La "Gran Coalición" tripartidista ya empezó a dejar claro cuál es su proyecto para el sector agrario: que todo siga como está. Lo sucedido el miércoles 19 en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a propósito de la Proposición No de Ley presentada por el Esquerra Republicana, lo deja patente. El objetivo de la iniciativa legislativa es endurecer las normas que prohíben la venta a pérdidas en la Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, demanda largamente reclamada por las entidades agrarias que inicialmente parecía contar con los apoyos necesarios, pero después pudimos ver que no.
La reciente crisis láctea ha mostrado contar con comprensión por buena parte de la sociedad, que empieza a entender la lógica perversa de una cadena alimentaria cada vez más guiada solo por el beneficio mercantil. Un comportamiento estratégico en un espacio cada vez más concentrado, impuesto por algunos actores que disfrutan de una posición de dominio y abusan de su poder en perjuicio del eslabón de los agricultores y agricultoras, que son obligados a aceptar precios por debajo de los costes de producción. Y también de los consumidores que ven como los precios que pagan por productos frescos, que son el resultado de multiplicar hasta 10 veces lo que reciben en el eslabón primario.
La Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria 12/2013 de 2 de agosto es un buen punto de partida para empezar a actuar sobre este problema, pero desde su puesta en marcha los representantes del sector agro-ganadero exigían reforzar y garantizar de manera efectiva su aplicación, introduciendo las mejoras necesarias y dispositivos adecuados para que fuese el instrumento legal que el sector necesita. Sobre todo, insistían en la necesidad de reforzar los mecanismos de control y seguimiento.
La propuesta presentada en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medioambiente se centraba en pedir al Gobierno que realizara las modificaciones oportunas para prohibir la venta a pérdidas y las prácticas de competencia desleal por parte de las cadenas distribuidoras y las empresas transformadoras. Un hecho constatado en la inmensa mayoría de las cadenas de distribución.
La venta a pérdidas es una de las prácticas destructivas que la Ley 12/2013 trata de eliminar y que refiere la venta del producto al público por debajo del precio de adquisición. Esta práctica es muy común en el sector de la distribución y en las cadenas de comercio minorista. El mismo día que en la Comisión trataba el tema, la UPA (Unión de Pequeños Agricultores) denunciaba un nuevo caso de venta a pérdidas en el sector de la distribución después de detectar que los supermercados Condis venden pollo a 1,59 euros el kilo, es decir, un 27% menos respecto al precio habitual, e informaba de la denuncia interpuesta ante la Agencia de Información y Control Alimentario[1]
La ley de Mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria ya establece un régimen sancionador y remite a la Ley de Competencia Desleal que establece que "la venta realizada bajo coste, o bajo precio de adquisición, se reputará desleal". Además, dicha venta a pérdidas ya viene expresamente prohibida en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y la Ley de Ordenación de Comercio Minorista, que la contempla como infracción grave y le impone sanciones de entre 6.000 y 30.000 euros.