Isabel Franco Carmona
Diputada de Unidos Podemos por Huelva y Secretaria de Relaciones con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos Andalucía

Muchas son las inquietudes que, como diputada y como andaluza, me rondan. Esto es algo normal en tiempos de cambios. El jueves pasado votamos el cupo vasco en el Congreso de los Diputados y en diciembre estaremos en pleno proceso de elecciones catalanas. Todo se mueve.

Que España, en sí misma, ya es plurinacional, es algo que ya nadie duda. Pero esta realidad necesita de un nuevo marco de convivencia que sea reconocido plenamente en lo normativo. En esta cuestión conseguir una financiación justa es tan importante, como difícil de conseguir en un momento de tanta tensión y confusión como los que vivimos.

No es una cuestión baladí. En momentos como estos, la oportunidad para conseguir ciertos intereses de según qué actores se intensifica exponencialmente. Bien saben esto las y los expertos en negociación. Quien se duerma en los laureles y no sea firme en sus propósitos, saldrá perdiendo inexorablemente.

Hay dos cuestiones clave que entender. La primera es que la modificación del concierto vasco es legítima y positiva, aunque hay que señalar que no todo se ha hecho bien. El acuerdo ha mirado, desgraciadamente, más a intereses partidistas que a la ciudadanía vasca. El PP necesita al PNV para aprobar unos posteriores Presupuestos Generales del Estado que le proporcionen un año más de estabilidad en el gobierno, cosa que al PNV no le supone ningún coste si a cambio recibe más financiación.

La segunda tiene que ver con el error de mirar al dedo cuando se está señalando a la luna. El problema no es la negociación entre gobiernos que debería servir para reconocer las diferentes identidades que conviven en España. El problema es que se ha negociado por la puerta de atrás, dejando de lado la crucial reforma del modelo de financiación de las Comunidades Autónomas.

Así el PP está utilizando la financiación autonómica como un campo de batalla, agraviando la desigualdad que hay respecto a otras Comunidades Autónomas que están absolutamente infrafinanciadas. Y esto es muy grave.

El Estado de las Autonomías surgido durante la Transición, supuso un reparto de competencias, que, centrándonos en Andalucía, iba a ser incompleta. El 4 de diciembre de 1977, Andalucía demostró con coraje su voluntad de autogobierno de máximo nivel competencial. El 28 de febrero de 1980, los andaluces y andaluzas decidieron continuar con la vía del artículo 151, que no olvidemos, se consiguió gracias a la movilización del 4D con la que rompió el modelo territorial constitucional vigente y se configuró el actual.

Hablamos de competencias tan importantes para el bienestar como la sanidad, la vivienda y la educación. Estas competencias deben ser financiadas y cuando un territorio no tiene capacidad de gestionar de forma suficiente sus propios recursos, el traspaso de competencias supone también una serie transferencias económicas. Lo cierto es que esa financiación no ha sido la adecuada en comunidades como Andalucía, y ha generado un déficit acumulado que se conoce como deuda histórica.

A finales de los años 2000, esta deuda estaba cuantificada en, al menos, 25.000 millones de euros según el PSOE-A. En 2009, el entonces presidente, José Luís Rodríguez Zapatero, decidió pagar y cancelar la deuda acumulada hasta entonces, aunque sólo liquidó 1.200 millones de euros. Fueron José Antonio Griñán, como vicepresidente andaluz y Elena Salgado, como Ministra de Administraciones Públicas, las personas que negociaron a la baja la deuda histórica que el Estado mantenía con Andalucía.

Al PSOE le pareció bastante con un más que escaso 4,8% respecto del total declarado por su propio partido a nivel andaluz. Recordemos también que la gran mayoría de esta liquidación de la deuda (187 millones) se hizo en especie, a través del traspaso a la Junta de Andalucía de varios edificios y solares abandonados por el Ministerio de Defensa sin capacidad productiva ni más valor que el de la propiedad en sí misma. Andalucía y los derechos adquiridos por los andaluces y andaluzas salieron baratos al PSOE.

El propio Cristóbal Montoro, que en aquellos momentos era portavoz de economía del PP se refirió a aquella transacción de esta manera: "un auténtico apaño político que no va a contribuir a resolver nada en Andalucía. Es intolerable y pone de manifiesto que el Gobierno ha dicho a la Junta que con esto os conformáis porque vais a recibir menos de lo que os merecéis por el nuevo sistema de financiación".

Tras 10 años de crisis la situación ha empeorado y Andalucía volvió a salir perjudicada en el reparto, lo que, sumado a la política de recortes de Rajoy, mantenida por Susana Díaz, eleva de nuevo el déficit de financiación. Según cálculos de la Junta, desde 2010, la "nueva deuda" asciende a otros 5.500 millones de euros.

Como decía al comienzo, no es baladí la cuestión de la financiación, pues afecta directamente a nuestros derechos más básicos. No es casualidad que Andalucía sea la Comunidad Autónoma que menos gasto por habitante dedica a la sanidad. En España ya existen comunidades de diferentes velocidades, y eso determina la calidad de vida de la ciudadanía.

Ahora todo está en el aire. Tenemos por delante el proceso más importante desde la Transición. Andalucía tiene un gran reto: conseguir la igualdad efectiva y las máximas competencias, con una financiación justa. Acabar con un modelo territorial profundamente desigual para ir hacia otro justo y solidario. Andalucía tiene que recuperar lo que se le debe. Hay que revisar las competencias para conseguir la plenitud en el mayor nivel de desarrollo competencial. Y debemos conseguir una gestión responsable para mejorar las condiciones de vida de la gente, no como han hecho el PSOE y el PP hasta ahora.

Ahora nos toca ser firmes y trabajar para conseguir una financiación justa y una modificación del modelo constitucional que acepte una plurinacionalidad que moldeemos de forma común desde el diálogo. Una financiación que debe estar blindada por la Constitución Española para que nunca más pueda ser utilizada por intereses partidistas ni por más artículos 135. Siempre teniendo por bandera la solidaridad y fraternidad entre territorios y, por tanto, entre personas.

Nos jugamos la convivencia y nuestros derechos. Nos lo jugamos todo.