Opinion · Mundo Rural s.XXI

La patria rural

Ariel Jerez. Coordinador estatal del Consejo del Mundo Rural y Marino de Podemos.

 

El mundo rural y marino vive un prolongado declive histórico, agravado en la última década de crisis y recortes, y que afecta particularmente a los espacios más distantes de las ciudades de los distintos territorios. El círculo vicioso del despoblamiento representa en sí mismo, la historia de la sangría y exclusión del territorio rural.  Se marchan mayoritariamente personas jóvenes,  sobre todo las mujeres. La masculinización, el envejecimiento, el despoblamiento y la desertificación van dejando poco a poco nuestros territorios yermos. La migración y el envejecimiento continúan alimentando el círculo vicioso del desmantelamiento y la destrucción de la estructura económica,  el abandono de la producción agraria familiar, la pesca artesanal y, en general, de las iniciativas de pequeños emprendedores autónomos, con el retroceso debido a la creciente desatención en políticas públicas y sociales, que no permite sobrevivir a las familias jóvenes en los pueblos.

 

La despoblación, que afecta a más de la mitad de nuestro territorio nacional, es la mayor evidencia del fracaso del modelo desarrollista oligárquico potenciado al final del franquismo y que el bipartidismo modernizó, pero mantuvo intocado en su esencia. En una suerte de colonialismo interno, el medio rural y todos sus recursos se pusieron al servicio de un modelo económico en el que el proceso de urbanización se equiparó a modernización y lo rural se despreció como burdo, atrasado y carente de valor. Este modelo planificó la mayor reconversión sectorial vivida en España. Durante las últimas dos décadas, se han cerrado  82 explotaciones agrarias y han desaparecido 659 hectáreas de superficie agraria útil (equivalente a más de 1000 campos de fútbol) cada día. A pesar de que se reparten más de 5.500 millones de euros anuales en ayudas directas al campo -a la tenencia de tierra, que no a  la producción agrícola-, no se logra ni frenar el abandono del campo, ni apoyar la incorporación de mujeres, ni el relevo generacional para nuestros agricultores (algo similar ocurre en la pesca artesanal con las cuotas pesqueras). Por supuesto, tampoco se consigue un cambio en el modelo productivo agropecuario que avance en criterios sociales o ambientales.

 

Esto es así, porque buena parte de estas ayudas se la quedan grandes explotaciones, de por sí viables e, incluso, de alta rentabilidad. Las cantidades que cobran anualmente estas grandes familias y grandes empresas resultan a todas luces escandalosas. Los dos grandes partidos que se han alternado en el poder han mantenido esta situación y nunca han tratado de hacer justicia en el campo con los fondos y normativas que tienen margen para priorizar necesidades sociales y ambientales singulares de los territorios, cómo han venido haciendo los países de nuestro entorno europeo. Mientras discutimos sobre como dignificar la vida del millón de jornaleros y jornaleras del campo, los 120 grandes perceptores de la PAC de España, reciben en ayudas anuales más de lo que supone todo el subsidio agrario y mientras la tierra sigue concentrándose cada vez más. Los grandes terratenientes adquieren nuevas formas empresariales asociados a las familias  latifundistas de siempre (Domecq, Alba. Mora Figueroa), potenciando grandes conglomerados de la agroalimentación y empresas como Azucarera, Ebro, Mercadona o Zumos del Mediterráneo. Que además de beneficiarse del dinero público de estas ayudas, imponen de manera abusiva su control sobre la cadena alimentaria, forzando a la baja continua de los precios de los productos. A la crisis láctea que ha acabado con el 26% de las explotaciones lecheras en tan solo dos años, le seguirán la de otros sectores. Otra parte importante  de estas ayudas sirven para complementar rentas a los pensionistas agrarios, que evidentemente no cultivan sus tierras y a los que inexplicablemente no se les han dignificado sus derechos en el actual sistema de seguridad social.

 

Lo mismo sucede con otros importantes fondos también de procedencia europea, dedicados a la protección ambiental y de la biodiversidad, a las infraestructuras hidrológicas, de transportes y energía: su gestión no se piensa desde la  perspectiva de las necesidades de la gente y de los territorios, si no de los empresarios amigos, puertas giratorios y sobres para financiar campañas y corruptelas. Hace poco hemos podido ver atónitos como una empresa pública dedicada a la gestión de agua contaminaba las que tenía a su cuidado para cobrar por descontaminar, o como comunidades de regantes están a punto de perder las tierras con que avalaron nuevos regadíos que antes de ser concluidos se reconoce que son inviables. Recorriendo nuestro rural podemos encontrar autopistas inacabadas, aeropuertos y museos abandonados, plantas de energía fotovoltaica desmanteladas, bosques mal cuidados que peligran incendios, como los de los ocurridos en centros de tratamiento de residuos para ocultar incumplimientos normativos, como ocurrió el pasado año en Toledo (neumáticos) y Guadalajara (químicos). Tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria las grandes empresas constructoras se aprovecharon de la regulación privatista de recursos e inversiones públicas, como en el caso de las renovables o gestión del agua, hoy muchas  dilapidadas e improductivas. Los amigos del poder como los Slim y Koplowitz (FCC), Benjumea (Abengoa) y Florentino Pérez (ACS) no tienen problema en gestionar las pérdidas de sus aventuras “empresariales” con los bancos. Mientras el rural sigue siendo vaciado de población y se queda a merced de los intereses corporativos, que vuelven a la carga con emprendimientos tan insostenibles y surrealistas como el fracking o la minería de “tierras raras”, que ningún país de Europa occidental permite en su territorio. Parece que la “Marca España” no vela por la madre tierra que alberga nuestra patria.

 

Las sucesivas políticas puestas en marcha desde administraciones estatales y autonómicas (sean sociales, ambientales, de inversiones estratégicas, sean directamente productivas como las agrarias o pesqueras) han ido desvertebrando territorialmente el mundo rural, relegando lentamente a su población a una ciudadanía de segunda, y en el largo plazo atentando contra su sostenibilidad social, ambiental y democrática. Sin haber todavía resuelto la histórica cuestión de la financiación de las instituciones municipales, en muchos casos el poder local sigue preso del caciquismo clientelar organizado en torno a las dadivas graciables a las que lo someten diputaciones y gobiernos autonómicos. Aquí se mantiene bien atada una cadena de intenso control político de los vecinos y vecinas, donde las autoridades locales vigilan y cohíben el voto a pie de urna, o condiciona a las simpatías políticas un asfaltado, un alumbrado, una ayuda o un puesto de trabajo municipal o derivado de un programa europeo Esta es una dinámica política machacona y naturalizada que todavía hoy, en muchas partes de España, pesa en la vida cotidiana de la ciudadanía rural.

 

Una parte creciente de la población rural tiene un enorme sentimiento de abandono por parte de los poderes públicos, mezcla de frustración e indignación frente a los resultados de estas políticas pública e institucional. Muchas personas están hartas de que los partidos tradicionales les ignoren y desoigan sus necesidades, demandas y reclamos fundamentales. De hecho, muchas comarcas rurales se movilizaron antes que los madrileños del 15M e impulsaron plataformas y colectivos como Teruel Existe, La Otra Guadalajara, Soria Ya!, entre muchos otros. Como afirmaba con razón y orgullo un luchador incombustible como Jerónimo Lorente, “reunir tres mil personas en Molina de Aragón es como juntar dos millones en Madrid”.

 

Para cambiar nuestro país, mucha de esta gente ya trabaja con Podemos, intentan recomponer los pactos sociales y generacionales rotos por las élites irresponsables  y reclamar el principio constitucional de igualdad de derechos de todos. También tenemos compañeros y compañeras con doble militancia en colectivos jornaleros y asociaciones de agricultores y ganaderos, en las de bomberos forestales y agentes medioambientales, colectivos que miran esperanzados nuestra propuesta y colaboran activamente en nuestro trabajo legislativo esperando que empujemos demandas que el bipartidismo tiene paralizadas hace años. De igual forma, mantenemos estrecha colaboración con las redes que sostienen un diálogo entre cultura  urbana y rural, donde entidades agrarias y ruralistas trabajan junto a organizaciones ecologistas, feministas, de consumidores y asociaciones involucradas en el desarrollo comunitario de sus territorios. Mancomunadamente  demandan principios como el de un mundo rural vivo, la soberanía alimentaria y una alimentación saludable, para impulsar transiciones hacia una sostenibilidad ambiental, social y económica.

 

El medio rural y costero abarca el 84% de nuestro territorio, con el 24% de la población. Alberga el 100% de los recursos naturales considerados bienes comunes (agua, subsuelos mineros, bosques sumideros de carbono y productores de oxígeno, tierras para la producción de alimentos). Aquí se encuentra el 90% de nuestro patrimonio cultural monumental y buena parte de los patrimonios intangibles que modelan los valores, memorias, tradiciones e identidades populares, que nos configuran como pueblos y estado plurinacional. La mirada urbana prepotente del desarrollismo oligárquico estigmatizó el imaginario rural como “paleto” en buena parte de las producciones de nuestra industria cultural y televisiva, desarraigándonos de importantes saberes ancestrales del mundo rural que iluminaban nuestra cultura del trabajo y nuestra relación con la naturaleza.

 

Convencidos de nuestra lucha y de nuestra propuesta, Podemos Ser Rurales porque en los pueblos se puede vivir y trabajar dignamente, y son espacios privilegiados para pensar y construir alternativas al modelo capitalista dominante. Con relaciones comunitarias y vecinales más cercanas, donde se puede practicar la democracia directa y poner en marcha experiencias socio-económicas y productivas a escala humana, portadoras de otros valores, que respondan al reto del cambio climático y al cuidado responsable de los bienes comunes, en definitiva para impulsar otro modelo de desarrollo.

 

En el Consejo Estatal del Mundo Rural y Marino nos reunimos los compañeros de los círculos sectoriales (AGPA; Celtiberia por el Desarrollo Rural; Economía, Energía y Ecología), los consejeros y diputados responsables de las distintas áreas rurales de en los órganos autonómico de Podemos (agricultura y ganadería, pesca, política forestal, desarrollo rural y territorial, agua y medioambiente). Juntos estamos organizando una estructura para poner a trabajar estos recursos en un nuevo modelo de país. Con nuestras iniciativas generamos espacios de encuentro y participación para ciudadanos movilizados, militantes y activistas de distintas asociaciones y colectivos, expertos afines en entidades y administraciones, donde aprendemos y avanzamos en nuestro trabajo político y legislativo, en un triple objetivo.

Primero, ayudar a coordinar y densificar esa coalición social ya emergente, que viene dando visibilidad y construyendo respuestas a los problemas de viejos y nuevos vecinos rurales, de agricultores, ganaderos, pescadores, apicultores, silvicultores, de ecologistas y trabajadores de la protección ambiental, Apoyando el trabajo participativo de las ciudadanas y ciudadanos activos en general, tanto en las calles de los pueblos y las ciudades, como en los medios de comunicación y en las diversas instituciones.

Segundo, seguir avanzando en la formulación de un proyecto de reforma integral que, orientada por la reordenación territorial, reorganice los recursos productivos y reproductivos, hoy muchas veces dilapidados por mala coordinación y falta de perspectiva conjunta entre los diversos departamentos gubernamentales de las distintas administraciones públicas.

Tercero, potenciar nuestra presencia y escucha rural desde los círculos (locales y sectoriales) y los órganos autonómicos, para adaptar nuestras propuestas participativas y comunicativas a las singularidades de cada realidad socio-espacial rural y conseguir  llevar nuestros círculos a todas las comarcas de España. Ganar el mundo rural es un reto fundamental si queremos llevar a la Moncloa nuestro proyecto de cambio. Cumplir estos objetivos en los próximos años será clave si queremos cumplir en nuestra siguiente meta volante: tener candidaturas en más de 6000 pueblos a los que todavía no hemos llegado, en las próximas elecciones municipales.

Nuestra propuesta organizativa llega a Vista Alegre 2, apoyada y consensuada por los responsables territoriales y de los círculos sectoriales. En los pueblos hay poca gente, todas las “familias” y “corrientes” se conocen y necesitan, posiblemente porque no hay ni muchos aparatos ni muchas alternativas para organizarse. Todos estamos bastante contentos con el trabajo realizado hasta ahora en el Consejo, y bastante insatisfechos por el mucho que queda por hacer. Aunque dispersas en extensos territorios, las ganas, ilusión y esperanzas que hay en el rural son el motor del cambio que tenemos que  alimentar. Necesitamos en nuestro partido, en nuestros parlamentos y en nuestra ciudadanía una voluntad política renovada e innovadora, que ponga  más y nuevos recursos para avanzar y conseguir un proyecto de país para todos y todas, sin dejarnos nadie atrás en ningún rincón de España. Nuestra patria será también rural y sostenible, o lamentablemente no será.

 

Ariel Jerez

Coordinador estatal del Consejo del Mundo Rural y Marino de Podemos.