Los efectos de la etapa de crisis sobre la despoblación rural y el marco de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural

27 Mar 2017
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Fernando Fernández

Experto en Políticas Agrarias y Desarrollo Rural

Habitante de la Montaña Palentina

Cuantas más veces leo el RD 40/2017 de 27 de enero por el que se crea el Comisionado para el Reto Demográfico, menos entiendo lo que pretende el Gobierno[1], sino es distraer y desorientar a la opinión pública, a las propias Comunidades Autónomas que pidieron medidas efectivas  y sobre todo a la sociedad rural.  Lo único que el Decreto recoge en tan solo 3 páginas,  es el compromiso para elaborar la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, y para ello, pretende montar toda una estructura política y técnica sin ningún sentido al frente de la cual habrá una persona con rango de Subsecretaria de Estado. Es cierto que la Estrategia  aborda retos más allá de la despoblación como es en sí mismo el envejecimiento, el desequilibrio poblacional y su afectación sobre el estado de bienestar social.  Sin embargo, quiero pensar que el gobierno central y los gobiernos autonómicos tienen como una de sus prioridades la despoblación rural, y en este asunto, ya tenemos demasiados datos, análisis, experiencias y propuestas, y lo que necesitamos son medidas concretas y articuladas en los territorios afectados. Muchas de las medidas se recogieron hace apenas dos años,  en el Informe del Senado de 17 de abril de 2015,  donde se hacían públicos los resultados de la ponencia especial para la adopción de medidas en relación con la despoblación rural en España[2]. No alcanzo a imaginar realmente que nuevas medidas y propuestas pueden salir de esta nueva comisión apenas dos años después de la anterior.

En un artículo que publiqué a los pocos días de  promulgarse el RD 40/2017 sostenía que cualquier estrategia para enfrentar la despoblación en el medio rural debía apoyarse en una política de desarrollo rural. Lo contrario significa  descontextualizar el problema y alejar las soluciones. Me preocupa en estos días que el Gobierno del Partido Popular, y algún otro partido, estén pensando que la política futura de desarrollo rural se definirá en el marco de los resultados de este comisionado.  En España ya tenemos una Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y es la Ley 45/07 de 13 de diciembre. La garantía de éxito de la política demográfica será vincularla a la aplicación efectiva de esta ley. Como comentaba hace unos días con Jerónimo Lorente, experto en desarrollo rural, y activista y promotor de “La Otra Guadalajara”, la  aplicación de la política demográfica en el marco de esta ley, será la garantía de que las medidas y recursos se concentran en las 105 comarcas prioritarias y que con mayor gravedad sufren este reto demográfico.

La opción de vivir en un pueblo surge por múltiples y variadas razones que van desde el contacto con la naturaleza hasta la búsqueda de una vida más sencilla. Pero mi experiencia me dice que lo que hace que las personas permanezcan en el mundo rural o decidan marcharse, depende de que sus perspectivas de vida estén garantizadas dentro de unos estándares básicos. Estas perspectivas se traducen en las posibilidades de empleo, el acceso a la educación, la sanidad, la cultura, o la cobertura social en momentos de crisis. En este sentido y en relación a la crisis demográfica del medio rural hemos perdido casi una década,  justo el periodo  que abarca desde la entrada en vigor de la ley 45/07 y la fecha actual. Tras un primer impulso en el desarrollo de esta ley, y con la llegada de la crisis, justo cuando más se hubiera necesitado activarla, el Partido Popular decidió enterrarla por la miopía política de pensar que  invertir en esto significaba simplemente gasto y no inversión futura en equilibrio territorial y sostenibilidad.

Existe una opinión generalizada de que en momentos de crisis, la gente vuelve al pueblo  donde se “resiste” mejor. Además me encuentro con personas con capacidad de decisión, que elevan esta opinión a la categoría de análisis y actúan como si esto fuera así sin más. Sin embargo, se olvidan de que en momentos de crisis la gente, sobre todo los hogares jóvenes o en edad productiva, se mueve buscando los lugares donde pueden cubrir más fácilmente estas necesidades y donde piensan que es más fácil conseguir un empleo.

Pues bien, entre el año 2001 y 2011[3] asistimos por primera vez en muchas décadas  a un proceso expansivo de la población rural. Desde los pueblos de las montañas hasta los de las llanuras  cerealistas, todos crecieron en valores absolutas en más de 300.000 personas, lo que equivale a un  4,7% sobre la población de 2001[4]. El problema es que la evolución más reciente de las cifras de población entre los años 2011 a 2015  muestran como la estabilidad que se había empezado a alcanzar ha quebrado, y las zonas rurales han comenzado de nuevo a perder población con una intensidad preocupante. Si dividimos el periodo que va de 2001 a 2015  en tres etapas observamos como en la primera etapa que abarca los años entre 2001 y 2007 justo antes de la crisis, la población rural creció a un ritmo de 65.000 personas al año. A partir de 2008 este incremento se ralentiza y se reduce en un 40% aunque sigue incrementándose la población en 40.500 personas anualmente. Pero es a partir del año 2012 cuando se produce de forma brusca un nuevo descenso de población en las zonas rurales que es de 58.000 personas cada año. La falta de empleo, la falta de perspectivas económicas y las consecuencias de la crisis sobre los servicios sociales son algunas de las razones.

Por una parte  se ha producido un nuevo trasvase de población de las zonas interiores del oeste peninsular – comarcas rurales de Zamora, León, Orense, Palencia, Salamanca, Toledo y Ciudad Real y algunas comarcas de Cuenca y Guadalajara – que han perdido en torno al 10% de su población,  hacia  las zonas de costa del norte cantábrico y del litoral mediterráneo.

Pero además, y un segundo efecto ha sido el abandono progresivo de los municipios y núcleos más pequeños, y la concentración de la población en las cabeceras de comarca. Así el incremento del 10,1% de la población que vive en municipios de menos de 100 hb no se debe a que haya crecido la población, sino a que hayan aumentado el número de municipios de este tamaño que han pasado de 920 a 1.063 en 2015. Pero además, el tamaño medio de la cabecera de las comarcas rurales ha aumentado de media en un 12%.

Tabla 1. Evolución del porcentaje de población que reside en la cabecera de la comarca.

Tabla 1. Evolución del porcentaje de población que reside en la cabecera de la comarca.

 

Este análisis se completa con la tasa de envejecimiento cuya evolución ha sido similar a los datos generales  y mientras que en el periodo 2001 a 2011 se observó un ligero descenso del 0,5%, por el contrario, a partir del año 2012 la tendencia de nuevo ha sido hacia un incremento en más de 2 puntos porcentuales. De nuevo las comarcas que más incrementaron su tasa de envejecimiento en el periodo de la crisis fueron las mismas que antes citamos y que se corresponden con el Noroeste interior peninsular. Por el contrario la tasa de infancia se ha reducido de manera constante en todo el periodo y supone en torno al 5%. Así mientras que las zonas rurales perdieron en torno a 21.000 niños de hasta 15 años, en las zonas urbanas  se incrementaron en 1.300.000 las personas en esta franja de edad.

¿Cuál hubiera sido la foto demográfica actual si hubiera habido una voluntad firme de aplicar una política de desarrollo rural prevista y regulada desde el año 2007? Resulta un ejercicio imposible, pero en lo que si tenemos certeza es en el hecho de que las medidas que se apuntaban en el Primer Programas de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y que se recogían en muchos de los Planes de Zona que he podido conocer, coinciden en su mayoría con las propuestas en el Informe de la Ponencia del Senado del año 2015; Creación de Oficinas de Acogida de Nuevos Pobladores en las comarcas más despobladas, adecuación de viviendas municipales para una primera instalación, fórmulas para favorecer la rehabilitación y reforma de viviendas en desuso, mediación en el alquiler de viviendas, tipos reducidos en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, revisión de la plusvalía en la compra de viviendas en zonas rurales, medidas para favorecer el acceso a la tierra pública y privada para la instalación de proyectos agropecuarios, extensión de los centros de educación infantil de 0 a 3 años, extensión de los colegios rurales agrupados, becas de transporte y alojamiento a todos las personas jóvenes que deben salir a estudiar fuera de su comarca rural, potenciar la puesta en marcha de todas las ramas educativas en el bachillerato y la extensión y ampliación de la formación profesional en el medio rural, la extensión de la banda ancha a todo el territorio rural para favorecer el teletrabajo y el desarrollo de profesiones liberales, desarrollo de medidas fiscales compensatorias y especiales tanto para la población que reside en pueblos pequeños, como para los autónomos que tienen sus negocios instalados en el medio rural… y así un sinfín de ideas que en todo caso deben articularse en el marco de la  Política de Estado de Desarrollo Rural que defendemos.


[1] Real Decreto 40/2017, de 27 de enero, por el que se crea el Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico y se regula su régimen de funcionamiento. BOE 28 de enero de 2017

[2] Senado. 17 de abril de 2015. Ponencia de estudio para la adopción de medidas en relación con la despoblación rural en España, constituida en el seno de la Comisión de Entidades Locales

[3] Análisis de los padrones de población y vivienda de los años 2001 – 2011 – 2013 – 2015.

[4] En las décadas anteriores entre 1981 y 1991 y entre 1991 y 2001, la pérdida de población residente en el medio rural supuso un 5,7% en la primera década y un 5,6% en la segunda.


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