El Ministerio de Agricultura hace público un documento de posición común ante la reforma de la PAC… ¿Qué podemos hacer sobre este documento?

15 Jun 2017
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Fernando Fernández. Experto en Políticas Agrarias y Desarrollo Rural

El pasado día 18 de Mayo, el MAPAMA hizo público el borrador del documento de Posición Común en relación a la iniciativa de modernización y simplificación de la PAC. Este documento se hace público dos meses después de la celebración de las Jornadas sobre el Futuro de la Reforma de la PAC  organizadas por el Ministerio y en las que participaron todas las Comunidades Autónomas así como representantes de organizaciones agrarias, ecologistas y económicas del sector.

El documento hecho público se estructura en siete bloques y aunque contiene principios básicos,  algunos de ellos interesantes de cara a las futuras negociaciones, lo que llama poderosamente la atención, son los silencios y las ausencias en el texto  respecto a las cuestiones más injustas y críticas de la actual Política Agraria Común. Devolver la legitimidad social a la PAC es urgente, y ello requiere una reforma profunda y no un mero maquillaje. Necesitamos urgentemente otra PAC

La Política Agraria Común que supone; el 38% del presupuesto comunitario, un monto económico para España de 44.000 millones de euros para todo el periodo, y supone el 80% del presupuesto del Ministerio y de las CCAA,  exige un debate social amplio y profundo y no jornadas y reuniones de alto nivel.  La diferencia con respecto a otros procesos  de reforma es que en este momento existe una amplia red de organizaciones, movimientos y grupos, con perfiles muy distintos y con posiciones también distintas, pero que quieren que la futura reforma de la PAC sea sometida a debate y control tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.

En relación al carácter horizontal de la PAC,  consideramos esencial  que se refuerce el logro de los objetivos incluidos en el artículo 39 del Tratado de Funcionamiento de la UE, y estando de acuerdo que la equiparación del nivel de la renta agraria es imprescindible, en este momento, sabemos que para ello es preciso abordar de manera firme el objetivo de la “estabilización de mercados”. El documento no hace mención a los principios de la PAC, como el de “preferencia comunitaria” que deberían ser de nuevo redimensionados en un contexto de liberalización comercial que amenaza constantemente el futuro del sector y el cumplimiento de los dos objetivos anteriores. Pero además, el sistema agroalimentario, responsable del 18% de los gases efecto invernadero, debe dotarse de una política claramente orientada a frenar el cambio climático y a favorecer la adaptación a este nuevo contexto y este debe ser un objetivo esencial para la futura PAC y no un simple ejercicio de verdeo.

El problema central es que el documento de posición común ni define, ni apuesta  por un modelo de producción agraria y ganadera, y por lo tanto sirve tanto para defender a las pequeñas y medianas explotaciones lecheras de la cornisa cantábrica que para defender el Proyecto de la Macrogranja de Noviercas. Soria. Esta ausencia hace que el documento obvie cualquier mención a criterios de justicia o sostenibilidad en la articulación de la PAC y en la distribución de los pagos.

En un contexto de fuerte rechazo del sector agropecuario a las negociaciones de los acuerdos de liberalización comercial como el CETA o el TTIP, y habida cuenta del secuestro democrático que suponen estas negociaciones, nos parece inaudito que el documento de posición común simplemente se limite a plantear la necesidad de elaborar estudios de impacto sobre sectores vulnerables, cuando este condicionante debería ser básico y exigible de manera automática antes de iniciar cualquier proceso de negociación.

Pero además, la futura PAC deberá caminar hacia una política alimentaria que deberá atender a las demandas crecientes de consumidores y consumidoras cada vez más consciente sobre  cuestiones sociales, ambientales y relacionadas con la salud., y esto debería estar integrado como objetivo-

Nos preocupa especialmente la ausencia de reflexión y ambición en el bloque relacionado con los pagos directos.  Siendo una herramienta legítima e imprescindible para el desarrollo de la PAC, y estando de acuerdo que son las personas que viven y trabajan directamente en el sector las que deben ser las perceptoras de las ayudas, no se hace  ninguna mención al hecho de que los pagos directos, son una herramienta legítima socialmente, siempre que su distribución se haga de manera comprensible para la sociedad, y desde luego con criterios  de justicia social, ecológica y geográfica. En este sentido, no podemos estar de acuerdo con una ayuda desacoplada construida sobre derechos históricos que no se corresponden en muchos casos con la realidad de la estructura productiva y que hace que simplemente “Quien más tierra tiene, más derechos acumula y por lo tanto más dinero cobra”. Existen voces sociales y autorizadas que empiezan a plantear la necesidad de que las ayudas estén vinculadas también al cumplimiento de objetivos y existen instrumentos ya probados como los contratos territoriales que podrían ser explorados.

En relación a los bloques relacionados con el enfoque de cadena y la red de seguridad,  el documento plantea  algunas cuestiones previas evidentes, sin embargo, es preocupante que finalmente parece que son los agricultores y ganaderos los que deben adquirir mayor capacidad y conocimiento sobre el funcionamiento de los mercados para hacer frente a la volatilidad de los precios, algo que por efecto de las políticas de liberalización en el sector se ha hecho estructural.  Hay  tres elementos clave que deben considerarse. El primero,  que  en el marco del sector primario, el derecho a la competencia debe quedar excepcionado simplemente porque los alimentos son un derecho y no una mercancía. El segundo,  que es urgente introducir mecanismos de transparencia, regulación y justicia en la cadena alimentaria pero no solo, sino también  en la configuración de los precios, y tercero, que las crisis acumuladas y estructurales como la del sector lácteo, la provocada por el veto ruso, o la que se avecina con el sector de la remolacha muestran que es imprescindible arbitrar instrumentos de control de la oferta. Por todo ello, y tal como levantan algunas voces, sería el momento de crear un tercer pilar de la PAC que sobre el principio de preferencia comunitaria y los objetivos de estabilidad de mercados y equilibrio de rentas, articulara una política integral y coherente con los retos que evidentes.

Por último, leyendo los párrafos dedicados al Desarrollo Rural, y al margen de las referencias interesantes al cambio climático, la economía circular y la bioeconomía, sin embargo, un documento de este tipo debería empezar por  plantear posiciones más claras y generales  en relación al conjunto del segundo pilar de la PAC. Recordar que hoy por hoy la financiación del Segundo Pilar tan solo supone el 24% de los fondos del conjunto de la PAC y que los objetivos a los que debe responder, tanto los anteriormente citados,  como la propia calidad de vida y el futuro de los territorios rurales son fundamentales.  La estructura actual de la Política de Desarrollo Rural y la aplicación concreta que hacen tanto el Ministerio como las CCAA no se corresponde con los retos sino que son tan solo una extensión del Primer Pilar, salvo algunas medidas muy concretas. Es necesario un nuevo marco financiero general para darle amplitud y recorrido a esta política, con un debate sobre la cofinanciación que exige actualmente y una mayor amplitud en las medidas a considerar.

En definitiva, El Documento de Posición Común que tenemos sobre la mesa genera frustración por lo que supone de continuismo y de falto de ideas innovadoras, y nos plantea un escenario en el que como parece ser la tónica general, reformar para que nada se mueva. Precisamente este inmovilismo es lo que acabará matando un sector agrario y ganadero familiar, social y sostenible apoyado sobre el mayor número de unidades de producción pequeñas y medianas que defendemos.


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