Óscar Alonso
Secretario Acción Sindical de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP)

A veces, tengo la impresión de que hay personas que se recrean sacando a relucir los malos tiempos de la dictadura franquista, no por lo que en Justicia tiene de reivindicable, sino con la aviesa intención de hacer comparaciones irritantes y sin base real que las justifique; con la sana intención de ofender por ofender y confundir por confundir; o aun peor, de escribir por escribir.

Digo confundir por cuanto se mezcla, astutamente, el discurso político del actual gobierno (que siempre fantasea sobre lo que le interesa o cuando le conviene) con el trabajo de los funcionarios de prisiones que este mismo gobierno no valora como debiera o mantiene en el olvido.

Me parece no sólo bien, sino necesario y un deber moral, que la gente se mantenga atenta a cualesquiera sucesos que ataquen o coarten los derechos y libertades de los ciudadanos. En lo tocante a este tema, me gusta recordar las palabras de Escohotado: "La virtud cívica consiste en desconfiar de todo poder coactivo, contribuyendo así a que este se ciña a lo imprescindible; el vicio gregario consiste en adherirse sumisamente a él, contribuyendo a que crezca más allá de lo imprescindible".

Ni la institución educativa, ni la institución política, ni la judicial, ni la policial, ni la sanitaria, ni otras que se puedan citar, representan hoy la negatividad que tuvieron en otros funestos periodos históricos. Entonces, ¿por qué se especula recurrentemente sobre la institución penitenciaria como la única isla de inmoralidad anclada en el pasado? Bien es verdad, que desde la dirección y gestión gubernamentales no se hace nada para defender la imagen del trabajador penitenciario. Lo hemos dicho muchas veces: tenemos una Secretaria General de Instituciones Penitenciarias sobradamente incapaz que no favorece al trabajador, más bien al contrario, coadyuva con el silencio interesado a su denigración.

Las prisiones del actual sistema político español no son cárceles franquistas, por más que se empeñen algunos; ya se llame a este sistema democracia u oligarquía o como se lo quiera calificar. La realidad es que las prisiones cuentan con una plantilla de trabajadores que son funcionarios civiles (no portan más arma que un bolígrafo), que acceden a ella con una titulación académica y a través de oposición pública, que son ciudadanos formados y socializados en este país; y si alguien piensa que el sistema educativo español produce torturadores, su prevención, para ser justa, debería apuntar mucho más allá de la situación de las prisiones.

Los funcionarios penitenciarios son ciudadanos dentro del conjunto de los ciudadanos. No son individuos que reciben educación de casta de verdugos; son personas muy concretas y normales, no reencarnaciones de espíritus cainitas del pasado. Y como dato relevante se puede señalar que la edad media con la que estas personas entran a integrarse en la plantilla es muy alta, ronda, según las promociones, la treintena. La inmensa mayoría de ellas vienen de trabajar en la empresa privada o de realizar estudios en la universidad. Quiero decir con ello, que ya tienen una personalidad lo suficientemente formada como para ser capaces de distinguir el bien del mal.

Los centros penitenciarios -y el modelo de funcionamiento que éstos desarrollan- no existen porque así lo han decido los trabajadores de prisiones sino porque la sociedad así lo quiere o lo admite. Sería terrible pensar que la sociedad en su conjunto, con el sistema judicial a la cabeza, a sabiendas, manda a los reos a ser torturados.

Pero cuando alguien ataca a todo un colectivo de trabajadores con la peregrina idea de lo que barrunta que puede estar sucediendo en virtud de la experiencia propia de otros tiempos (ya saben, un conocido de un amigo de mi amigo le ha dicho...), es que algo falla en la cabeza de ese alguien que se sumerge en las peligrosas aguas de la calumnia (que algo queda) y de la generalización insidiosa. El resentimiento como instrumento para extrapolar conclusiones de lo que sucedió y aplicarlas a lo que sucede, cuando han cambiado los tiempos, el escenario y los actores, no es el más legítimo ni el más honrado de los instrumentos, muy alejado del valor prudencial que debe tener la acción de juzgar la conducta de otros y que suele dar como resultado opiniones poco fiables, inciertas y sesgadas. Por lo demás, todos tenemos nuestra biografía y no todo tiempo pasado fue mejor.

El mismo error estaría yo cometiendo si me pongo a especular, a hacer suposiciones sobre los motivos reales que pueda tener un buen señor dedicado a propagar la ignominia. Pero como no soy un tertuliano obligado a opinar de todo lo habido y por haber, me abstengo. Lo que sí soy, es un trabajador del actual colectivo de prisiones, y sí me irrita que sobre mí o mis compañeros recaigan sospechas de tortura, realizadas en público, por gente que habla por hablar o escribe por escribir.