El delito de odio, la revista ‘El Jueves’ y la Policía

14 Nov 2017
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Pascual Serrano
Periodista

Tras las amenazas judiciales a varios humoristas y publicaciones satíricas como El Jueves o Mongolia, más de 100 humoristas gráficos han firmado el pasado 9 de noviembre un manifiesto en el que hacen un llamamiento a respetar la libertad de expresión, propia de una democracia, y piden la derogación de la Ley Mordaza. Sin embargo, no es la Ley Mordaza la principal amenaza a la libertad de expresión. Repasemos: el cantautor Javier Krahe, el humorista y dramaturgo Leo Bassi, el artista Abel Azcona y los humoristas de El Intermedio Gran Wayoming y Dani Mateo fueron procesados por el trasnochado artículo 525 del Código Penal que castiga con pena de multa de ocho a doce meses, a quienes ofenden los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, algo excesivamente ambiguo para dejar al libre criterio del juez.

Por otro lado, la tuitera Cassandra fue condenada a un año de prisión y a siete de inhabilitación absoluta por un acto de descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares, tras haber difundido varios tuits. Delito incorporado en la última reforma del Código Penal que entró en vigor el 1 de julio de 2015.

Pero quisiera detenerme en el delito de odio, incorporado también en la citada reforma y desarrollado en el artículo 510. En él se establece que se castigará con penas de uno a cuatro años de prisión a “quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”.

Pues bien, el delito de odio es una de las acusaciones planteadas en la demanda contra la revista El Jueves por una noticia humorística en su web bajo el título “La continua presencia de antidisturbios acaba con las reservas de cocaína en Catalunya”. También ha sido el delito de odio el planteado por la fiscalía contra quienes se manifestaron frente a los hoteles catalanes donde se alojaban policía nacional y guardia civil. Interior creó un gabinete jurídico para tramitar como delitos de odio las denuncias de estos agente. Este tipo de delitos es también la acusación del fiscal contra ocho profesores de instituto de Catalunya por comentarios en tres centros educativos sobre las cargas policiales en el referéndum del 1 de octubre. Y también se utilizó en el caso de las agresiones a miembros de la Guardia Civil en Altasasua. El auto de prisión sin fianza para seis de los acusados recogía la imputación de un delito de odio a los acusados, aunque el proceso judicial ha seguido después por el delito de “lesiones terroristas”.

Lo paradójico es que el delito de odio se concibió, con el apoyo de la izquierda y los movimientos sociales, para proteger a las minorías discriminadas o potencialmente víctimas de agresiones: colectivos LGTB, inmigrantes, grupos étnicos. Sin embargo, el resultado es que están siendo los cuerpos policiales, con la complicidad de fiscales, los que están rentabilizando una norma que nació para proteger a las minorías. Numerosos juristas han señalado que “es técnicamente imposible que un agente de Policía sea víctima de un delito de odio”, “ la protección de los agentes de Policía o Guardia Civil está regulada a través de figuras como el atentado a la autoridad o la resistencia”.  Aceptar ese delito contra la Policía supondría asumir que el Cuerpo Nacional de Policía cuenta con una ideología, una raza o una tendencia sexual propia.  

En la denuncia de la Policía se acusa al semanario El Jueves, además de injurias, de delito de odio. Odio a la Policía por su pertenencia, al parecer, a un determinado grupo étnico, social o ideológico. Odio al afirmar satíricamente que se acaban las reservas de cocaína cuando ellos llegan. Se da la circunstancia de que el tuit del Cuerpo Nacional de Policía en respuesta al de El Jueves que recogía la noticia demandada afirmaba “Apoyamos y defendemos la libertad de expresión, ¿pero no creéis que os habéis pasado de la “raya”?”. Pues parece que no, que al final la Policía ni apoya ni defiende la libertad de expresión. La acusación de delito de odio contra El Jueves, una revista que se dedica a todo lo contrario, al humor, supone una clara burla al espíritu de una ley que se legisló pensando en proteger a las minorías. O quizás es la Policía la que odia a El Jueves y la que hace tuits satíricos afirmando defender la libertad de expresión.


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