El soberanismo catalán ante las medidas “jurídicas y coercitivas” del gobierno central

Marià de Delàs. Periodista

@mdelasm

El debate entre soberanistas sobre cuándo y cómo podrá la ciudadanía de Catalunya expresarse en referéndum sobre el futuro de las relaciones con España hace mucho tiempo que se encuentra en el mismo punto. No aporta nada nuevo. Es una discusión que no termina nunca, reiterativa, sin nuevos argumentos, entre quien asegura que la convocatoria se realizará en cualquier caso, incluso de manera unilateral si fuera necesario, y los partidarios de que el referéndum se lleve a cabo, aunque afirman que no se puede convocar sin un acuerdo previo con el Estado, porque les cuesta imaginar que la consulta se pueda realizar con garantías de otra manera.

El caso es que ni unos ni otros responden a las dudas que se plantean sobre la forma en que Catalunya puede ver efectivamente reconocido su derecho a la autodeterminación como nación y que todo el mundo así lo entienda. Las descalificaciones mutuas a menudo caen en el absurdo, porque todos hablan como si realmente tuvieran la llave maestra para desbloquear la situación.

Los independentistas acusan a los defensores de la consulta pactada de negar en la práctica  la posibilidad de que el referéndum se realice, porque según dicen, resulta más que evidente que la mayor parte de representantes políticos españoles no quieren ni oír hablar del posible reconocimiento del pueblo de Catalunya como sujeto político soberano.

Y políticos bien conocidos, que se proclaman abiertamente soberanistas, afirman que los independentistas engañan, porque saben que no hay convocatoria posible a las urnas contra la voluntad del Estado.

Unos y otros se acusan de ilusos en el mejor de los casos, cuando no de mentirosos, sin reconocer que las dos alternativas, referéndum unilateral o consulta acordada con el Estado, presentan dificultades enormes.

Ilusos o pragmáticos lo son en todo caso al mismo nivel. Cuando se descalifican en términos tan contundentes no hacen más que contribuir al desprestigio de la política, porque dan la impresión de que lo que intentan no es tanto que se avance por algún camino como debilitar al adversario, con el que compiten y competirán en diferentes escenarios.

El 23 de diciembre pasado, sin embargo, el conjunto del soberanismo político dio una cierta imagen de unidad, cuando se comprometió en sede parlamentaria a defender el derecho a decidir de Catalunya. Aprobaron el Pacto Nacional por el Referéndum, pero conjuntamente no concretaron mecanismos ni plazos ni iniciativas, ni siquiera ofrecieron indicios que permitan saber cómo, cuándo y de qué manera piensan que se puede pasar efectivamente de las palabras a los hechos. El Pacto se reunió de nuevo el 1 de febrero y ratificó la aspiración a que el referéndum sea acordado. Su portavoz, Joan Ignasi Elena, aseguró tajantemente que “se puede celebrar, es legal y es posible“, pero ese mismo día el gobierno de Mariano Rajoy daba a conocer que tenía un plan “con todas las actuaciones posibles para evitar que el referéndum se celebre”.

Palabras y textos formales en defensa del derecho a la autodeterminación, en el Parlamento, se han pronunciado, aprobado y escrito en muchas ocasiones. Resoluciones, tomas de posición, declaraciones de soberanía, … Papel mojado, igual que lo puede ser el manifiesto del Pacto Nacional por el Referéndum si las entidades y partidos que lo suscriben no muestran auténtica disposición a trabajar conjuntamente y a moverse de manera más enérgica y constante, para hacer entender al gobierno central que no puede ignorar indefinidamente la parte mayoritaria de la sociedad catalana que defiende un derecho democrático, y que las amenazas de suspensión de la autonomía y la utilización política de la fiscalía no harán más que empeorar la innegable crisis territorial.

Cualquier observador imparcial sabe que el lunes 6 de febrero asistiremos a una de las expresiones más groseras de la judicialización de la vida política. El gobierno del PP, que no pudo impedir que 2’3 millones de personas respondieran a la convocatoria del 9-N, quiere escenificar una medida represiva contra todo aquel que participó en aquel ‘proceso participativo’ y lo quiere hacer en forma de castigo ejemplar contra quién entonces era presidente de la Generalitat y contra dos consejeras, que se hicieron responsables de haber puesto las urnas. De eso se les acusa. De poner urnas.

En la misma línea, todo el mundo deberá tener presente que la eventual inhabilitación de la actual presidenta del Parlament puede tener consecuencias muy graves. En este caso, hay que recordarlo, se le acusa de no haber impedido un debate parlamentario.

Y ningún dirigente ni responsable político puede hacer como que no ve cuando bajo el paraguas de la lucha contra la corrupción se organizan operaciones policiales encaminadas no tanto a la más que necesaria depuración de responsabilidades por la desviación de dinero público hacia determinadas bolsillos o cajas de partidos, como al descrédito y al debilitamiento del soberanismo.

Anteriores operaciones y, sobre todo, las conversaciones entre el ex-ministro de Interior Jorge Fernández Díaz y quien fue jefe de la Oficina Antifraude, Javier de Alfonso, sobre las que informó Público, dejan poco lugar a dudas sobre la manera de “afinar” la fiscalía, tolerada o aprobada por el gobierno del PP, y sobre los motivos reales de sus “investigaciones”.

¿Nadie se pregunta por qué la comisión de investigación parlamentaria sobre este caso no se pone en marcha en el Congreso de los Diputados? Fue aprobada hace ya más de 4 meses por una mayoría de 206 votos. Sólo el PP se opuso. Hay que recordar que esta comisión debía interesarse por la posible existencia de una unidad de ‘policía política’ para perseguir a soberanistas y adversarios políticos. Se trata de un asunto muy grave, porque este tipo de policías sólo son propias de sistemas no democráticos.

Si el Pacto Nacional por el Referéndum quiere “explicarse y buscar adhesiones”, tal como dijo Joan Ignasi Elena, necesitará poner de acuerdo a los partidos y entidades que lo suscriben, para manifestar, dentro y fuera de Catalunya, que están dispuestos a neutralizar en la práctica las medidas “jurídicas y coercitivas” que aplica y aplicará el gobierno de Mariano Rajoy.

Si los independentistas quieren realmente que haya consulta será preciso que pongan algo más que tozudez y determinación, porque necesitarán el apoyo de muchos de los que hoy, en Catalunya y en todo el Estado, observan el llamado ‘proceso’ con indiferencia o con incomprensión, que no son pocos.

Y los soberanistas a secas, si pretenden que efectivamente el derecho a decidir sea reconocido, será necesario que dejen de mirar la Catalumya movilizada a distancia y se pongan en todo momento “a la cabeza de la manifestación”.