Cuatro de cada diez europeos creen que la pertenencia a la UE ha perjudicado a su país y cinco, que ha sido beneficiosa.
Sólo el 52% de los europeos cree que su país se ha beneficiado por pertenecer a la UE y un 37% considera que, en realidad, le ha perjudicado, según el último Eurobarómetro realizado en la primavera pasada, cuando todavía se esperaba la recuperación económica. Es decir, que cinco de cada diez veían bien estar en la UE y a casi cuatro les parecía incluso mal. Me apuesto lo que sea a que el Eurobarómetro de este otoño va a ser más pesimista aún. La percepción negativa de Europa no ha dejado de aumentar desde 2002, cuando era el 26% de los ciudadanos quienes se sentían perjudicados. Los partidarios siempre se han movido en torno al 50%-52% con un máximo del 59% registrado en 2007.
Ahora, con la crisis financiera y de deuda soberana, los países ricos piensan en cómo desembarazarse del peso muerto de los periféricos y plantean únicamente medidas restrictivas que cercenan toda posibilidad de crecimiento de la economía. La insistencia de Merkel en que la única vía son los recortes del gasto público se acomoda a lo que opinan los alemanes, ya que para los ciudadanos germanos el principal problema de Alemania es el estado de las finanzas públicas de los demás países de la UE (47%). Por si alguien tiene curiosidad y no se lo imaginaba ya, para los españoles la principal preocupación es el desempleo (48%).
Y, sin embargo, la estrategia de Merkel se está convirtiendo en la del escorpión, ya que el crecimiento económico de Alemania va a experimentar una notable reducción: de crecer el 3,6% en 2010 va a pasar a sólo el 0,8% el año que viene, según la Comisión Europea, apenas una décima más de crecimiento que España. No es extraño, puesto que Alemania es un país que basa gran parte de su crecimiento en las exportaciones y ahora los países europeos que le compraban cada vez tienen menos dinero.
Hemos escuchado tantas veces -y los alemanes muchas más- que Alemania es contribuyente neto de la Unión Europea y que los demás hemos estado años recibiendo fondos de la UE que han permitido incrementar nuestro nivel de vida, que a los periféricos se nos ha quedado cara de pariente gorrón. Por eso hay que recordar cosas como que uno de los programas de gasto público griego fue el armamentístico, donde las empresas que vendieron al Estado heleno ya en bancarrota eran alemanas y francesas. O que Alemania ha aprovechado la crisis del euro (en 2010 se depreció un 9%) de manera que los pedidos a las empresas alemanas de países externos a la zona euro han sido los más altos de la década.
Más de un año después de la aprobación del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (agosto de 2010), que tiene la posibilidad de emitir bonos, seguimos sin un instrumento contundente para intervenir en el mercado de deuda soberana y estabilizar la situación, de manera que todas las malas expectativas de los mercados se autocumplen. Con las primas de riesgo de Italia y España en máximos históricos, con cambios de Gobierno dictados por los agentes económicos, no parece existir más hoja de ruta que la impuesta por Merkel.
Hasta ahora, hemos escuchado mucho a los mercados, pero poco a los ciudadanos. ¿Qué es la UE para los europeos? Para el 45%, la libertad de viajar, trabajar y estudiar en cualquiera de sus estados miembros. Para el 40% es el euro; para el 38%, el “desperdicio de dinero”; sólo para el 20% es la democracia, y la protección social para el 9%.
¿Estamos a tiempo de que Europa sea algo más que un área económica fracasada? Esperemos que sí. De lo contrario, la canciller alemana insistirá en su errado liderazgo y acabará como en la fábula del escorpión y el elefante: ahogados los dos porque el primero picaba al segundo en el lomo mientras este le hacía el favor de cruzarle a la otra orilla del río y, al preguntarle el paquidermo por qué había hecho eso, ya que los dos iban a morir, el escorpión le contestaba: “No puedo evitarlo, está en mi naturaleza”.
Malos, muy malos, son todos los números relacionados con el empleo en la actualidad. No se salva ni uno. “Malos sin paliativos”, como calificó los últimos datos de paro registrado el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, al presentarlos él mismo a la opinión pública, algo que habitualmente hacía la secretaria de Estado de Empleo. Hay 4.360.926 personas registradas como parados en el Servicio Público de Empleo. Nunca había habido tantos. La cifra se eleva a cinco millones si cogemos la Encuesta de Población Activa (EPA). La diferencia entre ambos datos se produce porque el Ministerio de Trabajo sólo contabiliza las personas que acuden a las oficinas a apuntarse al paro, mientras que la EPA se basa en encuestas y recoge a todas aquellas que se consideran paradas, aunque no estén apuntadas en el antiguo Inem.Es la cifra absoluta más alta de paro, aunque también la población activa ha aumentado. Ahora hay más de 23 millones de activos; al comenzar 2000, no llegaban a 18 millones. Hoy, personas que en otras circunstancias no buscarían trabajo, ahora sí lo hacen, porque quien antes llevaba los ingresos a casa ha perdido su empleo.
La tasa de paro ha escalado hasta el 21,5% (datos EPA del tercer trimestre), la más alta registrada desde 1996 y subiendo. El Servicio de Estudios del BBVA pronostica un 22,1% para el año que viene. De hecho, el ministro de Trabajo reconoce que el aumento del paro en octubre (el peor octubre desde que comenzó la crisis) evidencia una recaída de la economía española que la sitúa “más lejos de la salida de la crisis”.
En los primeros años de la última década, la tasa de paro se había ido reduciendo casi de forma ininterrumpida y logró su nivel más bajo en la primera legislatura de Zapatero: el 7,95%, en el segundo trimestre de 2007. Desde finales de 2005 hasta el inicio de 2008, la tasa de paro estuvo en torno al 8%. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria (responsable de más de la mitad de los nuevos parados) y la prolongación de la crisis económica han provocado el gran deterioro del mercado laboral. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2009, la tasa de paro subió más de tres puntos porcentuales de golpe, hasta el 17,36%.
España fue durante unos años el país que más empleo creó en Europa, para convertirse después en el que más empleo destruye. Esto se produce, en parte, por la altísima tasa de temporalidad que hay en nuestro país: un 30% de los trabajadores con contrato temporal. Las empresas prefieren prescindir de los trabajadores antes que buscar otras fórmulas alternativas, como el reparto del trabajo mediante la reducción del salario y de la jornada total, mecanismo que funciona en Alemania. Lo paradójico hoy es que el ajuste español ha sido tan duro que incluso la tasa de temporalidad ha bajado al 26%.
Lo que sí ha mejorado en estos años es la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo (incluyendo las asistenciales), que ha pasado del 58,1% en 2001 al 71,29% como promedio en 2011. En enero de 2009, ante la prolongación de la crisis, el Gobierno socialista aprobó una ayuda de 426 euros durante seis meses para los parados que hubieran agotado el periodo para percibir la prestación y el subsidio por desempleo. Desde entonces, lo ha ido prorrogando; en estos momentos hay un nuevo plan, que estará vigente hasta febrero de 2012, para que parados sin subsidio que realicen cursos de formación reciban una ayuda mensual de 400 euros.
Seguridad Social
Peor aún es la caída de la afiliación a la Seguridad Social, tanto por lo que significa en pérdida de empleo como por lo que anticipa respecto al sostenimiento del sistema público de pensiones. El récord de cotizantes se registró en 2007 (19.231.986 de media anual, cuatro millones más que en 2000), pero con la crisis se han perdido más de dos millones.
El futuro se presenta sombrío no sólo porque la salida de la crisis se sigue retrasando, sino también porque los trabajadores estarán en peores condiciones. Como explica Miren Etxezarreta, catedrática emérita de Economía Aplicada de la Universitat de Barcelona: “Las empresas han aprovechado la crisis para pegar un golpe muy fuerte en las condiciones laborales: salarios, horarios. Eso supone dar marcha atrás 30 años. Y puede ser permanente”.
Y el peligro en perspectiva es crecimiento sin empleo, como le pasó a Estados Unidos las tres últimas veces que salió de una crisis: ganando productividad pero apenas generando nuevos puestos de trabajo.
La prima de riesgo ha pasado a formar parte de la familia. Hasta la actual crisis de deuda soberana, pocos se preocupaban de si la prima de riesgo estaba en 100 o en 300 puntos y ahora hasta sabemos dónde está el nivel de riesgo de un rescate a la griega o a la irlandesa (en torno a los 500 puntos). Y también conocemos los efectos dramáticos de los impagos de los préstamos hipotecarios, con los desalojos de familias que se quedan sin vivienda pero con la deuda a cuestas, o de los autónomos y pequeñas empresas que echan el cierre porque los bancos no les prestan.
Casi todo en estos momentos gira en torno a la deuda. Según los últimos datos del Banco de Pagos Internacionales, correspondientes a 2010, España es el cuarto país de la OCDE más endeudado en relación con su PIB: al 355% del PIB (sumando deuda pública y privada e incluyendo en esta la de las entidades financieras), por detrás de Japón (456%), Portugal (366%) y Bélgica (356%).
Pero el problema está más en la deuda privada que en la deuda pública. Por empezar por esta última, en España la deuda pública se situó en 2010 en el 61%, muy por debajo de la de otros países, como Reino Unido, Francia o incluso Alemania. Lo que ocurre es que su aumento ha sido vertiginoso en los años de la crisis, debido al incremento de los gastos por seguro de desempleo, las ayudas a la banca y la caída de ingresos impositivos. En los cuatro años que llevamos de crisis, la deuda pública casi se ha duplicado, al pasar del 36% del PIB en 2007 al 65,9% en el segundo trimestre de este año. Afortunadamente, desde el año 2000 se estaba registrando una reducción constante, más acentuada entre 2004 y 2007, lo que ha permitido tener un colchón que ha hecho menos dura la caída. Y aunque la carga de los intereses de la deuda pública ha crecido en términos absolutos a partir de 2008, en porcentaje del PIB era más alta entre 2000 y 2004 (Gobierno del PP) que en 2010.
Por su parte, el endeudamiento privado de empresas y familias ha estado creciendo a tasas de dos dígitos hasta que llegó la crisis. La deuda de las sociedades no financieras representa en 2010 el 141% del PIB, mientras que la de las familias alcanza el 85,7%. En total, el endeudamiento privado (sin incluir las entidades financieras) es del 226% del PIB, más de dos veces la riqueza nacional y tres veces más que la deuda pública. Por apuntar sólo las subidas más elevadas, en 2004 y 2005 los hogares incrementaron su endeudamiento más del 20% anual, con
aumentos de hasta el 25% en los préstamos hipotecarios en 2005. Por su parte, el endeudamiento de las empresas crecía al 28% en 2006.
Ahora, el grifo se ha cerrado totalmente porque los bancos, que estuvieron concediendo créditos sin medir los riesgos, se endeudaron a su vez en esta orgía prestamista y ahora a ellos tampoco les prestan. La morosidad aumenta, a su vez, por el aumento del paro y la falta de demanda. Y a muchas entidades financieras no les llega el capital que tienen para cumplir con las exigencias de solvencia, por lo que buscan dos formas de lograrlo: mandar todo el dinero que puedan obtener al core capital en lugar de dar créditos o restringir al máximo los préstamos aplicando exigencias desorbitadas de solvencia.
Pero ni era aquella manga ancha ni este grifo cerrado. Cómo no recordar a los miles de inmigrantes atrapados en préstamos impagables como titulares de créditos o como avalistas de otros inmigrantes con tan pocos recursos como ellos. O las más de 300.000 familias desahuciadas en esta crisis al no pagar la hipoteca. Muchos se metieron en préstamos elevados a los que no pudieron hacer frente en los malos tiempos y los bancos no les frenaron: al contrario, tasaron en exceso la vivienda para prestar más o les incitaron a volver a pedir a medida que amortizaban el crédito. Y, cuando dejaron de pagar, las entidades financieras cobraron
intereses de demora de hasta el 30%.
Deuda externa
Como país somos extremadamente vulnerables a las restricciones de crédito en los mercados internacionales y a la evolución de la prima de riesgo, que encarece no sólo la carga de la deuda pública, sino también la de las emisiones de deuda privada de las empresas. Eso, si consiguen colocarla. España tiene una posición deudora ante los mercados financieros internacionales a los que lleva apelando años. Miren Etxezarreta, catedrática emérita de Economía Aplicada de la Universitat de Barcelona, considera un “escándalo que no se tomaran medidas antes de la crisis tanto por los gobiernos del PP como del PSOE. Se ha estado comprando como si no tuviéramos límites y no se ha hecho ningún esfuerzo por mejorar la productividad”. Y ayer, nuestra prima –la de riesgo– llegó a tocar los 414 puntos.
Ahora que ya ha comenzado la campaña electoral y que los candidatos usan las propuestas fiscales como gancho para atraer votos, les propongo una medida políticamente incorrecta: acabar con los impuestos que sólo existen para que no se paguen.
Si queremos recaudar más, hay que cobrar más impuestos a los ricos, por supuesto, pero también hay que cargarse el sistema de módulos del IRPF. Los ricos –incluyendo las grandes empresas– cuentan con asesores que les buscan los agujeros legales –y a veces no tan legales– para pagar menos y los módulos son el sistema legal que permite a la inmensa mayoría de pequeños empresarios, comerciantes y profesionales autónomos pagar a Hacienda mucho menos de lo que les correspondería en justicia. Ambos, ricos y moduleros, son un enorme foco de desequilibrio fiscal en contra de los asalariados, que son los auténticos paganos del impuesto.
¿Cuánto cree que tributa, por ejemplo, un taxista en el IRPF? Prácticamente nada. Y no exagero. El rendimiento de un taxista en estimación objetiva –lo que se conoce como módulos– no se calcula por lo que factura de verdad sino por el rendimiento que se adjudica de antemano por trabajador y por kilómetros recorridos. En el caso de un taxista sin empleados y con un recorrido anual de 50.000 kilómetros (una media habitual), el rendimiento neto es de 9.910 euros. Descontando las reducciones por trabajo, el mínimo personal y familiar (vamos a suponer que tiene un hijo) y aplicando la tarifa del IRPF, le sale una cuota de 531 euros, es decir el 5,3% del rendimiento estimado. Y si la declaración es conjunta porque su cónyuge no trabaja no pagaría absolutamente nada.
Que tributar por módulos sale muy rentable lo demuestra el que, de los 51.600 taxistas que hay, el 97% declara por este sistema, que es optativo. Y lo que pasa con los taxistas (no es manía, soy consciente de que tienen un trabajo muy sacrificado, pero es que están entre los que menos pagan de media) se repite con la mayoría de los colectivos que pueden estar en módulos.
El resultado es que el rendimiento neto declarado por los contribuyentes en módulos ronda los 10.000 euros, exactamente 10.862 euros en 2009, un 6% menos que en 2008 y el mismo importe promedio que se declaró en 2001. Esos 10.862 euros representan un 30% menos que el promedio de ingresos declarados por el conjunto de contribuyentes en el IRPF. Y es un 57% inferior a la media declarada mediante el sistema de estimación directa, que es el que utilizan los empresarios, profesionales autónomos y comerciantes que no están en módulos.
Facturas falsas
Además de la baja tributación que permiten los módulos, el sistema se ha convertido en una fuente de facturas falsas ya que al transportista, comerciante o albañil no les afecta en su tributación cuántas facturas emitan, siempre que no superen los 450.000 euros anuales que es el límite que les expulsaría de este sistema. Su rendimiento se calcula por elementos objetivos como la dimensión del camión o del local, el consumo de energía eléctrica o el número de trabajadores; lo que facturen no influye en nada y unos cuantos se aprovechan de esto.
Es verdad que en el sistema de módulos no están las grandes fortunas, pero también es cierto que va en contra del principio constitucional de que los impuestos hay que pagarlos en función de la capacidad adquisitiva. Y, como colofón, al tener unos rendimientos declarados tan bajos aunque no se correspondan con los ingresos reales, pueden recibir más ayudas públicas (becas, etc.) que asalariados con ingresos reales más bajos pero declarados en su totalidad.
Imagino que diciendo esto me estoy granjeando un millón y medio de críticas, justo los votos que no quieren perder los candidatos. Pero ya avisé de que era una propuesta políticamente incorrecta.
En diez años, el Producto Interior Bruto (PIB) ha pasado de 629.000 millones de euros anuales a más de un billón, es decir, un 67% más. A un ritmo de crecimiento superior al de países de nuestro entorno, la renta per cápita aumentó un 43,8% y nos aproximamos al promedio europeo, incluso en 2006 y 2007 lo superamos en un 5%. Y, sin embargo, nos creíamos mucho más ricos de lo que en verdad éramos. Nuestro despegue económico en los años previos a la crisis fue espectacular: crecimos de forma ininterrumpida durante más de una década, algunos llegaron a pensar que se habían acabado los ciclos económicos y el nivel de vida mejoró sustancialmente.
Pero la base sobre la que se sustentaba la mayor parte de ese crecimiento era el endeudamiento. Hemos vivido una borrachera de crédito de la que ahora estamos padeciendo la resaca.
Imaginemos una persona que gana mil euros al mes pero que a base de créditos se compra una casa, un gran coche y no para de viajar y de comer en restaurantes de moda. No es difícil entender que esa situación no le puede durar mucho tiempo. Es lo que ha ocurrido con la economía española.
El milagro económico logrado por el Gobierno de Aznar del que presume el Partido Popular tenía los pies de barro. Se basó en un crecimiento de la deuda descomunal –fundamentalmente a familias y empresas en aquel momento– porque, con la entrada en el euro, los tipos de interés bajaron drásticamente y la eliminación del riesgo del tipo de cambio permitió financiarse en el exterior sin problemas. Tan barato era endeudarse que, de hecho, entre 2003 y 2006, los tipos de interés reales (descontada la inflación) eran negativos. Es decir, que salía más rentable invertir con dinero ajeno que con el propio.
El dinero barato con préstamos sin restricciones engordó una burbuja inmobiliaria que tardó mucho en pincharse y provocó también un aumento desordenado del consumo. En aquellos momentos de vacas gordas debería haberse adoptado una política fiscal más restrictiva, subiendo impuestos para enfriar la economía y lograr superávit en las cuentas públicas. En vez de eso, Aznar bajó el IRPF –especialmente para las rentas de capital–, además de reducir el Impuesto sobre Sociedades. Zapatero continuó en esa línea y suprimió el Impuesto sobre el Patrimonio (recuperado ahora).
Además del dinero barato, España recibió una contribución importantísima de los fondos europeos, que representaron más de un 1% del PIB anual, y unos ingresos estratosféricos con las privatizaciones de las empresas públicas realizadas por Aznar, ingresos que ya no se van a volver a producir. Y, sin embargo, hasta el año 2005, con Pedro Solbes como ministro de Economía y Hacienda, no hubo superávit público. Pero el barro no estaba sólo en el endeudamiento. Bruno Estrada, director de Estudios de la Fundación 1º de Mayo, señala que el patrón de crecimiento hasta que llegó la crisis se basó en un mercado de trabajo desregulado, con una productividad baja debido a la escasa dotación de capital que hacían las empresas. “Los países europeos crecían por un incremento de la productividad y nosotros lo hacíamos por un incremento del empleo de baja productividad: en la construcción, en el servicio doméstico”, señala. Mientras en Estados Unidos el stock de capital creció el 201% y en Alemania, el 184%, en España sólo aumentó un 161% y la mayoría era capital no productivo porque se trataba de inversión en vivienda.
Ahora tenemos que corregir los desequilibrios: excesivo endeudamiento, absorción de la burbuja inmobiliaria, pérdida de competitividad, saneamiento de las entidades financieras. Y con otro modelo económico, que se sustente más en las exportaciones. En España, las ventas al exterior sólo representan el 17,7% del PIB, mientras que el promedio europeo es el 31,3%.
En la actualidad, la riqueza nacional ha pasado de crecer débilmente a estancarse en el tercer trimestre, según el avance del Banco de España, debido fundamentalmente a los recortes en la inversión y consumo públicos para reducir el déficit. Este débil crecimiento, que para muchos expertos anticipa una recaída en la recesión, puede imposibilitar lograr la recaudación suficiente para cumplir el objetivo de reducción del déficit en un círculo vicioso que se retroalimenta. Por eso, cada vez más, voces autorizadas reclaman medidas de estímulo que permitan volver a crecer y crear empleo. Acompasar la reducción del déficit a un ritmo que permita aumentar el PIB. Entre esas voces se encuentra la del presidente de Estados Unidos. Parece que el recién estrenado presidente del BCE, Mario Draghi, ha escuchado y acaba de bajar un cuartillo los tipos de interés ante la preocupación por volver a caer en recesión. ¿Alguien más tiene oídos?
Ya están ahí, doblando la siguiente curva, los cinco millones de parados. Al final de septiembre tenemos 4.978.300, según la Encuesta de Población Activa. Más de un millón de ellos lleva más de dos años buscando empleo. Y hay 1.425.000 hogares con todos (TODOS) sus miembros en paro. Entre los afortunados que trabajamos, uno de cada cuatro es temporal. En cuatro años nos hemos fundido 2,35 millones de puestos laborales y la tasa de paro ha pasado del 8% al 21,5%. ¿Puede empeorar? A mí me parece que sí, para desgracia del pico que falta para concretar los cinco millones y los que vengan.
Estos son días de mucho pesimismo. Yo no soy la excepción, en solidaridad con los que están sufriendo el primer problema nacional y ante la incapacidad de la clase política, empresarial y sindical para acordar un tratamiento efectivo. Ayer, tras publicarse la cifra, en el Partido Popular reafirmaron que la receta es “un Gobierno fuerte” que aplique “una política de firmeza”. Es decir, que la clave está en que en el Gobierno haya tíos y tías con un par. Por su parte, el aún Gobierno explica, por ejemplo, que “las horas extra” son la razón por la cual un magnífico año turístico está siendo irrelevante para crear empleo, ya que no se contrata a más gente, y que los recortes públicos (que él mismo ha promovido) son también culpables del mayor paro. Izquierda Unida está de acuerdo con eso y añade que es consecuencia de “la falsa austeridad impuesta”, mientras que UPyD habla de que son las “políticas regionales” las que fallan. Que levante la mano quien se quede tranquilo sólo con eso.
Yo, desde luego, me declaro tan incompetente como todos ellos para ofrecer ideas que nos permitan reducir el tiempo que vamos a tardar en recuperar los niveles de empleo y riqueza anteriores a la crisis: una década dicen los expertos. Según John Kenneth Galbraith, uno de los economistas mundiales más influyentes del siglo XX (murió en 2006), la causa más persistente del desempleo en las naciones industriales maduras es la decadencia de las industrias más antiguas. Aquí las tenemos (industrias obsoletas) a patadas, empezando por la inmobiliaria, hoy destrozada y origen de la madre de todas las crisis. Al pinchar su burbuja, el paro se disparó –la construcción ha aportado casi la mitad de los parados generados en la crisis– y los bancos se inundaron de activos desvalorizados por lo que empezaron a restringir el crédito para reducir riesgos.
España fue el país europeo que más empleo creó en la bonanza y el que más empleo ha destruido en la recesión. Un mercado de trabajo dual con una elevadísima temporalidad ha permitido que las empresas ajustaran a todo trapo no renovando a los temporales; como la crisis se prolongó, tampoco los fijos se han salvado. Galbraith creía que el desempleo puede ser corregido mediante el readiestramiento para nuevos empleos, la creación de empleos de servicio público, la mejora de las relaciones laborales y la mayor capacitación de los directivos. Igual habría que probar eso. Nuestra economía basada en la construcción, en la demanda interna y no en la exportación, en la creación de muchos empleos pero de baja cualificación, tenía muy pocos flotadores para sobrevivir en el naufragio. Después, ha sido como una bola de nieve montaña abajo: aumentaba el paro por la crisis, se debilitaba el consumo al haber más parados y más incertidumbre, las empresas vendían menos y despedían más, otra vez más parados que consumían menos y más empresas que cerraban. Un círculo vicioso donde la puntilla la da la restricción del crédito que impide que aparezcan nuevas empresas o que se mantengan las actuales. Y el sector público recortando.
¿Alguien que eche una mano desde el extranjero? Es lo que ha reclamado Obama en un artículo publicado en el Financial Times: que los países con grandes superávits (estaría pensando en Alemania) adopten medidas adicionales para apoyar el crecimiento del resto del mundo. Tiene razón: desde luego, es otra idea, y aquí, hoy, no nos sobra ninguna.
El banquero más peligroso del mundo, en definición del ex economista jefe del FMI Simon
Johnson, es Jamie Dimon, consejero delegado de JP Morgan, que, en una carta a Henry Paulson, secretario del Tesoro de EEUU en 2008, en pleno rescate financiero escribió: “No es el crítico el que cuenta, ni el hombre que señala al poderoso que se tambalea. El crédito se lo lleva siempre el hombre que está realmente en la arena, cuya cara se mancha de polvo, sudor y sangre, que lucha con valentía, que cae y se vuelve a levantar una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin error o sin fallo; el que conoce los grandes entusiasmos, que se emplea a fondo por una noble causa, que, en el mejor de los casos, conoce al final el triunfo de su empeño, y en el peor, si fracasa, lo hace mientras se esfuerza al máximo, de modo que su sitio nunca estará con las almas frías o tibias que no conocieron ni la victoria ni la derrota”.
Estas palabras, que tan apropiadamente se pueden aplicar esta semana en que ETA ha anunciado el “cese definitivo” de su terror, no eran de Dimon sino que fueron pronunciadas por el presidente Theodore Roosevelt en su famoso discurso de 1910 en la Sorbona “El hombre en la arena”. Que Dimon citara a Roosevelt para respaldar mayor concentración de poder en el sector financiero y cargar el rescate al contribuyente puede haber hecho revolverse en la tumba al presidente que intentó limitar los trust y el poder de las grandes corporaciones. Pero como de las palabras de Roosevelt no se puede deducir si el héroe triunfa o fracasa, da pie a que sea utilizado por presidentes defenestrados como Richard Nixon, que lo usó en su discurso de renuncia en 1974, hasta por líderes reconocidos como Mandela.
No tengo tan claro que sirva para nuestros dirigentes europeos, embarcados en un enésimo intento de llegar a un acuerdo que frene la crisis. Tras más de una decena de cumbres europeas podemos concluir que tampoco en esta habrá una solución definitiva. Ahora hay más presión porque Francia le está viendo las orejas al lobo, como antes España o Italia. Y todavía nos preguntamos cómo hemos llegado a una situación tan crítica.
La secuencia real y muy resumida es la siguiente: debido al contagio por no haber resuelto la crisis griega antes, las tasas de interés por la deuda que tienen que pagar España o Italia se elevan; en consecuencia, el precio de los bonos cae y eso lleva al deterioro de la percepción de solidez de los bancos que poseen esos bonos. Los inversores rechazan entonces a los bancos expuestos a dicha deuda y ya tenemos un camino abierto a la crisis sistémica. Grecia era insolvente, pero se actuó como si tuviera problemas de liquidez, y el problema se ha agravado. A España e Italia, que son solventes pero sin liquidez, el BCE debería suministrarles la liquidez necesaria y refinanciar la deuda a precios asequibles. Esto haría que los tipos de interés por la deuda no subieran, en consecuencia, los precios de los bonos no bajarían y se eliminaría una de las mayores fuentes de déficit de capital en los bancos.
Por eso, la solución no es premiar la ineficiencia y recapitalizar masivamente a la banca, sino restaurar la confianza en la solvencia –y crecimiento– de los países. Aunque lo primero a resolver de una vez es Grecia y ahí todo pasa por Alemania. Y si se siguen sembrando dudas sobre la solvencia de Italia o España no habrá dinero suficiente para recapitalizar la banca. ¿Por qué proponer una quita sobre la deuda española para a continuación inyectar dinero público en los bancos en lugar de reforzar la confianza en la economía española?
Pero además –y sería motivo de otro artículo–, el sistema tiene que cambiar: no se pueden mantener con cargo al contribuyente bancos mal gestionados sólo porque son demasiado grandes para caer o no están bien supervisados, ni se puede permitir que existan operaciones fuera del mercado donde no se sabe cuánto dinero se mueve ni quién lo hace. El agujero negro de la crisis financiera nadie conoce hasta dónde llega ni cuánto puede tragarse.
El Código Penal incluye el delito de administración desleal que expertos juristas creen que podría aplicarse a los pagos millonarios.
Recordemos unas pequeñas e infrecuentes muestras de ética personal: en 1997, al volver a trabajar para Apple (que le había despedido 12 años antes), Steve Jobs se autoimpuso un salario anual de un dólar. Así continuó hasta su muerte, hace unos días. Sus beneficios procedían de la revalorización de las acciones de la compañía. Compró cinco millones de títulos en 1997 y nunca vendió. Un futbolista de élite, el centrocampista argentino Fernando Redondo, ex del Real Madrid, renunció en 2001 a su salario anual de ocho millones de dólares en el AC Milan por una lesión que lo mantenía apartado de los campos trece meses. Lo mismo hizo el francés Alain Boghossian, del Espanyol, en 2003, y, esta misma temporada, el turco Hamit Altintop, que ha renunciado al sueldo de sus primeros tres meses en el Real Madrid al arrastrar una lesión de espalda y no poder jugar.
Veamos ahora otras frecuentes muestras de otra clase de ética: los directivos de algunas cajas de ahorros rescatadas por el Estado de una situación financiera catastrófica se lo han llevado crudo a casa. Pongamos, por ejemplo, CAM y Novacaixagalicia. ¿Qué observamos? Entidades con cuentas ruinosas, donde sus gestores se autoconceden
hipersueldos blindados, prejubilaciones millonarias, créditos personales a discreción, lujos suntuarios pagando la caja… En su favor hay que decir que ninguno ha sufrido lesiones impeditivas, de forma que no han podido demostrar su ética personal renunciando a sus privilegiadas retribuciones mientras durara su baja laboral (salvo uno que ha renunciado a la mitad). Al revés, la rotura del ligamento cruzado ha sido para el contribuyente: 2.500 millones de euros para rescatar la caja gallega con fondos del FROB (que pagamos todos) hace unas semanas y otros 2.800 millones para la CAM. Se dice que todo es legal porque está aprobado en contrato. Sin embargo, sin los fondos públicos, ambas cajas hubieran quebrado, con lo que no habría habido dinero para pagar a los exdirectivos y sus contratos no valdrían nada.
Aún más, no puede descartarse la imputación del delito de “administración desleal”. El artículo 295 del Código Penal establece: “Los administradores que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de esta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido”. Y entre los supuestos que se consideran delito de administración desleal están la utilización de fondos de la empresa para atender gastos personales, la concesión de créditos a sociedades en las que los administradores tienen una importante participación y carecen de solvencia, y la percepción de retribuciones no amparadas por los estatutos. Nos suena algo de esto, ¿verdad? Esos pagos millonarios puede que respondan a un contrato, pero causan un perjuicio objetivo a entidades que no están en disposición de abonarlos. Un juez podría llegar a entender eso como abuso de posición en beneficio personal y no en el de la caja.
Algo se empieza a hacer: la Fiscalía Anticorrupción investiga a la ex directora general de la CAM. Y el nuevo presidente de Novacaixagalicia, José María Castellano, ha reclamado a los exdirectivos que devuelvan las indemnizaciones cobradas, y no descarta acudir a los tribunales por la vía civil. No obstante, podría irse más allá. Ahí tenemos el ejemplo de Islandia, donde una investigación parlamentaria sobre la crisis financiera culpó a los directivos de los tres bancos quebrados y el Estado se querelló contra ellos por apropiación fraudulenta. En España también habría que explorar todas las posibilidades para llevar al banquillo -y no al de los campos de fútbol- a los directivos carentes de ética.
Lograr la transparencia de las administraciones y de las cuentas públicas es un buen objetivo. Cómo se logre es lo que puede plantear dudas. Ayer, Hacienda retuvo los pagos mensuales a los más de mil ayuntamientos que no han presentado la liquidación presupuestaria. Es legal y se hace por un buen fin. Pero, como todo, tiene dos caras.
No hay nada de ejemplificante en que los funcionarios de pequeños ayuntamientos no vayan a cobrar este mes o que los proveedores vean cómo se retrasa aún más el pago de sus servicios.
Se dirá que han tenido tiempo de sobra para cumplir.Pero este ha sido año de elecciones y han cambiado muchos ediles. Como en Gaucin, pueblo malagueño de 1.800 habitantes, donde este mes le faltarán 18.000 euros para pagar las nóminas. Según el alcalde, la secretaria del Ayuntamiento se fue de vacaciones ebn septiembre sin hacer la liquidación ni avisar de que había que presentarla. Ella ha sido suspendida de empleo y sueldo, pero sus compañeros no saben si cobrarán. En otro pueblo, la enfermedad del contable es la razón del retraso. Tal vez un préstamo a corto plazo les saque del apuro, aunque no es fácil obtenerlo. Claro que el ICO podría constituirse en una tabla de salvación para muchos de ellos.
Esto demuestra que existen ayuntamientos demasiado pequeños para poder desarrollar sus obligaciones con profesionalidad. La fusión de municipios permitiría, como en las empresas, sinergias y una mayor eficiencia. En este trance de pagos retenidos por no presentar a tiempo la liquidación presupuestaria (un asunto meramente contable) no hay capitales de provincia ni grandes ciudades. De haberlas habido ¿se hubiera aplicado también aquí el too big to fail (demasiado grandes para caer) de la banca?
Por otro lado, si el Ministerio de Hacienda ya se ha decidido a dar un golpe sobre la mesa y exigir que se cumplan los plazos en la presentacion de cuentas, también debería trasladar tanto a comunidades autónomas como ayuntamientos la misma transparencia que se le exige al Estado. Esto es, que igual que Hacienda presenta mensualmente la ejecución presupuestaria y vemos mes a mes cómo va el déficit público de la administración central, las autonomías y los municipios presenten mensualmente sus cuentas. Esto también sería un avance en transparencia. Casi más que el presentar a tiempo una vez al año.
Forbes, revista que se ha hecho famosa elaborando anualmente una lista de los millonarios del mundo, cifraba en 60.750 millones de euros la fortuna de los diez españoles más ricos en 2007, el último año en el que se declaró el Impuesto sobre el Patrimonio. Fue el año en el que los más ricos entre los ricos que presentaron la declaración de patrimonio, exactamente 1.618, confesaron riquezas por apenas 35.863 millones de euros. Si por lo que cientos de millonarios tributan apenas llega a la mitad de la fortuna que tienen sólo diez de ellos, algo debe pasar en el impuesto.
Los 1.618 contribuyentes más ricos declararon una base liquidable (tras aplicar todas las exenciones) media de 22 millones de euros, por la que pagaron, también de media, 169.005 euros. Eso significa que el tipo efectivo de los millonarios fue el 0,7%, aunque el tipo nominal es el 2,5%.
Podemos empezar explicando que las acciones o participaciones en empresas no tributan en Patrimonio si el declarante posee más del 5% del capital, ejerce funciones de dirección en la empresa y percibe por ello más del 50% de sus rentas del trabajo. Y no, aunque lo estén pensando, no es Botín el que disfruta de esta exención concreta, auqnue otras tendrá. Más que nada porque su participación en el Banco Santander no representa más del 0,93% del capital.
Gracias a esa exención, en el último año del impuesto hubo 111.442 contribuyentes que no tuvieron que incluir en sus declaraciones un valor patrimonial de 186.496 millones de euros correspondiente a acciones no cotizadas. La exención por acciones cotizadas fue bastante menor: 10.285 millones para 9.300 declarantes.
Se podrá argumentar que la actividad productiva de ese patrimonio justifica que quede exento del impuesto. Podemos ir entonces a otras riquezas no productivas, como inmuebles, yates, coches, cuadros o joyas que también deben incluirse en Patrimonio. Claro, siempre que estén a nombre del declarante. Porque el Impuesto sobre el Patrimonio grava a las personas físicas. Si el yate o el inmueble está a nombre de una sociedad, esta no paga Patrimonio. Exactamente lo que está pensando: esos yates de 30 o 70 metros de eslora que surcan las aguas mallorquinas con seguridad que no forman parte del patrimonio declarado por los ricos. Otra cuestión es que sí tengan que incluir el valor de la sociedad que aparece como propietaria del yate, el avión o tenedora de las acciones de las empresas de las que son presidentes. También para esto hay remedio: pueden estar endeudadas –lo que disminuye o anula su valor– o pueden utilizarse holdings o sociedades interpuestas hasta acabar en Luxemburgo.
La vicepresidenta Salgado insiste en que el impuesto gravará sólo a las grandes fortunas, pero se le olvida añadir que sólo tributarán por una parte de su riqueza. Fue un empresario del Ibex muy conocido, del sector de la construcción, quien convenció a Zapatero en 2008 de que los verdaderamente ricos no pagaban patrimonio y que no servía para nada ese impuesto. Mejor hubiera sido reformarlo que suprimirlo. Y ahora que se recupera sigue siendo necesaria su reforma.
Los madrileños pagarán menos
Los madrileños podrían pagar menos por el Impuesto sobre el Patrimonio si Esperanza Aguirre mantiene la rebaja que hizo en la Ley de Medidas Fiscales para 2008. La Comunidad de Madrid redujo el tipo máximo del 2,5% al 1,5%. Luego, como el Gobierno introdujo la bonificación del 100% que llevó a que nadie tuviera que pagar Patrimonio, esta rebaja de Aguirre se olvidó. Hasta tal punto que la Comunidad de Madrid ha estado cobrando la compensación completa por la supresión de Patrimonio, aunque en realidad le correspondería menos porque su recaudación hubiera descendido por la rebaja impositiva decidida por el Gobierno autonómico.
