Otras miradas

De Ángela a Juana, pasando por los juzgados y el ayuntamiento

Francisca Guisado

Presidenta del Fórum de Política Feminista

Francisca Guisado
Presidenta del Fórum de Política Feminista

Ver a la abogada y la sicóloga del Centro de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Maracena entrar en los Juzgados de Granada imputadas (o investigadas) por una jueza del delito de inducir a Juana Rivas, víctima de violencia de género, a no entregar a sus hijos a la custodia del padre, más allá de lo emotivo, es la imagen de la confrontación entre dos poderes del Estado, que deberían cooperar en la aplicación de las mismas leyes y la garantía real de los derechos de las mismas personas, que han acudido a ambos.

La jueza de instrucción nº 2 juzga que Juana Rivas está en situación de igualdad real con su ex pareja Francesco Arcuri, y como iguales deben compartir la custodia de sus dos hijos menores, mientras que las profesionales del Centro de Información a la Mujer valoran que se encuentra no sólo en la desigualdad media estadística de las mujeres españolas, sino sometida a una violencia de género sentenciada en 2009 y pendiente de que los juzgados resuelvan otra denuncia de 2016.

En 2014 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas dictaminó que el Estado español no actuó con la debida diligencia para evitar que la hija de Ángela González Carreño fuera asesinada en 2003 por su padre durante el régimen de visitas que los Juzgados mantuvieron pese a más de 30 denuncias por violencia. "Las autoridades encargadas de otorgar protección privilegiaron el estereotipo de que cualquier padre, incluso el más abusador, debe gozar de derechos de visita y de que siempre es mejor para un niño ser educado por su padre y su madre (...). Los tribunales dieron por sentado que es mejor tener contacto con un padre violento que no tener ningún contacto con él." El Estado no ha reconocido ese error, ni reparado a Ángela, ni evitado repetirlo.

Abrir a los medios de comunicación y el debate social estas situaciones, que afectan a decenas de miles de niños y niñas, es una decisión de Juana Rivas y sus asesoras que hemos apoyado la Plataforma 25N de Granada, la Plataforma estatal 7N contra las violencias machistas y gran parte del movimiento feminista, porque "lo privado es político". Otros participan en él desde la superioridad, el resentimiento o la reacción de castigar a Juana o sus asesoras, ignorando que, sólo de enero a junio de 2017 hay 16 menores más huérfanos de mujeres asesinadas y 6 menores fueron asesinados por causa de violencia de género.

Las medidas 143 y 144 del Pacto de Estado de julio 2017 contra la Violencia de Género pretenden que se apliquen (¡)los artículos 92.7 del Código Civil que prohíbe la custodia compartida de los hijos ante indicios fundados de violencia, y 65 y 66 de la Ley de Violencia de Género, sobre suspensión judicial potestativa de la custodia o las visitas del inculpado y obligatoriedad de adoptar medidas para la seguridad, integridad y recuperación de los menores y de la mujer, y el seguimiento periódico de su evolución. El Parlamento anuncia que va a ‘Establecer el carácter imperativo de la suspensión del régimen de visitas en todos los casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia’.

El Convenio de Estambul, la Ley estatal y las autonómicas contra la Violencia de Género, no consisten sólo en la respuesta judicial, aunque cada vez que una mujer es asesinada sólo se dice si había denunciado o no. Hay 2,4 millones de mujeres que han sufrido violencia de pareja o expareja y 1,5 millones violencia sexual, según la Macroencuesta 2015 del Gobierno, y hay que darles prevención desde el ámbito educativo y sanitario (a ver que parte de los 100 millones de euros a transferir a las Comunidades Autónomas en 2018 llegan a los institutos y los centros de salud) y de comunicación, pisos de acogida, ayudas económicas y de empleo... y la atención social, jurídica y sicológica en las entidades locales a la que obliga el artículo 19 de la Ley 1/2004 y que están prestando a Juana Rivas en el Ayuntamiento de Maracena.

La red local de servicios públicos de atención social, jurídica y sicológica a las mujeres y los menores no es un contrapoder de la autoridad judicial, sino su apoyo antes del juicio y en la aplicación de las medidas judiciales, y desde luego es imprescindible para que cientos de miles de mujeres que no llegan a denunciar puedan salir de la violencia. El Parlamento ha acordado devolver a los ayuntamientos la competencia en políticas contra la discriminación y la violencia hacia las mujeres que les quitó en 2013 con la reforma de la Ley de Régimen Local, permitirles contratar personal para estos servicios, financiarlos con 20 millones al año (insuficiente para los 8.000 municipios) y conferirles, en las medidas 61 a 67 del Pacto, nuevas atribuciones, como la de reconocer y acreditar extrajudicialmente la condición de víctima de violencia de género para acceder a medidas de protección y atención, acompañamiento y ayuda a la toma de decisiones.

Las futuras Unidades de Apoyo en el ámbito local se integrarán por las asesoras jurídicas, sicólogas y trabajadoras sociales locales, personal responsable en los centros educativos y sanitarios dependientes de la Comunidad Autónoma, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de ese territorio. Juntos tienen que mejorar la valoración del riesgo, reforzar psicológicamente a las víctimas, su autoestima y su capacidad para romper la dependencia con el maltratador; mejorar el apoyo social, educativo, laboral, económico, de vivienda, casas de acogida, pisos tutelados o residencias de mayores. El movimiento feminista y la sociedad tenemos que exigir que trabajen y cooperen eficazmente, sin perder el norte de  proporcionar a Juana Rivas y a todas las Juanas y sus hijos e hijas una vida libre de discriminación, estereotipos machistas y violencia.

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