Forbes, revista que se ha hecho famosa elaborando anualmente una lista de los millonarios del mundo, cifraba en 60.750 millones de euros la fortuna de los diez españoles más ricos en 2007, el último año en el que se declaró el Impuesto sobre el Patrimonio. Fue el año en el que los más ricos entre los ricos que presentaron la declaración de patrimonio, exactamente 1.618, confesaron riquezas por apenas 35.863 millones de euros. Si por lo que cientos de millonarios tributan apenas llega a la mitad de la fortuna que tienen sólo diez de ellos, algo debe pasar en el impuesto.
Los 1.618 contribuyentes más ricos declararon una base liquidable (tras aplicar todas las exenciones) media de 22 millones de euros, por la que pagaron, también de media, 169.005 euros. Eso significa que el tipo efectivo de los millonarios fue el 0,7%, aunque el tipo nominal es el 2,5%.
Podemos empezar explicando que las acciones o participaciones en empresas no tributan en Patrimonio si el declarante posee más del 5% del capital, ejerce funciones de dirección en la empresa y percibe por ello más del 50% de sus rentas del trabajo. Y no, aunque lo estén pensando, no es Botín el que disfruta de esta exención concreta, auqnue otras tendrá. Más que nada porque su participación en el Banco Santander no representa más del 0,93% del capital.
Gracias a esa exención, en el último año del impuesto hubo 111.442 contribuyentes que no tuvieron que incluir en sus declaraciones un valor patrimonial de 186.496 millones de euros correspondiente a acciones no cotizadas. La exención por acciones cotizadas fue bastante menor: 10.285 millones para 9.300 declarantes.
Se podrá argumentar que la actividad productiva de ese patrimonio justifica que quede exento del impuesto. Podemos ir entonces a otras riquezas no productivas, como inmuebles, yates, coches, cuadros o joyas que también deben incluirse en Patrimonio. Claro, siempre que estén a nombre del declarante. Porque el Impuesto sobre el Patrimonio grava a las personas físicas. Si el yate o el inmueble está a nombre de una sociedad, esta no paga Patrimonio. Exactamente lo que está pensando: esos yates de 30 o 70 metros de eslora que surcan las aguas mallorquinas con seguridad que no forman parte del patrimonio declarado por los ricos. Otra cuestión es que sí tengan que incluir el valor de la sociedad que aparece como propietaria del yate, el avión o tenedora de las acciones de las empresas de las que son presidentes. También para esto hay remedio: pueden estar endeudadas –lo que disminuye o anula su valor– o pueden utilizarse holdings o sociedades interpuestas hasta acabar en Luxemburgo.
La vicepresidenta Salgado insiste en que el impuesto gravará sólo a las grandes fortunas, pero se le olvida añadir que sólo tributarán por una parte de su riqueza. Fue un empresario del Ibex muy conocido, del sector de la construcción, quien convenció a Zapatero en 2008 de que los verdaderamente ricos no pagaban patrimonio y que no servía para nada ese impuesto. Mejor hubiera sido reformarlo que suprimirlo. Y ahora que se recupera sigue siendo necesaria su reforma.
Los madrileños pagarán menos
Los madrileños podrían pagar menos por el Impuesto sobre el Patrimonio si Esperanza Aguirre mantiene la rebaja que hizo en la Ley de Medidas Fiscales para 2008. La Comunidad de Madrid redujo el tipo máximo del 2,5% al 1,5%. Luego, como el Gobierno introdujo la bonificación del 100% que llevó a que nadie tuviera que pagar Patrimonio, esta rebaja de Aguirre se olvidó. Hasta tal punto que la Comunidad de Madrid ha estado cobrando la compensación completa por la supresión de Patrimonio, aunque en realidad le correspondería menos porque su recaudación hubiera descendido por la rebaja impositiva decidida por el Gobierno autonómico.
Esperanza Aguirre aumentará la jornada de los profesores para reducir 3.200 interinos en Secundaria y recortar el gasto público. Una medida que afectará a la calidad de la educación, denuncian los profesores. Pero, a la vez, la presidenta de la Comunidad de Madrid es capaz de renunciar a parte de los ingresos por IRPF para subvencionar los uniformes colegiales. Madrid es la única autonomía que tiene una deducción en la declaración de la renta por gastos educativos en la que se incluyen no sólo las clases de inglés –u otro idioma– sino también la “adquisición de vestuario de uso exclusivo escolar” durante las etapas de Educación Básica Obligatoria. Es decir, Aguirre prima fiscalmente a los padres cuyos hijos llevan uniforme o van a clases de inglés, pero no hay deducción fiscal por libros de texto, como sí ocurre en Illes Balears. Es cierto que hay ayudas directas para la compra de libros pero no gratuidad total como en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y La Rioja.
Así que, en Madrid, cada hijo daba derecho a deducir por uniforme o clases hasta 500 euros, aunque sólo las familias cuyos ingresos no superaran la cantidad equivalente a 10.000 euros por miembro de la unidad familiar (estos son los requisitos de la última declaración de la renta presentada; para la próxima, Aguirre es aún más generosa: eleva el límite que te da derecho a la deducción a 30.000 euros por miembro de la unidad familiar con lo que un matrimonio con un hijo que gane menos de 90.000 euros tendría derecho y los 500 euros suben hasta 900 euros por hijo). La pregunta es ¿necesitamos menos profesores o más ingresos?
La política fiscal es muy reveladora de los intereses de cada gobernante. ¿Qué razón económica o social existe para que se privilegie fiscalmente a los uniformes colegiales, que se usan sobre todo en los colegios privados o concertados? Igual de reveladora es la evolución del IRPF en los últimos años. Mientras el tipo efectivo de las rentas más altas se ha reducido casi 20 puntos en 15 años, el de las rentas medias ha bajado entre medio punto y dos puntos (ver Público del 29 y 30 de agosto). Y fueron las dos reformas fiscales del Partido Popular fundamentalmente las que en ese periodo bajaron la carga fiscal sobre los ricos en el IRPF en mucha mayor medida que sobre el resto de rentas. El PSOE también ha rebajado a los ricos: eliminó el Impuesto sobre el Patrimonio en 2008 aunque, como gesto, en 2010 subió el marginal máximo del IRPF hasta el 45% para más de 175.000 euros y el tipo fijo de rentas de capital hasta el 21%. Claro que, según el Gobierno, sigue sin haber tiempo para aprobar un impuesto a los ricos.
Los ricos pagan menos
En esa reducción de la presión fiscal ha influido el haber sacado –con el PP y con el PSOE– las rentas de capital de la progresividad del IRPF que sí soportan las rentas del trabajo con el fin, decían, de no gravarlas dos veces o que no se deslocalizaran. ¿Y quiénes son los que tienen más dividendos o ganancias patrimoniales? Evidentemente, los más ricos.
Sólo un dato: en el total del IRPF, el 78,8% de los ingresos declarados corresponden al trabajo. Pero en los tramos más altos del impuesto, las rentas del trabajo apenas representan el 28%, mientras que las ganancias patrimoniales suponen el 40% de la renta declarada y los rendimientos de capital, el 20%. Para los 6.353 declarantes del IRPF con ingresos por encima de 600.000 euros en 2008 (últimos datos disponibles), las rentas del ahorro superaron los 6.600 millones de euros y tributaron al tipo fijo del 18%. De haberse incluido en la tarifa general habrían tributado al 43% y las administraciones públicas hubieran ingresado ese año 1.650 millones de euros más. ¿Es el momento de que los ricos paguen más?
O podemos seguir recortando.
El Gobierno sabe que tiene que mirar a dos objetivos divergentes en los Presupuestos del año que viene: convencer a los mercados de que cumplirá a rajatabla el objetivo de déficit y, por otro lado, hacer un presupuesto presentable para acudir a las elecciones. Las duras medidas de ajuste que los mercados aplaudirían no podrían ser bien aceptadas por los ciudadanos que estarán llamados a votar en noviembre o marzo. El Ministerio de Economía y Hacienda ha elaborado un techo de gasto que aúna ambos objetivos: recorta el gasto para cumplir el déficit aunque en 5.000 millones, mucho menos que este año.
Pero eso sólo se consigue con una previsión de ingresos para 2012 que es un 22% superior a la de 2011. Teniendo en cuenta los 6.000 millones que devolverán las autonomías por anticipos excesivos y los 4.000 millones que el Ministerio prevé ingresar de más este año, el incremento de los ingresos sería del 9,6%. Y para llegar a eso, la vicepresidenta segunda confía en que crezca la economía, en que descienda la petición de aplazamientos de pago por la mejora económica, en que se ingrese más por la lucha contra el fraude fiscal y en que las empresas paguen más. ¿Exceso de confianza? Demuestra mucha fe alguien que el lunes en los maitines de Moncloa destacó las incertidumbres que rodean el crecimiento económico.
El rally de privatización de las cajas de ahorros acaba de empezar. Bankia quiere ser de las primeras. Prepara su salida a Bolsa a un precio que los analistas calculan estará entre 0,7 y 0,5 veces su valor en libros. Es decir, será un saldo y se aprovecharán los especuladores. No hay otra forma de calificar un descuento de entre el 30% y el 50%, que según los analistas es lo único que puede garantizar el éxito de su colocación. Será como dar el dinero de todos a unos pocos.
Cuando se inició el proceso de reestructuración de las cajas, varias voces alertaron del riesgo de malvenderlas en aras de la bancarización y privatización como panacea contra sus problemas de solvencia, en lugar de recuperar una banca pública no sujeta a los dictados del mercado. En poco tiempo sabremos si se cumplen esos vaticinios, pero… ¿podría existir otra forma de hacer finanzas o de hacer empresa? La Fundación 1º de Mayo ha preguntado a economistas alternativas no utópicas con las que hacer frente a la voracidad del capitalismo impaciente. Y existen.
El banco JAK
Por ejemplo, en Suecia está el banco JAK, que en realidad es una cooperativa de crédito, formada mayoritariamente por pequeños empresarios. ¿Qué tiene de especial? Los cooperativistas consiguen créditos hipotecarios a coste cero: no pagan intereses. ¿Por qué? Porque el JAK tampoco reparte dividendos a sus propietarios ni tiene inversores o pequeños ahorradores capitalistas que esperen rentabilidad para su dinero. Todo lo que cobra es una tasa destinada a pagar salarios, impuestos y seguros.
Para evitar una potencial descapitalización, quienes tienen un crédito firman también una cláusula de ahorro obligatorio; pero si son personas con escasos recursos que no pueden ahorrar, el dinero puede ser aportado por otros miembros de la cooperativa o por entidades públicas. Así lo hacen algunos ayuntamientos y están financiando proyectos de emprendedores locales. ¿Utópico? El JAK lleva funcionando desde los años sesenta y tiene más de 36.500 miembros, que son los dueños del banco y eligen democráticamente a su junta directiva.
En Alemania, de los 2.169 bancos existentes, sólo 300 son entidades privadas con ánimo de lucro. Más de 1.200 son cooperativas de crédito, frente a tan sólo 80 en España, aunque también Alemania empieza a desmantelar su sistema de cajas. Un sistema financiero que no sólo se rija por la exigencia de conseguir cada vez mayores beneficios y remunerar al accionista puede garantizar una mayor sostenibilidad y beneficiar a la actividad productiva.
Cuando una empresa reparte dividendos cada vez mayores a sus accionistas para evitar que se vayan con su capital a otra parte, pueden estar detrayendo, por ejemplo, recursos a inversiones en investigación. Cuando el valor diario de la acción preocupa más que los resultados productivos a medio plazo y cuando se emplea más dinero en agasajar accionistas que en formar trabajadores, se resta solidez a la compañía y al futuro a largo plazo.
La participación colectiva de los trabajadores en el accionariado de las empresas evita que en época de crisis el ajuste sólo recaiga sobre el empleo o los salarios y frena la deslocalización. El capital se va a donde puede producir más barato y con menor regulación; esa deslocalización sistemática empuja a la baja a los salarios occidentales. Con la globalización y el neoliberalismo, los beneficios empresariales están creciendo ocho veces más que los salarios. Si los trabajadores parecen condenados a un descenso continuo de sus retribuciones en aras de la competitividad, sólo participando en el capital de las empresas podrán equilibrarlo.
En 1995 comenzó su andadura el portal de subastas eBay, alojado en el mismo servidor que su fundador usaba para una página sobre el virus ébola, y la propagación fue similar a la que tiene el virus. Lo primero que vendió fue un puntero láser roto por 13,8 dólares. Cuentan los escritos que, alucinado por el resultado, su fundador, Pierre Ormydiar, se puso en contacto con el comprador para constatar que sabía lo que había adquirido y la respuesta fue aún más sorprendente: “Me gusta coleccionar punteros láser rotos”. Ahora, este portal de subastas tiene a la venta más de 50 millones de artículos diarios y su facturación en 2010 alcanzó los 6.803 millones de euros con unos beneficios de 1.388 millones.
Hace apenas quince años sólo los visionarios se imaginaban a miles de personas comprando a través del ordenador. En este breve periodo de tiempo, el comercio electrónico ha pasado a representar el 11% de las ventas de las empresas españolas y casi uno de cada cinco ciudadanos compra productos y servicios por internet, según el Observatorio de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información.
Es hora de plantearse un nuevo uso de internet: que se convierta en la plataforma para una democracia participativa de verdad. El Movimiento 15-M ha dado el aldabonazo: votar una vez cada cuatro años no es suficiente. Muchos no se siente representados por los partidos, pero tampoco por un sistema en el que eliges a tus representantes cada 1.460 días y no te vuelven a consultar nada en ese periodo. Internet haría posible la consulta permanente. Los problemas de identificación se resuelven ya con el DNI electrónico; aunque también habría que garantizar el anonimato del voto tras comprobar la identificación. Entre las razones para que no se permita votar por internet se cita la posibilidad de ser coaccionado o suplantado a la hora de votar. Pero en esas cuestiones como en otras habrá que trabajar en resolverlas en lugar de descartar la democracia 2.0. ¿O acaso es más seguro el voto por correo que el voto telemático?
Como todo lo relacionado con el ciberespacio da vértigo al principio, podemos empezar con lo más cercano. Acaban de ser elegidos los alcaldes de más de 8.000 municipios. Estos ediles podrían consultar a sus convecinos por los proyectos y medidas a adoptar y someterlos a votación. Tenemos algún intento descafeinado ya: la consulta barcelonesa sobre la reforma de la Diagonal se hizo por medios electrónicos aunque no exactamente como democracia 2.0 porque había que acudir a las instalaciones públicas predeterminadas, es lo que se llama voto electrónico, que no telemático. Sólo participó el 12% y el referéndum se llevó por delante el proyecto, pero seguro que el ordenador no tuvo la culpa.
Poder votar algo más que a los diputados o concejales sería como volver a los tiempos de la democracia ateniense de Pericles, donde los ciudadanos votaban directamente: no elegían representantes, sino que participaban activamente pronunciándose sobre las decisiones de sus gobernantes. Eso sí, no hace falta recuperar la discriminación a la mujer –no podía votar, por ejemplo– ni la esclavitud que existía en esa época –sólo el 15% tenía derechos de ciudadanía–.
Si puedo presentar la declaración de la renta por internet ¿por qué no voy a poder votar también? Y no sólo eso. El Parlamento ya ha legislado (en la Ley de Transparencia de 2003) sobre el voto por internet… en las juntas de accionistas de las empresas que cotizan en Bolsa. Si Botín lo permite ¿por qué los políticos no?
Es raro escuchar a alguien pedir pagar más impuestos. Salvo la excepción de algunos millonarios estadounidenses, como Warren Buffett, que criticaron la rebaja de impuestos a los ricos que promovió el segundo George Bush, no recuerdo otro ejemplo. Sin embargo, ahora, se está extendiendo un movimiento de presión para que Hacienda imponga el IVA a los servicios financieros. Y lo sorprendente es que quien lo hace es la propia banca, no un partido político ni los movimientos anticapitalistas. Pero no, no es el mundo al revés.
Para entenderlo, hay que explicar de forma simple cómo funciona el IVA. Veamos: si yo soy una empresa, pago el IVA por los bienes o servicios que compro, y después cobro el IVA cuando vendo. Luego, trimestralmente, en mi declaración del impuesto hago una operación matemática en la que resto del IVA total que he cobrado (“devengado”) el que he tenido que pagar (“repercutido”). La diferencia es lo que debo ingresar en Hacienda o que me devuelva si la diferencia es a mi favor.
Pero hete aquí que los servicios financieros españoles están exentos de IVA, de modo que los bancos sí deben pagarlo como parte del precio por las cosas que compran (la luz de las oficinas, una campaña de marketing, ordenadores para los empleados…), al igual que cualquier otra empresa, pero no tienen ningún IVA que “repercutir” a sus clientes, o sea, que no tienen derecho a descontarse nada ante Hacienda. Estamos hablando de alrededor de 1.500 millones de euros al año, según cálculos del propio sector financiero.
En noviembre de 2007, la Comisión Europea estaba preparando la reforma del IVA sobre los servicios financieros. Pero la crisis económica obligó a aparcarla. Ahora que se habla de la “Tasa Robin Hood” o de un nuevo gravamen sobre los beneficios del sector, la banca recupera su vieja reclamación para cobrar el IVA. “Si nos tienen que poner un impuesto, que sea el IVA”, defienden. Y así lo han planteado, de forma “reiterada y oficial”, al Gobierno, alegando que este sobrecoste perjudica su competitividad y encarece los costes.
¿Qué supondría para el consumidor que se aplicara el IVA a los servicios financieros? Depende. Primero, porque lo que se gravaría es el margen financiero. Por ejemplo: en el caso de un préstamo, el IVA no se aplicaría a la cantidad total prestada, sino sólo al margen de beneficio de la entidad financiera. Segundo, hoy, cajas y bancos ya enmascaran en el precio de sus comisiones el coste del IVA que no se pueden deducir. La realidad es que los consumidores lo están pagando pero no lo saben. Y, tercero, el pragmatismo de la banca hace que se limite a solicitar al Gobierno cobrar el IVA al menos en las operaciones con empresas de manera que tanto la banca como sus empresas clientes se deducirían el IVA.
¿Quién acabaría siendo el pagano de verdad? La Hacienda Pública, porque la cantidad a ingresar en las arcas públicas sería menor –y esto lo reconocen los propios banqueros–. No es extraño que Hacienda no esté por la labor, y menos en estos momentos de dificultades presupuestarias. Pero el lobby es tenaz
La OCDE apunta una “continuada expansión” del PIB para Estados Unidos mientras que para la mayoría de países de la Unión Europea (excepto Alemania) pronostica un ritmo “menor “y “lento” de crecimiento, incluso una desaceleración económica. Estados Unidos, que dispone de un presupuesto superior al 20% del PIB, ha mantenido una política fiscal y monetaria expansiva que empieza a dar sus frutos, a pesar del aumento de la deuda. Por el contrario, Europa se ha lanzado a tan duro ajuste del gasto público para reducir el déficit y el endeudamiento que está perjudicando el crecimiento.
Grecia ejemplifica la paradoja del ajuste y la falta de un verdadero mecanismo de solidaridad europeo. El rescate ha demostrado su fracaso, a pesar de –o mejor dicho, probablemente por– todos los recortes sociales impuestos a los ciudadanos griegos. Ahora se estudia otro rescate con condiciones menos draconianas en tipos de interés y plazos. Ya se sabe que un país asfixiado no devuelve el dinero.
Al final, se trata de decidir quién debe pagar la crisis. Los islandeses decidieron que no lo hiciera el pueblo, sino la banca. Grecia puede seguir deteriorando el crecimiento y penalizando a los ciudadanos o acabar llegando a la reestructuración de la deuda en la que bancos franceses y alemanes tendrían que aceptar una quita. Lo lamentable es que posiblemente acabe haciendo las dos cosas.
Uno de los terremotos más devastadores de la historia fue el ocurrido en 1755 en Lisboa, el día de Todos los Santos, que la hizo prácticamente pedazos. Los lisboetas sintieron, justo antes de las diez de la mañana, una sacudida súbita que hoy se calcula de magnitud 9 (en aquella época no había sismógrafos). A ese terremoto siguió otro y otro más. El agua se retiró de súbito y regresó en olas de 15 metros que terminaron de arrasar Lisboa y otras ciudades del suroeste de la península Ibérica. Sesenta mil personas murieron y todos los edificios en kilómetros quedaron reducidos a escombros. El maremoto no se quedó ahí y las olas llegaron a Finlandia, Martinica y América del Sur.
Con la crisis y el paro está pasando lo mismo. La última EPA (encuesta que mide cuánta gente busca trabajo, lo tiene o está parado) da un récord histórico de parados, de familias con todos sus miembros en paro y de jóvenes desempleados. El Gobierno dice que ya se ha tocado techo (y no es la primera vez que lo dice, siendo posteriormente desmentido por los hechos), pero pienso que minusvalora la nueva oleada de despidos que se va a producir tras las elecciones municipales y autonómicas.
Tanto las autonomías como los ayuntamientos tienen un elevado desfase entre gastos e ingresos porque venían de unos años donde los impuestos procedentes del sector inmobiliario llenaban sus arcas. Lacrisis acabó con ello y ahora tienen que ajustar el presupuesto para cumplir el objetivo de déficit. Por ello, los recortes que hemos visto en Catalunya se reproducirán en mayor o menor medida en el resto de comunidades, tras las elecciones, cuando además es posible que se eleve el déficit acumulado porque se haya estado infravalorando el gasto sanitario.
Y si las autonomías cuyos planes de reequilibrio presupuestario ha aprobado el Ministerio de Economía anuncian ya recortes del gasto sanitario, de las ayudas sociales y de la inversión junto con la reducción de los complementos retributivos del personal sanitario y docente, la situación de los ayuntamientos no se queda atrás.
En su caso, los recortes de gasto lo van a notar especialmente las empresas que les prestan servicios –como las contratas de limpieza- y las que realizan obras locales. Será la segunda vuelta de destrucción de empleo entre las empresas del sector de la construcción –y sus subcontratas–, que han ampliado su actividad hacia lo que denominan “servicios ciudadanos” como recogida de basuras, limpieza de vías públicas, mantenimiento de redes de alcantarillado o conservación de zonas verdes. Los ayuntamientos reducirán gastos y las empresas reducirán plantilla.
De esta forma, el negativo efecto que ha tenido sobre el empleo el recorte del gasto público llevado a cabo por el Gobierno central –y reconocido por el propio ministro de Trabajo en una entrevista en este periódico– se repetirá a escala en el resto de las administraciones locales y autonómicas.
El desempleo en España está sufriendo un terremoto tan devastador como el de Lisboa. Y las réplicas, desgraciadamente, parece que volverán dentro de un mes.
Cuando se rompe la junta de la trócola, ya sabes lo que pasa. No hay más que hablar, sólo desembolsar la pasta. A mí se me rompe la trócola cada dos por tres, pero la sensación de estar plenamente integrada en la secta de los incautos se me ha acentuado desde que he estrechado mi relación con las aseguradoras del automóvil.
Pongamos –y no es un suponer– que vas tranquilamente con el coche por la ciudad y, de repente, otro automóvil se salta el semáforo y se empotra contra tu parte delantera derecha. Tranquilos, no ha sido grave, los dos conductores estamos bien y sólo es cosa de chapa y algo de motor. Nada que no se pueda arreglar. Rellenados los partes y avisada la grúa, será cosa de días.
Y sí, pasan los días, y llamas al taller una y otra vez, hasta que te dicen que la compañía de seguros se niega a arreglarlo porque el importe de la reparación es superior al de su valor como coche usado. Y ya he pasado a formar parte de los cándidos a los que la compañía maneja a su antojo: tienes un accidente que no has provocado, el seguro no te arregla el coche porque le sale más barato declararlo siniestro total y pagarte sólo unos cientos de euros, y te ves obligada a quedarte sin automóvil o a comprar otro, algo que no tenías intención de hacer.
Y esto no es algo inhabitual. La organización de consumidores Facua asegura que la principal queja contra las aseguradoras es precisamente porque fuerzan a sus clientes a admitir una declaración de “siniestro total”, de modo que no pagan la reparación sino sólo el valor teórico que tiene el coche en el mercado de usados (marginal). Un ahorro brutal para la compañía, un coste considerable para el asegurado: coche nuevo (o metrobús). Y un abuso de la aplicación de las cláusulas del contrato. Si usted no sabe si su póliza establece que es la aseguradora la que decide si lo declara siniestro total cuando la reparación supere un determinado valor, sepa que el Tribunal Supremo ha sentenciado que, para ser válida esa limitación, debe estar destacada de modo especial y aceptada expresamente por escrito.
El siniestro total es la situación del panoli en grado sumo, pero también he experimentado el grado medio en otras ocasiones. Como cuando llevas el coche a revisión antes de pasar la ITV. Ante mi más absoluto desconocimiento de mecánica, ya me pueden decir en el taller que es la junta de la trócola o la trócola de la junta, que no tengo juicio para objetar. En la inspección que Consumo realizó el año pasado en los talleres de reparación de automóviles, encontró infracciones en cuatro de cada diez (552 infractores de los 1.400 inspeccionados). Dada mi puntería, seguro que estaba en uno de ellos.
Pero no me siento sola. Hay otros 12.900 que han protestado por la reparación del coche y 18.710 que han presentado quejas contra su compañía de seguros de automóvil (última estadística de Consumo). Y en dos años nos hemos triplicado los descontentos. Y siempre hay esperanza. No ceje en reclamar que se lo arreglen, pida una tasación independiente de la reparación, incluso acuda a los tribunales.
De hecho, hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que la indemnización por los daños sufridos por un vehículo como consecuencia de un accidente de tráfico, a abonar por el culpable habrá de ser la cantidad necesaria para su reparación y no el valor del mismo en el momento del accidente. De una forma u otra, lo importante es rebelarse contra la dictadura del seguro. Yo continúo con mi coche viejo. Reparado.
Hoy, el Banco de España tiene que decir si aprueba los planes de recapitalización de nueve cajas de ahorros y cuatro bancos o si les exige modificaciones. Muchos querríamos ver también un cambio de los gestores que han llevado a una situación límite de solvencia. El Banco de España ha sustituido a los principales directivos de las cajas que ha intervenido (Caja Castilla-La Mancha y Cajasur), que es cuando se lo permite la ley. También ha procurado que en las fusiones prevaleciera el equipo de la mejor gestionada; por ejemplo, Cajastur en Banco Base.
Hasta llegar a esta situación provocada fundamentalmente por la burbuja inmobiliaria y los créditos concedidos de forma imprudente, ha habido muchos colaboradores en el deterioro, como gobiernos autonómicos –con potestad normativa sobre las cajas– que reclamaron respaldo a proyectos faraónicos o incluso sindicalistas que apoyaron bonus millonarios.
Se reclama profesionalización y despolitización, como si tener un político al frente estuviera maldito y contar con un tecnócrata representara la mayor de las suertes. Puede ser así en ocasiones, pero no está de más recordar a esos destacados profesionales que dirigían Lehman Brothers cuando quebró y tantas compañías en la UVI de las ayudas públicas (esas que gestionan los políticos). La retribución al accionista no es el único fin, también el beneficio a la sociedad.
Estas cajas a las que se conduce a la disciplina de los mercados –esos que nos han llevado a la crisis– igualmente podrían avanzar en transparencia. ¿Por qué no pueden votar todos los impositores a sus representantes en el consejo de administración en lugar de sortear el derecho a voto? La banca electrónica lo permite y el sentido democrático lo exige.
