Los sindicatos han aceptado una importante moderación salarial durante tres años –que puede llegar a la pérdida de poder adquisitivo en las empresas con pérdidas o si la inflación se dispara– con el fin de mantener el empleo. A su vez, el Gobierno ha aprobado un recorte del gasto público de 50.000 millones en esos tres años mientras se nos augura un retraso en la edad de jubilación. Pero echo de menos más ajustes de cinturón en la vida pública.

Hace 15 días hablaba de las pensiones vitalicias de los parlamentarios españoles y de que los diputados podían dar ejemplo a los ciudadanos renunciando a sus privilegios tras proponer el Gobierno retrasar la edad de jubilación de 65 a 67 años y ampliar el plazo para calcular el importe de la pensión. José Bono, presidente del Congreso, se ha enfadado por el eco que ha encontrado la propuesta.
 
Como explicaba entonces, los diputados que al jubilarse no alcanzan la pensión máxima disfrutan de un complemento pagado por el Congreso –es decir, con dinero público– para llegar a la pensión máxima, y para ello es suficiente que hayan estado 11 años en el escaño –si han estado entre siete y 11 años, percibirán un complemento por la diferencia entre su pensión y hasta el 85% de la pensión máxima–. Entre las justificaciones ofrecidas, Bono destaca que sólo se ha necesitado pagar el complemento –1.066 euros mensuales de media– a 70 de los 3.600 políticos que han pasado por el Parlamento. Hemos descubierto que uno de los elementos para aceptar la discriminación es que los favorecidos sean pocos.

Pero los diputados no son los únicos que disfrutan de pensiones máximas independientemente de lo que hayan cotizado a la Seguridad Social. Todavía puede ser mejor la situación de presidentes autonómicos que gozan de pensiones vitalicias o de complementos a través de consejos consultivos. Siendo Jordi Pujol presidente de la Generalitat de Catalunya se aprobó el derecho a percibir una pensión vitalicia equivalente al 60% de la retribución del presidente. Como esa retribución está fijada en 169.000 euros anuales para este año, resulta que la pensión vitalicia alcanza los 101.400 euros, bastante más que la pensión máxima de un jubilado corriente que asciende a 34.524 euros. A esta pensión vitalicia tienen derecho los dos ex presidentes Jordi Pujol y Pasqual Maragall.

En el País Vasco (Ley de 30 de junio de 1981, con Carlos Garaikoetxea en el Gobierno), los lehendakaris, consejeros y viceconsejeros tienen derecho a una pensión vitalicia equivalente al 50% de la retribución del cargo que ejercieron, pero sólo se abona la diferencia entre la pensión de la Seguridad Social que reciban y esa cantidad. La ley de presupuestos del País Vasco –que es la más transparente en su información– fija 52.712 euros anuales para el “pensionista lehendakari”, 49.498 euros para el “pensionista vicelehendakari”, 46.486 para el consejero y 41.626 para el pensionista viceconsejero.
 
También en Andalucía se aprobó que los ex presidentes de la Junta tuvieran derecho a una pensión vitalicia por la diferencia entre la pensión que cobraran de la Seguridad Social y el 60% de la retribución del cargo de presidente
–que en 2009 cobraba 81.155 euros anuales–. Pero no hagan cuentas: Chaves no la cobra porque es incompatible con un cargo público y, además, le faltan unos meses para cumplir los 65 años, dos condiciones necesarias en las tres autonomías para obtener la pensión vitalicia.

En otras comunidades no hay pensión, pero sí sillones en consejos consultivos que siguen el modelo del Consejo de Estado. En Galicia, el ex presidente de la Xunta puede estar en el Consejo Consultivo –donde se cobra una media de 81.000 euros– entre seis y 12 años. Por ahora sólo es consejero nato Gerardo Fernández Albor, que presidió la Xunta entre 1981 y 1987.

En la Comunidad de Madrid, el cargo de consejero para los ex presidentes autonómicos es vitalicio y sólo incompatible con cargo o empleo público no docente. Desde hace unos meses ocupa sillón Joaquín Leguina y su retribución asciende a 72.000 euros anuales brutos. Aunque se declara dispuesto a ajustarse el cinturón por la crisis (cobra un 2% menos este año), dice que lo más efectivo y fácil para reducir el gasto es recortar las inversiones: por ejemplo, hacer una línea menos de AVE.

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