Madrid frente a la turistización. ¿Moratoria o amnistía?

Opinión

Luis Alonso
Colectivo ‘Lavapiés ¿dónde vas?’

El jueves pasado, el Ayuntamiento de Madrid anunció una serie de medidas para regular los alojamientos turísticos. Las medidas consisten principalmente en dos cosas: un plan especial urbanístico y una moratoria parcial de un año mientras se elabora. Esto era ya una demanda vecinal, aunque no en los términos en que se plantea. Hoy por hoy, del plan especial no sabemos nada (¿cuál será su alcance, nivel de participación,…?). De la moratoria sabemos algo más, pero la escueta información que tenemos hace dudar mucho de su eficacia:

1/ Sabemos que afecta únicamente a suelo residencial, pero, ¿por qué? Esto significa que en las parcelas clasificadas como “de uso terciario” se podrán abrir sin problemas alojamientos turísticos, principalmente hoteles (incluidos hostales y albergues). En el Distrito Centro existen actualmente 73.878 plazas de alojamiento turístico, es decir, una plaza por cada dos habitantes (según datos del año pasado: con toda seguridad la relación será ahora mayor). ¿No es esto ya una saturación? ¿Si no, qué porcentaje consideraría el Ayuntamiento como problemático para ampliar la moratoria al suelo terciario?

A esa cifra de un turista alojado por cada dos habitantes podríamos añadir que la gran mayoría (alrededor del 70%) de esas plazas de alojamiento turístico son de hoteles, por lo que una hipotética y lejana disminución de las viviendas de uso turístico (VUT, en adelante) tendría poco efecto en mejorar la situación. Pero es que además hay, ahora mismo, numerosos proyectos de nuevos hoteles. Sólo el Edificio España y Canalejas sumarán más de 850 habitaciones, y solo en el barrio de Lavapiés hay al menos otros tres hoteles de tamaño mediano proyectados.

Así, la presión que se va a trasladar a cualquier parcela que no sea residencial va a ser enorme. Dentro de poco no quedará ninguna que no esté dedicada al alojamiento turístico, ahondando en la especialización que ya sufre el centro y que es un problema perfectamente detectado por el propio Ayuntamiento. Debemos añadir que esta presión es también sobre el patrimonio construido: un hotel tiene una conformación muy particular, así que la mayoría de esos proyectos han comenzado por demoler los edificios. Es de imaginar la cara del Delegado del Área de Urbanismo ante la idea de que la moratoria afecte al Edificio España y a Canalejas, pero es en situaciones así cuando se demuestra el músculo democrático capaz de defender el interés general sobre el privado. O la falta de ese músculo.

2/ Sabemos también que la moratoria incluye dos cosas: no dar, de momento, ninguna licencia para hotel en edificio residencial (bien) y no dar, de momento, ninguna de las nuevas licencias urbanísticas para VUT que se definan en la nueva normativa. ¿Qué va a pasar con las VUT que existen ahora mismo o las que abran a partir de ahora? Evidentemente ahora mismo ninguna VUT tiene esa licencia. ¿Las van a cerrar todas? No parece probable. El anuncio del Ayuntamiento dice que «En los distritos en los que han quedado suspendidas las licencias, sólo podrán ofertarse desde la legalidad urbanística aquellas que ya dispongan de las correspondientes licencias».

¿Qué licencias se van a considerar válidas? Damos por hecho que las que emite la Comunidad de Madrid serán necesarias pero no suficientes. Aun esas las tienen, hoy en día, un porcentaje muy pequeño de las VUT (alrededor de un 10%), aunque la Comunidad seguirá otorgándolas. Suponemos que un porcentaje aún menor contará con algún tipo de licencia urbanística, así que, de hecho, el Ayuntamiento debería inspeccionar y cerrar la inmensa mayoría. Si la idea es tener de algún modo manga ancha con las que ya existen, ¿cómo van a saber cuáles son previas a la moratoria? Según lo que sabemos, no existe un censo municipal de VUT, ni cuentan tampoco con la colaboración de plataformas como AirBnB. No tienen nada. Discúlpese la obviedad, pero el primer paso de cualquier política pública debería ser tener los pies bien puestos sobre la realidad material que intenta administrar.

No es el caso. Llevamos ya mucho tiempo reclamando una labor inspectora que no se ha realizado y todo apunta a que, ahora, el Ayuntamiento opera sobre el vacío. Sería imprescindible que estas medidas fueran acompañadas de un plan de acción, de unos objetivos, unos números que expliquen cuántos pisos estiman que estarán dentro o fuera de la legalidad, según qué normas, cuántos esperan cerrar en este año de moratoria, con qué medios… La única pista que nos han dado es una nota de prensa previa en la que hablaban de inspeccionar diez edificios con un alto porcentaje de VUT. ¿Diez? ¿En serio? Debe ser una broma.

3/ Sabemos que el anuncio de estas medidas viene acompañado de una reciente interpretación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid por parte de su Comisión de Seguimiento. La consulta a esta comisión, que preside el Delegado del Área de Urbanismo no era necesaria ya que informes previos del propio área ya habían clarificado la normativa urbanística aplicable, específicamente para VUT. La razón de la nueva consulta, por tanto, no puede ser más que obtener el resultado que conocemos: reinterpretar a la baja los requisitos técnicos de las VUT para equipararlos a los de cualquier vivienda aunque sean consideradas como suelo “terciario hospedaje” y, por otro lado, en la norma zonal 1 (La que corresponde a Centro), eliminar la exigencia de acceso independiente y exclusivo. Este último era un requisito en el que se basaban algunas de las denuncias que hemos puesto recientemente y cabe pensar que su reinterpretación responde a la peor razón posible: para no tener que aplicarlo. Porque el hecho es que esta condición deja fuera de la legalidad a casi todas las VUT de Centro, y a los responsables de la política urbanística del Ayuntamiento debía hacérseles demasiado cuesta arriba. No nos extraña: cuando se deja que un problema crezca tanto de forma incontrolada pasa esto. Sin embargo, es obvio que la dimensión del problema es de gran calibre, y por tanto el remedio debe también serlo.

Lo más grave es que, en realidad, la aplicación de ese requisito era la opción más fácil y efectiva. No entendemos este empeño en forzar el encaje legal de lo que no es más que un modelo de negocio rentista, basado en el uso ilegítimo de un bien primordial y un derecho fundamental como es la vivienda. De este modo, el Ayuntamiento se ha puesto la zancadilla a sí mismo, se ha metido en un lío normativo, en una disputa de competencias que en nada le beneficia, y con toda probabilidad va a llegar al final de la legislatura sin haber solucionado nada. Mejor hubiera sido usar la normativa que había ya a su disposición e indiscutiblemente dentro de sus competencias para ir cerrando pisos poco a poco, forzando así a la Comunidad de Madrid y a las plataformas a negociar, y también mandando un mensaje claro a quien se plantee abrir nuevas VUT.

4/ Sabemos, por último, que el Ayuntamiento quiere limitar las VUT para que no se alquilen más de 90 días al año. ¿Cómo se va a controlar que esos pisos no se alquilen más de 90 días? El Ayuntamiento interpreta que: «Estos acuerdos no afectan a la oferta de alojamiento compartido durante menos de tres meses en las viviendas que constituyen residencia permanente, pues no están reguladas como alojamiento turístico por la normativa turística autonómica y no constituyen actividad empresarial».

A estos pisos, entonces, no se les aplica nada de lo anterior, algo con lo que podemos estar de acuerdo siempre y cuando se añada la necesidad de un registro y ese límite tan generoso de tres meses sea algo revisable que se pueda modular según funcione cuando se aplique (como hacen en otras ciudades). Lo preocupante es que no entendemos cómo se va a gestionar. ¿Se dejará la “carga de prueba” a las comunidades de vecinos que quieran denunciar un piso que no lo cumple? ¿Tendrán que ir grabando y anotando los días que entra y sale gente para intentar demostrarlo? ¿Esperaremos a tener un hipotético acuerdo de la Comisión Europea con AirBnB para poder hacerlo cumplir? Tampoco se entiende la insistencia del Ayuntamiento en los 90 días cuando el requisito fundamental es el segundo: que sea residencia permanente. Fundamental porque es el que realmente lo valida como economía colaborativa (se comparte un uso) y, además, porque es mucho más fácil de controlar. ¿Lo usarán? Junto al registro mencionado, son las dos medidas que evitarían que esto se convierta en un coladero de VUT profesionales camufladas de colaboración. Otro.

Estas son algunas de las cuestiones que se pueden plantear a raíz de los últimos movimientos del Ayuntamiento de Madrid. Hay muchas otras pero es urgente que se aclaren estas. Con toda sinceridad decimos que nos gustaría equivocarnos y que estas medidas surtieran efecto. Que dentro de un año estuviéramos hablando de su éxito, y no de una amnistía encubierta. Pero no se nos puede pedir solo fe. El problema de la turistización está sobre la mesa desde hace tiempo y se llega muy tarde. El Área de Desarrollo Urbano Sostenible cuenta con personal, medios y experiencia. Es gobernada por una candidatura que venía a hacer de la institución la casa de todas y todos. Cualquier cosa que se explique este jueves, que no incluya dar respuesta a estas preguntas, no será de recibo.