08/10/201020/09/2017

KATTYA CASCANTE

Politóloga de la Fundación Alternativas

La agenda del desarrollo afronta una crisis que, lejos de introducir cambios que favorezcan la incorporación de nuevos donantes y una mayor capacidad para adaptarse a la actual situación, se repliega con recetas conservadoras que amenazan con ralentizar la lucha contra la pobreza.
España, que durante los últimos siete años ha apostado por un multilateralismo activo en el sistema de cooperación al desarrollo, también titubea ante la crisis. Los recortes económicos anunciados por el Ministerio de Exteriores y Cooperación (que ya superan los 1.000 millones de euros para el presente año y el siguiente) pueden significar un gran retroceso para esta apuesta global.
El compromiso, acertado, de destinar el 0,7% de nuestra Renta Nacional Bruta a la cooperación internacional ha marcado, casi en exclusividad, el objetivo de la política española de Ayuda al Desarrollo. Un compromiso que debido a la crisis se aleja y que, sin perderlo de vista, debe considerarse como una oportunidad para legitimar una voluntad política más allá de una cifra.

La decisión estratégica de canalizar la mitad de nuestra ayuda al desarrollo priorizando la concertación de acciones en el espacio internacional (multilateralismo) por delante de la opción bilateral (de un Estado donante único hacia el receptor) no ha estado exenta de polémica. Por un lado, el multilateralismo permite no sólo reducir los gastos administrativos de la cooperación bilateral, sino que, al no depender de un solo país donante, los proyectos están menos sometidos a los diferentes intereses nacionales, contribuyendo así a un régimen de gobernanza mundial orientado a la promoción de bienes públicos globales. Por otro lado, los casi 300 organismos multilaterales que existen en la actualidad (incluyendo las agencias del sistema de Naciones Unidas y los organismos financieros) no han conseguido precisamente el consenso de la comunidad internacional acerca de su eficacia. Los principios comunes que deberían gestionar las ayudas de los países implicados carecen de mecanismos que puedan demostrar resultados fehacientes. Las numerosas instituciones multilaterales no siempre cuentan con autoridad y medios suficientes para ejercer su labor de forma efectiva. Por no mencionar la normativa internacional que las regula y que suele limitar el acceso de los países más pobres a los procesos de toma de decisiones, los mercados, el capital y la tecnología.
Sin embargo, ¿son estos argumentos suficientes para un cambio de estrategia?
Si nuestra visión es cortoplacista, la respuesta nos llevaría a reducir la ayuda en esta modalidad. Es mucho mejor reorientar los fondos a la cooperación bilateral aplicando mecanismos nacionales que permitan un mayor control y así legitimar ante la sociedad la decisión de seguir contribuyendo al desarrollo. Una postura que ratifica el nacionalismo proteccionista y limitado con el que responden a esta crisis la mayoría de los donantes tradicionales. Pero, por otro lado, a medio plazo, asegurar su continuidad permitiría mejorar la armonización con los donantes de mayor experiencia y contribuir más activamente en la construcción de una nueva arquitectura de la ayuda. Una apuesta que conlleva mayor atención en los procedimientos, convergencia de mecanismos y un entendimiento necesario entre todos los actores pero que, también, supone un mayor avance en los compromisos internacionalmente adquiridos. Un espacio multilateral predispone en mayor medida a la coordinación y complementariedad de las acciones, a la vez que pone en evidencia las incoherencias políticas más sobresalientes.
Pero sin duda los desafíos pendientes son muy complejos y exigen una apuesta política decidida. Seguir dotando de recursos a unos organismos que también deben reformarse para cumplir con los objetivos de una ayuda eficaz al desarrollo no debe seguir haciéndose mientras se mira hacia otro lado. Es necesario adentrarse en las estructuras organizativas y de financiación de estas instituciones. Terminar con las luchas de poder que producen los intereses económicos y políticos de los fondos donados parece ser clave para democratizar los organismos multilaterales. El porcentaje destinado a financiar la propia institución para su funcionamiento es insuficiente, por lo que nutrirse de los intereses que se generan a través de las contribuciones voluntarias que donantes como España realizan resulta un complemento provechoso. Si bien es cierto que hay una tendencia a que estos intereses repercutan sobre el personal español que, a su vez, forma parte de la gestión de estos fondos dentro de las instituciones, no lo es menos que estos intereses han sobrepasado las expectativas y hay más atención sobre quién se los queda que en cómo se aplican. Y de todo ello la información sigue siendo muy irregular y deficiente, así como los mecanismos de rendición de cuentas de estos aportes y sus impactos en el desarrollo de los países menos avanzados.
Nuestro país debe y puede, dadas las elevadas contribuciones financieras que actualmente le avalan, participar e incluso liderar alguna de estas reformas. Cambios en los que resulta prioritario vincular las donaciones a mejoras sustantivas de transparencia y responsabilidad. Una apuesta que legitima la política de ayuda en estos espacios multilaterales como la única manera de que donantes y países receptores compartan un desarrollo más equitativo en un mundo globalizado.