El Gobierno ha planteado reformas en la indemnización por despido que anticipan ya la polémica. Una de ellas sigue la recomendación del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, de estudiar el sistema austriaco, que luego ha apoyado también Comisiones Obreras.

En Austria, las empresas constituyen un fondo individual para cada uno de sus trabajadores que se pone a su disposición en caso de perder el empleo en esa empresa, como complemento a la prestación por desempleo que reciben del Estado. Cuando encuentra otro trabajo, la parte que no ha consumido de ese fondo se va con el trabajador a la nueva empresa, que empieza a aportar a ese fondo individual de indemnización donde se van acumulando todas las cotizaciones. De manera que el trabajador puede cambiar de empresa, sin perder el derecho a las indemnizaciones que le corresponden por su vida laboral anterior. Al llegar a la jubilación, el fondo que le queda disponible –el que no ha consumido estando parado– lo puede utilizar como plan de pensiones.

Por lo tanto, es un modelo que tiene aspectos positivos: permite la movilidad de los trabajadores, que no tienen que aferrarse al puesto de trabajo sólo para no perder la indemnización por despido y, al cambiar de empresa, reparte entre ellas el coste del despido.

No obstante, habría muchos puntos que aclarar: ¿quién gestionaría esos fondos, cuánto podría retirar el parado, exigiría aportación de fondos públicos?

Menos coste del despido para la empresa

La segunda propuesta del Gobierno para modificar la indemnización por despido es mucho más discutible y no ha sido bien recibida por los sindicatos. Consiste en que, en los nuevos contratos de fomento de la contratación indefinida, el 40% de  la indemnización por despido en los EREs o en los despidos por causa objetiva corra a cargo del Fogasa (que se nutre de aportaciones empresariales) y la empresa que despide sólo pagaría el 60%. Esta es la situación actual para empresas con menos de 25 trabajadores pero no parece que vaya a ser un verdadero estímulo para crear empleo en esta época de crisis, que es el periodo en el que estaría vigente la medida. Echemos números. Supongamos un trabajador contratado este mes con un sueldo de 15.000 euros (el más habitual en estos momentos, según datos del INE), si fuera despedido en el plazo de un año le correspondería una indemnización de unos mil euros, de los que la empresa sólo tendría que pagar 600 euros ¿Por ahorrarse 400 euros va a contratar? Resulta difícil de creer.

En cualquier caso, no es el despido el verdadero problema para crear empleo, por mucho que la CEOE insista en ello. Lo que verdaderamente impulsaría nuevos contratos sería que hubiera más demanda y financiación para las empresas.