La Ley de Transparencia vuelve este jueves al Congreso en forma de proyecto y con muchas críticas procedentes de los expertos en la materia, que ven en el propio debate carencias muy graves. Repasamos algunas de las iniciativas que han indicado en España el camino hacia un Gobierno Abierto. Las claves: tecnología, apertura de datos y participación directa.

Texto: David Losa. Ilustración: Violeta Cintas. Infografía: Nerea de Bilbao.

Es como una fábula de Orwell, sencilla pero inquietante. Un buen día los pasajeros de un tren decidieron organizarse y crearon órganos de representación que aprobaban, en forma de leyes, los acuerdos alcanzados por los viajeros. Todos tenían voz y voto e incluso colaboraban en la construcción colectiva de esa sociedad con rumbo fijo. En cabeza del convoy, la locomotora se dirigía hacia el bien común. El maquinista y sus colaboradores, elegidos por el pasaje, informaban a los viajeros sobre todo lo que iba sucediendo, y los revisores, intermediarios de aquellos, se paseaban por los pasillos buscando respuestas para solucionar las vicisitudes que los ‘conductores’ se encontraban por el camino. Así, entre unos y otros resolvían los inconvenientes y hacían que la máquina siguiera su curso. Un día, el maquinista y sus ayudantes comenzaron a comportarse de forma extraña. Ya no anunciaban las paradas intermedias ni comunicaban incidencias, aunque era evidente que las había. Los revisores apenas se dejaban ver y cuando lo hacían no pedían consejo ni respondían pregunta alguna. La locomotora se detenía ahora a menudo y los pasajeros empezaban a impacientarse, tenían calor, sed y hambre. Una mañana, al despertar, todos comprobaron con estupor que las ventanas y las puertas habían sido precintadas. Llamaron insistentemente a los operarios y nadie respondía. Ya no sabían hacia dónde, pero el tren seguía su curso...

Podrían encontrarse paralelismos entre el cuento anterior y la política actual. De hecho, era una pretendida metáfora, aunque en la realidad nunca hemos partido de una situación ideal, nunca hemos tenido nada parecido a un Gobierno Abierto. Los teóricos de este joven concepto coinciden en que una verdadera democracia se basa en el derecho a saber de las personas, y en la necesidad de que los ciudadanos tengan el mismo acceso a la información que manejan las instituciones públicas, los funcionarios y los políticos, ya que esos datos les pertenecen en la misma medida. Además, creen que si un Gobierno no tiende puentes para que las personas puedan consultar las cuestiones que les atañen, y si las administraciones públicas no cuentan con el conocimiento de los ciudadanos para construir la sociedad, entonces ese poder se está ejerciendo de espaldas al pueblo.

"Aplicar un Gobierno Abierto significa cambiar por completo la agenda de los políticos. ¿Cómo funcionan ahora? Están asesorados por su círculo más cercano o toman decisiones entre cuatro paredes, imaginándose y decidiendo ellos cuáles son los problemas que tiene la ciudadanía. Después ejecutan de la misma forma y, por último, comunican su actuación. Una vez comunicada la acción política, se cierra el círculo", explica Nagore de los Ríos, exdirectora de Gobierno Abierto del País Vasco, donde impulsó el proyecto más ambicioso de este tipo en España hasta el momento. "¿Cómo debería ser? –continúa Nagore–. Tienen que escuchar a los ciudadanos. Gracias a las nuevas tecnologías y las redes sociales hay muchas personas que tienen cosas interesantes que aportar. Después hay que dialogar y debatir para encontrar entre todos la mejor solución. Y por último cogestionar y no ver a los ciudadanos como una competencia".

Irekia, punto de partida

Nagore puso en funcionamiento, por orden del anterior lendakari, el socialista Patxi López, varias acciones encaminadas a mejorar la transparencia y a facilitar una comunicación bidireccional entre los políticos y los ciudadanos vascos. Así nació Irekia, el primer portal de Gobierno Abierto de España, inaugurado a principios de 2010. A través de esta herramienta, los ciudadanos empezaron a tener acceso a numerosos datos públicos que hasta ese momento estaban exclusivamente en los ordenadores de algún político. Pero además, desde sus casas, podían preguntar directamente a sus representantes cualquier aspecto de interés público. Y la mayoría de los políticos contestaba... "Conseguimos un 80% de tasa de respuesta de los políticos, pero no fue fácil. Al principio cuando les explicamos el concepto estaban muy predispuestos. La segunda reacción, cuando ya tenían que hacer su parte, era ‘¿por qué voy a trabajar para ti?’. Con el tiempo, algunos se aficionaron a todo esto, pero a muchos tuvimos que perseguirlos por todos lados para que respondieran, como si fueran niños de colegio", lamenta De los Ríos, quien permaneció al frente de las políticas de Gobierno Abierto hasta el cambio político en esta Comunidad, a finales de 2012". A día de hoy, Irekia sigue funcionando, aunque Nagore asegura que "lo han convertido en un escaparate de las actividades del lendakari, una web sin datos ni participación".

A experiencias como la vasca le han seguido en España otras en la misma línea, como la de Navarra, por ejemplo. En esta comunidad foral, y bajo el efímero gobierno de coalición PSN-UPN (junio 2011-junio 2012), se impulsó también una política de Gobierno Abierto. En este caso su mentor fue el socialista Roberto Jiménez, aunque el técnico encargado de ejecutarla fue Guzmán Garmendia, ex director general de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías. "El vicepresidente estaba 100% por este tema, pero el resto no me apoyó. Me veían como un friki y como una amenaza que estaba invadiendo sus competencias y ayudando a que fueran denunciados. Por ejemplo, lanzamos una aplicación de incidencias a través de la cual el ciudadano veía una farola rota, por ejemplo, le sacaba una foto y podía enviarla a la administración regional, donde se repartían responsabilidades al ayuntamiento correspondiente. Resulta que la primera foto que nos llegó de un ciudadano fue de la Consejería de Medio Ambiente, con todas las luces encendidas, a las cuatro de la mañana. Al verla, la consejera del ramo me llamó y me dijo: ‘Oye Guzmán, en qué lío me estás metiendo’. O sea, los políticos se quejaban de que estaban siendo fiscalizados. Claro, como tiene que ser".

Garmendia también fue uno de los promotores de la primera Ley de Transparencia del territorio nacional, aprobada en el verano de 2012, cuando el pacto bipartito navarro tocaba a su fin. Más allá del contenido de la propia Ley, lo más novedoso fue la construcción de la misma, inspirada en el concepto de ‘crowdsourcing’, más típico de la empresa privada. "Salimos a la calle 13 veces para preguntar a los ciudadanos por sus demandas de transparencia. Solo del primer foro sacamos 1.350 respuestas. La riqueza era enorme, hasta tal punto que tuvimos que clasificar esas respuestas en apartados: open data, comunicación gobierno-ciudadanía, participación, software libre... luego montamos mesas temáticas de participación que convocábamos todos los meses. Por ejemplo, sobre el tema de open data venían unos 20 ciudadanos que, en general, sabían mucho del tema. Con ellos hicimos la estrategia de datos abiertos que se redactó en la Ley de Transparencia navarra. Luego, de software libre había cinco o seis personas con un conocimiento brutal. ¿Por qué desperdiciar eso? ¿Por qué hacer una ley sin contar con los que más saben?".

Después de Navarra, han sido varias las Comunidades que han empezado el proceso de aprobación de su propia Ley de Transparencia, la mayoría de ellas incluyendo –aunque solo sea por seguir la moda– el concepto de Gobierno Abierto como premisa a seguir. También a nivel estatal la Transparencia, al menos de palabra, ha llegado al Parlamento, donde este verano se ha debatido la futura Ley, cuyo proyecto fue aprobado por PP, CiU y PNV y que, una vez se voten las enmiendas propuestas por la oposición, seguirá su tramitación en el Senado. Un debate parlamentario que, según muchos expertos, no está a la altura de la importancia del asunto ni de los estándares internacionales, y una ley pendiente de aprobación calificada como tímida y limitada. "Ha sido increíble escuchar en el Parlamento cómo se intenta justificar que no se pueda reconocer el acceso a la información como derecho fundamental, cuando hay mucha jurisprudencia a favor del Tribunal Europeo de Justicia, del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas o de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, además de las propias leyes y constituciones de muchos países", explica a Números Rojos, Helen Darbishire, directora ejecutiva en España de Access Info, ONG especializada en la promoción del derecho a la información en Europa. Helen, que viaja constantemente por todo el mundo, cree que los políticos españoles tienen una mezcla de ignorancia y miedo respecto a estos temas: "La vicepresidenta Sáez de Santamaría, para justificar que no hay un reconocimiento al acceso a la información en España, citó una sentencia del Constitucional de 1988. Lo siento, pero ya hace mucho tiempo de eso. Países como Croacia o Marruecos han cambiado su Constitución recientemente para reconocer ese derecho".

También se muestra muy crítico con el proceso que está teniendo la futura Ley de Transparencia David Cabo, creador de la Fundación Civio, organización sin ánimo de lucro que lucha por la transparencia informativa y la apertura de datos a través de la tecnología:  "El propio proceso ha sido muy opaco. Se hizo una consulta pública para recabar información de los ciudadanos y los resultados ni siquiera se publicaron. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes –José Luis Ayllón– dice que hay un informe jurídico que afirma que el derecho a la información no puede ser un derecho fundamental. Le pedimos el informe y no contesta. No hay transparencia ni en el trámite. Quieren hacer lo mínimo como para decir que hay una ley y punto. Y en esto coinciden tanto el PP como el PSOE".

Demasiado silencio

Bajo el paraguas de la Fundación Civio se alojan varias herramientas muy valiosas para los ciudadanos, como tuderechoasaber.es, una web a través de la cual se pueden realizar, de forma libre y gratuita, consultas sobre informaciones que deberían ser públicas. Sus creadores se dedican a gestionar las correspondientes respuestas, aunque muchas veces sin éxito. De hecho, de todas las consultas a nivel nacional gestionadas a través de tuderechoasaber.es en 2012, solo el 13% recibió una respuesta favorable, mientras que un 53% no consiguió alterar el silencio administrativo. "Intentamos mostrar lo difícil que es conseguir información, y, por otra parte, hacemos un trabajo que le correspondería a los políticos. También queremos educar a los ciudadanos en la necesidad de pedir datos".

Datos. Es la palabra clave. Seguramente una de las expresiones más farragosas para los profanos en cuestiones de Gobierno Abierto es "open data" o política de datos abiertos. No hay administración que se precie en esto de la transparencia –al menos de cara a la galería– que no posea ya un portal de datos abiertos. Pero, ¿qué es esto del open data? Según Nagore de los Ríos: "es la apertura de datos públicos en un formato estándar y reutilizable. Hay dos tipos de datos. Imaginemos que un funcionario o un político tiene acceso  al precio del combustible en todas las gasolineras de España. Si esos datos son públicos, alguien puede reutilizarlos y hacer una aplicación que te diga en qué sitio cercano se reposta más barato. O sea, esos datos generan actividad económica, y además redundan en el beneficio de la sociedad. Por otra parte, en cuanto al propio concepto de Gobierno Abierto –continúa Nagore– nos importan todos los datos que maneja un equipo de gobierno del nivel que sea: licitaciones, sueldos de los cargos públicos, gastos, camas de hospitales, padrones, enfermedades por zonas...".

En España la cultura de datos abiertos aún es incipiente, no solo entre los políticos, también entre los ciudadanos y los periodistas. Sin embargo, en otros países todos los actores de la sociedad ya están acostumbrados a estos términos. "Por ejemplo, en Inglaterra, el Gobierno publicó la tasa de mortalidad de cada médico de cabecera, lo que creó gran controversia al principio. Sin embargo, lo que ocurrió es que los médicos empezaron a hablar entre ellos y se generó un debate interno cuyo resultado final fue una bajada significativa en las tasas de mortalidad", cuenta Helen Darbishire. Otro ejemplo lo encontramos en Vancouver (Canadá), donde el ayuntamiento publicó los resultados de las últimas inspecciones realizadas en los restaurantes de la ciudad. Alguien aprovechó esa información en bruto para diseñar una aplicación móvil en la que podías saber la nota que había sacado cualquier restaurante en la última inspección. Después de un tiempo, se cruzó esa información con la de ingresos en hospitales por intoxicación en restaurantes y se vio que estos habían descendido significativamente. "Es importante que los políticos entiendan que no solo son ventajas para los ciudadanos. El entusiasmo de Cameron por este tema en Reino Unido no tiene tanto que ver con la idea de que la sociedad participe más, sino con el valor que todo esto tiene para la economía", concluye la activista de Access Info.

Open data, open software, open process... Un puñado de personas, algunas en puestos de responsabilidad, están sentando las bases para que la ‘utopía’ del Gobierno Abierto pueda ser una realidad algún día. Ya hemos visto ejemplos como el de País Vasco o Navarra, aunque los expertos coinciden en destacar los esfuerzos en otras comunidades como Extremadura, Andalucía, Castilla y León o Aragón en esta dirección. Hay otras regiones que no parecen querer ‘abrirse’ a sus ciudadanos. Como Murcia, última clasificada del ranking anual que elabora la ONG Transparencia Internacional, basado en 80 indicadores que tratan de abarcar las áreas más importantes de la información que los responsables del gobierno deberían poner públicamente a disposición de la sociedad. Hartos de políticas caciquiles, ciudadanos y organizaciones murcianos han firmado un "Pacto por la Transparencia y el Buen Gobierno en la Región de Murcia" (http://pactotransparencia.com) en el que incluyen "medidas articuladas en torno a cinco ámbitos de actuación: transparencia, participación, colaboración, evaluación y control externo".

Experiencias pioneras frente a actitudes reaccionarias. Iniciativas que buscan una democracia más real contra políticos que se ocultan en sus búnkeres. Y ciudadanos que reclaman grandes ventanas.

Suscríbete aquí a Números Rojos