Opinion · Mundo Rural s.XXI

LAS RAZONES DE LOS PENSIONISTAS DEL CAMPO Y DEL MUNDO RURAL PARA MOVILIZARSE

Fernando Fernández
Experto en Políticas Agrarias y Desarrollo Rural
Consejo Editorial de la Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas


La cuantía media de las pensiones en el medio rural se sitúa en los 909,10 €, frente a los 1.110,5 € en las zonas urbanas, es decir, un 18% inferiores. Al mismo tiempo, las jubilaciones agrarias se sitúan de media en los 709,85 €, mientras que la jubilación media en el resto de los sectores económicos es de 1.208,40 euros, casi 500 euros menos. Las razones son conocidas, pero desde luego, pensando en un Partido Popular que tanto alardea de defender al mundo rural y a las personas pensionistas, es cuanto menos chocante.

El próximo día 17 de marzo es la próxima cita del ciclo de movilización que los y las pensionistas de nuestro país están protagonizando. Las imágenes que nos han regalado en estas últimas semanas son de las más esperanzadoras que hemos visto en mucho tiempo. Las razones para la movilización, de sobra las conocemos y de sobra están justificadas. Creo que no hay familia que no hayamos experimentado en estos 10 años de crisis acumulada, el apoyo que han supuesto las personas mayores para mantener simplemente la vida cotidiana.

Como en tantas ocasiones, es mucho más fácil movilizar a la gente de las ciudades que a la del campo, y sin embargo en esta ocasión, viendo las imágenes de las concentraciones de Palencia, o Burgos, o incluso la de Valladolid o Madrid, podemos entender que detrás de muchas de estas personas hay una vida ligada a la tierra y a muchos pueblos de la España rural de los que tuvieron que emigrar. Esta movilización de los pensionistas tiene que ser necesariamente una movilización rural. Lo tiene que ser porque los y las personas mayores son las que mantienen abiertos los 1.290 municipios de menos de 100 habitantes impidiendo que desaparezcan de manera inexorable perdiendo con ello una parte esencial de nuestra. En estos municipios, las personas de más de 65 años representan el 75% de toda la población.

En la última semana he visto a una organización agraria hacer un llamado directo a la movilización de los y las pensionistas del campo. Tengo la esperanza que en los próximos días se sumen otras organizaciones porque realmente, la participación de los pensionistas del mundo rural es esencial en esta movilización. Sin su aporte, la imagen no será ni mucho menos completa.

La despoblación del medio rural es uno de los problemas de estado que nunca deberíamos haber dejado que llegara a las condiciones actuales. La extinción demográfica amenaza a cerca de 4.000 municipios españoles y vinculado a la despoblación está el proceso de envejecimiento de todos estos pueblos. La realidad de las personas mayores que viven en estas localidades añade a la lucha contra la despoblación, el reto de garantizar que la gente mayor viva con dignidad: La emigración ha desestructurado la propia red familiar que garantizaba los cuidados en el entorno cercano, la deficiencia de las redes de transporte, el aislamiento, y la dispersión de los servicios públicos, dificultan sobre todo la vida de los mayores. El aumento de las tasas de dependencia en el medio rural es muy alarmante, mientras, apenas existen recursos de apoyo a la dependencia, residenciales, o sociosanitarios que sean adecuados. Las condiciones de habitabilidad de las viviendas en las zonas rurales más aisladas y de montaña no son las adecuadas a sus necesidades, y se calcula que un 10% de estas viviendas están en condiciones deficientes. En este contexto, las mujeres mayores lo tienen infinitamente peor que los hombres. Para empezar, muchas de ellas simplemente no conducen por lo que su dependencia de otras personas es total. Además, se han quedado asumiendo el conjunto de los cuidados necesarios de su entorno; de las personas dependientes que hay a su alrededor, sean familiares o no, de los y las nietas porque no hay guarderías en los pueblos, del cuidado del entorno, y muchas veces son las únicas responsables de mantener vivas ciertas dinámicas sociales. Además, apenas cotizaron con lo que sus pensiones en general no contributivas, son bastante exiguas.
Sorprende ver cómo en España, según los datos de Eurostat y sobre la base del indicador AROPE, el riesgo de pobreza y exclusión social afectaba al 34% de la población rural. Esto es, 8,5 puntos porcentuales por encima de la tasa de pobreza urbana. Una tasa de pobreza en el ámbito rural que supera en casi 10 puntos porcentuales a la media europea, situada en el 25,3%. Teniendo en cuenta la estructura demográfica del medio rural, uno de los factores más evidentes es sin lugar a duda, las condiciones de vida de los y las mayores, y desde luego las jubilaciones y pensiones en el campo.

Los datos de la seguridad social impiden hacer un análisis exhaustivo de cómo se reparten las pensiones por municipios. Lo que si podemos hacer es una extrapolación en función del nivel de ruralidad de las provincias para comprobar de nuevo la desigualdad que afecta al medio rural. Así, mientras en las provincias como Soria la pensión media es de 971,3€, en Zamora 865€, en Lugo 778,5€ y en Jaén alcanza los 760,2€. Mientras, en provincias como Barcelona la pensión media es de 1.122,7€, o en Bizkaia 1.350€ y en Cádiz 1.104,3€.

Por otra parte, conociendo la historia del Régimen Especial Agrario y la forma en la que se integró en el de Trabajadores Autónomos en el año 2008, no nos debería extrañar que las pensiones de jubilación de los y las agricultoras sean tan bajas. De hecho, la integración en el Régimen de Trabajadores Autónomos camufló una realidad mucho más dura. Los datos exhaustivos hasta el año 2007, mostraban como la pensión de jubilación del régimen agrario era de 520,4€ para los hombres, y 437,2€ para las mujeres. Hoy los datos disponibles nos arrojan la cantidad de 709,85 €, lo que significa con toda seguridad, que no nos estamos pasando de frenada. Un 41,3% inferior al del resto de los sectores y no solo, sino que mientras que la media de la jubilación agraria de los hombres es de 777,9€, la de las mujeres es de 571,10€.

Vuelve a suceder lo mismo con las pensiones de jubilación de los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena y los eventuales del campo. Las condiciones en la que se produjo su equiparación al Régimen General en el año 2011 explican que Las pensiones de jubilación se sitúen de media en 623€ para los hombres y 506,30€ para las mujeres lo que significa un 50% inferior a la media del resto de las jubilaciones del régimen general.

En la base de esta desigualdad entre hombres y mujeres en el campo está la misma desigualdad en la que quedaron las mujeres agricultoras dentro de la explotación familiar en la cual ellas quedaron bajo el yugo del concepto de “ayuda familiar” La Ley de titularidad compartida del año 2011 ni de lejos a resuelto el problema porque básicamente no cambiaba las reglas del juego de la cotización a la seguridad social. Una explotación familiar no da para dos cuotas de la seguridad social y entonces, sale de nuevo perdiendo la mujer, y en segundo lugar el grupo de mujeres potencialmente beneficiado por la ley que tienen entre 45 y 65 años, hicieron sus cálculos y comprobaron que la pensión de jubilación a la que aspirarían cotizando los 15 o 20 años que les quedaba, no cambiaba mucho su situación.

En la base de la desigualdad entre las y los jubilados agrarios y los del resto de los sectores, está sin lugar a duda la desigualdad de la renta agraria que es un 45% inferior a la media. La asfixia económica de las explotaciones no permite optar por bases de cotización más elevadas, Las cuotas de la seguridad social son desproporcionadas de acuerdo con la renta real.

La actividad económica en el medio rural más profundo hace muy difícil pensar en historias laborales de 35 años trabajando y cotizando de forma constante. Hace difícil pensar en un autónomo que haya podido aumentar su base de cotización pensando que su negocio familiar va a dar para algo más que uno o dos salarios. El periodo de cotización mínimo para que un eventual del campo resulta impensable que se pueda cubrir pendiente siempre de las campañas agrícolas y de trabajos esporádicos.

El Ministerio de Agricultura haría bien en ponerse a trabajar con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En vez de anunciar de forma gloriosa falsos datos sobre el incremento de la renta agraria, que nadie del sector reconoce, debería analizar la realidad de los ingresos tanto de las y los agricultores a título principal, como de los y las trabajadoras por cuenta ajena, y ajustar la forma en la que se calculan las bases de cotización, las cuotas, y por lo tanto las prestaciones y las pensiones.

En definitiva, todo esto no se arregla con un aumento del 0,25% en la pensión de jubilación. Me temo que la “Arcadia Feliz” en la que parece que quieren situarnos de forma permanente, queda muy lejos del mundo rural y de los pensionistas del campo.