Otras miradas

En Defensa del Municipalismo, cimiento de democracia.

Esther Gómez
Concejal de Ahora Madrid en el Ayuntamiento 
Jorge Moruno
Sociólogo y miembro del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos
Daniel Vilagarda
Economista

Las políticas laborales que aplica el PP –bajos salarios, bonificaciones empresariales y condiciones precarias- merman los ingresos de las arcas públicas y el Gobierno busca cuadrar sus cuentas apretando las tuercas a los Ayuntamientos. De este modo el debate sobre el modelo de financiación territorial y el debate de la desigualdad social se convierten en un mismo debate: cómo organizar un marco de convivencia acorde con una justa distribución de recursos.

El arsenal legislativo que se ha acumulado desde 2012 hasta hoy para atacar la autonomía municipal está siendo usado por el PP de manera arbitraria ante la irrupción de los Ayuntamientos del Cambio en aspectos que ni tan siquiera la Administración General del Estado cumple.  Así, la aprobación, durante el gobierno del PP en 2012 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y en 2013 de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración, han permitido la profundización austericida y antimunicipalista que arrancaba con la reforma del Artículo 135 de nuestra Constitución. En la misma línea, la imposición por Bruselas de un límite de déficit público ha sido traducida por el Gobierno del Partido Popular en un estrangulamiento de nuestros Ayuntamientos al forzarles, sin que nadie le obligara a ello, al déficit 0% (al tiempo que se permite la existencia de déficit en Estado y las CCAA) y al exigir a los gobiernos locales dedicar obligatoriamente el superávit a reducir su endeudamiento.

La aprobación de la Ley de Racionalización supuso una nueva vuelta de tuerca en estas agresiones al municipalismo, eliminando competencias como la gestión de la atención primaria de la salud, reduciendo otras como la actuación en servicios sociales e imponiendo controles de oportunidad al ejercicio de las que denomina "competencias impropias" de los Ayuntamientos.  Al tiempo, se exigen nuevas condiciones para el ejercicio de la iniciativa pública en la actividad económica y para la creación, funcionamiento o pervivencia de empresas públicas locales.

El caso paradigmático lo constituye el Ayuntamiento de Madrid, primera y única administración a la que se aplica la escalada de medidas coercitivas previstas en la Ley de Estabilidad, a pesar de que la ejecutoria de este Ayuntamiento no puede tildarse sino de honrada y eficaz. Si algo está demostrando Manuela Carmena y su equipo es que puede aplicarse racionalidad en las cuentas públicas y al tiempo velar por los intereses de los madrileños y madrileñas.

Los datos en Madrid hablan claro: la reducción en más de un 40% de la deuda púbica heredada de los sucesivos gobiernos del Partido Popular y la existencia continuada de superávit financiero (una media de más de 1000 millones de euros anuales) se han compatibilizado hasta hoy con un aumento de la inversión (102%) y del gasto social (74%). Esta apuesta del Ayuntamiento de Madrid se ha acompañado además de una política de contratación pública que incluye por primera vez cláusulas sociales y medioambientales de obligado cumplimiento y con un período medio de pago de 39 días, frente a los 59 de la Comunidad de Madrid y los 60 del Estado.

Las políticas desarrolladas en estos dos años y medio por Ahora Madrid son claramente antagónicas a la calamitosa gestión del Ayuntamiento por el PP, trufada de ineficiencias y de presuntas actuaciones delictivas como la venta de viviendas públicas a fondos buitre o los sobrecostes injustificados de la M30. Frente a esto, la gestión de Ahora Madrid ha conseguido recuperar servicios como BICIMAD, la gestión pública de varios aparcamientos, la empresa funeraria e impulsar actuaciones como el Plan A.

Intentar imponer a Madrid una interpretación cuestionable de la llamada "regla de gasto" para dificultar sus políticas de prestación de servicios de cercanía y calidad, muestra la preocupación del PP ante la demostrada capacidad de gestión de la capital de España por Manuela Carmena y su equipo.

Toca abordar también desde Madrid, en compañía de otros municipios, la tarea de conseguir un nuevo modelo de financiación local que, basado en la autonomía municipal, permita una financiación suficiente para prestar más y mejores servicios a la ciudadanía. Esta tarea se inscribe en una reforma fiscal progresiva y con una mayor participación de los municipios en los impuestos que nos equipare a la media de la UE y transfiera recursos de los grandes patrimonios y rentas a la financiación de servicios universales de calidad.

Defender la autonomía municipal es, por tanto, defender el bienestar presente y futuro de la ciudadanía. Defender el Ayuntamiento de Madrid es nuestra tarea inmediata.

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