La reforma laboral abarata el despido hasta un 60% , afecta al empleo público y todo lo fía a subvencionar a las pymes.
Nos decían que iba a ser una reforma laboral equilibrada, para luchar “agresivamente contra el paro” y acabar con la dualidad indefinidos-temporales. Una reforma urgente que atacaba “la raíz del problema”. Pero es una reforma centrada en abaratar el despido y en debilitar la posición sindical y del trabajador en la negociación colectiva.
Eso sí, acertó Guindos al calificarla de “extremadamente agresiva”. Se trata de la primera reforma laboral de la democracia en la que no se ha informado ni consultado a los agentes sociales, al menos a los sindicatos. A la vista del resultado, a la patronal sí se la ha escuchado. Así, se generaliza el despido procedente de 20 días incluso para empresas sin pérdidas, ya que bastará con que sus ingresos hayan bajado tres trimestres seguidos. En estos momentos es difícil encontrar una empresa donde no hayan caído sus ventas o ingresos. Despedir con 20 días en lugar de 45 significa pagar un 60% menos de indemnización al trabajador (aquí también influyen los límites de mensualidades, 12 frente a 42).
También se reduce la indemnización por despido improcedente, al menos un 27%, al dejarla en 33 días. La rebaja no será retroactiva para los años transcurridos pero eso no significa que no afecte a todos. Esto es, un trabajador que lleve diez años en la empresa y que sea despedido dentro de cinco recibirá una indemnización por despido improcedente de 450 días por los diez primeros años (45 días por cada año) y de 165 días por los cinco años siguientes (a 33 días por año). La reforma le ha quitado dos meses de salario bruto.
Pero hay trabajadores a los que la empresa va a poder despedir totalmente gratis. Son los que contraten las pymes y autónomos con el nuevo contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, con periodo de prueba de un año (en los contratos actuales este periodo va de dos a seis meses). Además, son contratos subvencionados durante un año.
Paro y sueldo
Este modelo de contrato puede resultar efectivo en un primer momento porque no hay escenario mejor para una empresa que poder contratar a un trabajador por el 25% de lo que le costaría en otras circunstancias (a mayores sueldos el efecto se diluye): puede acordar pagarle un 25% menos porque es el porcentaje que puede recibir de la prestación por desempleo junto con el sueldo, y hay otro 50% de la prestación que la empresa se deduce. Lo que no está garantizado es que ese empleo que se cree sea estable. Si la empresa despide al trabajador en el primer año le sale gratis y puede acabar incrementándose la rotación.
Con 52 reformas desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en 1980, lo que la experiencia ha demostrado es que la creación de empleo depende del crecimiento económico y de la estructura productiva. Con la misma legislación laboral, en Andalucía la tasa de paro está en el 30,9% mientras que en el País Vasco se sitúa en el 12,6%. Y despedir cuesta lo mismo en ambas comunidades.
La fórmula Botella llega al mercado de trabajo
Nos habíamos tomado a chanza la propuesta de Ana Botella, alcaldesa de Madrid, de que fueran voluntarios los que prestaran gratis servicios en polideportivos y bibliotecas municipales ante la falta de dinero del Ayuntamiento. Y resulta que Rajoy la ha tomado en serio. La reforma obliga a que los desempleados que cobran el paro hagan servicios a la comunidad. Esto tiene una vertiente positiva porque servirá para reducir el fraude de los que combinan el cobro de la prestación y la economía sumergida. Pero puede acabar generando más parados: todos los que desempeñan ahora esos servicios de atención al ciudadano. Unido a que el decreto permite despedir a los empleados públicos con contrato laboral por oposición, el vaticinio no puede ser más negro.
El Estado cobrará un interés por las ayudas públicas pero puede tener que asumir pérdidas si la entidad va mal
Hay nombres que lo dicen todo. El Gobierno ha optado por utilizar un instrumento poco conocido, los bonos convertibles contingentes, para inyectar dinero en las entidades financieras que lo necesiten –y se fusionen–. En el argot financiero, los bonos convertibles contingentes se llaman cocos y, a juicio de muchos expertos, deberíamos asustarnos tanto de ellos como se asustan los niños pequeños cuando se les atemoriza con que viene el coco.
La reforma financiera que esta semana ha aprobado el Consejo de Ministros exige a bancos y cajas un saneamiento de más de 50.000 millones de euros elevando las provisiones para cubrir la depreciación de sus activos inmobiliarios y que estén a precios de mercado.
El Gobierno quiere que las entidades tiren de sus beneficios o reservas para realizar este saneamiento, pero está claro que no todas tienen ni tendrán dinero suficiente. Así que a las que no puedan sanearse por sus propios medios, el Estado les dará dinero mediante los cocos a cambio de un tipo de interés cercano al 8%. Luis de Guindos, ministro de Economía, insiste en que no se van a usar recursos públicos, lo cual debe ser un chiste muy particular porque los 6.000 millones con que van a aumentar el capital del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria o mecanismo para dar dinero a la banca) salen del Tesoro Público y, aunque no computen como déficit, sí lo hacen como deuda pública. Aun más, los cocos son un instrumento injusto para el contribuyente, porque si la cosa sale mal el Estado puede perderlo todo, y si sale bien, los beneficios están limitados.
Los cocos se convierten en acciones si las entidades entran en pérdidas o se reduce su nivel de capital por debajo de lo exigido. En ese caso, los contribuyentes (el Estado) pasan a convertirse en accionistas de una caja que vale menos que cuando se le dio el dinero a través de los bonos.
Por ese riesgo, el Estado sólo cobra un interés fijo y no puede intervenir en la dirección de la entidad, porque los cocos no tienen derechos políticos. Y si las cosas van bien, los beneficios de la caja no los recibe, aunque haya puesto dinero, porque no es accionista.
Además del riesgo de los cocos, sobre la reforma financiera aprobada por el Gobierno planean tres incógnitas: ¿Servirá para bajar el precio de los pisos? ¿Relanzará el crédito? Los 50.000 millones de saneamiento ¿están bien calculados? Por empezar con este último interrogante, se han calculado con datos a junio de 2011, con unos activos inmobiliarios problemáticos cifrados en 175.000 millones de euros y un total de 323.000 millones de euros, incluyendo los no problemáticos ligados al sector constructor y promotor. Sin embargo, esas no van a ser las cifras de cierre de 2011 ni las de 2012. Esos datos aún no los conocemos, pero sí sabemos que los activos dudosos crecieron un 24,9% en junio de 2011 respecto a junio de 2010 por los créditos a la construcción y promoción.
Bajar precios
Obligar a la banca a provisionar más sus activos inmobiliarios puede hacer bajar los precios, porque la resistencia a aceptar las pérdidas y vender más barato es muy fuerte. ¿Cómo funcionan las provisiones? Supongamos que el banco se adjudicó un suelo a 100 y tiene provisionado el 31%. Si lo vende a 69 ni gana ni pierde, pero si lo vende a 60 tendrá que apuntarse una pérdida de 9, por lo que se resiste a bajar el precio. Con provisiones más altas ya está asumiendo esa pérdida y puede vender a un precio más bajo sin efecto negativo en el balance. Claro que si lo vende por encima se apuntaría un beneficio.
Y, aunque en último lugar, lo más importante: ¿habrá más crédito? Lo que hay es escepticismo. Aún con barra libre de liquidez en el BCE, se ha comprobado que los bancos no prestan. Habrá que recurrir a otro Coco, el monstruo peludo de color azul de Barrio Sésamo para que no sólo explique la diferencia entre cerca y lejos, sino las que hay entre tener crédito o no tenerlo. Lástima que Supercoco siempre se estrellaba.
El realismo de Montoro no es mágico para el Gobierno, aunque sin duda van a tener que ocurrir muchos sucesos fantásticos para que el objetivo de déficit del 4,4% se convierta en realidad. El ministro de Hacienda ha levantado una polvareda de desmentidos y aclaraciones desde el Ejecutivo simplemente por ser sincero. Montoro reconoce que “sería bueno y deseable” cumplir el déficit pero no asegura que vaya a lograrse. Y es que las cifras no pueden dejarlo más claro.
El Gobierno está manejando una previsión de recesión algo menos trágica que la del Fondo Monetario Internacional, pero aun así muy dolorosa. Frente a la caída del PIB del 1,7% que augura el Fondo, el Gobierno baraja un descenso de entre el 0,5% y el 1% –más probable la última cifra–. Y, como ya reconocen en todas las instituciones oficiales desde la OCDE hasta el FMI, para cuadrar el déficit es imprescindible crecer.
El punto de partida no es nada bueno. El déficit conjunto de las administraciones públicas en 2011 supera el 8%, en lugar del 6% previsto, fundamentalmente por el desvío de las autonomías y el año se ha cerrado con una recaudación inferior a la del ejercicio anterior (más de 4.000 millones menos en datos consolidados), aunque todavía no es oficial. Entre otras cosas, la subida de los pagos adelantados de las empresas no ha dado los resultados esperados y ha sido un 20% inferior a la prevista. Para este año, expertos de Hacienda calculan que los ingresos consolidados de las administraciones públicas, en el mejor de los casos, caerán entre 2.000 y 3.000 millones.
Con una recesión como la pronosticada por el FMI (-1,7%), los ingresos tributarios consolidados bajarían un 1,2%. Si finalmente la recesión se queda en el entorno del 1%, la disminución de los ingresos impositivos superaría el medio punto, según cálculos de técnicos del Ministerio. Y eso a pesar de la fuerte subida de la tarifa del IRPF.
Así que los ingresos poca mano van a poder echar para cuadrar el déficit. Por el lado de los gastos, tampoco salen las cuentas. Habría que reducir un 10% el capítulo de gastos de personal de las administraciones públicas, un 20% la inversión, otro 10% las transferencias, casi un 30% las subvenciones y una barbaridad –hasta el 40%– los gastos corrientes. Recortes inasumibles en esta cuantía, aunque sí se tocarán todas estas partidas. Como ejemplo para hacerse una idea, recortar 10.000 millones el gasto corriente supondría tener que ahorrar un euro de cada cinco en las compras de material o suministro a la Administración, incluyendo escuelas y hospitales públicos.
Por lo tanto, parece que Rajoy no tendrá más remedio que incumplir otra vez su palabra y subir nuevamente los impuestos este año. Incrementar los impuestos sobre el alcohol, tabaco y gasolina aportaría entre 1.600 y 2.000 millones de euros. Subir el IVA sería más efectivo, unos 6.000 millones de euros, aunque tendría efectos negativos en el consumo y en la actividad económica. O puede que, como se sinceró Montoro, sólo se pueda desear pero no alcanzar el objetivo.
El nuevo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha adquirido, que sepamos, dos compromisos explícitos, todo un récord para un político especialmente implícito cuando habla: no subir los impuestos y no crear un banco malo. Tardó cero coma en incumplir el primero. El IRPF incrementado ya pende sobre todos nosotros y tiene pinta de que en unos meses a Rajoy no le quedará otro remedio que subir también el IVA, dado que con una actividad económica bajo mínimos no parece que haya modo de recortar 40.000 millones de euros del déficit público. Y sobre el segundo compromiso, que es no endosar al Estado un tinglado público que limpie los balances bancarios de activos inmobiliarios incobrables, tendremos noticias muy pronto.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, quiere hacerlo a las bravas: elevando al 50% las provisiones obligatorias de bancos y cajas para sus créditos con finalidad inmobiliaria y en un plazo muy rápido, dos años. Si esto se confirma, en vez de repartir basura a un banco malo el efecto sería que los bancos se verían obligados a reducir al mínimo, o a la nada, sus beneficios, y por tanto, su reparto de dividendos. Es decir: un banco malo lo pagarían todos los ciudadanos, pero una mayor provisión para activos inmobiliarios impactaría sobre los accionistas de los bancos, que también son ciudadanos, pero los más grandes de los cuales se sientan en consejos de administración que durante los últimos años han ido aprobando cuentas con hiperbeneficios y dividendos que quizá no se correspondían con la realidad, dado que una parte de los activos no era buena, sino tóxica. El sector acumula activos inmobiliarios ya reconocidos como problemáticos por 176.000 millones de euros y las provisiones cubren ahora, en promedio, el 33% de ese total. La teoría dice que, si se fuerza ahora a subir al 50% el reconocimiento de la toxicidad de tales activos, se limpiarían los balances y los efectos positivos consistirían en que la deuda pública y privada españolas recuperarían, en general, la credibilidad internacional. Bajaría más la famosa “prima de riesgo”, sería más fácil colocar deuda pública en los mercados a precios razonables y, de paso, se eliminarían cuellos de botella para que los bancos, una vez forzados a reconocer las pérdidas reales provocadas por la burbuja inmobiliaria, podrían volver sus ojos hacia el crédito no inmobiliario y redirigir su actividad hacia la financiación de la actividad económica empresarial y privada no especulativa.
El problema viene al hacer las cuentas: las cifras que se manejan sitúan el aumento de las provisiones en torno a los 50.000 millones de euros, aunque De Guindos, antes de ser ministro, hablaba de entre 20.000 y 40.000 millones. En sus mejores tiempos, el sector financiero español registraba unos beneficios superiores a los 20.000 millones anuales. A falta de conocer los resultados de 2011, el beneficio en los tres primeros trimestres del año pasado apenas superó los 9.000 millones, así que no serían suficientes para aumentar las provisiones y muchas entidades entrarían en pérdidas. Entre las más perjudicadas estarían Bankia, Pastor, Sabadell, Popular y Banesto. ¿Alguien imagina que el Gobierno del PP lleve al banco de Rato a pérdidas? Además, una medida que se adopta para restaurar la confianza de los mercados podría acabar teniendo el efecto contrario.
En Economía admiten que la medida es dura y que las entidades que no puedan asumirla deberían buscar novios. A las primeras a las que se les está buscando pretendientes con posibles son Catalunya Caixa, Novagalicia Banco y Unimm, todas ellas participadas por el FROB. Y vuelven a surgir cábalas sobre una fusión BBVA-Bankia, aunque para ello tendrían que doblarle el brazo a Francisco González, presidente del BBVA.
Pero ni siquiera con las fusiones se lograría el objetivo a corto plazo. Por eso, encima de la mesa se ha puesto otra medida a añadir a las anteriores: crear un banco de suelo, una sociedad independiente que comprara el suelo a los bancos y cajas y lo sacara de sus balances. La clave está en quién y cuánto se pagaría por ese suelo. Debería ser lo bastante poco para ser creíble, pero tampoco cero. Y para proteger la palabra de Rajoy, y el bolsillo de los contribuyentes, que sea el Fondo de Garantía de Depósitos, que se nutre de las aportaciones de las propias entidades financieras, quien lo haga.
Al Capone fue perseguido por Eliot Ness y su equipo por contrabando de alcohol (eran los tiempos de la Ley Seca), aunque finalmente el líder de la mafia de Chicago resultó atrapado y condenado en 1931 por evasión de impuestos. Ahora, la venta de alcohol es legal, pero los tiempos de Al Capone están presentes en el campo fiscal. El fraude tributario se ha convertido en una rama más de negocio para las mafias que obtienen pingües beneficios, por ejemplo, a través de las tramas de IVA y las devoluciones por este
impuesto. Como dice un inspector de Hacienda: “ Cada vez el fraude fiscal se parece más a un problema policial que fiscal”. Desde hace años, no basta con comprobar las declaraciones y ver si cuadran las facturas o los extractos bancarios, sino que, en muchas ocasiones, son procedimientos como las escuchas telefónicas –autorizadas por un juez– o requisar los ordenadores de una sociedad las que permiten atrapar a los defraudadores.
El plan de lucha contra el fraude esbozado por el Gobierno incluye pocas medidas nuevas. Tan sólo la de limitar los pagos en efectivo, una propuesta que no llevaba en su programa electoral y que, sin embar-
go, sí había sido planteada por el PSOE, IU y Attac. Todas las demás ya las había puesto en marcha la Agencia Tributaria desde hacía tiempo. En concreto, ya se cruzan los datos del recibo de la luz y de las tarjetas de crédito para detectar dinero negro y economía sumergida. La Comisión Europea ha acogido con cautela los efectos del plan antifraude sobre la reducción del déficit puesto que son ingresos no seguros. Además, el plan se queda corto pues hay otras muchas actuaciones que se podrían incluir. Empezando por un cambio de estrategia: los impuestos están para recaudar y no para inducir comportamientos económicos.
Subvención, no deducción
Si se quiere incentivar algo, es preferible una subvención que una deducción, porque las primeras son más fáciles de controlar, mientras que las deducciones pueden acabar convirtiéndose en un coladero fiscal. No es lo mismo tener que presentar los papeles para demostrar el derecho a recibir una subvención que aplicar directamente una deducción fiscal que puede que no se revise. Es cierto que es mucho más ágil y fácil de gestionar la vía de las deducciones que la de las subvenciones, pero, en estos momentos en que hay que obtener ingresos como sea, la mejor manera es no desperdiciando los pocos que se tienen.
Otro elemento con amplio margen para cerrar agujeros de fraude es el Impuesto sobre el Valor Añadido, y no sólo por el manido “con IVA o sin IVA”, sino porque las tramas mafiosas se están forrando al cobrar devoluciones por un IVA que no ingresan. Lo que es mucho más sangrante, puesto que ya no es que no paguen el IVA, sino que se llevan recursos públicos en una auténtica estafa al Estado.
Los inspectores que persiguen estas tramas llegan a decir que el IVA es un impuesto pensado casi para defraudar. Las tramas carrusel, el fraude en el gasóleo, la utilización de sociedades pantalla son, desde hace años, objetivo prioritario en las actuaciones de inspección. Pero lo que se ha demostrado es que es más efectivo cambiar la ley o imponer controles previos que ir después a intentar que una empresa que ya no existe devuelva lo que defraudó.
Cuando el sistema permite hacer autofactura, repercutir el impuesto y luego deducirlo, cobrar esa deducción y nunca ingresar el impuesto, algo falla en el procedimiento. Igual que falla que no se hayan adoptado más medidas efectivas contra los paraísos fiscales y el secreto bancario. O que se haya subido el IRPF a las rentas medias sin que se imponga un impuesto a las grandes fortunas. O que varias autonomías sigan sin recuperar el Impuesto sobre Patrimonio mientras recortan el Estado del bienestar. Pero hay otras muchas faltas. ¿Qué es lo que falla a tu juicio en la lucha contra el fraude?
Mariano Rajoy había preparado un discurso de investidura amable, incluso un pelín cursi como acostumbran a ser sus palabras finales, con llamamientos al diálogo y con algunas medidas económicas concretas ya anunciadas. Pero le ha fallado la Memoria.
Hace años, para evitar normas que surgieran de la mente de Antoñita la Fantástica, se decidió que todas las leyes deberían ir acompañadas de una Memoria Económica donde se cuantificase cuánto iba a costar y de dónde se podía obtener el dinero. Es decir, que mostrara claramente si era posible aplicar esa ley.
Al discurso de Rajoy, lleno de buenas palabras y algunas medidas no desacertadas, le ha fallado y le ha faltado la Memoria Económica, al menos una explicación de cómo va a conseguir reducir el déficit en, como mínimo, 16.500 millones de euros mientras promete incentivos fiscales a tutiplén que, según dice Rubalcaba y niega Rajoy, costarán 10.000 millones de euros.
No pagar el IVA hasta que se cobren las facturas, una cuenta tributaria para compensar el pago de impuestos con la deuda pendiente de las administraciones públicas, bonificaciones del cien por cien el primer año al contratar a jóvenes menores de 30 años que accedan a su primer empleo, más exenciones fiscales para las empresas que inviertan… son buenas medidas en principio. Sobre todo, para los empresarios y autónomos. Otra cosa es cómo financiar esta pérdida de ingresos junto con otras medidas que estas sí son equivocadas como recuperar la deducción por vivienda -otra burbuja para el futuro- o un mejor trato fiscal para los planes de pensiones. Y eso es lo que no explicó Rajoy. ¿Sabe cómo hacerlo? ¿Confía en que ese desfase se va a producir en la mayor parte de los casos al año siguiente, al presentar la declaración? ¿Lo fía a que se produzca un relanzamiento de la actividad, aunque su previsión de crecimiento hará seguidismo de lo que diga la Comisión Europea?
Ya sabemos que no estamos para gastar lo que no se tiene y Rajoy ha dicho que su compromiso inquebrantable es la estabilidad presupuestaria y que ninguna partida estará a salvo del recorte excepto las pensiones. Ahí tenemos la nula oferta de empleo público para 2012 -una ayudita más al paro- y la muy posible congelación salarial de los funcionarios. Sea cual sea su apuesta, debería contarla. No estamos ya para el juego de las adivinanzas.
O, probablemente, es que el as que se guarda son medidas impopulares, como subidas de impuestos -IVA, Impuestos Especiales- aunque diga que no es su “intención” hacerlo. Y eso prefiere ocultarlo el máximo tiempo posible.
Caminando a paso firme hacia una recesión aún más dura, Europa ha aprobado por amplísima mayoría el plan de austeridad fiscal impuesto por Merkel. Desde ahora, los presupuestos estatales serán supervisados por la Comisión y el Consejo europeos. Los estados serán sancionados automáticamente si no cumplen sus compromisos de déficit público, conduzcan o no al ahogamiento del Estado del bienestar, favorezcan o no un crecimiento económico capaz de generar nuevo empleo.
Este es el panorama: Alemania manda; una parte mollar de Europa, sobre todo el sur, no consigue colocar su deuda en los mercados financieros, salvo que pague tipos de interés de usurero; se aprueba un fondo de rescate que no comporta licencia bancaria, y no se dan poderes al Banco Central Europeo para que pueda aliviar las presiones sobre las deudas soberanas, lo cual podría hacer comprándolas en grandes cantidades para así forzar unos niveles sostenibles de las primas de riesgo. Sobre crecimiento económico, empleo e inversiones, ni una palabra.
Desde la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008, Europa ha celebrado 25 “cumbres” de jefes de Estado y de Gobierno (de la UE y del Eurogrupo). El resultado final ha sido como antes se explicaba qué era el fútbol: juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Y para la Alemania de Merkel el camino es disciplina fiscal sin apenas solidaridad. Aunque Draghi, presidente del BCE, parece haber dejado una puerta abierta a los eurobonos.
Merkel dirige Europa pensando en los alemanes y en su calendario electoral. Por su parte, Reino Unido se ha autoexcluido del nuevo acuerdo, dado que el euroescéptico David Cameron prefiere proteger los intereses particulares del lobby financiero británico (la City) antes que involucrarse con sus socios europeos en un empeño común.
Quizá, a la vista de que las normas europeas se deciden en gran parte por intereses meramente localistas, tal vez haya que modificar la estructura de funcionamiento. Como explica Nicolás Sartorius en el primer Informe sobre el estado de la Unión Europea, de la Fundación Alternativas: “A los gobiernos que deciden sobre el destino común de Europa no los eligen los ciudadanos europeos en su conjunto sino los de cada país al suyo (…) estamos, pues, intentando gobernar el interés general de los europeos con instrumentos particulares de ámbito nacional”.
Los estados están cediendo, sin duda, soberanía nacional. Eso tiene el lado positivo de que reforzará la gobernanza económica global, pero… ¿a cambio de qué? Ser muy estrictos con el déficit público significa que la economía se puede contraer si no hay inversión privada que lo compense; y como no la hay, ni tampoco al BCE se le permite luchar contra los tipos abusivos sobre la deuda soberana, lo que hacen países como España es el primo. Por ejemplo: este año los intereses de la deuda nos van a costar 24.000 millones de euros.
En la cumbre de jefes de Estado falló, otra vez, el equilibrio. Eran lentejas y no hubo contrapeso al poder de Merkel ni a la disciplina fiscal. ¿Lo habrá en el futuro? Es probable. A mi juicio, si se cede soberanía nacional, debería ser para lograr un Gobierno para todos. Esa frase tan tópica de “seré el presidente de todos” es hoy imprescindible para Europa. Y para ello hay que reforzar las instituciones europeas por encima de las de los países.
A grandes problemas, grandes remedios. Pero hay ocasiones en que ninguna solución es buena y sólo puedes escoger entre lo malo y lo peor. Los activos tóxicos en la banca española se elevan a 176.000 millones de euros, de los que 118.000 millones no están provisionados. Y no van a desaparecer con un abracadabra. ¿O tal vez sí?
Muchos directivos bancarios, consultores y catedráticos creen que la creación de un banco malo sería un auténtico abracadabra y permitiría sanear el sector para recuperar la financiación y el crédito a familias y empresas. Si es una solución buena o no dependerá de cómo se resuelvan dos cuestiones clave: a qué precio se valoran los activos tóxicos que compra el banco malo y de dónde se saca el dinero.
Un banco malo podría llegar a costar entre el 4% y el 12% del PIB, es decir, entre 40.000 y 120.000 millones. Depende de si sólo se le endosan el suelo o si se lleva todos los activos tóxicos del sector. En cualquier caso, es mucho dinero y el Estado no lo tiene –evidentemente las entidades financieras tampoco–, ni le interesa emitir deuda o tener que apuntarlo como déficit. Además, en estos momentos en que se acelera la destrucción de empleo y con los recortes del Estado del bienestar que se avecinan, sólo faltaría que el contribuyente tuviera que poner miles de millones de euros para salvar a las entidades financieras que no han sabido gestionar con prudencia. Podría acudirse al FMI o a la UE para obtener ese dinero con el que recapitalizar a la banca, pero tiene contrapartida: la política económica queda totalmente subordinada al prestamista.
No obstante, los activos tóxicos son un auténtico problema y hay que buscar una solución aceptable que minimice el efecto en el contribuyente. Lo primero será otra ronda de consolidación y reestructuración, con nuevas fusiones. Para el paso siguiente hay planteadas varias opciones. La más alejada del banco malo y que está ganando apoyos es directamente elevar las provisiones como reconocimiento de que el valor de mercado de los activos es mucho menor que el apuntado en el balance: en lugar de tener provisionado el 33%, el Banco de España podría exigir que provisionaran el doble en un plazo de tres años. Esta medida obligaría a que las entidades destinaran sus beneficios a cubrir esas provisiones en lugar de a repartir dividendos, o tendrían que vender activos para lograr ese dinero. Digamos que es la forma más ortodoxa de sanear el balance porque el coste lo sufren los accionistas y no se distorsiona la competencia entre entidades. Con más provisiones actualizan valores y pueden vender a un precio más bajo, mejora la credibilidad del balance y facilita la obtención de financiación. Hay que tener en cuenta que a los bancos y cajas españoles les vencen 120.000 millones de euros en deuda el año que viene y la incertidumbre ante lo que encierran las cuentas es mala consejera.
Claro que elevar las provisiones significa retraer capital de las entidades cuando lo que se quiere es que restablezcan el flujo de crédito. Sería necesario que lograran financiación –por ejemplo, a través del BCE a largo plazo si empieza a prestar a tres años– . Algunas, además, necesitarían una inyección de capital público, en cuyo caso el Estado debería intervenir en la dirección de la entidad y restringir el reparto de beneficios hasta recuperar lo aportado.
Frente a esta propuesta, que evidentemente no quieren las que cuentan con muchos activos tóxicos y pocos beneficios, está la de crear sociedades de inversión inmobiliaria o un banco malo pero no del Estado sino de las entidades financieras y que sólo recibiría un aval del Estado. O un esquema de protección de activos con reparto de posibles pérdidas entre la entidad y el Estado.
Al final, siempre hay dinero público, pero no en la misma cuantía. De la decisión del futuro Gobierno dependerá que del rescate de la banca no pasemos al rescate del país.
Speedy era un robot tipo SPD-13 que, debido a un conflicto entre las leyes de la robótica, se encontró dando vueltas sin parar en Mercurio alrededor de un pozo de selenio una y otra vez, en un círculo vicioso, que a punto estuvo de acabar con él. Así lo escribió Isaac Asimov en 1942 en ‘Runaround’, y sólo con la primera ley de la robótica –no permitir que un ser humano sufra daño– fue posible encontrar la salida a aquel círculo vicioso: si Speedy se acercaba al selenio se ponía a sí mismo en peligro –incumplía así la tercera ley de la robótica–, pero no podía abandonar porque tenía que cumplir la orden humana –segunda ley– de recoger el selenio.
En esta crisis con tantas aristas –financiera, del euro, económica– los europeos nos encontramos como el robot, dando vueltas sin parar y hundiéndonos cada vez más. Prácticamente, cada una de las decisiones que se han tomado en esta crisis, con buen propósito y mal criterio o a destiempo, han tenido consecuencias nefastas.
Merkel exigió una reestructuración de la deuda griega. Cierto que lo hizo para congraciarse con sus electores alemanes, pero no es censurable el principio de que los inversores privados asuman riesgos, que no todo corra a cargo del contribuyente. Y Grecia no podía pagar su deuda en ningún caso. Sin embargo, el efecto de la quita griega ha sido mortal para casi todas las deudas soberanas.
Plantear que los test de estrés de la banca incluyeran una hipotética quita de la deuda soberana buscaba dar mayores garantías y certidumbre sobre los bancos. Pero la consecuencia ha sido que ahora no quieren tener deuda pública en sus balances porque les penaliza la solvencia, de modo que venden toda la que tienen y sólo compran la que les obliga la ley. En España, el 3% de lo que el Estado subasta, y no se obliga a todos. Es un motivo más por el que al Tesoro cada vez le cuesta más colocar sus emisiones. Italia ha tenido que pagar hasta el 7,8% de tipo de interés y España ha llegado al 7%.
Debido al incremento de los tipos en las subastas de deuda, si ya era difícil que los bancos lograran dinero de sus clientes, primer paso para poder luego prestarlo, ahora tienen un competidor duro de roer: la deuda pública. ¿Quién va a poner sus ahorros en un depósito al 3% si puede conseguir más en el Tesoro? Eso si no teme una quita, claro está.
Para evitar una guerra del pasivo que empeore las cuentas de la banca, el Banco de España, al exigir mayores aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos, penaliza a las entidades que retribuyen las imposiciones de sus clientes por encima de unos determinados límites. Pero esa medida, intervencionista y que sólo podría tener algún sentido si se aplicara exclusivamente a entidades que han recibido ayudas públicas, está beneficiando a los bancos extranjeros, que no tienen esa obligación, e impide a los bancos y cajas solventes competir con el Tesoro Público.
Si no hay dinero en la banca, no hay crédito para actividades productivas, no se crea empleo, no crece la economía, no hay más ingresos con los que reducir el déficit, y se incrementan la prima de riesgo y los tipos de interés de la deuda pública. El círculo vicioso se repite. Y con este panorama están a punto de caducar los avales estatales que se concedieron a las emisiones de deuda bancaria. En España son casi 100.000 millones de euros los que desaparecerán si se eliminan los avales. Y el año que viene las entidades financieras españolas tienen que refinanciar alrededor de 120.000 millones. Para evitar el colapso de liquidez se han tomado varias medidas en los últimos días: la Comisión Europea prorroga el régimen de ayudas a la banca, donde se incluyen los avales; y los bancos centrales han acordado una inyección masiva de liquidez en el sector financiero. También Draghi ha abierto la puerta a que el BCE preste a tres años a la banca; aunque, como suba mucho la inflación, tendrá las manos atadas para reducir la masa monetaria.
Mientras tanto, seguimos en un círculo vicioso, con Merkel reiterando su oposición a los eurobonos y a que el BCE intervenga con contundencia en el mercado de deuda. Es posible que, si los líderes de la eurozona siguen dando vueltas sin sentido y en la cumbre de la próxima semana no deciden algo convincente de una vez, ninguna ley de la robótica llegue a tiempo para salvar a Speedy. Y a nosotros con él.
Ocho de cada diez españoles viven en una vivienda de su propiedad mientras que el alquiler apenas es utilizado por menos de dos de cada diez (el resto se reparte entre viviendas cedidas y otras fórmulas). España es uno de los países de la Unión Europea con un porcentaje más alto de propietarios, sólo superado por países como Bulgaria, Rumanía o Lituania. Por el contrario, en países con economías más desarrolladas, como Francia, Reino Unido o Alemania, el alquiler está mucho más extendido; en concreto, poco más de la mitad (53,2%) de los alemanes vive en una casa de su propiedad.
No es extraño que, ante esta querencia a tener casa propia y la errónea creencia de que el precio de los pisos nunca baja, los españoles hayan estado dispuestos a endeudarse hasta los cimientos, sin que nadie pusiera freno a la burbuja inmobiliaria hasta que estalló en 2007. Una burbuja que empezó en 1997, en la primera legislatura de Aznar, cuando las viviendas iniciadas se incrementaron un 15% respecto a 1996. Un año después, el aumento fue mucho mayor, del 36%, y del 29% el siguiente.
El año en que Zapatero llegó al Gobierno, el número de vivienda libre iniciada superó las 621.000 y se alcanzó el récord en 2006 con casi 665.000 nuevas viviendas, según los datos del Ministerio de Fomento. El boom inmobiliario impulsó el empleo, sobre todo el de baja cualificación, y provocó un aumento del abandono escolar porque era fácil encontrar trabajo en la construcción.
Después, la caída ha sido meteórica: en 2010 se inició una décima parte de las viviendas de 2006; más de la mitad del aumento del paro durante la crisis se ha producido en el sector de la construcción e industrias auxiliares; aquellos jóvenes que abandonaron la escuela se encuentran ahora sin trabajo y sin formación; y los activos tóxicos de la banca española son las promociones, el suelo y los pisos embargados, que tienen un valor de mercado inferior al de la hipoteca.
La responsabilidad del desastre es compartida: por los gobiernos del Partido Popular, que crearon e impulsaron la burbuja, y por el primer Ejecutivo socialista, que no la paró; por las entidades financieras, que concedieron hipotecas sin medir los riesgos, y por el Banco de España, que no restringió los créditos; por los ayuntamientos y las comunidades autónomas, que vieron aumentar sus ingresos con los impuestos y tasas sobre los inmuebles; y por los ciudadanos, que se lanzaron a comprar pisos también como inversión y para especular. “Se produjo una gran complicidad social, puesto que fueron muchos los que se beneficiaron,
aunque no era un modelo sano”, explica Julio Rodríguez, expresidente del Banco Hipotecario y de Caja Granada.
“Hay que aprender de los errores del pasado y fomentar que la evolución del mercado de vivienda sea más razonable y con un ritmo de financiación inmobiliaria coherente”, señala Rodríguez. Uno de esos errores fue mantener en el IRPF durante tantos años la deducción por adquisición de vivienda, que sólo a partir de este año se ha eliminado (sin efecto retroactivo) para rentas superiores a 24.000 euros anuales. El Partido Popular plantea en su programa electoral recuperar en su totalidad la deducción por vivienda, pero se trata de un estímulo fiscal que pagamos todos y que, encima, se traslada a precio por lo que beneficia al promotor/vendedor y no al comprador. El precio medio de la vivienda entre el año 2000 y el año 2007 se duplicó con creces, al pasar de 893 euros por metro cuadrado en vivienda libre a 2.085 euros. Según los últimos datos de Fomento, con la crisis el precio ha bajado un 17%, para situarse en 1.729 euros en el tercer trimestre de este año. Y los precios seguirán bajando.
300.000 al año
La construcción de viviendas debe ir en paralelo a la formación de nuevos hogares, de los que se suelen crear unos 250.000 al año, ahora menos por la falta de empleo, que impide que muchos jóvenes se independicen. En circunstancias normales, no se deberían construir más de 300.000 viviendas nuevas al año, menos de la mitad que en el boom. Además, el próximo Gobierno debería fomentar el parque público de alquiler, recomienda el expresidente del Banco Hipotecario. En España, la vivienda social de alquiler sólo representa el 2% del parque de viviendas, una cifra claramente insuficiente.
Asimismo, el nuevo modelo debería fomentar el alquiler frente a la compra, o al menos no perjudicarlo fiscalmente, porque, con la crisis, menos gente podrá adquirir una vivienda. Un derecho que está reconocido en la Constitución, pero en la que nada se dice que tenga que ser en propiedad y sí se habla de “impedir la especulación”.
