Ramón Espinar
Secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid y portavoz en el Senado

¿Qué ha pasado estos días?

(1) En el Parlament: Puigdemont se presentó tras el referéndum del 1-O en el Parlament de Catalunya –un referéndum  sin validez jurídica pero que tuvo lugar ante el fracaso del Gobierno en su intento de evitarlo – con toda solemnidad. En su discurso, de todas las opciones que manejaba, Puigdemont apostó por la que más escenarios de diálogo podía abrir: una solución "a la eslovena", esto es, dio por válido el referéndum y también dio por declarada la independencia de Catalunya a través de los resultados de ese mismo referéndum. Pero, al mismo tiempo, solicitó al Parlament su suspensión hasta encontrar una vía pactada con el Estado.  

Se trata de un gesto abocado al fracaso político porque el Gobierno no puede asumir la premisa de la validez del referéndum y el marco jurídico del Procés, pero también de un gesto por el diálogo que debe ser tenido en cuenta. Por el camino, ha concitado un amplio consenso internacional y en las filas de los partidos catalanes (PSC y En Comú Podem especialmente) sobre la necesidad de la mediación y el diálogo para dar una salida a la situación en Catalunya.

(2) En el Gobierno: Mariano Rajoy recibió la declaración de Puigdemont con un plan y habiendo anticipado varios escenarios a través del diálogo fluido que mantiene con PSOE y Ciudadanos. Toda una novedad tras el fracaso de la improvisación y la política de hechos consumados al que nos tenía acostumbrados en los últimos meses. Tras un acuerdo con el PSOE, ha puesto en marcha la aplicación del artículo 155 de la Constitución de forma soft. El Gobierno se dispone así a tratar de resolver una crisis sin precedentes en Catalunya suspendiendo el autogobierno democráticamente escogido por los catalanes. Esto, en un momento en el cual millones de personas están pidiendo el reconocimiento de la soberanía del pueblo catalán.

Rajoy ha decidido orillar la posibilidad del diálogo mientras que, hasta la fecha, ha fracasado también en sus intentos de frenar las demandas de las instituciones y buena parte de la ciudadanía catalana. No le ha servido la vía represiva que únicamente ha provocado un aumento de los catalanes sensibles a la demanda del derecho a decidir. Tampoco le ha servido la defensa numantina e inmovilista del status quo, que sigue mostrando un agotamiento endémico.

(3) En el PSOE: finalmente, Pedro Sánchez tiene un acuerdo con el Gobierno de España. Este acuerdo consiste en un cierre de filas con los grandes poderes oligárquicos expresado en el apoyo a la suspensión de la autonomía catalana. Este apoyo lo ha intercambiado por la apertura de una comisión para estudiar una reforma constitucional en el Congreso de los Diputados. El cierre de filas, recordémoslo, fue ordenado por el Rey en su discurso del pasado martes tres de octubre.

Sánchez  aspira de esta manera a jugar el papel de "hombre de Estado" siguiendo la línea de las últimas décadas en el PSOE: ante todas las situaciones críticas que se han producido, acordar con el PP grandes acuerdos, además de obedecer a la disciplina impuesta por Felipe VI. En términos políticos supone un planteamiento idéntico al de la reforma exprés del artículo 135 en 2011: ante la duda y la ausencia de proyecto propio, adhesión con matices leves a los planteamientos y al proyecto del PP.

Sánchez retoma así la línea política que siempre mantuvieron aquellos dirigentes a quienes venció en las primarias prometiendo una ruptura y un nuevo PSOE. Segunda oportunidad para cambiar el rumbo y segunda oportunidad perdida, segunda decepción para los centenares de miles de militantes y votantes del PSOE.

(4) En Ciudadanos: Rivera ha protagonizado un giro discursivo en las últimas semanas. Ha pasado de ocupar el papel de la derecha moderada y ubicarse en el centro político entre PP y PSOE a situarse en la posición más extrema del arco parlamentario en lo que tiene que ver con Catalunya. Con dos resultados, uno cierto y otro incierto: nadie ha contado con él para aplicar la suspensión de la autonomía catalana o abrir una comisión en el Congreso, pero tendrá que apoyar ambas medidas porque se ha convertido en un apéndice del PP; y ha calculado que Inés Arrimadas puede tener un papel importante que ejercer en unas hipotéticas elecciones en Catalunya y aspirar a formar gobierno con una mayoría alternativa. Probablemente exigirán la aplicación del 155 para una convocatoria electoral. Es una apuesta. Nada más.

(5) En Podemos: el campo político del cambio lleva semanas clamando por el diálogo entre el Gobierno y el Govern. Es una apuesta arriesgada porque otorga la iniciativa a dos actores políticos y nos sitúa simplemente como mediadores, pero no como agentes en la resolución del conflicto. Es una posición decente y comprometida que hemos defendido en compañía de decenas de miles de personas que han salido a las calles con banderas blancas en un conflicto identitario – una situación inédita en la Historia contemporánea-. Pero exigirá un paso más: el campo político del cambio tiene la responsabilidad de extender el impulso constituyente que vive Catalunya al conjunto de España definiendo una hoja de ruta para la refundación de nuestro país.

Lo contrario supone la cronificación de un conflicto que no van a resolver quienes lo han generado, aunque deben dialogar para que la escalada de tensión amaine. Los conflictos políticos no se solucionan con un punto medio entre dos partes, sino con propuestas superadoras. Y España no solo tiene una crisis de Estado definida por la crisis territorial; la crisis es también social, económica y política.

¿Qué consecuencias tiene este escenario?

En el corto plazo: la acción del Gobierno, ahora respaldado por PSOE y Ciudadanos, va a generar más tensión aún en Catalunya. Lejos de resolver nada, un conflicto que arranca pidiendo el reconocimiento de la soberanía de un pueblo no se va a resolver disolviendo su autogobierno. España no se puede imponer. Las comunidades políticas del siglo XXI se basan en la voluntad de ser, en un horizonte compartido. La tarea es construir el horizonte común y conectar lo que se ha desconectado. Retirarle a Catalunya la autonomía que Suárez y el Rey tuvieron que restaurar tras 40 años de dictadura es volver a una situación autoritaria y, en términos de gestión del conflicto, inútil y torpe.

En el medio plazo: la ausencia total de diálogo entre actores y la insistencia de la España imperial en abrirse paso a sangre y fuego solo puede derivar en un empeoramiento del conflicto. Es de suponer que Rajoy es más torpe que perverso pero, sea por inquina o por ineptitud, cabalga hacia una "ulsterización" de Catalunya. Ante el desprecio de la posibilidad de recoger una salida "a la escocesa" a través de un referéndum pactado, solo cabe una escalada que no va a traer nada bueno para nadie.

En el largo plazo: Mariano Rajoy no es el mejor estadista del mundo, pero es un magnífico tacticista. Lo que ha pactado con Pedro Sánchez se va a escenificar como el mejor de sus sueños: Cánovas y Sagasta repartiéndose la alternancia en el gobierno y las posiciones simbólicas. El joven impulso reformista y el conservadurismo maduro. En realidad, ha convertido a Pedro Sánchez en un muñeco de trapo: a cambio de una comisión parlamentaria – que ya veremos dónde va, si es que va a algún lado- ha iniciado el camino de la restauración. Hagamos algunos cambios en la constitución formal – el texto constitucional del 78 -, pero mantengamos intacta la constitución material y el dominio del bloque de poder que gobierna este país desde hace cuatro décadas. Ajustemos los significantes para no alterar, en absoluto, los contenidos y el significado de la palabra España.

Hay tres disputas abiertas, las tres heridas por las que sangra España en el arranque del siglo XXI: la crisis territorial en que se discute si España sigue siendo un Estado unitario – que lo es aunque delegue competencias a las autonomías – o camina hacia un Estado plurinacional y se federaliza o confederaliza; las crisis social y económica en que se discute si somos capaces de construir un modelo productivo que garantice el Estado de Bienestar y los derechos sociales para la mayoría o si seguimos descendiendo la pendiente de la precarización de la vida para empobrecernos definitivamente y se asienta la sociedad más desigual de nuestra historia reciente; y la crisis de representación en que discutimos si democracia son los parlamentos y sus procedimientos, los gobiernos y sus decretos, o democracia son procesos populares y de participación, si es lo constituído o lo constituyente. La tensión es entre la vuelta del pasado o la apuesta por el futuro: entre la restauración del orden tras años de revolución ciudadana o la puesta al día de nuestras instituciones para construir un país que no deje a nadie atrás.

Reconozco el desconcierto: tras las primarias en que Pedro Sánchez derrotó al aparato tradicional del PSOE muchos en Podemos, su núcleo dirigente desde luego, alteramos sustancialmente nuestros análisis de la realidad política española: asumimos que se abría la posibilidad de encontrar en un PSOE nuevo un aliado para impulsar las transformaciones que nuestro país necesita para avanzar en un sentido progresista.

El pacto Rajoy-Sánchez es un duro golpe para las aspiraciones progresistas de este país, pero solo cambia lo superficial. Los procesos sociales son mucho más que los dirigentes políticos. No se va a producir un cierre restaurador en España sin medio país. Los sectores progresistas de nuestro país constituyen una mayoría social y electoral que anhelan algo más que el "más de lo mismo". Este país de países, España, vive atravesado por una revolución de su cultura política que sacudió las plazas en mayo de 2011. Es responsabilidad de los dirigentes políticos del cambio construir un horizonte de transformación que supere el estado actual de cosas. Estamos en ello.

Estos días dejan, a pesar del aparente estado de pesimismo, una certeza: España tiene futuro; Rajoy, no.