A un año de que se celebre el mundial de fútbol, unas 200.000 personas de barrios pobres están bajo amenaza de desalojo –y en riesgo de no percibir las compensaciones pertinentes– en la mayoría de las sedes del campeonato. El próximo sábado 7 se decidirá en Buenos Aires la sede de las Olimpiadas 2020, ¿de verdad queremos unas Olimpiadas en Madrid?

Texto: Nazaret Castro (São Paulo)*. Fotos: Rogério Viéira.

AI 0631, AI 0632, AI 0633. Una mañana cualquiera del otoño de 2011, los vecinos de Vila da Paz, al sureste de São Paulo, se encontraron esas pintadas en sus casas al volver del trabajo. Agentes de la policía aparecieron sin previo aviso, numeraron los edificios y dejaron un mensaje a los vecinos: tenían que desalojar inmediatamente sus casas. "Nos quieren echar para hacer aquí una avenida. Dicen que esta es un área de riesgo, pero es mentira: lo que quieren es librarse de nosotros, porque creen que desvalorizamos la zona", nos contaba entonces José Alves Santos.

Como él, y aunque el gobierno municipal lo niegue, muchos vecinos están convencidos de que el intento de expulsión tiene que ver con el Mundial: "Quieren limpiar todo São Paulo", concluía Eliandra, otra vecina. Maria das Graças, militante de la Unión de Movimientos de la Vivienda (UMM), es aún más contundente: "La idea es remover todo lo que se pueda, higienizar, y, lo demás, ocultarlo".

Algo parecido sucedió en la Vila do Sapo, una de las 15 favelas afectadas por el proyecto de rehabilitación de la carretera de circunvalación Tietê, al oeste de la ciudad. Las autoridades municipales llegaron a la favela e informaron a su población, unas 500 familias, de que el poblado iba a ser derruido. Para muchos, no era ninguna novedad: Emerson, a sus 39 años, 36 de ellos vividos en la misma favela, veía por tercera vez cómo echaban abajo las chabolas, para dejar vacío el terreno sobre el que, una y otra vez, se volverían a alzar las precarias viviendas. "Hace 30 años el barrio era más peligroso, no había luz ni agua. Y ahora, después de lo que hemos trabajado para vivir con dignidad, nos quieren echar como si fuéramos basura", narraba Emerson, indignado.

Dos años después de aquella visita, la situación no ha mejorado mucho para los vecinos de decenas de favelas en la ciudad más rica de Sudamérica: trecho norte del Rodoanel (circunvalación) y Parque Linear Canivete, al norte de la ciudad; Paraisópolis y Cantinho do Céu, al sur. En el centro de la ciudad, las cosas no están más tranquilas: según el Observatorio de Remociones, en el centro de São Paulo ya han sido desalojadas 1.115 familias, y otras 1.470 siguen en riesgo.

A las obras de infraestructuras directamente relacionadas con el megaevento deportivo, como el estadio de Itaquera en la zona este de la ciudad, se suman las nuevas carreteras y urbanizaciones fruto de un boom inmobiliario que en buena medida alimenta el Mundial. Un boom que necesita expandirse por terrenos hasta hoy ocupados por comunidades pobres: según el Observatorio de Remociones 100.000 personas serán desalojadas en la capital paulista, y unas 200.000 en todo el país, por proyectos vinculados a las infraestructuras requeridas por el Mundial.

En el punto de mira están Río de Janeiro, sede de los Juegos Olímpicos de 2016, y São Paulo, la cara más moderna de esa gran potencia emergente que es hoy Brasil; pero las obras y los desalojos afectan a las 12 ciudades que acogerán el Mundial. La urbanista brasileña Raquel Rolnik, relatora de Naciones Unidas para el Derecho a una Vivienda Digna, ha documentado desalojos irregulares en  São Paulo, Río, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Natal y Fortaleza.

Rolnik lleva varios años denunciando que las remociones se producen "sin respetar mínimamente" las leyes nacionales ni los acuerdos internacionales de los que Brasil es signatario, que garantizan sobre el papel el derecho de las comunidades y su derecho a recibir a cambio una vivienda igual o mejor que la que pierden. Pero, según el Observatorio de Remociones, en el centro paulista el 26% de las familias desalojadas no recibieron atención alguna por parte de las autoridades locales.

Se han documentado múltiples casos en la capital paulista en que se ofrecía a los vecinos un pasaje de autobús para volver a su tierra de origen: en muchos casos los estados más pobres del país, en la región Nordeste. Allí, en la ciudad de Maceió, Rolnik documentó cómo una comunidad que ofrecía resistencia al desalojo sufrió amenazas de muerte por parte de grupos paramilitares.

Son ejemplos de "una política fascista de higienización de la pobreza", en palabras de la activista Helena Silvestre. En las favelas de Real Parque y Paraisópolis, al sur de la ciudad, no pocos sospechan que se han provocado incendios para expulsar a los vecinos y hacerse con ese suelo tan codiciado, lindante con el lujoso barrio de Morumbi, como ha denunciado la revista ‘Caros Amigos’.

Otras estrategias de intimidación son más sutiles: "Se compran liderazgos y se distribuye el dinero de forma desigual, para evitar que resistan de forma cohesionada", añade Rolnik.

En la Vila do Sapo, las autoridades locales ofrecieron una ayuda mensual de 300 reales (unos 110 euros) durante dos años; es el llamado "cheque-desalojo", una cantidad manifiestamente insuficiente para alquilar en la zona. La única alternativa es buscar casa cada vez en lugares más periféricos. Y eso implica que "las familias ven su vida desestructurada: allí donde no molestan, lejos de los centros de poder, no hay escuelas ni hay trabajo", afirma Maria das Graças.

UNA SOCIEDAD DUAL

La remoción de favelas ubicadas en terrenos apetecibles para el mercado inmobiliario no es ninguna novedad, pero la proximidad de los megaeventos deportivos está acelerando el proceso. De un lado,  porque "es preciso dejar las ciudades bonitas para los visitantes", dice Maria das Graças, "es necesario presentar en el extranjero la imagen de una ciudad sin pobreza", explica Raquel Rolnik.

Una "ciudad vitrina", en la afortunada expresión de Carlos Vainer, profesor de Urbanismo en la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ). Las favelas molestan. Deben realojarse más lejos, o, en su caso, se ocultan, como en Río, donde los turistas que viajan al centro desde el aeropuerto de Galeão ya no tienen que toparse con el enorme complejo de favelas de la Maré, oculto ahora tras un inmenso muro de hormigón.

"La idea es que el cinturón de pobreza se sitúe cada vez más lejos de los barrios ricos, donde nadie los ve", asegura Roberto Benedito Barbosa, alias Dito, abogado y militante de la UMM. Amparados en el manto de impunidad que facilitan los sentimientos patrios y el fútbol, las autoridades y los poderes económicos aprovechan el tirón. Quieren esconder la pobreza debajo de la alfombra", sentencia Emerson, quien, como Dito, cree que el Mundial "sirve a ese interés" de limpieza urbana e higienización de la pobreza. 

"Las condiciones que les ofrece la alcaldía dependen de la resistencia que impongan: si no hay presión, se quedan sin nada", explica Maria das Graças. En Brasil, donde los movimientos sociales relacionados con el derecho a la vivienda digna tienen una larga tradición, la población ya ha organizado comités populares en la mayor parte de las ciudades que serán sede del Mundial. Según cree la Articulación Nacional de Comités Populares (ANCOP), la acción popular es el único modo de contrarrestar la inercia del poder público: la de evitar el diálogo con las comunidades afectadas y favorecer a las elites económicas.

Así ha sucedido, afirman, en la ciudad nordestina de Natal, donde la presión popular ha logrado que el alcalde se comprometa por escrito a no permitir ningún desalojo. La relatora de la ONU Raquel Rolnik documenta casos como el de Vancouver, en que la movilización popular reorientó el proyecto avalado por el COI para los Juegos de Invierno de 2010, frente al caso de Sudáfrica, sede del Mundial de fútbol ese mismo año, donde la población comenzó a articularse cuando ya era tarde.

"LA FIFA ES UNA MAFIA"

Dito repite una y otra vez que el movimiento no es contrario a la celebración del Mundial, sino a que este conlleve más segregación: "Queremos un Mundial de la inclusión", dice. Lo que los movimientos sociales intentan transmitir a los brasileños es que ellos, que pagarán las facturas de las millonarias obras, "no están invitados a su propia fiesta", en palabras del profesor Vainer. Un ejemplo sencillo: por imperativo de la FIFA y sus patrocinadores, solo las marcas autorizadas podrán venderse dentro y fuera de los estadios.

El comercio ambulante será prohibido en dos kilómetros a la redonda para asegurar el beneficio de esas marcas y se impedirá el acceso a los partidos con cualquier bebida o comida, incluida agua. Precisamente en torno a la venta de bebidas alcohólicas en los estadios, que Brasil prohíbe por motivos de seguridad, rondó una de las polémicas de la Ley General del Mundial, aprobada en mayo de 2012. La FIFA ganó la batalla y la Budweiser podrá vender cerveza en los estadios; a cambio, Brasil podrá vender a un precio más bajo un 10% de entradas reservadas a ancianos, estudiantes y beneficiarios del programa asistencial Bolsa Familia.

Otros aspectos de calado más profundo han pasado desapercibidos en la prensa. Por ejemplo, las reformas ad hoc de las leyes de responsabilidad fiscal, que limitan en Brasil la capacidad de endeudamiento, será flexibilizada: un municipio podrá endeudarse para construir un estadio, pero no para efectuar obras en la red de saneamiento –en un país donde el 45% de los hogares carecen de acceso a un sistema de saneamiento digno–. Además, la FIFA quiere crear tribunales especiales, como hizo en Sudáfrica, para punir a los que vendan irregularmente productos o entradas, o violen las más de mil marcas ya registradas, entre ellas, el número 2014.

"La FIFA es un casino. En un casino, muchos juegan, pocos ganan. Quien nunca pierde es el dueño del casino", ha señalado el escritor Frei Betto. Lo denunció el exfutbolista y actual diputado Romário da Souza Faria, al denunciar en una entrevista al diario O Globo que "Brasil será entregado a una FIFA que se va a llevar más de 3.000 millones de reales (más de 1.000 millones de euros) y no va a pagar ni 1.000".

La FIFA no quiere hinchas, sino consumidores. Rolnik es más contundente: "La FIFA es una mafia". De hecho, los escándalos por corrupción dentro de la FIFA se han hecho tan notorios que, a finales del pasado mayo, su Comité Ejecutivo aprobó cambios en la estructura de la organización para mejorar su imagen...

ELEFANTES BLANCOS
Otro interrogante que se plantean los brasileños más críticos es hasta qué punto esas inversiones que motivarán los eventos deportivos serán en provecho de la población o acabarán convirtiéndose en grandes ‘elefantes blancos’, edificios caros e inútiles que un país con tanto por hacer no puede permitirse. Los números marean: según un estudio de la consultora Ernst & Young y la Fundación Getulio Vargas, la organización del Mundial supondrá un gasto total de 30.000 millones de reales, unos 11.000 millones de euros, supondrá la creación de 3,6 millones de empleos directos e indirectos, y generará ingresos tributarios adicionales por valor de unos 6.880 millones de euros.

Pero, ¿revertirá esta ingente cantidad de dinero en el pueblo brasileño en su conjunto o solo en el beneficio de un reducido número de empresas? Cada vez más brasileños comienzan a ponerlo en cuestión. No extraña entonces que el Mundial haya estado en la pauta de los indignados brasileños, que surgieron con fuerza en São Paulo a mediados del pasado mes de junio agitados por el alza de unas tarifas de transporte público que ya son abusivas, pero cuyas protestas también ponen en cuestión todo el sistema, desde la desigualdad enquistada a la corrupción política y la brutalidad policial.

En Brasil se juega, hacia dentro y hacia fuera, una partida de ajedrez que será determinante para su futuro. En un país donde el 1% de los propietarios posee el 40% del suelo, los megaeventos deportivos brindan un escenario ideal para que las oligarquías consoliden sus posiciones. Una de las más célebres instantáneas de São Paulo sintetiza la insultante desigualdad de la sociedad.

Al sur, en el lujoso barrio de Morumbi, los edificios Penthouse y Roof, símbolos del poder y la ostentación, se alzan frente a la favela de Paraisópolis, que, con sus 60.000 habitantes, resiste, desafiante, a la inercia de las elites. Ya ha habido intentos de echarlos, de amurallarlos, pero allí siguen, y crecen, como crece la miseria en São Paulo, a un ritmo tan vertiginoso como la dinámica economía de la ciudad más rica de Sudamérica.

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