Hay dos ligas que concentran toda la atención del país: una, la de siempre, el fútbol; otra, la nueva, la de las cajas de ahorro. Y ambas, por los mismos conceptos: sus dificultades económicas y la búsqueda de capital como salida a la crisis.

La fiebre del dinero árabe por el fútbol, tras años de extenderse por otros países, en especial el Reino Unido, llegó al fútbol español hace un par de meses de la mano del Málaga, comprado por el jeque Abdullah ben Nasser Al-Thani, de los Emiratos Árabes Unidos. Y sabemos desde ayer que el Rácing de Santander ya es propiedad del magnate indio Ahsan Ali Syed, quien no es árabe pero está afincado en Bahrein, el emirato más pequeño del Golfo Pérsico. Lo anunció él mismo, encantado de aprovechar "una gran oportunidad de inversión" en el fútbol español.

Como en el fútbol, también los petrodólares podrían acabar encontrando terreno abierto en las cajas españolas a través de su bancarización. De hecho, la CECA prepara un road show por países árabes y asiáticos durante este trimestre, con el fin de explicar el nuevo modelo de cajas, que ya será muy probablemente su conversión en bancos.
Pero para conseguir inversores, es decir, capital que refuerce la solvencia de las cajas precisamente lo que hay que demostrar es solvencia. Las cajas tienen un problema de liquidez y, en muchos casos, de solvencia por la sobrevaloración de los activos inmobiliarios en garantía de los préstamos y el aumento de la tasa de morosidad –que se irá agudizando en la medida en que no mejore el nivel de desempleo– .

Y, aunque al Ministerio de Economía le encantaría que las cajas-bancos lograran capital en el mercado privatizando una parte, resulta más lógico pensar que antes de eso debería producirse una recapitalización a través del FROB (es decir, el Estado), para compensar las pérdidas y convertirse en algo sexy para el capital privado.

Este es el cantar de siempre. Hasta ahora, el FROB ha prestado 10.581 millones de euros. Esa cifra se va a multiplicar y el Estado puede acabar convirtiéndose en propietario temporal de una porción muy importante de determinadas cajas. Como siempre, el sector público asume el riesgo y, una vez asegurada la rentabilidad, se privatiza.

La reestructuración tiene otro efecto muy directo en lo que hasta el momento es seña de identidad del sector: la obra social. Actualmente las cajas están obligadas por ley a destinar al menos el 50% de sus beneficios a reservas y el resto se lleva a obra social. En la realidad, de promedio sólo el 25% va a obra social. Y ahora, si una caja se acoge al FROB, el máximo de obra social permitida es del 30% de los beneficios. Entonces, si con un tope legal del 50% la cruda realidad habla de un 25% de obra social, lo lógico es pensar que con un máximo legal del 30% lo que se destinará a obra social será bastante menos. Al crear un banco el dinero destinado a obra social dependerá del dividendo que reparta el banco, si es que lo reparte. La obra social de las cajas permite mantener 33.594 empleos (directos e indirectos). Si se reduce se perderán empleos. Un baldón que habría que sumar a la extinción de otros 15.000 empleos por reducción de plantillas y de oficinas en las fusiones ya aprobadas.

Se dirá que más vale un porcentaje menor de algo que el 50% de nada (en el caso de una caja con pérdidas), pero lo que ya se acaba es que no haya ánimo de lucro (en la entidad). Y sin vuelta atrás.