26/02/201020/09/2017

JAIME PASTOR Y GERARDO PISARELLO

Los ataques especulativos contra economías como la griega o la española han obligado a plantear, una vez más, el papel de la Unión Europea ante la crisis. Al hilo de este debate, el presidente del Consejo Europeo Herman Van Rompuy ha defendido la imperiosa necesidad de un "Gobierno económico" común. Con ello ha apelado a una consigna compartida por otras instituciones comunitarias, como la Comisión, e incluso por presidentes como Nicolas Sarkozy o el propio José Luis Rodríguez Zapatero. Como en tantas otras cuestiones, el problema no radica en la fórmula en sí, sino en el contenido concreto que se pretende darle. "Gobierno económico europeo", sí, pero ¿en qué ámbitos?, ¿con qué objetivos?
Estas preguntas son especialmente pertinentes si se piensa que hace tiempo que las decisiones económicas europeas "gobiernan" o condicionan de manera inequívoca las políticas estatales. Esto es así al menos desde los años ochenta, cuando el Acta Única dejó negro sobre blanco la voluntad de crear un mercado único que asegurara la libre circulación de capitales, servicios y mercancías. Esa intervención liberalizadora, sumada a la prohibición de ayudas estatales que "distorsionaran la competencia", generó una fuerte presión para la privatización y mercantilización de servicios públicos. Y permitió que gobiernos de diverso signo, por convicción o por temor, asumieran dichas políticas como una decisión urdida en Bruselas.
Con el Tratado de Maastricht y la entrada en vigor del euro, el intervencionismo económico europeo se afianzó todavía más. A la obsesión liberalizadora de los años ochenta, se sumó una nueva obsesión monetarista que convirtió la eliminación del déficit público y de la inflación en auténticos dogmas de fe. En teoría, ello no impediría que los estados miembros desarrollen con normalidad sus propias políticas fiscales y sociales. En la práctica, la receta que ha permitido el ajuste a los severos criterios establecidos por el Pacto de Estabilidad ha acabado siendo la misma que hoy se pretende imponer a Grecia: privatizaciones, recortes en gasto social y pensiones, y contención de los salarios.
Nada de esto ha ocurrido de manera espontánea. La imposición de este rígido corsé ha contado con el firme respaldo de un entramado institucional en el que la Comisión, el Banco Central Europeo, el Tribunal de Justicia y los ejecutivos estatales han llevado la voz cantante. A veces, la ejecución de este guión de consecuencias impopulares ha dado lugar a roces, como cuando la Comisión intentó sancionar a Alemania y a Francia por excesos en el déficit. Pero en la mayoría de las veces tanto Bruselas como los ejecutivos estatales han actuado de consuno para asegurar este singular modelo
económico.

En realidad, cuando los representantes de la UE demandan un mayor gobierno económico para salvar la moneda única, parece evidente que lo que piden es una lisa y llana restauración de los controles liberalizadores y monetaristas impuestos en las últimas décadas. El problema, como han apuntado economistas como Krugman, es que es esta receta, precisamente, la que ha conducido al descontrol y al desgobierno actuales.
Es esta concepción neoliberal del gobierno económico que tan enfáticamente se reclama la que está en el origen de las operaciones especulativas y del crecimiento insostenible que han conducido a la crisis actual. Y la que ha contribuido a la erosión de los servicios públicos y a la feroz precarización laboral que asola a la Europa de los 27, con toda su carga de autoritarismo y de
xenofobia.
Un verdadero gobierno público de la economía, orientado a lograr una salida solidaria y sostenible a la crisis, debería propiciar objetivos de todo punto diferentes. Para comenzar, una democratización genuina del oligárquico entramado institucional europeo que de manera despótica se ha querido legitimar con el Tratado de Lisboa. Pero también el abandono de las obsesiones liberalizadoras y monetaristas que amenazan los derechos sociales todavía vigentes a escala estatal e impiden su profundización y extensión en el ámbito europeo. Ello permitiría plantear sin complejos cuestiones como la introducción de límites a la circulación de capitales o la erradicación de los paraísos fiscales. O el impulso de una armonización al alza de los derechos sociales y laborales que neutralice el dumping provocado por las políticas hoy vigentes. O la articulación, en fin, de una fiscalidad europea progresiva y ecológicamente orientada capaz de impulsar políticas redistributivas de ámbito supraestatal.
Ninguna de estas propuestas, por desgracia, ha salido de boca de los responsables institucionales en las últimas semanas. Todo ello hace sospechar que la consigna del "gobierno económico europeo", como antes la de la "refundación del capitalismo", es poco más que una operación de restauración incapaz de superar el desgobierno social y democrático al que han conducido las políticas practicadas en las últimas décadas. Otra Europa, dispuesta a refundarse desde abajo, podría ser la solución. Mientras tanto, esta Europa sigue siendo parte del problema.

Jaime Pastor es profesor de Ciencia Política de la UNED

Gerardo Pisarello es  profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona