Fernando Fernández Such (@FFernandezSuch).

Experto en Políticas Agrarias y Desarrollo Rural.

Hace un año publiqué un artículo con el título "Más allá del Ministro Planas"[1]. Escribí el artículo tras haber escuchado sus primeras intervenciones en el Congreso. Reconocía un cambio de talante y apertura innegable, pero me preocupaba un cierto continuismo en las políticas, y la falta de empuje para abordar otros retos que la sociedad, y una parte del sector cada vez más importante reclama.  Soy consciente que su ministerio estaba sometido a una cierta provisionalidad, y que en un escenario en el que la reforma de la PAC estaba sobre la mesa, es entendible que decidiera optar por garantizar la mejor posición posible de España en el inicio de las negociaciones y posponer otras cuestiones para el futuro.

Pero ahora estamos en otra situación. El PSOE ha ganado las elecciones y formará gobierno. Tiene cuatro años por delante en los que además de aprobarse la futura PAC, habrá que empezar a aplicar el Plan Estratégico Nacional. Las crisis de precios y mercados son cada vez más constantes, el debate del modelo de alimentación ha entrado de lleno en nuestras vidas, el sector forestal permanece en ralentí, cada vez tenemos menos pescadores y el mundo rural sigue desangrándose, mientras que el desarrollo rural se queda circunscrito al II Pilar de la PAC. Pero las macromagnitudes agrarias van bien; la renta agraria sube, las exportaciones agrarias son cruciales para nuestra balanza comercial, el PIB de la industria agroalimentaria es el segundo detrás del sector de la industria automovilística. Estoy absolutamente convencido que un gobierno de coalición progresista en este escenario aportaría elementos muy interesantes, importantes e innovadores y que la presencia de Unidas Podemos garantizaría estos elementos.

Por ello, y siendo consciente del momento en el que estamos, me temo que esto va a ser un artículo a modo de panfleto programático para poder colocar encima de la mesa un conjunto de temas a incluir.

El Mundo Rural más allá del Ministerio de Agricultura. Esto es algo evidente para cualquier persona con una mínima trayectoria, para los investigadores sociales y para todas las instituciones y administraciones implicadas. En este momento, el "futuro de un mundo rural vivo" no depende solo del MAPA, de hecho, es incluso injusto, hacerle responsable de todo lo que pueda suceder en el medio rural. Pero mientras que no haya otra configuración de las administraciones públicas, en este caso del estado, que muestren claramente otra forma de abordar el problema, pues tendremos que seguir reclamando el desarrollo rural al MAPA. Fíjense, recuerdo algo muy significativo que sucedió en la anterior legislatura mientras gobernaba el PP.  El Grupo Confederal Unidas Podemos – En Comú Podem – En Marea, después de un año del nombramiento de la Comisionada para el Reto Demográfico, registró a través de la Diputada Eva García una pregunta urgente dirigida a la Ministra de Administraciones Territoriales – La Sra. Soraya Sáez de Santamaría – responsable ministerial del Comisionado, pues bien, el gobierno mismo nos la derivo a la Sra. Isabel García Tejerina – Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Este es el imaginario político que sigue dominando.

El calado social y político que ha alcanzado el debate de la despoblación y su relación con la cohesión y justicia territorial, parecen indicar que el lugar más apropiado para abordar estos temas, fuera el Ministerio de Política Territorial. La despoblación que percibimos ya de manera sangrante es la punta de un modelo de desarrollo desequilibrado en lo territorial. Las cuestiones que deberían estar ubicadas y abordarse desde esa mirada territorial al mundo rural abarcarían una serie de políticas que tienen nexos comunes en lo territorial. En primer lugar, nos imaginamos que culminará el proceso de elaboración de la Estrategia Nacional para el Reto Demográfico, a lo que podría seguir la firma posterior del Pacto de Estado contra la Despoblación que reclamaban las plataformas convocantes de la manifestación del 31 de maro. Vinculado a esta cuestión, ya hemos planteado en varias ocasiones la puesta en marcha de un mecanismo específico que antes de aplicar una ley cualquier que sea, evaluara su impacto territorial para corregirla en sentido positivo. En segundo lugar, continúo defendiendo a capa y espada la aplicación de la ley 45/07 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Es muy básico. El desarrollo rural garantiza las bases materiales que frenan la despoblación. Esta ley es el único esfuerzo serio que hemos tenido de política de estado para el desarrollo rural, y no hay foro o evento al que asista o documento que se genere en el que no aparezca el reclamo de la ley. La propia Isaura Leal, se comprometió en campaña tanto en el debate organizado por RNE, como en el organizado por la Red Española de Desarrollo Rural y la Red de Periodistas Rurales que se aplicaría esta legislatura. La Ley se ha quedado antigua en algunas cuestiones, pero el esquema sigue valiendo. Es necesario evaluar lo realizado, y elaborar el siguiente Programa Nacional, y quizás, la implantación de los Planes de Zona podría empezar por las comarcas claramente más desfavorecidas o en una situación más crítica.

Además, hay otros tres elementos cuya reforma marcarán el futuro del medio rural. Avanzar en una nueva estructura de ordenación administrativa y territorial. En mi caso, soy un firme defensor de las posibilidades que ofrece la comarca cuya figura se recoge en el artículo 3 de la Ley 7/85 de bases del régimen local. La Comarca potencialmente es una forma de organización de la administración territorial adecuada a la realidad rural y a los objetivos de desarrollo territorial. Permite superar de forma cooperativa, la realidad de los municipios rurales que, en muchas ocasiones, no cuentan con los medios necesarios, pero que articulados en una comarca en la que existen una, dos o tres poblaciones de referencia, permiten la generación de dinámicas positivas. Abordar la cuestión de la Financiación Municipal. Los municipios más pequeños se ven penalizados por un sistema que prima el factor poblacional. Paradójicamente, otros factores como la riqueza forestal y en términos más amplios, la capacidad de captura de CO2 de los pastos permanentes, dehesas o suelos fértiles, tienen mucho más peso en los municipios rurales y siendo tan importantes para el balance positivo en la lucha contra el cambio climático, no son tenidos en cuenta.  Imaginemos si pudiéramos incorporarlos como criterios en el reparto de la financiación municipal. Se quedó por el camino Ley de Racionalidad y Estabilidad Financiera de las Administraciones, sobre todo en sus aspectos más perjudiciales para los municipios más pequeños y como les afecta en la gestión de los bienes comunales.  Por último, hay que debatir sobre la Fiscalidad Diferenciada para el medio rural más despoblado. Sabemos que es un tema muy complejo que requiere estudio, pero también sabemos que la justificación y las razones para pedirlo son reales. La propuesta tal y como la planteó Ciudadanos en campaña es una barbaridad que tendría efectos desastrosos para los ingresos del estado, pero el tema está planteado desde hace tiempo y existen el engranaje preciso dentro de los Tratados de la Unión Europea.

La Agricultura y la Alimentación más allá del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Llevamos demasiado tiempo haciendo lo mismo, gobierne quien gobierne, y creo que también en este sector productivo ha llegado el momento de girar algunas tuercas y en otros casos, introducir novedades. El Ministerio de Agricultura en estos últimos 12 meses ha impulsado procesos que hay que valorar; las negociaciones de la nueva PAC, por supuesto, el esfuerzo en extender la digitalización de los sectores agrarios y forestales, ha funcionado de manera mucho más ágil antes las sucesivas crisis de precios, ha desatascado muchas convocatorias de ayudas que estaban pendientes, ha recuperado la senda presupuestaria de los seguros agrarios, ha impulsado un proceso de revisión de la ley de titularidad compartida, aunque falta aplicar las conclusiones, ha entendido que el etiquetado del origen de las producciones es una buena herramienta, pero como vemos, pues más o menos todo dentro de lo normal, aunque es cierto como ya he dicho con mucha mayor diligencia y mejor talante.

Pero honestamente, pedimos más. Estoy convencido que hay una parte cada vez más importante del sector que pide más. Empezando quizás por lo más complejo. La Política de Aguas tiene en la agricultura el principal elemento de conflicto. Existe un acuerdo base en el Dictamen de la Subcomisión de Políticas de Aguas desde la perspectiva de cambio climático que el Congreso de los Diputados aprobó con el voto favorable del PSOE. Esta es la base de la política que necesitamos, pero este Dictamen no puede quedar en manos del Ministerio de Transición Ecológica, mientras que Agricultura se lava las manos.  En segundo lugar, es necesario abordar ya la cuestión del acceso a la tierra en España. Es un tema emergente en el que existe ya suficiente consenso político y social.  Por diferentes razones la estructura de la tierra en España está inmovilizada y solo es posible acceder a ella disponiendo de importantes capitales[2]. Existen experiencia suficientes y reflexión sobre el tema para empezar a poner en marcha medidas. Pero, además, y ligado a este tema, está la necesidad de impulsar y aprobar la Ley de Protección de Suelos de alto valor agrológico. La protección de los suelos, la restauración, y el uso sostenible que recupere su fertilidad son cruciales tanto para mitigar como para adaptarse al cambio climático. En España en las tres últimas décadas, se han producido procesos muy rápidos de ocupación del suelo sin prácticamente ninguna planificación. Esto ha supuesto la desaparición de zonas vitales como los suelos de huerta, o las vegas cuando se deberían haber protegido para las generaciones futuras.

Estamos en condiciones de impulsar un salto de escala en la extensión del modelo agroecológico que encierra la esencia del debate de la transición ecológica del modelo de producción de alimentos. El debate sobre el salto de escala se ha producido ya en el seno del CSIC y ha generado pensamiento y propuesta que espera poder ser aplicado. Además, se trata de recuperar o revitalizar la extensión agraria vinculada a la innovación y transferencia de tecnología para la transición.  Al mismo tiempo, como introducir la economía circular en un sector en el que el esquema es absolutamente ganador.

Hay que acometer reformas de leyes que son importantes. Las organizaciones agrarias están pidiendo una Ley de apoyo a la Agricultura Familiar o un Estatuto. En ambos casos se trata de hacer una revisión de la Ley 19/95 de Modernización de Explotaciones Agrarias con el objetivo de mejorar la viabilidad económica, social y ambiental de nuestras explotaciones agro­pecuarias, pero fortaleciendo el modelo de agricultura familiar y reconocer este modelo emergente del productor – transformador – comercializador, que con explotaciones de menor tamaño y diversificadas tratan de impulsar este modelo que tiene su viabilidad en los elementos del control del proceso en su conjunto. Es el momento oportuno para reformar y mejorar la Ley 12/2013 de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria. La Ley ha quedado tocada después de las últimas reformas de competitividad, y está amenazada por otras como la Ley de Morosidad.  En los próximos dos años será necesario trasponer a nuestro ordenamiento la Directiva de Prácticas desleales en la cadena alimentaria. Hay que remover obstáculos para poder incorporar a esta reforma el concepto de pérdida del valor a lo largo de la cadena, como alternativa a la venta a perdidas. Introducir en la ley la obligación de un precio mínimo de referencia que garantice los costes de producción tal y como ha recogido la ley francesa. Fortalecer los mecanismos para extender la contractuación en el sector agrario y perseguir la venta a resultas, así como extender la figura del mediador de la cadena. Ha llegado el momento de darle una vuelta de tuerca a la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario. Las cooperativas son protagonistas del gran cambio experimentado en el sector agroalimentario español, contribuyendo a la vertebración del territorio, al dar continuidad a la actividad agraria sobre la base de la viabilidad de la explotación familiar. La ley fue un excelente paso, pero no ha cumplido con todas las expectativas y ahora ha llegado el momento de corregir las deficiencias.

Podríamos aportar muchos elementos necesarios en el futuro Plan Estratégico de la PAC, pero la "Plataforma Por Otra PAC" ya los está defendiendo y me sumo a sus propuestas. En todo caso, dos cuestiones muy puntuales. Fortalezcamos la iniciativa LEADER con más fondos y volviendo a sus principios. En segundo lugar, es necesario hacer una revisión de como se aplica el POSEI que actualmente está desvirtuado, y al mismo tiempo, hay que pelear por un Régimen Especial de Agricultura para las Islas Baleares.

Hay otras urgencias que abordar. La claramente necesaria y demandada Estrategia de apoyo a la ganadería extensiva. Siendo uno de los sistemas de producción más beneficiosos para la biodiversidad, sin embargo, es de los que se encuentran más amenazados. Lo sabemos "No hay paisajes, sin paisanaje, y el paisanaje que gestiona el territorio es el ganadero y ganadera extensivo". Pero esta apuesta debe ir pareja a la desintensificación de la producción ganadera y al control de su desarrollo.

De la misma forma, es urgente que, en esta legislatura, y después de 14 años desde la aprobación de los Reglamentos del Paquete Higiénico Sanitario, que el Ministerio elabore una norma básica que tenga por objeto la Flexibilización del Paquete Higiénico Sanitario para las explotaciones agropecuarias y las industrias agroalimentarias de pequeña escala, de artesanía alimentaria o que se muevan en circuitos de venta directa. Es necesario para dinamizar todo un entramado de proyectos productivos agroalimentarios ligados al territorio y al medio rural, en lo que, además, es una clara discriminación con las oportunidades que existen en otros países de nuestro entorno para el mismo tipo de explotaciones. Vinculado a ello, es necesario que el Ministerio, tome en serio la estrategia e impulso de los circuitos cortos de comercialización, la venta directa, la comercialización de productos ecológicos y desde luego una estrategia basada en la compra pública alimentaria con criterios de responsabilidad social y ambiental que tanto bien podría traer a la dinamización del sector. En este mismo sentido, siendo que hay más de una veintena de ciudades que están desarrollando sus estrategias alimentarias urbanas, podríamos pensar que por fin ha llegado a nuestro continente la propuesta de impulso de la agricultura periurbana y que es posible desarrollar actuaciones sobre ella.

Por último, no puedo despedir este "panfleto – programa" sin hablar de la imperiosa necesidad de resolver la representatividad del sector. Hablar de representatividad y democracia en el campo significa hablar de una mayor participación y capacidad de decisión e interlocución con mayores dosis de impacto real. La situación actual no es positiva para nadie y, sobre todo, y pese a que no se perciba así, considero que debilita al conjunto del sector frente a la sociedad.  Es necesario buscar una alternativa justa y adecuada para todas las organizaciones con implantación real en el territorio para que puedan participar en igualdad de condiciones.

En definitiva, un programa complementario, que no opuesto, al que seguro tendrá en la cabeza el futuro Ministro o Ministra de Agricultura.

[1] Esto significa que en parte, recupero el contenido de aquel artículo que sigue siendo válido.

[2] Soler, C y F. Fernández (2015), Estructura de la propiedad de la tierra en España. Fundación Mundubat – COAG - PR