El derecho a una vivienda digna está reconocido en la Constitución, pero en ningún lugar se dice que tenga que ser en propiedad. Ni tampoco que haya que proporcionar ayudas fiscales a todo comprador, sea un albañil o el hijo de un Botín, el banquero que se ha convertido popularmente en la unidad de medida de todas las injusticias sociales. Tal vez por eso, Moncloa llamó a Hacienda y dijo: “Oye, ¿os acordáis de esa idea que lleváis tanto tiempo proponiendo, la de suprimir la deducción por vivienda? Mandadla”. Pocos días después, la supresión de la deducción por compra de vivienda se convertía en el anuncio estrella del debate sobre el estado de la nación. Veinte años de economistas expertos –tan teóricamente dispares como, por ejemplo, Rato y Sebastián– reconociendo que la deducción fiscal para la adquisición de vivienda no es justa ni equitativa y, hasta que no ha llegado la crisis y el ahogo de los promotores inmobiliarios, un Gobierno no ha tomado la decisión. No hay nada como que la necesidad apriete.

En España, apenas el 11% de la vivienda está en alquiler, mientras que en otros países representa el 40%, incluso el 50%. Una de las herencias que el franquismo dejó al pueblo es el afán de tener vivienda en propiedad, no hay otro país con un porcentaje tan elevado como el nuestro. Tres factores han contribuido decisivamente: uno, que la letra de la hipoteca era y es igual o incluso menor que un alquiler; dos, que la vivienda se ha convertido en una inversión-refugio, ya que hasta ahora nunca bajaba su precio (sí lo hizo en términos reales una única vez en 1993, pero no en términos nominales), y tres, que era de lo más rentable fiscalmente desde hace décadas.

La puntilla

Pero, antes de que alguno siga la estela del discurso de Mariano Rajoy y diga que “esto es la puntilla para las clases medias”, echemos cuentas. Según los datos de la Memoria Tributaria y del Presupuesto de Gastos Fiscales, el ahorro medio en la declaración de la renta para un contribuyente que esté pagando la hipoteca es de 860 euros al año. Eso significa que, en un plazo de veinte años, se ahorraría en el IRPF más de 17.200 euros si no cambiara la deducción. Veamos qué ha pasado con el precio de la vivienda: se ha duplicado entre 1997 y 2007. Eso quiere decir que una casa que valía 100.000 euros pasó a valer 200.000 y una de medio millón de euros se plantó en el millón. Aunque parezca estratosférico, en los carteles de las agencias inmobiliarias de las grandes capitales no es extraño ver esas cifras. El beneficio fiscal ha acabado trasladándose al precio. La deducción puede representar el 10% del precio y eso es también lo que sube debido al beneficio fiscal.

Según el Colegio de Economistas, la deducción supone un incremento medio del 8,3% del precio.
El coste actual para el Estado de la deducción por vivienda es de más de 4.300 millones de euros y eso que se ha reducido tras sucesivas podas, entre otras la realizada por el Partido Popular con Rodrigo Rato como vicepresidente económico, que puso límites a la inversión con derecho a deducción.
Sin embargo, la supresión de tal deducción para los que adquieran su vivienda habitual a partir de 2011 y tengan rentas superiores a 24.000 euros no va a representar un gran ahorro para el Estado –probablemente, menos de 400 millones– porque se mantiene la deducción para todos los que ya la aplican y para los que compren en los próximos 18 meses. Hasta el año 2020, según los cálculos de Hacienda, no tendrá pleno efecto presupuestario.

También está por ver su efecto de estímulo a la compra de vivienda. Los constructores y promotores ya le plantearon a Zapatero esta medida pero con una variación importante: que se aumentara la deducción más de un 50% sobre la vigente y se anunciara, a la vez, su supresión a partir de 2011. Este planteamiento era inasumible para el PSOE ni iba a conseguir el apoyo de la izquierda parlamentaria. La decisión fue salomónica: se lanza el aviso para impulsar las ventas de pisos, pero sin favorecer a las rentas altas.
Ahora está por ver que en 2011 de verdad desaparezca la deducción. Lo que seguro se modifica es el límite de 24.000 euros, que probablemente se elevará hasta los 30.000 euros. Es el margen que se dejó Zapatero para negociar en el Congreso.