La realidad de paisajes y ecosistemas rurales que conviven en nuestro territorio, constituyen un espacio rico y diverso, un espacio modelado a través de siglos de historia y que hoy deviene una oportunidad cuando nos planteamos con esperanza e ilusión nuestro proyecto de país. Desde las mesetas interiores a las vegas, pasando por los territorios de montaña, las dehesas, las huertas, la campiña andaluza, el litoral cantábrico y el mediterráneo, sin olvidar los territorios insulares de Baleares o Canarias.  Una diversidad que nos corresponde preservar potenciando los elementos consustanciales que son comunes.

Entre los retos comunes y no menores, está la necesidad de abordar la fractura generada entre el medio urbano y el territorio rural según la cual hemos entendido que desarrollo es igual a urbanización.  Este modelo de desarrollo ha potenciado algunos de los gravísimos problemas que hoy se viven en una parte del medio rural español y a los que debemos de responder con mucha urgencia y creatividad: la despoblación, el envejecimiento de la población, la falta de servicios públicos de proximidad y de calidad, carencia de actividad económica generadora de empleo, incluso la insostenibilidad de una política territorial que no va más allá de los municipios y que ha sido incapaz de desarrollar la propuesta de comarcalización. A pesar de todo este declive, en este medio rural, la actividad agrícola y ganadera, y desde luego la actividad forestal siguen configurando una parte muy importante de la realidad tanto material como inmaterial de la población y necesitan ser articuladas como elemento de sostenibilidad que al tiempo garantice un modo de vida y sea capaz de generar empleo y asentar población.

Pero además, existe otro medio rural al que pertenecemos quienes firmamos esta opinión, un medio rural ubicado en torno a las dos mesetas y en el cual existe de nuevo diversidad de estructuras sociales y económicas todas ellas rurales, y a las que le afectan este modelo desarrollista que hemos denunciado, pero que se manifiesta de forma diferente a través de problemas históricos como el latifundismo andaluz o extremeño, o el desarrollo inmobiliario depredador en el Levante, Baleares y Canarias. En estos territorios rurales la actividad agraria tiene un peso sustancial en la economía local. La población activa agraria supera el 20%, cuando la media nacional está en el 3%, el valor de la producción agraria y ganadera supone más de 30% del valor económico agregado, además de todo lo que significa como generación de economías diversificadas vinculadas al sector agrario y de la  transformación alimentaria. Además, curiosamente en estas zonas, y a pesar de que el declive demográfico es general a todo el medio rural, la densidad demográfica supera los 70 hb/km.2.

Todo esto oculta otra cara de la realidad rural, donde las amenazas vienen precisamente de un sistema alimentario internacional construido a imagen del modelo industrial, en el cual, los alimentos se han convertido en una mercancía más, alejando su condición de derecho humano básico para la vida. En este sistema alimentario internacional, las multinacionales químicas mantienen un modelo productivo agroindustrial insostenible a todos los efectos, con una gran producción alimentaria que acapara cuota de producción, tierra, control sobre el agua y las semillas sin ningún pudor, y una gran distribución que aplica a todos los eslabones de la cadena alimentaria criterios asfixiantes e impone precios tanto a los productores y productoras como a los consumidores.  Al otro lado de la balanza, están los pequeños y medianos productores y productoras que cada vez y en todos los sectores, ven difícil poder vivir de su trabajo. En ningún espacio productivo hoy los precios que recibe el agricultor cubren los costes de producción. Hemos asistido a toda la crisis del sector lácteo, pero lo mismo podríamos decir de los cítricos, o las hortalizas y la carne y es que los precios en origen se incrementan de media hasta un 700% según los datos oficiales. Sirvan de muestra estos datos.

La crisis del modelo social, sostenible y familiar de producción de alimentos es una de las claves para interpretar la crisis del medio rural y no podemos desvincularlo sin más. Es imprescindible recuperar la soberanía sobre nuestros sistemas de producción de alimentos, para recuperar el derecho a una alimentación adecuada y también el derecho de los agricultores y agricultoras a vivir de su trabajo y cumplir con una de sus funciones, no la única por su puesto, que es alimentar a la sociedad.

No podemos olvidar, por otro lado, el tremendo escenario de precariedad e injusticia social asociado al trabajo en el campo, donde los efectos de la creciente desregulación e incumplimiento sistemático de la normativa laboral son devastadores y vienen produciendo una regresión en las condiciones de vida en el medio rural. Ha llegado el momento de acabar de una vez por todas con la invisibilidad de la gente jornalera y trabajar para devolver la dignidad a un colectivo que sufre la incertidumbre en el trabajo, la auto-explotación, la dureza de las condiciones laborales, el incumplimiento de los convenios, el trabajo sin contrato y sin cotización, y la precariedad vital que acaba afectando a toda la comunidad, tanto en términos económicos (pobreza) como sociales (abundancia de dolencias y enfermedades asociadas al trabajo, falta de cuidados familiares, abandono educativo, etc.).

Es también necesario abrir un debate amplio y serio en torno al uso del agua en el medio agrario que nos permita avanzar en una reorientación de la agricultura y del medio rural, basados en la sostenibilidad, la equidad social, la adaptación al cambio climático y la recuperación de un tejido rural vivo. Para ello necesitamos construir y visibilizar un nuevo discurso alejado de las tesis monolíticas basadas en las guerras territoriales del agua, aportando una visión diferente de lo que debe ser un medio rural vivo y sostenible.

Es hora de construir alternativas que aborden política y socialmente la totalidad de los problemas que enfrenta el medio rural,  Tenemos propuestas que hemos consensuado con los diferentes sectores organizados que quieren un cambio de país; por ello, consideramos imprescindible: una Reforma de la PAC en el Horizonte del 2020 que responda al modelo productivo que defendemos; la actualización, desarrollo y aplicación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural 45/2007; defender y fomentar el Patrimonio Cultural y garantizar el acceso universal a las redes de telecomunicaciones; mejora de la aplicación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto sobre criterios de mayor transparencia y participación de todos los productores y transformadores implicados en los diferentes eslabones de la cadena en base a elementos de equidad económica. Todo esto pasa por defender el modelo de agricultura social y sostenible para lo cual es necesario la renovación de la actual Ley 19/1995 de modernización de las explotaciones agrarias con el objetivo de mejorar la viabilidad económica, social y ambiental de nuestras explotaciones agropecuarias; el diseño de un marco normativo y fiscal de las actividades complementarias a la actividad agraria; equilibrar de manera justa y transparente la cadena agroalimentaria, atendiendo a los tres pilares básicos de la Cadena Alimentaria (agricultura, ganadería y pesca), así como la industria y distribución, de igual modo, y no menos importante, establecer medidas urgentes en la gestión del reparto de cuotas pesqueras  con criterios sociales de equidad y sostenibilidad.

Es el momento de unir esfuerzos y comprometerse por un modelo que dé respuestas a un mundo rural que queremos vivo y diverso y por el derecho de los pueblos a su soberanía alimentaria.

Rosana Pastor. Diputada por Valencia.  Comisión de Agricultura; Alimentación y Medio Ambiente  del Congreso. 

María Giménez.  Responsable de Medio Ambiente y Mundo Rural en el Consejo Ciudadano de Murcia