María Espinosa
Diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid

Brasil, 28 de septiembre de 1888. Ese día nació la ley de libertad de vientres que garantizaba la libertad de todos los hijos e hijas de mujeres esclavas. Por ello, hoy celebramos la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Desde 1990, las organizaciones comprometidas con los derechos sexuales y reproductivos promueven campañas para sensibilizar sobre los problemas de salud pública y vulnerabilidad de las más desfavorecidas, en el escenario de la inseguridad e ilegalidad que genera una cuestión fundamental para el ser humano.

La salud reproductiva es un derecho de las mujeres que está reconocido en los tratados internacionales que al respecto ha suscrito nuestro país. Lo que la asegura es una vida sexual responsable y satisfactoria, en la que las mujeres podamos reproducirnos y elegir libremente.

A pesar de que llevamos décadas defendiendo los derechos sexuales y reproductivos, por desgracia, aún no son una realidad en muchos países del mundo donde se castiga el aborto. Pero las mujeres no dejan de abortar porque una ley lo prohíba. Lo que realmente ocurre es que continúan abortando y lo hacen de forma clandestina, en clínicas ilegales e inseguras, o comprando dudosos fármacos vía online, en definitiva, poniendo en riesgo su vida.

80.000 mujeres mueren al año en el mundo por culpa de este tipo de abortos. Prohibirlos o regularlos es clave para salvar vidas. No es una cuestión de ideología, es un asunto que concierne a la salud pública y a los derechos humanos. Ninguna sociedad obliga a las mujeres a ser madres. No hay nada más sano, que los niños y niñas que nazcan en nuestro país, sean criaturas deseadas.

Ningún político ni ningún obispo deben decidir por nosotras cómo y cuándo deseamos reproducirnos. Por eso, en 2014, cuando Gallardón quiso limitar el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, las españolas salimos a las calles para frenar aquella ley del aborto, logrando echar al ministro más machista de los últimos tiempos.

No hace falta irse a lejanos países para escuchar cantar en las plazas, aún hoy, "mi cuerpo es mío". Es insólito tener que reivindicar algo tan obvio. Como dice Nuria Varela en su libro Feminismo para principiantes, "lo obvio aún es un sueño".

¿Cómo estamos a día de hoy? Pues el aborto está incluido en el código penal español. Esto implica que podemos ser encarceladas por ello. Se practican en clínicas privadas, solo un número muy pequeño se realiza en la sanidad pública. Las menores solo pueden interrumpir su embarazo si cuentan con la autorización paterna y a las mujeres migrantes sin papeles, ni siquiera se les dispensan anticonceptivos.

El número de abortos crece entre las más jóvenes, y lo lógico sería pensar en evitar esos embarazos no deseados, garantizando el acceso a esos fármacos e incluyendo la educación sexual en nuestras aulas. Sin embargo, España suspende en esta materia, excluida del currículo escolar. La LOMCE ha marcado claramente este triste camino.

La Comunidad de Madrid es la única región que no financia métodos anticonceptivos. Tampoco el gobierno madrileño tiene un plan al respecto, ni ha desarrollado campañas en los últimos años. En el ideario de Cristina Cifuentes no figura la prevención de embarazos no deseados entre las jóvenes madrileñas. Una vez más, el Partido Popular no está a la altura de las necesidades de la gente.

Que les quede claro: los métodos anticonceptivos no son un lujo. Garantizar la salud reproductiva no es cuestión de ideología, es una cuestión de derechos humanos. Las feministas latinoamericanas lo resumen así de acertadamente en un lema que hoy tiene más vigencia que nunca: Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.