Opinion · Otras miradas

Ciudadanía social y cultura del bien común

Javier Segura

Profesor de Historia www.javisegura.es

Javier Segura
Profesor de Historia www.javisegura.es

En un artículo anterior (1) me referí a la ciudadanía social y hubo algunos lectores que entendieron la idea como un planteamiento excluyente. Nada más lejos de mi intención. De ahí que dedique este artículo a compartir la relación inclusiva de la misma con una cultura del bien común, desde una perspectiva histórica.

Tras la Segunda Guerra Mundial, las democracias occidentales se constituyeron bajo el modelo del Estado social y democrático de Derecho, definición recogida también, tras la dictadura franquista, en la Constitución española de 1978. Dicho modelo conlleva la responsabilidad de las instituciones públicas en la implementación de las condiciones materiales necesarias para que la libertad y la igualdad de personas y colectivos sean reales y efectivas. Así, del carácter social del Estado deriva su deber de garantizar el acceso de la población a los bienes comunes que aseguran  la calidad de vida y el ejercicio de la libertad; de su condición democrática, la participación cívica  y la soberanía ciudadana en la elaboración directa, por iniciativa popular, o indirecta, a través de los representantes elegidos, de las leyes rectoras de la convivencia; y de su cualidad como Estado de derecho, una estructura jurídica basada en el consenso democrático en torno a las leyes y en la división de poderes, encarnada en las instituciones independientes del Parlamento, el Gobierno y la Judicatura, lo que niega cualquier posibilidad autocrática. Este modelo político, que define, hoy por hoy, una democracia avanzada, requiere, para su desarrollo y profundización, una ciudadanía formada en los valores de la convivencia democrática y consciente de sus derechos, esto es, una ciudadanía social. Algo por hacer realidad… ¡todavía!

A partir de la crisis petrolera de 1973, que erosionó el patrimonio de las élites económicas y financieras, y de los inicios  del declive que desembocó en el derrumbe de los regímenes soviéticos del Este de Europa, que hizo desaparecer en el Occidente capitalista la necesidad de mantener el reformismo del Estado social como contrapeso del “referente comunista” que podía significar la URSS en las clases populares, el núcleo dirigente de la economía mundial, articulado en torno a Wall Street, la Reserva Federal estadounidense y organismos internacionales, como el Banco Mundial y el FMI, impulsó, en la década de los 80, la conocida como “revolución conservadora” (2). En línea con las escuelas neoliberales de pensamiento económico, el objetivo real de este “complot de los privilegiados” fue la restauración del sistema redistributivo de la riqueza en beneficio de las rentas del gran capital y, por esta vía, la recomposición del poder de clase de la asociación formada por la gran corporación privada y los mandatarios financieros. Esta inflexión de prioridades políticas se tradujo, en la práctica, en la revitalización, con todas sus consecuencias, de  la “sociedad de mercado”, consustancial al modo capitalista de producción (3).

Este sistema social, en el que hoy vivimos, se asienta en el dominio del mercado, entendido como el espacio en que las empresas privadas compiten entre sí por la obtención de plusvalías, sobre todos los ámbitos que fundamentan la distribución de la riqueza en la sociedad: los recursos naturales, los bienes de uso, el trabajo, convertido en empleo asalariado, y la propia moneda. ¡Todo tiene un precio! En este  marco, gobernado por la lógica del máximo beneficio posible, que conduce al capital a la continua expansión por nuevas áreas de negocio, se inscriben las políticas públicas neoliberales de las últimas décadas que, dictadas por los agentes del gran capital al margen del escrutinio ciudadano, han supuesto la confiscación del papel del Estado como garante de los derechos sociales en favor de su función como protector del “libre mercado”. Una auténtica reconversión, obtenida mediante la privatizacíón de la protección social y los servicios públicos, la subordinación del trabajo asalariado al poder empresarial, la protección de los privilegios fiscales de las grandes empresas y la entrega de la deuda pública a la especulación financiera. “Es el mercado, amigo…o sea…” ¿Recuerdan? Rodrigo Rato dixit. En efecto, es el mercado. En concreto, el mercado que deshaucia la democracia e instaura la precariedad como estilo de vida.

Como argumento legitimador del expolio, la “casta neoliberal” ha difundido un ideario anti-estatal en el que la crítica al Estado, considerado como una máquina burocrática, despilfarradora y corrupta, opera como un mero eufemismo que encubre la implantación de un marco institucional que, sometido a los designios del gran capital, hace del  Estado el instrumento que obliga a la ciudadanía a cargar sobre sus espaldas los costes derivados de la “libre” acumulación de capital y, a la par, ejerce de gendarme para neutralizar la potencial protesta social. Entender esta función del Estado neoliberal es esencial, en la medida en que todo análisis fundamentado de los grandes problemas del mundo actual (devaluación democrática, desigualdad,  cambio climático, represión política, periodismo tóxico…) conduce al neoliberalismo como origen de los mismos.

Más allá de la gestión política que hace transitar la democracia hacia un auténtico régimen oligárquico, el neoliberalismo es, fundamentalmente, el universo cultural que deriva del poder de “los dueños del mercado”.

La cultura neoliberal se asienta en la ruptura del binomio libertad-igualdad en favor de la libertad individual, erigida en valor central de la civilización, independiente de las condiciones materiales necesario para su ejercicio como derecho inalienable de toda persona. Así, si la libertad real implica el pleno desarrollo de la capacidad del ser humano para autodeterminarse como ser racional, afectivo y social, sin coacción externa, la libertad que pregona el neoliberalismo supone, en la práctica, la restricción de la libre elección al nivel de renta y poder disponibles para poderla ejercer. ¡Una paradoja!

Del “divorcio por decreto” de la libertad y la igualdad se desprende el conjunto de valores que conforman la cultura neoliberal: el individualismo, que ensalza la iniciativa privada como fuerza motriz de la sociedad; la competitividad, convertida en factor regulador de las relaciones humanas, donde los que triunfan son los mejores; el consumismo, que asocia la felicidad con la acumulación individual de bienes materiales; el mito del crecimiento económico, al margen de sus efectos sobre la sociedad y el medio ambiente… Así, del Estado neoliberal y de los valores que lo sustentan se deriva la “demanda” de una ciudadanía inmersa en rivalidades sin victoria posible para la mayoría y, por tanto, sujeta a la incertidumbre y el miedo de la eliminación; expuesta a las frustraciones derivadas del “mundo feliz” encapsulado en el formato consumista; inducida a ser el público pasivo de una realidad reducida al espectáculo como negocio global; una ciudadanía desposeída, por la censura derivada de la “desinformación masiva”, de las referencias y recursos culturales necesarios para interpretarse como sujeto activo de la realidad social y, a la vez, permanentemente incitada, por publicistas serviles disfrazados de informadores, a rechazar irracionalmente toda voz que ponga en tela de juicio las convenciones establecidas. En definitiva, una ciudadanía fragmentada e indiferente a la problemática social. En este contexto, el conformismo con el orden establecido se asienta en el carácter hegemónico alcanzado por la cultura neoliberal que, como toda ideología dominante, se presenta con la vocación de representar el sentido común del conjunto de la sociedad.

Frente a esta realidad, en la que la ciudadanía no cuenta, salvo para “recibir el palo y ser anestesiada con la zanahoria”, la ciudadanía social comporta el compromiso cívico con el bien común.

La cultura del bien común se fundamenta en la dignidad humana como valor civilizatorio central, inherente a toda persona por su condición de tal. En virtud de su carácter universal,  anterior, por tanto, a toda legislación, la dignidad hace a toda persona merecedora de los derechos humanos que, unidos en el maridaje fundamental de la libertad y la igualdad, son garantía de convivencia democrática, calidad de vida y felicidad social. En este sentido, la conciencia ciudadana del derecho a la dignidad, otorga toda la legitimidad moral a las luchas populares contra las injusticias sancionadas por el poder en normas y leyes.

La cultura del bien común refleja la naturaleza social y, por tanto, altruista de los seres humanos. Supone por tanto un dinamismo emancipatorio que implica la descodificación de los paradigmas del neoliberalismo y sus “añadidos” en las conciencias, como la ignorancia, miedo, el dogmatismo y el odio, y su sustitución por aquellos que facilitan el desarrollo de las relaciones humanas en condiciones de igualdad, como la cooperación y la solidaridad.

Por todo ello, la cultura del bien común supone el reencuentro del conjunto de la ciudadanía en la ciudadanía social. En España, la rebelión popular del 15M, en Mayo de 2011, y el conjunto de movilizaciones de los últimos años vinculadas al mismo, incluyendo la movilización social por el derecho a decidir sobre el autogobierno en Catalunya, han hecho visible el rol fundamental que la ciudadanía social juega en la renovación de la democracia. Sin embargo, la tarea quedará incompleta sin su conformación como mayoría cívica frente a la hegemonía cultural del neoliberalismo.

En efecto, el camino hacia la plenitud democrática no se agota en los proyectos políticos de emancipación que representan las demandas populares, siendo éstos fundamentales. Además  requiere un nuevo modelo cultural que reconstruya y reinvente el amplísimo espacio que el neoliberalismo ha saboteado o destrozado: un espacio fundado, no sobre la propiedad capitalista, sino sobre la propiedad social, entendida como el conjunto de servicios, prestaciones y garantías proporcionadas por el Estado social y democrático de Derecho; un espacio que acoja las enseñanzas de las luchas populares para su reivención democrática; un espacio en el que “hacer ciudadanía” signifique sumar y confluir, sin sectarismos, con quienes comparten aspiraciones comunes; en el que la empatía y el respeto mutuo presidan los vínculos humanos; un espacio en que la naturaleza sea fuente de vida y no de recursos. En definitiva, un espacio inclusivo en el que se den la mano la ciudadanía y la cultura del bien común y sea el punto de encuentro de ideologías benéficas para la sociedad, aquellas que, desde las certezas, ayudan a luchar y a vivir.


NOTAS

(1) Véase Estado neoliberal y unitario contra la soberanía democrática. En Público, 29-12- 2017
(2) De la “revolución conservadora” derivó la implantación global del neoliberalismo. El primer país que sirvió como campo de experimentación del neoliberalismo fue Chile, bajo el “manto protector” de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-90), amparada por Washington. Posteriormente, la promoción global del mismo, fue protagonizada por los gobiernos de Margaret Thatcher en Gran Bretaña (1979-90) y Ronald Reagan en Estados Unidos (1981-89)

 

(3) Siempre han existido mercados a lo largo de la historia universal. Han formado parte de la economía en su conjunto, sin dominarla. La sociedad de mercado, en la que el poder del mercado domina la vida social, se impone con el triunfo del capitalismo.