Opinion · Mundo Rural s.XXI

Queremos una política agraria fuerte y con suficiente dotación presupuestaria, pero para qué la queremos y para quién

Fernando Fernández
Experto en Políticas Agrarias y Desarrollo Rural

Hace 17 años pusimos en marcha desde Plataforma Rural, y con más de 100 organizaciones de apoyo, la primera campaña europea para reivindicar otra PAC. La llamamos. “PAC Pa´qué y PAC Pa´quién”. La Política Agraria Común es un verdadero gigante europeo que para moverse 10º requiere años de viraje. Imaginemos lo que sería necesario para hacerla girar los 180º que necesita. Seguimos reivindicando prácticamente lo mismo que en el año 2000.

En los últimos meses, los documentos que llegaban desde Europa, y los debates que se están produciendo; tanto en las Comunidades Autónomas, como entre las diversas organizaciones, no solo agrarias, hacían pensar que podríamos estar ante un cambio de rumbo realmente interesante. Personalmente he considerado que muchas de las propuestas representan oportunidades de cambio, incluyendo los Planes Estratégicos. Sin embargo, la filtración la semana pasada de los borradores de Reglamentos ha resultado decepcionante. Es cierto que siguen apareciendo elementos interesantes como el ya enumerado y otros como la ayuda eco, o el límite por perceptor, pero hay todavía mucho de continuismo, y, sobre todo, se mantienen los elementos esenciales que han llevado al descrédito y falta de legitimidad de la PAC. Se que a una parte del sector agrario no le gusta que hable de deslegitimación, pero sintiéndolo mucho, así es. El pago básico ligado a la superficie unido a la posibilidad de que se mantengan derechos históricos es absolutamente incomprensible para la ciudadanía no vinculada al campo.  Si el sector agrario y ganadero, si el medio rural en su conjunto quiere defender la necesidad de una PAC fuerte dentro del marco presupuestario de la Unión Europea, necesita mirar con claridad al futuro y estar dispuesto a integrar los objetivos que la sociedad le reclama. En este escenario, es donde toca defender con claridad que una política pública como la PAC debe apostar por el modelo de agricultura familiar, social y sostenible ligado al territorio que es la seña de identidad de la agricultura y ganadería europea y de la diversidad de paisajes y ecosistemas de nuestro mundo rural diverso. En esta defensa, definitivamente no pueden entrar todo, ni todos, y como consecuencia, no todos tendrán derecho a recibir ayudas públicas.

Esta filtración de los Reglamentos de la PAC vino acompañada a los pocos días del anuncio de la propuesta de la Comisión Europea del nuevo marco presupuestario para 2021 – 2027. Como era de esperar, vinieron recortes, y el resultado del anuncio tuvo como consecuencia ahogar el debate de fondo. En esta situación, no queda otra que primero despejar y aclarar cómo queda el presupuesto, y luchar para que el recorte sea lo más bajo posible. Sin embargo, pasados los primeros días me parece interesante profundizar en algunas cuestiones que se plantean con el marco presupuestario.

Por empezar por los datos que ya todos sabemos. La propuesta implica un recorte en la PAC de un 5% y un 7% en los Fondos de Cohesión. Sin embargo; las ayudas directas del Primer Pilar nunca se recortarán por encima del 3,9%, mientras que propone recortar las ayudas al Desarrollo Rural en un 10%. Esto significa que en el caso de España el recorte total supondría unos 340 millones de euros, de los cuales 180 millones serían en Desarrollo Rural y el resto en ayudas directas. Uno de los debates que deberían abrirse es si esta distribución de los recortes es adecuada, sobre todo pensando que el segundo pilar se cofinancia y el primero no. Este punto de partida podrá verse mejorado si España actúa con pericia y si logra articular esfuerzos con otros países como Francia o Portugal, pero, sobre todo, se trata de convencer de que su modelo de aplicación de la PAC, o su compromiso estratégico, es lo que el conjunto de Europa busca.

El Marco Presupuestario se apoya en un ligero incremento en la aportación de los estados, que pasaría del 1,03% al 1,11% del PIB. Las cuentas iniciales indicaban que para poder mantener la totalidad de la dotación presupuestaria era necesario subir hasta el 1,3% del PIB. En este momento se supone que España es receptor neto de fondos de la UE, es decir que recibe más de lo que aporta, aunque por muy poco como luego veremos. Esto es importante, porque otra de cuestiones que suscita preocupación es que la Comisión Europea, ha dejado abierta la posibilidad de que los estados se aumenten su cofinanciación a los Programas de Desarrollo Rural para cubrir el recorte.

Empecemos por analizar el saldo de nuestro país con la Unión Europea. Desde el año 2013 hasta el año 2018, es decir, en seis años, en tres de ellos, España finalmente aportó más de lo que recibió. Las dos tablas que reproduzco abajo y que comparto gracias al trabajo de Unión de Uniones, muestran los años en los cuales el balance fue claramente negativo. Merece la pena fijarse en lo que sucedió en el año 2017. La previsión del gobierno presentada en los PGE 2017 era una, y el saldo final de caja fue otro radicalmente distinto. El análisis que tenemos es que 2018 va a acabar igual. Atención porque esto es importante. Sea maquillaje presupuestario o encierre otra intencionalidad, el problema es que los datos van reflejando una evolución que es importante en el debate que tenemos.

El segundo de los problemas es que el descalabro más importante entre las previsiones presupuestarias y lo finalmente cobrado, se refiere a los fondos de las PAC (FEAGA y FEADER)

La información de estas dos tablas debemos completarla con otro dato importante y es que la aportación de fondos nacionales al presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente se sitúa de media en estos años en el 19,2% del total. Por lo tanto, en este contexto y conociendo estos datos que son compartidos por todo el sector, deberíamos efectivamente exigir compromiso a la Unión Europea con la Política Agraria, pero también empezar a exigir con más fuerza compromiso al estado y al gobierno de turno con el sector agrario, con el medio rural, y con la política agraria.

Pero, además, y atendiendo al llamado de la Comisión Europea de un incremento de la cofinanciación del II Pilar de Desarrollo Rural es necesario tener en cuenta la realidad, y la realidad es que hay algunas Comunidades Autónomas en las que la cofinanciación de FEADER al PDR autonómico es del 80%, hay otras en las que es al 75%, pero hay algunas como Baleares, Comunidad Valenciana y Navarra cuya cofinanciación es al 53%, lo que supone un esfuerzo ya muy importante Pero, además, el reparto de esta cofinanciación es un 70% a cargo de fondos autonómicos y un 30% del MAPAMA y la realidad es que el Ministerio año tras año, no está cumpliendo con el porcentaje que le corresponde. Las condiciones de ajuste presupuestario, la situación de sobreendeudamiento de las administraciones públicas, pero también la complejidad burocrática de la ejecución de los Programas de Desarrollo Rural, y como no, el hecho de que ejecutar un PDR exige una importante iniciativa para lo cual es necesario contar con equipos técnicos sólidos y suficientes, tiene como consecuencia una grave subejecución, que como todos sabemos, acabó en el periodo 2007 – 2013 en un 66,5% de media. Lo grave es que vamos por el mismo camino si analizamos los informes de ejecución de los PDRs. Por lo tanto, y de nuevo este tipo de alternativas, exigen un nivel de compromiso y responsabilidad de nuestros gobiernos que no se si debemos presuponer. Quizás sería el momento para avanzar en una cuestión esencial. La Política de Desarrollo Rural, no puede depender exclusivamente de la PAC, tal y como ya se propuso debería contar con aportaciones del conjunto de los fondos europeos y de esta manera fuera más integral.

Dicho todo esto, en este momento y como corresponde, toca negociar duro y procurar que el recorte sea lo menor posible, pero al mismo tiempo, es necesario no perder de vista el horizonte marcado por el diseño de la PAC para hacer de ella una política agraria pública, defensora del modelo productivo justo y sostenible orientado hacia la soberanía alimentaria y de un mundo rural vivo.

En un contexto de recortes anunciados, todos los informes y documentos que se compartieron en estos meses exigían focalizar mejor las ayudas, orientar mejor los apoyos al modelo que se pretende defender, poner tope al cobro de las ayudas por perceptor, y para todo ello, es necesario acabar para siempre con los derechos históricos y la vinculación de las ayudas a la superficie. Inevitablemente, el monto final que nos corresponda por la PAC habrá que distribuirlo, y esta distribución deberá responder a los objetivos económico, sociales, ambientales y territoriales, es decir, el debate será PARA QUÉ  y PARA QUIÉN.