible que le expulsen de consejero de Caja Madrid por moroso, sus trabajadores de Air Comet le reclamaban salarios impagados, tiene pendiente un juicio por presunto fraude fiscal y apropiación indebida de fondos públicos en la venta de Aerolíneas Argentinas…). Casi sería mejor que Díaz Ferrán se convirtiera en un liberado de la patronal –aunque a Esperanza Aguirre no le gusten los liberados sindicales– y negociara sin descanso el pacto social.

Sin embargo, su cercanía con el Partido Popular juega en contra del acuerdo. El PP no quiere pacto alguno como ha demostrado en bastantes ocasiones –la última en la Conferencia de Presidentes autonómicos– y Díaz Ferrán se lo explicó claramente a Rajoy: “Tus propuestas están en sintonía total y absoluta con las nuestras”. Tal vez por eso, la patronal se ha cambiado de filas, desde el comando del sosiego al de la crispación.

El impuesto al pelotazo

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Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, ha sido en estos días la musa inspiradora del laborista Gordon Brown. Allá por 1981, Thatcher y su fiel ministro de Economía Geoffrey Howe impusieron a los bancos británicos, para consternación de sus compañeros tories y deleite de los laboristas, un windfall tax, o sea, un impuesto sobre el pelotazo (literalmente en inglés, “impuesto sobre el golpe de suerte”), una medida de emergencia para paliar los efectos de la casi bancarrota financiera en que estaba el país desde finales de la década anterior. Les levantó a los bancos una quinta parte extra de sus beneficios de aquel año.
El precedente Thatcher lo había encontrado en la historia americana del siglo XX, ya que en Estados Unidos fueron impuestas windfall taxes durante las dos guerras mundiales y la de Corea, como soporte financiero de excepción. En 1980, en tiempos de paz, Jimmy Carter hizo lo mismo con el sector petrolero. De vuelta al Reino Unido, en 1997 el laborista Tony Blair volvió a copiar la idea cuando estableció un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas de servicios públicos privatizadas por Thatcher, como British Gas o British Telecom. Con ese dinero financió incubadoras de pymes en sectores emergentes, lo que permitió la creación de 250.000 empleos. Años después de la Dama de Hierro, Brown acude ahora a una supertasa sobre los bancos. En esta ocasión, se trata de un impuesto adicional del 50% sobre los bonus de ejecutivos del sector que se paguen hasta abril del año que viene y se aplicará a todas las entidades financieras en Reino Unido, tanto si han recibido ayudas del Estado como si no.
Sin duda, el calendario –hay elecciones en mayo de 2010–  ha influido en la adopción de esta medida por parte del Gobierno británico porque tiene muy buena acogida popular por parte de los ciudadanos, que observan boquiabiertos cómo los bancos vuelven a repartir primas millonarias a sus ejecutivos. Por si quedara alguna duda del populismo de la medida, rápidamente se ha apuntado el francés Sarkozy, paladín de la derecha liberal europea, que de la demagogia ha llegado a hacerse una segunda piel. Aliado con Brown, ambos han intentado presionar a la Unión Europea, sin éxito por ahora, para extender el impuesto a todos los países miembros. En Alemania, Merkel no lo va a implantar, y en España, Zapatero se conforma con haber eliminado la reducción del 40% para rentas plurianuales superiores a ¡600.000 euros!
La medida de Brown –que se aplicará a los bonus superiores a 27.700 euros– es populista, sí… ¿pero es por eso menos atinada? Esta vez el sentido común del pueblo coincide con el oportunismo de los líderes europeos. El ministro de Finanzas británico, Alistair Darling, justifica la tasa explicando que si los bancos tienen ahora beneficios es porque su salvamento lo han pagado los contribuyentes, de forma que es una manera de devolver parte de lo recibido. 607 millones de euros espera recaudar el Gobierno británico por los bonus de unos 20.000 banqueros y lo destinará a programas de empleo y formación para los jóvenes.
Tampoco el windfall tax va a ser la solución definitiva porque hay maneras de sortear el impuesto. Por ejemplo, uno de los que tendría que pagar la tasa sería Goldman Sachs, el banco de inversión estadounidense que recibió 10.000 millones de dólares (7.379 millones de euros) de ayudas públicas procedentes del plan de rescate bancario de EEUU y cuyo presidente ejecutivo, Lloyd Blankfein, dijo que los banqueros “hacen el trabajo de Dios”. Este año, el apóstol Blankfein decidió pagar bonus récord a sus ejecutivos por un importe de 16.700 millones de dólares. El escándalo fue tal que tuvo que recular y anunciar que esas primas se abonarán en acciones del banco que no podrán ser vendidas en cinco años. Y le proporciona, además, la manera de librarse  de pagar el nuevo impuesto porque el cobro se hace después de abril de 2010. Otros bancos están ya planificando la estrategia para sortear el impuesto al pelotazo.
Mientras tanto –según un estudio de la Fundación Ideas utilizando datos de Estados Unidos– la brecha entre la retribución total de los ejecutivos de las mayores empresas y sus empleados sigue ampliándose: en 1970, un alto directivo ganaba 25 veces lo que un trabajador medio de su empresa; hoy, gana 250 veces más. 250 argumentos para reclamar un windfall tax.

Embargos de vida

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Una mansión no se tiene, se posee. Para poseer una hay que ser hortera. La dignidad tampoco se tiene, se vive con ella. Para que te la quiten hay que ser pobre. ¿En qué se parecen Nicholas Cage, actor norteamericano que gana 40 millones de dólares al año, y Emiliano, inmigrante ecuatoriano que trabajaba de albañil en Madrid y conseguía unos 1.300 euros brutos al mes? En que a los dos les acaban de quitar algo: a Nicholas, su vulgaridad, a Emiliano, su dignidad. La Hacienda de su país ha embargado dos mansiones a Cage en Nueva Orleans por impago de impuestos. El banco ha hecho lo mismo con el piso de Emiliano en Madrid porque no ha pagado la hipoteca. Desde ahora, Nicholas podrá alojarse en cualquiera de las demás propiedades inmobiliarias que posee, y Emiliano, conocer la indigna vida de los sin techo.

Dicen los expertos que la crisis inmobiliaria está tocando suelo, que se ve una cierta luz. Pero igual lo que empiezan a ver muchos son los fuegos del infierno. En España, a lo largo de este año, se habrán producido 115.000 ejecuciones hipotecarias –a familias y a promotores–. Son cuatro veces más que en 2007, el doble que hace un año. Y los jueces, que son quienes ejecutan los embargos, anticipan que el año que viene habrá más de 181.000 ejecuciones. Hace cinco años, los embargos por no pagar la hipoteca no llegaban a la décima parte que ahora. Incluso en un momento tan reciente como 2006, sólo se produjeron 17.622 dramas inmobiliarios. Ahora, como el embargo es la última medida que adoptan las entidades financieras con un deudor recalcitrante, con toda seguridad hay otros cientos de miles de españoles e inmigrantes en paro que están enfangados en la antepenúltima medida: renegociación de la hipoteca o mala venta de sus casas.

Además del parecido entre Cage y Emiliano, otra similitud que podemos encontrar entre Estados Unidos y España está en los planes de sus gobiernos para auxiliar hipotecados en riesgo inminente de exclusión social: ninguno es suficiente. Obama acaba de anunciar una campaña de ayuda a la gente próxima al impago para que antes de fin de año consigan renegociar sus préstamos con los bancos. Se trata de una reforma de un plan anterior lanzado en febrero (“Programa para una Vivienda Accesible”) con el objetivo de evitar las ejecuciones hipotecarias. La intención en aquel momento era ayudar a unos cuatro millones de familias reduciendo sus cuotas hipotecarias mensuales. ¿Cómo? Entre otras cosas, mediante incentivos económicos a los bancos: mil dólares anuales, durante un máximo de tres años, por cada renegociación con éxito. Y no, Cage no cumplía los requisitos necesarios para beneficiarse del soborno del Gobierno a los bancos.

Pero los resultados no han acompañado al ambicioso plan de Obama: en los meses que lleva en funcionamiento, el programa ha ayudado a 650.000 hipotecados y contando sólo hasta fin de año hay otros 375.000 en riesgo de embargo. Así que la Administración estadounidense ha decidido pasar de la zanahoria al palo y ahora serán multadas las entidades financieras que no modifiquen las condiciones que imponen a las hipotecas en peligro.

Como en Estados Unidos, en España, en marzo pasado, el Gobierno estableció líneas de financiación del ICO para que los hipotecados en paro o de renta baja pudieran conseguir –siempre que sus préstamos fueran anteriores a septiembre de 2008 y no estuvieran ya en mora– aplazamientos del 50% de sus cuotas, con un máximo de 500 euros mensuales y un tope de financiación de 12.000 euros. Y desde marzo hasta el último dato conocido, el 30 de septiembre, se habían concedido únicamente 10.265 aplazamientos, por un importe total de 66 millones de euros.

Además, nuestra legislación no es tan contemplativa como la estadounidense con quienes han perdido ya su dignidad: allí, si un hipotecado no puede pagar y el precio de la casa se ha hundido, devuelve las llaves al banco y se olvida. Se conoce como el efecto sonajero. Aquí, si la entidad financiera recupera en exceso lo que le adeudan se lo queda, pero si no lo recupera todo tras vender el piso embargado puede seguir reclamando al hipotecado si tiene constancia de que posee más bienes. Así que ojo, Emiliano, que te pueden quitar los cartones.

Sostener el desarrollo

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Gro Harlem Brundtland, doctora noruega primera ministra de su país, usó el concepto por primera vez en 1987: “Desarrollo sostenible”. Aquel que permite satisfacer las necesidades actuales sin poner en peligro las de las generaciones futuras. Desde ese Informe Brundtland elaborado para la ONU –llamado “Nuestro Futuro Común”– se han hecho muchos otros y se han elaborado leyes que persiguen convertir la utopía en realidad. La última está a punto de ser presentada por el Gobierno: el anteproyecto de ley de economía sostenible, pieza estrella de esta legislatura, que pretende el ambicioso objetivo de cambiar el modelo productivo español buscando mejorar la competitividad, impulsar la innovación y las energías renovables. Sostenibilidad del medioambiente, sostenibilidad económica y sostenibilidad social.

El borrador de la ley incluye aspectos prácticos que, de aprobarse, tendrán un efecto directo en la vida económica. Por ejemplo, medidas contra la morosidad, el azote con que las grandes empresas y las Administraciones públicas castigan a sus proveedores y contratistas, que son las pequeñas y medianas empresas. Esta futura ley pretende evitar que se utilice el retraso en el pago como un mecanismo de financiación a bajo coste. Las pymes –que están desapareciendo a miles– llevan años denunciando impagos y retrasos. Hoy, la deuda municipal con las pymes alcanza los 30.000 millones de euros, según sus propias cifras. Pero el retraso o aplazamiento de los pagos está extendido en todos los ámbitos. Por eso, Europa trabaja en su revisión y el Gobierno español quiere establecer un calendario para acortar los plazos de pago de todas las Administraciones públicas. Se prevé también un método para que las asociaciones empresariales sectoriales puedan denunciar prácticas abusivas y establecer procedimientos abreviados para reclamar.

Junto a esas medidas se encuentran otras encaminadas a facilitar la creación de empresas y limitar la necesidad de licencias municipales sólo cuando esté justificado por el carácter “no inocuo” de la actividad. Pero para los demás casos, cuando no haya peligro cierto, se sustituiría la licencia del ayuntamiento por simples declaraciones de responsabilidad o comunicación de apertura. Esto estimularía el comercio y la actividad más que muchas otras normas preexistentes.

Buenas prácticas

Además, la ley propone incluir, dentro de las competencias de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, la elaboración de códigos de “buenas prácticas comerciales”. Coincide esta proposición con el momento en el que en el sector agrícola hay muchos colectivos en pie de guerra, reivindicando un Pacto de Estado que les ayude a salir de “la mayor crisis de su historia” y precios justos por parte de los grandes distribuidores.

Para la inversión en infraestructuras no basta el dinero público, así que el Ejecutivo quiere ampliar la colaboración con la financiación privada y, entre otras medidas, se encuentra que el Consejo de Ministros pueda otorgar avales para sociedades mixtas o para contratos de colaboración público-privada.

Pero no se podría hablar de sostenibilidad sin abordar la eficiencia energética y el uso de energías renovables. Bill Clinton, en su actual etapa de conferenciante ilustre, defiende el uso de las renovables porque el verdadero desafío de este siglo es la energía. España asumió los objetivos europeos de reducir, para 2020, un 20% el consumo de energía final y que de esta el 20% proceda de energías renovables. Y en esa línea insiste el proyecto de ley del Gobierno. Así que, parafraseando a Clinton cuando una vez se dirigió a Bush padre, sigue siendo la economía (estúpido), esta vez con la energía añadida.
Brundtland abrió muchos otros caminos, además del desarrollo sostenible. Cuando dirigió la Organización Mundial de la Salud, estableció la relación entre la macroeconomía y la salud pública para concluir la necesidad de invertir en salud para lograr un mejor desarrollo económico. Es hora de que avancemos en todos ellos.

El rey destronado

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