El 15 de junio, tres meses después de que empezara el bombardeo de la OTAN en Libia, la Unión Africana (UA) presentó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas su postura ante los ataques -en realidad, el bombardeo fue perpetrado por los agresores imperialistas tradicionales, Francia y Reino Unido, acompañados esta vez por Estados Unidos, que inicialmente coordinó el asalto, y otras naciones al margen-.
Debe recordarse que hubo dos intervenciones. La primera, conforme a la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, adoptada el 17 de marzo, establecía una zona de exclusión aérea, un alto el fuego y medidas para proteger a los civiles. Pero, poco después, esa intervención fue desestimada y el triunvirato imperial se alió con el Ejército rebelde, sirviéndole de fuerza aérea.
Al iniciarse el bombardeo, la Unión Africana exhortó a seguir el camino de la diplomacia y las negociaciones, a fin de evitar una muy probable catástrofe civil en Libia. En menos de un mes, la Unión Africana había recibido el respaldo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y de otros, en especial de Turquía, principal potencia regional y miembro también de la OTAN.
De hecho, el triunvirato estuvo muy aislado en sus ataques,emprendidos para eliminar a un tirano mercurial al que habían apoyado cuando resultaba ventajoso. Las esperanzas estaban puestas en un régimen que fuera más receptivo a las exigencias occidentales de controlar los ricos recursos de Libia y que, quizá, le ofreciera una base en el continente al comando africano de Estados Unidos, AFRICOM, hasta ahora confinado en Stuttgart.
Nadie puede saber si los esfuerzos relativamente pacíficos contemplados en la resolución 1973 de la ONU, y respaldados por la mayor parte del mundo, hubieran logrado evitar la terrible pérdida de vidas y la destrucción que sucedieron en Libia.
El 15 de junio, la Unión Africana informó al Consejo de Seguridad de que “ignorar a la Unión durante tres meses y proseguir el bombardeo de la santa tierra de África ha sido arbitrario, arrogante y provocativo”. La Unión presentó un plan de negociaciones y patrullaje dentro de Libia, a cargo de fuerzas de la misma UA, junto con otras medidas de reconciliación. Todo fue en vano.
El exhorto de la UA al Consejo de Seguridad también estableció el fondo de sus preocupaciones: “La soberanía ha sido un instrumento de emancipación de los pueblos de África, que están empezando a trazar caminos de transformación en la mayoría de los países africanos, después de siglos de depredación por el comercio de esclavos, el colonialismo y el neocolonialismo. Los ataques temerarios contra la soberanía de los países africanos son, por lo tanto, equivalentes a infligir heridas nuevas en el destino de los pueblos de África”.
El llamamiento africano puede encontrarse en la publicación india Frontline, pero básicamente pasó desapercibido en Occidente. Eso no debe sorprendernos: los africanos son no-gente, por adoptar el término que George Orwell aplica a quienes no son adecuados para entrar en la historia.
El 12 de marzo, la Liga Árabe ganó la condición de gente al apoyar la resolución de la ONU. Pero el apoyo pronto desapareció, cuando la Liga se negó a secundar el posterior bombardeo occidental contra Libia.
Y el 10 de abril, la Liga regresó a su condición de no-gente al exhortar a la ONU a imponer una zona de restricción aérea también sobre Gaza y a levantar el asedio israelí. Esta petición pasó prácticamente desapercibida.
Esto también fue lógico. Los palestinos son el prototipo de la no-gente, como lo vemos regularmente. Examinemos el número de noviembre-diciembre de la revista Foreign Affairs, que se inicia con dos artículos sobre al conflicto palestino-israelí. Uno, escrito por los funcionarios israelíes Yosef Kuperwasser y Shalom Lipner, culpa del conflicto a los palestinos por negarse a reconocer a Israel como Estado judío (en base a la norma diplomática: se reconoce al Estado, no a sectores privilegiados dentro de él).
El segundo artículo, del académico estadounidense Ronald R. Krebs, atribuye el problema a la ocupación israelí. El artículo tiene este subtítulo: Cómo está destruyendo a la nación la ocupación. ¿A qué nación? A Israel, por supuesto, perjudicada por tener su bota en el cuello de la no-gente.
Otro ejemplo: en octubre, los titulares anunciaron con fanfarrias la liberación de Guilad Shalit, el soldado israelí capturado por Hamás. El artículo de The New York Times Magazine se dedicó al sufrimiento de su familia. Shalit fue liberado a cambio de cientos de no-gentes, de quienes supimos muy poco aparte del sobrio debate respecto a si su liberación perjudicaría o no a Israel.
Tampoco supimos nada de los otros cientos de detenidos en prisiones israelíes durante largos periodos sin haber sido acusados formalmente.
Entre esos prisioneros anónimos están los hermanos Osama y Mustafá Abu Muamar, civiles secuestrados por las fuerzas israelíes que atacaron Gaza el 24 de junio de 2006, al día siguiente de que Shalit fuera capturado. Los hermanos estaban desaparecidos en el sistema penitenciario israelí.
Al margen de lo que pensemos de capturar a un soldado de un Ejército que nos ataca, secuestrar civiles es un delito mucho más grave. A menos, claro, que esos civiles sean simple no-gente.
Ciertamente, esos delitos no se comparan con muchos otros, por ejemplo, con los crecientes ataques contra los ciudadanos israelíes beduinos, que viven en el Neguev, en el sur del país.
Los beduinos israelíes están siendo expulsados conforme a un nuevo programa, destinado a destruir decenas de aldeas beduinas a las que habían sido trasladados anteriormente. Por razones benignas, por supuesto. El gabinete israelí explicó que se crearían ahí diez asentamientos judíos “para atraer nueva población al Neguev”. Es decir, para reemplazar no-gente con gente legítima. ¿Quién puede ponerle alguna objeción a eso?
Esa extraña especie de no-gente puede encontrarse en todas partes, incluso en Estados Unidos: en las prisiones que son un escándalo internacional, en los comedores públicos, en los deteriorados barrios bajos.
Pero los ejemplos son engañosos. La población mundial en su conjunto vacila al borde de un agujero negro.
Tenemos recordatorios cotidianos, incluso de incidentes muy pequeños. Por ejemplo, el mes pasado, cuando los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos bloquearon una reorganización, prácticamente sin costo, para investigar las causas de los extremos climatológicos de 2011 y proporcionar mejores previsiones.
Los republicanos temieron que eso fuera la punta de lanza de la “propaganda” del calentamiento global, un no-problema según el catecismo recitado por los aspirantes a la nominación de lo que hace años era un auténtico partido político.
¡Qué pobre y triste especie!
Ilustración de Javier Jaén
Una tarea de la Convención Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, que se ha celebrado en Durban, Suráfrica, era extender las decisiones políticas previas, limitadas en alcance y sólo parcialmente aplicadas.
Estas decisiones se remontan a la Convención de 1992 de la ONU y al Protocolo de Kioto de 1997, que Estados Unidos rehusó suscribir. El primer periodo de compromiso del Protocolo de Kioto termina en 2012. El ambiente más o menos general anterior a la conferencia fue captado por The New York Times en un titular: “Asuntos urgentes, pero expectativas bajas”.
Al tiempo que los delegados se reunían en Durban, un informe sobre los sondeos más recientes realizados por el Consejo de Relaciones Exteriores y el Programa sobre Actitudes en Política Internacional (PIPA, en sus siglas en inglés) revelaba que “personas de todo el mundo y de Estados Unidos consideran que sus gobiernos deben dar más prioridad al calentamiento global y apoyan vigorosamente acciones multilaterales para afrontarlo”.
La mayoría de los ciudadanos estadounidenses está de acuerdo, aunque PIPA precisa que el porcentaje “ha ido cayendo durante los últimos años, de forma que la preocupación de Estados Unidos es significativamente más baja que el promedio mundial: 79%, frente al 84%”.
“Los estadounidenses no perciben que haya un consenso científico acerca de la necesidad de una acción urgente sobre el cambio climático. Una gran mayoría piensa que se verá afectada personalmente en algún momento por el cambio climático, pero sólo una minoría cree que le afecta ahora, contrariamente a la opinión de la mayoría en otros países. Los estadounidenses tienden a subestimar el problema”, agrega el informe.
Estas actitudes no son accidentales. En 2009, las industrias productoras de energía, apoyadas por otros lobbies, lanzaron varias campañas que arrojaron dudas sobre el casi unánime consenso científico existente sobre la gravedad de la amenaza del calentamiento global inducido por los seres humanos.
El consenso es sólo “casi unánime” porque no incluye a los muchos expertos convencidos de que las advertencias acerca del calentamiento global no son suficientemente fuertes, y por el grupo marginal que niega por completo que haya amenaza.
La cobertura informativa del tipo “él dijo/ella dijo” que se da a este problema en EEUU se basa en un supuesto equilibrio: la abrumadora mayoría de los científicos a un lado y los negacionistas en el otro. Los científicos que emiten las advertencias más sombrías son ignorados.
Un efecto de esto es que escasamente una tercera parte de la población de EEUU cree que exista un consenso científico sobre la amenaza del calentamiento global: mucho menos que el promedio mundial.
No es un secreto que el Gobierno de Washington se está quedando atrás en el asunto del clima. “En todo el mundo se ha criticado mucho la forma en que Estados Unidos está manejando el problema del cambio climático -según la PIPA-. En general, Estados Unidos es visto mayoritariamente como el país que peor influencia tiene sobre el medio ambiente del mundo, seguido por China. Alemania, por el contrario, ha recibido las mejores calificaciones”.
Para tener una mejor perspectiva de lo que está ocurriendo, es a veces útil mirar el mundo con los ojos de unos observadores extraterrestres inteligentes que ven las cosas extrañas que suceden en la Tierra. Podrían observar asombrados cómo el país más rico y poderoso del planeta en toda su historia encabeza ahora a los lemmings en su alegre avance hacia el precipicio.
El mes pasado, la Agencia Internacional de la Energía (AIE), creada en 1974 a instancias del secretario de Estado Henry Kissinger, emitió su último informe sobre el acelerado incremento de las emisiones de dióxido de carbono provenientes del uso de combustibles fósiles.
La AIE calcula que, si el mundo sigue actuando como hasta ahora, el “presupuesto de carbono” se habrá agotado para 2017. El presupuesto es la cantidad de emisiones que puede mantener el calentamiento global en un nivel de dos grados centígrados, considerado el límite de seguridad.
El economista jefe de la AIE, Fatih Birol, dijo al respecto: “La puerta se está cerrando… Si no cambiamos ahora la dirección sobre la forma de usar la energía, superaremos el límite fijado por los científicos (para la seguridad). La puerta se habrá cerrado para siempre”.
También el mes pasado, el Departamento de Energía estadounidense informó acerca de las cifras de emisiones de 2010. “Aumentaron en la mayor cantidad registrada hasta ahora”, informó Associated Press (AP), lo que significa que “los niveles de gases de efecto invernadero están por encima de lo previsto en el peor de los escenarios posibles” anticipados en 2007 por la Comisión Internacional sobre Cambio Climático (IPCC, en sus siglas inglesas).
John Reilly, codirector del programa sobre cambio climático del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), dijo a AP que los científicos han considerado, en general, que las predicciones del IPCC pecan de conservadoras, al contrario que el pequeño grupo de negacionistas que atraen la atención pública. Reilly agregó que el peor de los escenarios previstos por el IPCC está aproximadamente en la media de los cálculos efectuados por los investigadores del MIT.
Al tiempo que se publicaban esos pesimistas informes, el diario Financial Times dedicó una página entera a las optimistas expectativas de que EEUU podría llegar a tener independencia energética durante un siglo con una nueva tecnología que permitiría la extracción de combustibles fósiles en territorio norteamericano.
Aunque las proyecciones son inciertas, informa el Financial Times, EEUU podría “dar un salto sobre Arabia Saudí y Rusia para convertirse en el mayor productor del mundo de hidrocarburos líquidos, contando tanto el petróleo como otros asociados al gas natural”.
De ocurrir este feliz suceso, EEUU podría esperar conservar su hegemonía mundial. Más allá de algunos comentarios sobre el impacto ecológico a nivel local, el Financial Times nada dice acerca de qué tipo de mundo emergería de esas emocionantes perspectivas. Cuando toda esa energía arda, el medio ambiente global se irá al infierno.
Prácticamente todos los gobiernos están dando pasos, aunque sean vacilantes, para hacer algo ante la catástrofe que se avecina. Estados Unidos encabeza el proceso, pero al revés. La Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, está desmantelando las medidas ambientales introducidas por Richard Nixon, que en muchos aspectos fue el último presidente liberal.
Este comportamiento reaccionario es una de las muchas señales de la crisis que ha padecido la democracia estadounidense durante la pasada generación. La brecha entre la opinión pública y la política ha crecido hasta abrir un abismo en asuntos centrales del debate político, como el déficit y el empleo. Sin embargo, gracias a la ofensiva propagandística, la brecha es menor de lo que debería ser en el asunto más serio de la agenda internacional en la actualidad, y posiblemente en toda la historia.
Hemos de perdonar a los hipotéticos observadores extraterrestres si llegan a la conclusión de que parecemos infectados por algún tipo de locura letal.
Ilustración de Javier Jaén
Este artículo está adaptado de una charla de Noam Chomsky en el campamento Occupy Boston como parte de una serie de conferencias en memoria de Howard Zinn (historiador, activista y autor de A People’s History of the United States).
Pronunciar una conferencia Howard Zinn es una experiencia agridulce para mí. Lamento que él no esté aquí para tomar parte y revigorizar a un movimiento que hubiera sido el sueño de su vida. En efecto, él puso buena parte de sus fundamentos.
Si los lazos y las asociaciones que se están estableciendo en estos notables eventos pueden sostenerse durante el largo y difícil periodo que les espera –la victoria nunca llega pronto–, las protestas de Occupy podrían representar un momento significativo en la historia estadounidense.
Nunca había visto nada como el movimiento Occupy, ni en tamaño ni en carácter. Occupy está tratando de crear comunidades cooperativas que bien podrían ser la base para las organizaciones permanentes que se necesitarán para superar las barreras por venir y la reacción en contra que ya se está produciendo.
Que el movimiento Occupy no tenga precedentes es algo que parece apropiado, pues esta es una era sin precedentes, no sólo en estos momentos, sino desde los años setenta.
Los años setenta fueron decisivos para EEUU. Desde que se creó el país, este ha tenido una sociedad en desarrollo, no siempre en el mejor sentido, pero con un avance general hacia la industrialización y la riqueza.
Aun en los periodos más sombríos, la expectativa era que el progreso habría de continuar. Apenas tengo la edad necesaria para recordar la Gran Depresión. A mediados de los años treinta, aunque la situación objetiva era mucho más dura que hoy, el espíritu era bastante diferente. Se estaba organizando un movimiento obrero militante –con el Congreso de Organizaciones Industriales (CIO) y otros– y los trabajadores organizaban huelgas con plantones, a un paso de tomar las fábricas y manejarlas ellos mismos.
Debido a las presiones populares, se aprobó la legislación del New Deal. La sensación que prevalecía era que saldríamos de esos tiempos difíciles.
Ahora hay una sensación de desesperanza y a veces de desesperación. Esto es algo bastante nuevo en nuestra historia. En los años treinta, los trabajadores podían prever que los empleos regresarían. Ahora, los trabajadores de manufactura, con un desempleo prácticamente al mismo nivel que durante la Gran Depresión, saben que, de persistir las políticas actuales, esos empleos habrán desaparecido para siempre.
Ese cambio en la perspectiva estadounidense ha evolucionado desde los años setenta. En un cambio de dirección, varios siglos de industrialización se convirtieron en desindustrialización. Claro, la manufactura siguió, pero en el extranjero; algo muy lucrativo para las empresas, pero nocivo para la fuerza de trabajo.
La economía se centró en las finanzas. Las instituciones financieras se expandieron enormemente. Se aceleró el círculo vicioso entre finanzas y política. La riqueza se concentraba cada vez más en el sector financiero. Los políticos, ante los altos costes de las campañas, se hundieron más profundamente en los bolsillos de quienes los apoyaban con dinero.
Y, a su vez, los políticos los favorecieron con políticas beneficiosas para Wall Street: desregulación, cambios fiscales y relajamiento de las reglas de administración corporativa, lo cual intensificó el círculo vicioso. El colapso era inevitable.
En 2008, el Gobierno salió una vez más al rescate de empresas de Wall Street que supuestamente eran demasiado grandes para quebrar, con dirigentes demasiado grandes para ser encarcelados.
Ahora, para la décima parte del 1% de la población que más se benefició de todos estos años de codicia y engaños, todo está muy bien.
En 2005, Citigroup –que, por cierto, ha sido objeto en repetidas ocasiones de rescates por parte del Gobierno– vio en el lujo una oportunidad de crecimiento. El banco distribuyó un folleto para inversionistas en el que los invitaba a poner su dinero en
algo llamado el índice de la plutonomía, que identificaba las acciones de las compañías que atienden al mercado de lujo.
“El mundo está dividido en dos bloques: la plutonomía y el resto”, resumió Citigroup. “EEUU, Gran Bretaña y Canadá son las plutonomías clave: las economías impulsadas por el lujo”.
En cuanto a los no ricos, a veces se los llama “la periferia”: el proletariado que lleva una existencia precaria en la periferia de la sociedad. Esa periferia, sin embargo, se ha convertido en una proporción sustancial de la población de EEUU y otros países.
Así, tenemos la plutonomía y el precariado: el 1% y el 99%, como lo ve el movimiento Occupy. No son cifras literales, pero sí es la imagen exacta.
El cambio histórico en la confianza popular en el futuro es un reflejo de tendencias que podrían ser irreversibles. Las protestas de Occupy son la primera reacción popular importante que podría cambiar esa dinámica.
Me he ceñido a los asuntos internos. Pero hay dos peligrosos acontecimientos en la arena internacional que opacan todo lo demás.
Por primera vez en la historia, hay amenazas reales a la supervivencia de la especie humana. Desde 1945 hemos tenido armas nucleares y parece un milagro que hayamos sobrevivido. Pero las políticas del Gobierno de Barack Obama y sus aliados están fomentando la escalada.
La otra amenaza, claro, es la catástrofe ambiental. Por fin, prácticamente todos los países del mundo están tomando medidas para hacer algo al respecto. Pero EEUU está avanzando hacia atrás. Un sistema de propaganda, reconocido abiertamente por la comunidad empresarial, declara que el cambio climático es un engaño de los liberales. ¿Por qué habríamos de prestarles atención a estos científicos?
Si continúa esta intransigencia en el país más rico y poderoso del mundo, no podremos evitar la catástrofe.
Debe hacerse algo, de una manera disciplinada y sostenida. Y pronto. No será fácil avanzar. Es inevitable que haya dificultades y fracasos. Pero a menos que el proceso que está ocurriendo aquí y en otras partes del país y de todo el mundo continúe creciendo y se convierta en una fuerza importante de la sociedad y la política, las posibilidades de un futuro decente serán exiguas.
No se pueden lanzar iniciativas significativas sin una base popular amplia y activa. Es necesario salir por todo el país y hacerle entender a la gente de qué se trata el movimiento Occupy; qué puede hacer cada quién y qué consecuencias tendría no hacer nada.
Organizar una base así implica educación y activismo. Educar a la gente no significa decirle en qué creer: significa aprender de ella y con ella.
Karl Marx dijo: “La tarea no es sólo entender el mundo, sino transformarlo”. Una variante que conviene tener en cuenta es que, si queremos cambiar el mundo, más nos vale entenderlo. Eso no significa escuchar una charla o leer un libro, si bien eso a veces ayuda. Se aprende al participar. Se aprende de los demás. Se aprende de la gente a la que se quiere organizar. Todos tenemos que alcanzar conocimientos y experiencias para formular e implementar ideas.
El aspecto más digno de entusiasmo del movimiento Occupy es la construcción de vínculos que se está dando por todas partes. Si pueden mantenerse y expandirse, el movimiento Occupy podrá dedicarse a campañas destinadas a poner a la sociedad en una trayectoria más humana.
La isla Jeju, a 60 kilómetros al sureste de las costas de Corea del Sur, ha sido definida como el lugar más idílico del planeta. Esta isla volcánica de 1.829 kilómetros cuadrados alberga tres sitios designados Patrimonio Natural del Mundo por la Unesco.
La historia de Jeju, sin embargo, dista de ser idílica. En 1948, dos años antes del estallido de la guerra coreana, los isleños se unieron en un levantamiento para protestar, entre otras cosas, por la división de la península de Corea en Norte y Sur. El Gobierno de Corea del Sur, en ese momento bajo la ocupación de fuerzas militares estadounidenses, reprimió a los insurgentes de Jeju.
La Policía y las fuerzas militares de Corea del Sur masacraron a los isleños y destruyeron sus aldeas. John Merrill, historiador de Corea, calcula que el saldo fatal quizá haya superado las 30.000 muertes, aproximadamente el 15% de la población de la isla.
Décadas más tarde, una comisión gubernamental investigó el levantamiento en Jeju. En 2005, Roh Moo-Hyun, entonces presidente de Corea del Sur, se disculpó por las atrocidades cometidas y llamó a Jeju la “isla de la Paz Mundial’’.
Hoy en día, la isla de Jeju se ve amenazada nuevamente por la militarización y violencia conjunta de Estados Unidos y Corea del Sur: la construcción de una base naval en lo que muchos consideran la costa más hermosa de la isla.
Durante más de cuatro años, los residentes de Jeju y activistas de la paz han tomado parte en una resistencia decidida a la base, poniendo en peligro su vida y su libertad.
Lo que está en juego es muy importante también para el mundo. En fechas recientes, el diario Joong-Ang, de Seúl, describió la isla como “la punta de lanza de la línea de defensa del país’’ –una línea imprudentemente localizada a 500 kilómetros de China–.
En estas aguas turbulentas, la base de Jeju albergaría hasta 20 barcos de guerra estadounidenses y surcoreanos, entre ellos submarinos, portaaviones y destructores, varios de los cuales estarían equipados con el sistema de defensa Aegis de misiles balísticos.
Para Estados Unidos, el propósito de la base es proyectar fuerza hacia China y proporcionar una instalación avanzada operacional en el caso de un conflicto militar. Lo último que necesita el mundo es que China y Estados Unidos lleguen al borde de un enfrentamiento.
La protesta que se lleva a cabo actualmente en Jeju cuenta como una lucha crítica contra una guerra potencialmente destructora en Asia y contra las estructuras institucionales fuertemente arraigadas que están presionando al mundo hacia cada vez más conflictos.
Como es de suponer, China ve la base como una amenaza a su seguridad nacional. En el mejor de los casos, es probable que la base genere un enfrentamiento y una carrera armamentística entre Corea del Sur y China, con Estados Unidos casi inevitablemente involucrado. En caso de no impedir este proyecto peligroso y destructivo, las consecuencias podrían extenderse más allá de Asia.
No necesitamos especular sobre cómo reaccionaría Washington si China decidiera establecer una base cerca de las costas estadounidenses.
La nueva base de Jeju está localizada en Gangjeong, una aldea agrícola y pesquera que renuentemente se ha convertido en el escenario de una épica batalla por la paz.
La resistencia es un movimiento popular que va bastante más allá del debate sobre la militarización de la isla. Los derechos humanos, el medio ambiente y la libertad de expresión también están en juego. Aunque pequeña y remota, Gangjeong es un campo de batalla importante para todos aquellos que creen en la justicia social del mundo entero.
Corea del Sur inició la construcción de la base en enero, pero las protestas hicieron suspender el trabajo en junio.
Un testigo particular informa de que el movimiento de resistencia de los aldeanos ha llevado a detenciones enfocadas contra los que filman, los blogueros, clérigos, activistas en sitios sociales de la red –y, muy especialmente, contra los líderes del movimiento–.
El mes pasado, la Policía antimotines dispersó un mitin no violento y arrestó a más de tres docenas de activistas, entre ellos al alcalde de Gangjeon, el líder de uno de los grupos de paz más eficaces en Corea, y a un cura católico.
Los ideales básicos democráticos también están siendo amenazados. En la votación de 2007 para autorizar la construcción de la base naval, 87 personas, algunas de las cuales fueron sobornadas, decidieron el destino de una aldea de 1.900 habitantes y una isla de más de medio millón de personas.
Se dijo a los isleños que la base militar serviría también como un centro turístico para cruceros –de hecho, que sería la única forma en la que tales cruceros podrían anclar cerca de la isla, rindiendo los consiguientes beneficios comerciales–. Esta aseveración es difícilmente creíble, porque al mismo tiempo, en una playa diferente, está en proceso un masivo proyecto de expansión que podría estar concluido para el verano de 2012. Ya se ha anunciado que este nuevo puerto recibirá a los barcos de los cruceros.
Los aldeanos de Gangjeon saben perfectamente bien lo que el futuro les depara si su llamada por la paz no es escuchada: una gran corriente de surcoreanos y personal militar extranjero, armas avanzadas y un mundo de sufrimiento llevado una isla pequeña que ya ha soportado demasiado. La ironía es que las semillas para un conflicto entre las superpotencias están siendo sembradas en una reserva ecológica y una isla de paz.
Este es el décimo aniversario de las horribles atrocidades del 11 de septiembre de 2001 que, en la opinión general, cambiaron el mundo.
No hay duda del efecto de los atentados. Para centrarnos en los tres países más afectados, digamos que Afganistán apenas sobrevive, Irak está devastado y Pakistán se acerca a un desastre que podría ser catastrófico. El 10 de mayo de 2011, el presunto cerebro de ese crimen, Osama bin Laden, fue asesinado en Pakistán. Las consecuencias más inmediatas y significativas también han ocurrido en Pakistán. Se ha hablado mucho del malestar de Washington por que Pakistán no le entregara a Bin Laden. Pero se ha hablado menos de la rabia de los paquistaníes por que EEUU invadiera su territorio para llevar a cabo un asesinato político. El fervor antiestadounidense ya se había intensificado en Pakistán y esos eventos lo atizaron aún más.
Uno de los principales especialistas en Pakistán, el historiador militar británico Anatol Lieven, escribió en la edición de febrero de The Nation Interest que la guerra en Afganistán estaba “desestabilizando y radicalizando Pakistán, lo que podría causar una catástrofe política para EEUU –y el mundo entero– que empequeñecería cualquier otra cosa que pudiera suceder en Afganistán”.
En todos los niveles de la sociedad, señala Lieven, los paquistaníes simpatizan de manera abrumadora con los talibanes afganos, no porque los quieran, sino porque “los talibanes son considerados una fuerza legítima de resistencia contra la ocupación extranjera del país”, tal como eran percibidos los muyahidines afganos que lucharon contra la ocupación soviética en los años ochenta.
Estos sentimientos son compartidos por la jerarquía militar de Pakistán, que resiente amargamente las presiones estadounidenses para que se sacrifique en nombre de la guerra de Washington contra los talibanes. Más amargura les producen los ataques terroristas (la guerra de aviones no tripulados) de EEUU dentro de Pakistán, cuya frecuencia ha aumentado con el presidente Barack Obama, y la exigencia de EEUU de que el Ejército paquistaní lleve la guerra de Washington hacia las zonas tribales de Pakistán, a las que siempre se había dejado en paz, incluso durante el dominio británico.
Las fuerzas armadas son una institución estable de Pakistán y mantienen unido al país. Las acciones de EEUU podrían “provocar el amotinamiento de algunos sectores de las fuerzas armadas”, advierte Lieven, en cuyo caso “el Estado paquistaní se derrumbaría efectivamente muy pronto, con todos los desastres que ello implicaría”.
Los posibles desastres se refuerzan drásticamente por su arsenal de armas nucleares, enorme y en rápida expansión, y por el sustancial movimiento yihadista que existe en el país.
Todo esto es legado del Gobierno de Ronald Reagan. Los funcionarios de esa época pretendieron que no sabían que Zia ul-Haq, el más despiadado de los dictadores militares de Pakistán pero favorito de Washington, estaba desarrollando armas nucleares y realizando un programa de islamización radical de Pakistán con financiación saudí.
La catástrofe que acecha en el fondo es que se combinen esas dos herencias y que los yihadistas le pongan la mano encima a los materiales de fisión. Así, podríamos ver armas nucleares, muy probablemente bombas sucias, explotando en Londres y Nueva York.
Lieven resume: “Soldados estadounidenses y británicos, en efecto, están muriendo en Afganistán a fin de que el mundo sea más peligroso para los pueblos británico y estadounidense”.
Con toda seguridad, Washington entiende que las operaciones que realiza en lo que se ha dado en llamar Afpak –Afganistán y Pakistán– podrían desestabilizar y radicalizar a Pakistán.
Los documentos de WikiLeaks más significativos que se han publicado hasta ahora son los cables de la embajadora estadounidense en Islamabad Anne Patterson, quien apoya las acciones de EEUU en Afpak, pero advierte que “podrían desestabilizar el Estado paquistaní, ganarse la antipatía tanto del Gobierno civil como de la jerarquía militar y provocar una amplia crisis de gobernabilidad”.
Patterson menciona la posibilidad de que “alguien que trabaje en instalaciones [del Gobierno paquistaní] introduzca subrepticiamente el material de fisión necesario para llegar a fabricar un arma”, peligro que se refuerza por “la vulnerabilidad de las armas en tránsito”.
Numerosos analistas han observado que Bin Laden se anotó algunos éxitos importantes en su guerra contra EEUU.
Como señala Eric S. Margolis en el número de mayo de The American Conservative, Bin Laden “aseveró repetidamente que la única forma de expulsar a EEUU del mundo musulmán y derrotar a sus sátrapas era atraer a los estadounidenses a una serie de guerras pequeñas pero costosas que, a fin de cuentas, los dejaran en la quiebra”.
Después de los ataques del 11 de septiembre se hizo evidente que Washington parecía inclinado a cumplir los deseos de Bin Laden.
En su libro de 2004 Imperial Hubris, Michael Scheuer –analista senior de la CIA que había rastreado a Osama bin Laden desde 1996– explica: “Bin Laden ha sido muy preciso al decirle a EEUU las razones por las que está librando esta guerra en su contra. Está empeñado en alterar radicalmente las políticas estadounidenses y occidentales hacia el mundo islámico”, y en gran medida logró su objetivo.
Continúa: “Las fuerzas armadas y las políticas de EEUU están llevando a cabo la radicalización del mundo islámico, algo que Osama bin Laden ha estado tratando de hacer con éxito sustancial, aunque incompleto, desde principios de los años noventa. En consecuencia, pienso que es justo concluir que los Estados Unidos de América sigue siendo el único aliado indispensable de Bin Laden”. Y podríamos decir que, aun después de su muerte, así siguen siendo las cosas.
La sucesión de horrores a través del decenio transcurrido nos lleva a esta pregunta: ¿había alternativa a la respuesta de Occidente ante los atentados del 11 de septiembre?
El movimiento yihadista, que en su mayoría criticaba a Bin Laden, pudo haberse dividido y socavado después del 11 de septiembre si el “crimen contra la humanidad”, como fueron llamados los ataques con toda justicia, hubiera sido tratado como un crimen, con una operación internacional para aprehender a los sospechosos. Esto se reconoció en su tiempo pero, con las prisas por ir a la guerra, nadie consideró semejante idea. Vale la pena agregar que en buena parte del mundo árabe se condenó a Bin Laden por su participación en los atentados.
En el momento de su muerte, Bin Laden ya era una presencia apagada desde hacía tiempo y, en los meses anteriores, fue eclipsado por la Primavera Árabe. Su papel en el mundo árabe fue captado por el titular de un artículo de Gilles Kepel, especialista en Medio Oriente, publicado en The New York Times: “Bin Laden ya estaba muerto”.
Ese titular hubiera podido publicarse mucho antes, si EEUU no hubiera atizado al movimiento yihadista con sus ataques de represalia en Afganistán e Irak.
Dentro del movimiento yihadista, Bin Laden sin duda era un símbolo venerado, pero al parecer no desempeñaba un papel muy importante para Al Qaeda, su “red de redes” como la llaman los analistas, que emprendía básicamente operaciones independientes.
Incluso los hechos más obvios y elementales sobre este decenio provocan reflexiones sombrías cuando consideramos los ataques del 11 de septiembre, sus consecuencias y lo que presagian para el futuro.
El pasado mayo, en una reunión a puerta cerrada en la que participaron gran parte de los líderes empresariales de Israel, Idan Ofer, magnate de un importante holding, advirtió: “Nos estamos convirtiendo rápidamente en Suráfrica. El duro golpe de las sanciones económicas se sentirá en cada familia de Israel”.
La principal preocupación de estos líderes empresariales era la sesión de septiembre de la Asamblea de la ONU, donde las autoridades palestinas planean exigir el reconocimiento del Estado palestino.
Dan Gillerman, exembajador israelí de la ONU, advirtió a los participantes de que “la mañana después del presumible anuncio del reconocimiento del Estado palestino, comenzará un doloroso y dramático proceso de sudafricanización” –refiriéndose a que Israel se convertiría en un Estado paria, sujeto a sanciones internacionales–.
En esa y en posteriores reuniones, los oligarcas exhortaron al Gobierno a que pusiera en marcha iniciativas basadas en las propuestas de la Liga Árabe Saudí y el acuerdo extraoficial de Ginebra de 2003, en el que negociadores de alto nivel de Israel y Palestina detallaron un acuerdo de dos estados, que fue bien recibido en la mayor parte del mundo, rechazado por Israel e ignorado por Washington.
En marzo, el ministro de Defensa israelí Ehud Barak advirtió de que las futuras acciones de la ONU provocarían un tsunami. El temor es que el mundo condene a Israel no sólo por violar las leyes internacionales, sino también por perpetrar actos criminales en un Estado reconocido por la ONU. Estados Unidos e Israel están realizando una intensa campaña diplomática para evitar el tsunami. Si fallan, es probable que se reconozca un Estado palestino.
Más de cien países ya reconocen a Palestina. Reino Unido, Francia y otras naciones europeas han elevado la categoría de la delegación general en Palestina a “misiones diplomáticas y embajadas, un estatus normalmente reservado sólo a estados”, tal y como ha observado Victor Katan en el American Journal of International Law.
Palestina ha sido asimismo admitida en organizaciones de la ONU, excepto en la UNESCO y la OMS, que han eludido el tema por miedo a que Estados Unidos deje de financiarlos. No es una amenaza sin sentido. En junio, el Senado de Estados Unidos aprobó una resolución que amenaza con suspender las ayudas a la Autoridad Palestina si persiste en su iniciativa en la ONU. Susan Rice, embajadora de Estados Unidos en la ONU, advirtió de que “no había una mayor amenaza” para la financiación de Estados Unidos a la ONU que “la posibilidad de que Palestina alcanzase la condición de Estado con el respaldo de los estados miembros”, según informó The Daily Telegraph. El nuevo embajador de Israel de la ONU, Ron Prosor, dijo a la prensa israelí que el reconocimiento de Palestina por parte de la ONU “conduciría a la violencia y a la guerra”.
Presuntamente, la ONU reconocería a Palestina dentro de las fronteras internacionalmente aceptadas, incluyendo Cisjordania y Gaza, y la devolución a Siria de los Altos del Golán que Israel se anexó en diciembre de 1981, violando un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU. En Cisjordania, los asentamientos y acciones para mantenerla son una clara violación del derecho internacional, tal y como han afirmado la Corte Internacional y el Consejo de Seguridad. En febrero de 2006, Estados Unidos e Israel impusieron el bloqueo a Gaza, después de que la “facción incorrecta” –Hamás– ganase las elecciones en Palestina, reconocidas como libres y justas. El bloqueo se volvió mucho más duro en junio de 2007 después del fracaso de un golpe militar instado por Estados Unidos para derrocar al Gobierno electo.
En junio de 2010, el bloqueo de Gaza fue condenado por el Comité Internacional de la Cruz Roja
–que rara vez difunde este tipo de informes–, alegando un “maltrato colectivo impuesto en clara violación” de las leyes humanitarias internacionales. La BBC informó de que el Comité Internacional de la Cruz Roja “describe un sombrío retrato de las condiciones en Gaza: hospitales con escasos materiales, apagones de luz que duran varias horas al día, consumo de agua no potable” y, por supuesto, la población recluida.
Este bloqueo delictivo se extiende debido a la política seguida por Estados Unidos e Israel desde 1991, que busca separar Gaza de Cisjordania para garantizar que un eventual Estado palestino fuese efectivamente contenido entre potencias hostiles –Israel y la dictadura jordana–. Los Acuerdos de Oslo, firmados por Israel y la Organización para la Liberación de Palestina en 1993, impiden la separación de Gaza de Cisjordania.
Otra amenaza para la política de Estados Unidos e Israel es la Flotilla de la Libertad, que busca desafiar el bloqueo de Gaza enviando mensajes y ayuda humanitaria. En mayo de 2010, la última tentativa de este tipo condujo a un ataque israelí en aguas internacionales –un grave delito de por sí– en el que nueve pasajeros fueron asesinados. Esta acción fue ampliamente condenada fuera de Estados Unidos. En Israel mucha gente está convencida de que los comandos fueron las víctimas inocentes, atacadas por los pasajeros, otro signo de la autodestructiva irracionalidad que recorre la sociedad.
Esta vez, Estados Unidos e Israel han intentado bloquear definitivamente la Flotilla. La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, autorizó prácticamente la violencia, declarando que “los israelíes tienen derecho a defenderse” si las flotillas “provocan acciones como la entrada en aguas israelíes”, esto es, las aguas territoriales de Gaza, como si Gaza perteneciera a Israel.
Grecia ha estado de acuerdo en impedir que los barcos partieran (es decir, los barcos que no fueron saboteados), aunque, a diferencia de Clinton, Grecia se refiere correctamente al “espacio marítimo de Gaza”. En enero de 2009, Grecia destacó por no aceptar el envío de armas estadounidenses desde puertos griegos a Israel durante el cruel ataque de Estados Unidos e Israel a Gaza. Pero con la actual coacción económica en la que se encuentra, es evidente que Grecia no puede arriesgarse a tan inusual acto de integridad.
Ante la pregunta de si la Flotilla era una “provocación”, Chris Gunnes, el portavoz de la Agencia de la ONU para los refugiados de Palestina, la mayor agencia de ayuda a Gaza, describió la situación como desesperada: “Si no hubiera crisis humanitaria, si no hubiera crisis en la práctica totalidad de los aspecto de la vida en Gaza, no sería necesaria la Flotilla (el 95% del agua de Gaza no es potable; el 40% de todas las enfermedades surgen por el agua; el 45,2% de la población activa se encuentra sin empleo; el 80% de la población depende de ayudas; se ha triplicado la población en situación de miseria desde que se inició el bloqueo). Deshagámonos del bloqueo y no se necesitará ninguna flotilla”.
Iniciativas diplomáticas como la estrategia del Estado palestino y, en general, las acciones no violentas amenazan a aquellos que mantienen un monopolio efectivo de la violencia. Estados Unidos e Israel están intentando mantener posiciones indefendibles: la ocupación y su subversión de un consenso antiguo, aplastante, respecto a un arreglo diplomático.
El ataque de Estados Unidos contra el complejo de Osama Bin Laden el 1 de mayo violó múltiples normas elementales del derecho internacional, empezando por la invasión de territorio paquistaní.
Al parecer no hubo intento alguno de aprehender a la víctima desarmada, como pudieron hacer los 79 soldados que no encontraron prácticamente oposición en el ataque.
El presidente Obama anunció que “se ha hecho justicia”. Muchos no estuvieron de acuerdo. Ni siquiera aliados cercanos a Estados Unidos.
El abogado británico Geoffrey Robertson, que en términos generales aprobó la operación, consideró que la aseveración de Obama era “absurda”, algo que debería ser obvio para quien fue profesor de Derecho Constitucional.
Las leyes paquistaníes y el derecho internacional exigen una investigación “cuando ocurra una muerte violenta como consecuencia de acción gubernamental o policial”, señala Robertson. Obama impidió que eso ocurriera al autorizar una “apresurada ‘sepultura en el mar’ sin un examen post mórtem, como exige la ley”.
“No siempre ha sido así”, nos recuerda Robertson. “Cuando llegó el momento de decidir sobre la suerte de hombres mucho más malvados que Osama Bin Laden –o sea, los líderes nazis– el Gobierno británico quiso que fueran ahorcados seis horas después de su captura”. El presidente Truman se mostró renuente, de acuerdo con el dictamen del juez Robert Jackson (fiscal jefe en el juicio de Nuremberg) que establecía que una ejecución sumaria “no sería aceptada por la conciencia estadounidense ni podría ser recordada con orgullo por nuestros hijos”. Dicho dictamen agregaba: “El único camino es determinar la inocencia o culpa de los acusados después de una audiencia tan desapasionada como lo permitan los tiempos y con base en un registro que deje en claro nuestras razones y motivos”.
Otra perspectiva sobre el ataque la han expuesto en The Atlantic el veterano corresponsal militar y de Oriente Medio Yochi Dreazen y sus colegas. Citando a un “alto funcionario militar de Estados Unidos”, llegan a la conclusión de que la muerte de Bin Laden fue un asesinato planeado. “Para muchos miembros del Pentágono y de la Agencia Central de Inteligencia, que habían pasado casi una década a la caza de Bin Laden, matarlo era un acto de venganza necesario y justificado”, escriben. Además, “capturar vivo a Bin Laden también habría comportado una amplia gama de molestos retos políticos y legales a la Administración”. Citan al excanciller de Alemania Occidental Helmut Schmidt, para quien “el ataque de Estados Unidos fue claramente una violación del derecho internacional” y Bin Laden “debió haber sido detenido y sometido a juicio”.
Los autores contrastan las declaraciones de Schmidt con las del fiscal general de EEUU, Eric Holder, que “defendió la decisión de matar a Bin Laden aunque no planteaba una amenaza inmediata para los SEAL de la Armada”. Observan, adicionalmente, que el asesinato es “la ilustración más clara hasta la fecha” de una diferencia crucial entre las políticas antiterroristas de Bush y Obama. Bush capturaba a los sospechosos y los enviaba a Guantánamo y otros campos, con consecuencias ahora bien conocidas. La política de Obama es matar a los sospechosos (junto con el “daño colateral” de la operación).
Las raíces del asesinato por venganza son profundas. En los días inmediatamente posteriores al 11-S, el deseo estadounidense de venganza desplazó cualquier preocupación por la ley o la seguridad.
En su libro The Far Enemy (El enemigo lejano), Fawaz Gerges, destacado académico especializado en el movimiento yihadista, señaló que “la respuesta dominante de los yihadistas al 11-S es un rechazo explícito de Al Qaeda y una oposición total a la internacionalización de la yihad.Al Qaeda unió todas las fuerzas sociales (en el mundo árabe) contra la yihad global”.
El influyente clérigo libanés jeque Mohammed Hussein Fadlallah condenó severamente las atrocidades cometidas por Al Qaeda el 11-S por principios. “No debemos castigar a individuos que no tienen relación con la Administración estadounidense o incluso a aquellos que tienen un papel indirecto”, dijo.
Fadlallah fue el blanco de una operación organizada por la CIA en 1985, cuando un enorme camión-bomba fue colocado en el exterior de una mezquita. El clérigo escapó con vida, pero 80 personas murieron, en su mayor parte niñas y mujeres que salían de la mezquita en el momento del ataque. Este es uno de esos innumerables crímenes que no se registran en los anales del terror.
Acciones posteriores de EEUU, particularmente la invasión de Irak, dieron nueva vida a Al Qaeda.
¿Cuáles son las consecuencias probables del asesinato de Bin Laden? Para el mundo árabe, probablemente significará muy poco. Desde hace tiempo, su presencia se estaba desvaneciendo, y en los últimos meses pasados se había visto eclipsado por la primavera árabe.
Una percepción más o menos general del mundo árabe se vio reflejada en el titular de un diario libanés: “La ejecución de Bin Laden, un
arreglo de cuentas entre asesinos”.
Las consecuencias más inmediatas y significativas se producirán probablemente en Pakistán. Mucho se ha hablado acerca de la cólera de
Washington porque Pakistán no entregó a Bin Laden. Menos se dice acerca de la furia en Pakistán ante el hecho de que Estados Unidos haya invadido su territorio para llevar a cabo un asesinato político.
Pakistán es el país más peligroso del mundo, con el arsenal nuclear de más rápido crecimiento. El asesinato por venganza en tierra paquistaní sólo ha alimentado el fervor antiestadounidense que había estado creciendo desde antes.
En su nuevo libro, Pakistan: A Hard Country, Anatol Lieven escribe que “si los estadounidenses alguna vez ponen a los soldados paquistaníes en una posición en la que sientan que el honor y el patriotismo les pide que combatan contra Estados Unidos, muchos se sentirán contentos de hacerlo”. Y si Pakistán se desplomara, “una consecuencia inevitable sería el flujo de numerosos exsoldados altamente adiestrados, entre ellos expertos en explosivos e ingenieros, hacia los grupos extremistas”.
La amenaza más inmediata es que materiales fisionables puedan caer en manos yihadistas, una posibilidad horrenda.
Los militares paquistaníes ya han sido presionados hasta el extremo por los ataques estadounidenses contra la soberanía paquistaní. Los ataques de aviones no tripulados que Obama incrementó inmediatamente después de la muerte de Bin Laden han arrojado más sal en las heridas.
Pero hay mucho más, incluyendo la demanda de que los militares paquistaníes cooperen en la guerra de Estados Unidos contra los talibanes afganos. Una abrumadora mayoría de los paquistaníes los ven como una fuerza que libra una guerra justa de resistencia contra un ejército invasor, dice Lieven.
La muerte de Bin Laden pudo haber sido la chispa que hiciera estallar una conflagración, con desastrosas consecuencias, particularmente si la fuerza invasora se hubiera visto obligada a combatir en su salida del país.
Quizá el asesinato fue percibido como un “acto de venganza”, como señala Robertson. Cualquiera que fuera el motivo, este no pudo haber sido la seguridad.
El mes pasado llegó a su fin el juicio al expresidente liberiano Charles Taylor en el tribunal internacional sobre los crímenes de la guerra civil en Sierra Leona.
El fiscal general, el profesor de Derecho estadounidense David Crane, informó a The Times de Londres que el caso estaba incompleto: los fiscales pretendían encausar a Muamar Gadafi, quien, dijo Crane, “era el responsable final de la mutilación o el asesinato de 1,2 millones de personas”.
Pero ese encausamiento no se produjo. Estados Unidos, Reino Unido y otros intervinieron para bloquearlo. Al preguntarle por qué, Crane dijo: “Bienvenido al mundo del petróleo”.
Otra víctima reciente de Gadafi fue sir Howard Davies, el director de la London School of Economics, quien renunció después de que salieran a la luz pública los lazos de la escuela con el dictador libio.
En Cambridge, Massachusetts, el Monitor Group, una firma de consultoría fundada por profesores de Harvard, fue bien remunerada por servicios tales como publicar un libro para llevar las palabras inmortales de Gadafi al público “en conversación con famosos expertos internacionales”, junto con otros esfuerzos “para mejorar la apreciación internacional de Libia (la de Gadafi)”.
El mundo del petróleo rara vez está lejos en el telón de fondo en asuntos que conciernen a esta región.
Por ejemplo, cuando las dimensiones de la derrota estadounidense en Irak ya no podían ocultarse, la retórica fue desplazada por el anuncio sincero de objetivos políticos. En noviembre de 2007, la Casa Blanca emitió una Declaración de Principios que insistía en que Irak debe conceder acceso y privilegio indefinidos a los invasores estadounidenses.
Dos meses después, el presidente George W. Bush informó al Congreso de que rechazaría la legislación que limitaba el emplazamiento permanente de las fuerzas armadas estadounidenses en Irak o “el control de Estados Unidos de los recursos petroleros de Irak”; demandas que tendría que abandonar poco después ante la resistencia iraquí.
Los levantamientos en el mundo árabe ofrecen una guía útil sobre el comportamiento de Occidente con los países que tienen petróleo. Al dictador rico en carburante que es un cliente fiable se le da rienda suelta. Hubo poca reacción cuando Arabia Saudí declaró el 5 de marzo: “Las leyes y las regulaciones del reino prohíben todo tipo de manifestaciones, marchas y concentraciones, así como su convocatoria, ya que van contra los principios de la Sharia y las costumbres y tradiciones saudís”. El reino movilizó a las fuerzas de seguridad, que aplicaron rigurosamente la prohibición.
En Kuwait, fueron sofocadas pequeñas manifestaciones. El puño de hierro golpeó en Bahrein después de que fuerzas militares encabezadas por Arabia Saudí intervinieran para garantizar que la monarquía suní minoritaria no se viera amenazada por las llamadas a las reformas democráticas.
Bahrein es sensible no sólo porque alberga a la Quinta Flota de Estados Unidos, sino también porque colinda con áreas chiíes de Arabia Saudí, donde está la mayor parte del petróleo del reino. Resulta que los recursos energéticos primarios del mundo se localizan cerca del norte del Golfo Pérsico (o Golfo Arábigo, como a menudo lo llaman los árabes), en gran medida chií, una potencial pesadilla para los planificadores occidentales.
En Egipto y Túnez, el levantamiento popular ha conseguido victorias impresionantes, pero, como informó la Fundación Carnegie, los regímenes permanecen y “al parecer están decididos a frenar el ímpetu prodemocrático generado hasta ahora. Un cambio en las élites gobernantes y el sistema de gobierno sigue siendo un objetivo distante”.
Libia es un caso diferente, un Estado rico en petróleo dirigido por un dictador brutal, que es poco fiable: un cliente digno de confianza sería mucho más preferible. Cuando estallaron las protestas no violentas, Gadafi actuó rápidamente para aplastarlas.
El 22 de marzo, mientras las fuerzas de Gadafi convergían en la capital rebelde de Bengasi, el principal asesor sobre Oriente Próximo del presidente Barack Obama, Dennis Ross, advirtió de que si había una masacre, “todos nos culparían a nosotros por ello”, una consecuencia inaceptable.
Y Occidente, ciertamente, no quería que Gadafi aumentara su poder e independencia sofocando la rebelión. Estados Unidos apoyó a la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU para crear una “zona de exclusión aérea”, que sería puesta en práctica por Francia, Reino Unido y Estados Unidos.
La intervención evitó una probable masacre pero fue interpretada por la coalición como la autorización para el apoyo directo a los rebeldes. Se impuso un alto el fuego a las fuerzas de Gadafi, pero se ayudó a los rebeldes a avanzar hacia el Oeste. En poco tiempo conquistaron las principales fuentes de producción petrolera de Libia, al menos temporalmente.
El 28 de marzo, el periódico en árabe con sede en Londres Al-Quds Al-Arabi advirtió de que la intervención dividiría Libia en dos estados: “Un Este rico en petróleo y en manos de los rebeldes y un Oeste encabezado por Gadafi y sumido en la pobreza. Dado que los pozos de petróleo han sido asegurados, podríamos encontrarnos ante un nuevo emirato petrolero libio, escasamente habitado, protegido por Occidente y muy similar a los emiratos del Golfo”. La alternativas es que la rebelión respaldada por Occidente siga adelante hasta eliminar al irritante dictador.
Se arguye comúnmente que el petróleo no puede ser un motivo para la intervención porque Occidente tiene acceso al combustible bajo el régimen de Gadafi, lo cual es cierto pero irrelevante. Lo mismo pudiera decirse sobre Irak bajo el régimen de Sadam Hussein, o sobre Irán y Cuba.
Lo que Occidente busca es lo que Bush anunció: el control o, al menos, clientes dignos de confianza y, en el caso de Libia, el acceso a enormes áreas inexploradas que se espera sean ricas en petróleo. Documentos internos británicos y estadounidenses insisten en que el “virus del nacionalismo” es el mayor temor, ya que podría engendrar desobediencia.
La intervención está siendo realizada por las tres potencias imperiales tradicionales (aunque podríamos recordar –los libios presumiblemente lo hacen– que, después de la Primera Guerra Mundial, Italia llevó a cabo un genocidio en el este de Libia).
Las potencias occidentales están actuando en virtual aislamiento. Los estados en la región –Turquía y Egipto– no quieren participar, tampoco África. Los dictadores del Golfo se sentirían felices de ver partir a Gadafi; pero, incluso atiborrados de las armas avanzadas que se les entrega para reciclar los petrodólares y asegurar la obediencia, apenas ofrecen más que una participación simbólica. Otros países mantienen una posición similar: India, Brasil e incluso Alemania.
La Primavera Árabe tiene raíces profundas. La región ha estado en ebullición durante años. La primera de la ola actual de protestas empezó el año pasado en el Sáhara Occidental, la última colonia africana, invadida por Marruecos en 1975 y retenida ilegalmente desde entonces, de manera similar a Timor Oriental y a los territorios ocupados por Israel.
El pasado noviembre, una protesta no violenta fue sofocada por fuerzas marroquíes. Francia intervino para bloquear una investigación del Consejo de Seguridad sobre los crímenes de su protegido.
Luego se encendió una llama en Túnez que desde entonces se ha extendido para convertirse en una conflagración.
El 20 de febrero, Kamal Abbas, líder sindical egipcio y figura prominente del Movimiento 25 de Enero, envió un mensaje a los “trabajadores de Wisconsin”: “Estamos con ustedes, así como ustedes estuvieron con nosotros”.
Los trabajadores egipcios han luchado mucho tiempo por los derechos fundamentales que les denegaba el régimen de Hosni Mubarak respaldado por EEUU. Kamal tiene razón en invocar la solidaridad, que ha sido durante mucho tiempo la fuerza orientadora del movimiento de los trabajadores en el mundo, y en equiparar sus luchas por los derechos laborales y por la democracia.
Las dos están estrechamente interrelacionadas. Los movimientos de trabajadores han estado en la vanguardia de la protección de la democracia y los derechos humanos y en la expansión de sus dominios, razón elemental que explica por qué son venenosos para los sistemas de poder, sean públicos o privados.
Las trayectorias de los movimientos en Egipto y EEUU están tomando direcciones opuestas: hacia la conquista de derechos, en Egipto, y hacia la defensa de derechos existentes, pero sometidos a duros ataques, en EEUU.
Los dos casos merecen una mirada más cercana.
La sublevación del 25 de enero fue encendida por los jóvenes usuarios de Facebook del Movimiento 6 de Abril, que se levantaron en Egipto en la primavera de 2008 en “solidaridad con los trabajadores textiles en huelga en Mahalla”, según señala el analista laboral Nada Matta. El Estado reventó la huelga y las acciones de solidaridad, pero Mahalla quedó como “un símbolo de revuelta y desafío al régimen”, añade Matta. La huelga se volvió particularmente amenazante para la dictadura cuando las demandas de los trabajadores se extendieron más allá de sus preocupaciones locales y reclamaron un salario mínimo para todos los egipcios.
Las observaciones de Matta son confirmadas por Joel Beinin, una autoridad estadounidense en materia laboral egipcia. Durante muchos años de lucha, informa Beinin, los trabajadores han establecido nexos y se pueden movilizar con presteza.
Cuando los trabajadores se sumaron al Movimiento 25 de Enero, el impacto fue decisivo y el comando militar se deshizo de Mubarak. Fue una gran victoria para el movimiento por la democracia egipcia, aunque permanecen muchas barreras, internas y externas.
Las barreras internas son claras. EEUU y sus aliados no pueden tolerar fácilmente democracias que funcionen en el mundo árabe.
Las encuestas de opinión pública en Egipto y a lo largo y ancho de Oriente Próximo son elocuentes: por aplastantes mayorías, la gente considera a EEUU e Israel, y no a Irán, las mayores amenazas. Más aún, la mayoría piensa que la región estaría mejor si Irán tuviese armas nucleares.
Podemos anticipar que Washington mantendrá su política tradicional, bien confirmada por los expertos: la democracia es tolerable sólo si se ajusta a objetivos estratégico-económicos. La fábula del “anhelo por la democracia” de EEUU está reservada para ideólogos y propaganda.
La democracia en EEUU ha tomado una dirección diferente. Después de la II Guerra Mundial, el país disfrutó de un crecimiento sin precedentes, ampliamente igualitario y acompañado de una legislación que beneficiaba a la mayoría de la gente. La tendencia continuó durante los años de Richard Nixon, hasta que llegó la era liberal.
La reacción contra el impacto democratizador del activismo de los sesenta y la traición de clase de Nixon no tardó en llegar mediante un gran incremento en las prácticas lobistas para diseñar las leyes, el establecimiento de think-tanks de derechas para capturar el espectro ideológico, y otros muchos medios.
La economía también cambió de curso hacia la financiarización y la exportación de la producción. La de-
sigualdad se disparó, primordialmente por la creciente riqueza del 1% de la población, o incluso una fracción menor, limitada fundamentalmente a presidentes de corporaciones, gestores de fondos de alto riesgo, etc.
Para la mayoría, los ingresos reales se estancaron. Volvieron los horarios laborales más amplios, la deuda, la inflación. Vino entonces la burbuja inmobiliaria de ocho billones de dólares, que la Reserva Federal y casi todos los economistas, embebidos en los dogmas de los mercados eficientes, no lograron prever. Cuando la burbuja estalló, la economía se colapsó a niveles cercanos a los de la Depresión para los trabajadores de la industria y muchos otros.
La concentración del ingreso confiere poder político, que a su vez deriva en leyes que refuerzan más aún el privilegio de los superricos: políticas tributarias, normas de gobernanza corporativa y mucho más. Junto a este círculo vicioso, los costes de campañas electorales han aumentado drásticamente, llevando a los dos partidos mayoritarios a nutrirse en el sector de las corporaciones: los republicanos de manera natural y los demócratas (ahora muy equivalentes a los republicanos moderados de años anteriores) siguiéndoles no muy atrás.
En 1978, mientras este proceso se desarrollaba, el entonces presidente de los Trabajadores Autónomos Unidos, Doug Fraser, condenó a los líderes empresariales por haber “elegido sumarse a una guerra unilateral de clases en este país: una guerra contra el pueblo trabajador, los pobres, las minorías, los muy jóvenes y muy viejos, e incluso muchos de la clase media de nuestra sociedad”, y haber “roto y deshecho el frágil pacto no escrito que existió previamente durante un periodo de crecimiento y progreso”.
Cuando los trabajadores ganaron derechos básicos en los años treinta, dirigentes empresariales advirtieron sobre “el peligro que afrontaban los industriales por el creciente poder político de las masas”, y reclamaron medidas urgentes para conjurar la amenaza, de acuerdo con el académico Alex Carey en Taking the risk out of democracy. Esos hombres de negocios entendían, al igual que lo hizo Mubarak, que los sindicatos constituyen una fuerza directriz en el avance de los derechos y la democracia. En EEUU, los sindicatos son el contrapoder primario a la tiranía corporativa.
De momento, los sindicatos del sector privado de EEUU han sido severamente debilitados. Los sindicatos del sector público se encuentran últimamente sometidos a un ataque implacable desde la oposición de derechas, que explota cínicamente la crisis económica causada básicamente por la industria financiera y sus aliados en el Gobierno.
La ira popular debe ser desviada de los agentes de la crisis financiera, que se están beneficiando de ella; por ejemplo, Goldman Sachs, que está “en vías de pagar 17.500 millones de dólares en compensación por el ejercicio pasado”, según informa la prensa económica. El presidente de la compañía, Lloyd Blankfein, recibirá un bonus de 12,6 millones de dólares mientras su sueldo se triplica hasta los dos millones.
En su lugar, la propaganda debe demonizar a los profesores y otros empleados públicos por sus grandes salarios y exorbitantes pensiones, todo ello un montaje que sigue un modelo que ya resulta demasiado familiar. Para el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, para la mayoría de los republicanos y muchos demócratas, el eslogan es que la austeridad debe ser compartida (con algunas excepciones notables).
La propaganda ha sido bastante eficaz. Walker puede contar con al menos una amplia minoría para apoyar su enorme esfuerzo para destruir los sindicatos. La invocación del déficit como excusa es pura farsa.
En sentidos diferentes, el destino de la democracia está en juego en Madison, Wisconsin, no menos de lo que está en la plaza Tahrir.
El mundo árabe está en llamas”, informó Al Jazeera el 27 de enero, mientras en toda la región los aliados occidentales “están perdiendo rápidamente su influencia”. La oleada de sacudidas se puso en marcha a partir del espectacular levantamiento en Túnez –que expulsó a un dictador apoyado por Occidente–, con repercusión especialmente en Egipto, donde los manifestantes superaron a la brutal Policía del dictador. Los observadores comparan estos acontecimientos con la caída de los dominios rusos en 1989, pero hay importantes diferencias.
Una crucial es que no existe ningún Mijaíl Gorbachov entre los representantes de las grandes potencias que apoye a los dictadores árabes. Más bien, Washington y sus aliados mantienen el bien establecido principio de que la democracia es aceptable sólo en la medida en que responde a objetivos económicos y estratégicos: aplicarla en territorio enemigo (hasta cierto punto), pero no en nuestro patio trasero, por favor, a menos que esté ampliamente domesticado. Sin embargo, la comparación con 1989 tiene alguna validez: Rumanía, donde Washington mantuvo su apoyo a Nicolae Ceaucescu, el más terrible de los dictadores de Europa del Este, hasta que esa alianza se volvió insostenible.Después, Washington aplaudió su derrocamiento y el pasado fue borrado.
Se trata de un patrón estándar: Ferdinand Marcos, Jean Claude-Duvalier, Chun Doo Hwan, Suharto y muchos otros útiles gangsters. Puede que este sea el mismo camino de Hosni Mubarak, junto con los rutinarios esfuerzos de intentar asegurar que el régimen sucesor no se desvíe muy lejos del camino aprobado. Las esperanzas actuales parecen estar puestas en el general Omar Suleimán, recién nombrado vicepresidente de Egipto y leal a Mubarak. Suleimán, durante largo tiempo jefe de los servicios de inteligencia, es despreciado por la rebelión popular casi tanto como el propio dictador.
Un dicho común entre los expertos es que el miedo al Islam radical necesita de la (reticente) oposición a la democracia desde un punto de vista pragmático. La formulación es errónea. La amenaza general ha sido siempre la independencia. En el mundo árabe, EEUU y sus aliados han apoyado regularmente a islamistas, en ocasiones para prevenir la amenaza del nacionalismo laico.
Un ejemplo muy familiar es Arabia Saudí, el centro ideológico del Islam radical (y del terrorismo islamista). Otro de una larga lista es Zia ul-Haq, el dictador más brutal de Pakistán y el favorito del presidente Reagan, quien llevó a cabo un programa de islamización radical (con fondos saudíes).
“El tradicional argumento presentado dentro y fuera del mundo árabe es que no hay nada equivocado, todo está bajo control”, dice Marwan Muasher, antiguo diplomático jordano y ahora director de investigación sobre Oriente Medio del Carnegie Endowment. “Con esta línea de pensamiento, las fuerzas atrincheradas argumentan que los oponentes y todos los que claman por las reformas exageran las condiciones en la práctica”.
Por tanto, la opinión pública puede ser rechazada. Esta es una doctrina de origen antiguo y que se generaliza a lo largo de todo el mundo, incluido el territorio norteamericano. En caso de disturbios, puede que se necesiten cambios tácticos, pero siempre con una
mirada puesta en mantener el control.
El vibrante movimiento democrático en Túnez estaba dirigido contra “un Estado policial, con poca libertad de expresión o asociación y serios problemas con los derechos humanos”, dirigido por un dictador cuya familia era odiada por la corrupción. Esta fue la afirmación del embajador norteamericano Robert Godec en julio de 2009 en el cable publicado por Wikileaks.
Por lo tanto, para algunos expertos, “los documentos de Wikileaks podrían crear un reconfortante sentimiento entre el público norteamericano de que los diplomáticos no están dormidos en los laureles” y que los cables apoyan hasta tal punto la política de EEUU que es casi como si Obama estuviera filtrándose a sí mismo, como Jacob Heilbrunn escribe en The National Interest. “EEUU debería darle a Assange una medalla”, dijo el titular del Financial Times. El responsable de analistas de política exterior, Gideon Rachman, escribe que “la política exterior norteamericana aparece retratada como una política con principios, inteligente y pragmática… La posición pública mantenida por EEUU en cualquier tema es habitualmente también la posición privada”. Desde este punto de vista, Wikileaks socava las “teorías conspirativas” que cuestionan los nobles motivos que Washington proclama regularmente.
El cable de Godec apoya ese argumento, al menos si no vamos más allá. Si lo hacemos, como el analista en política exterior Stephen Zunes informa en Foreign Policy in Focus, encontraremos que, con la información de Godec en la mano, Washington suministra 12 millones de dólares de ayuda militar a Túnez. Como suele ocurrir, Túnez fue sólo uno de los cinco beneficiarios extranjeros: Israel (de manera rutinaria); dos dictaduras de Oriente Medio, Egipto y Jordania; y Colombia, que ha tenido por largo tiempo el peor récord en derechos humanos y la mayor ayuda militar de EEUU en el continente.
La afirmación principal de Heilbrunn es que los árabes apoyan las políticas de EEUU dirigidas a Irán, que fueron reveladas por los cables de Wikileaks. Rachman también se hace con este ejemplo, como los medios en general, aclamando estas alentadoras revelaciones. Las reacciones ilustran el profundo desprecio por la democracia de ciertas personas formadas. No se menciona lo que piensa la población y que es muy fácil de descubrir. De acuerdo con las encuestas publicadas por el Brookings Institution en agosto, algunos árabes están de acuerdo con los comentaristas occidentales de Washington en que Irán es la amenaza: el 10%. Por el contrario, los que consideran a EEUU y a Israel como la mayor amenaza va del 77% al 88%. La opinión de los árabes es tan hostil a las políticas de Washington que una mayoría (el 57%) piensa que la seguridad regional mejoraría si Irán tuviera armas nucleares. Por tanto, “no hay nada equivocado, todo está bajo control”, tal como Marwan Muasher describe la fantasía predominante. Los dictadores nos apoyan. Sus súbditos pueden ser ignorados, a menos que rompan sus cadenas y la política deba ser ajustada.
Otra filtración también parece prestar apoyo a los entusiastas juicios sobre la nobleza de Washington. En julio de 2009, Hugo Llorens, embajador de EEUU en Honduras, informó a Washington de una investigación de la Embajada acerca de “asuntos legales y constitucionales alrededor del derrocamiento por la fuerza del presidente Manuel Zelaya”.
La Embajada concluyó que “no hay duda de que el Ejército, la Corte Suprema y el Congreso Nacional conspiraron el 28 de junio en lo que constituyó un golpe de Estado ilegal e inconstitucional contra el Ejecutivo”. Muy admirable, excepto que el presidente Obama procedió a romper con casi todos los latinoamericanos y europeos al apoyar al régimen golpista y sobreseer las consecuentes atrocidades.
Quizás la revelación más destacada de Wikileaks es una relacionada con Pakistán, reseñada por el analista de política exterior Fred Branfman en Truthdig. Los cables revelan que la Embajada de EEUU también es consciente de que la guerra en Afganistán y Pakistán no sólo intensifica el creciente antiamericanismo, sino también “los riesgos de desestabilizar el Estado paquistaní” e incluso elevar la amenaza de la máxima pesadilla: que las armas nucleares puedan caer en manos de terroristas islámicos. De nuevo, las revelaciones “deberían crear un sentimiento reconfortante… de que los diplomáticos no están durmiéndose en los laureles” (en palabra de Heilbrunn), mientras Washington camina incondicionalmente hacia el desastre.
