Sol Sánchez
Socióloga y coportavoz de IU Madrid

Gonzalo Caro
Politólogo

Es imposible no sentir estupor al ver a Cristina Cifuentes -la presidenta del partido que acumula cada día nuevas tramas de corrupción e imputados en los juzgados madrileños-, postularse como regeneradora de la democracia junto a un PSOE encantado una vez más de salir en la foto, sin caer en que la ropa no se puede lavar con agua sucia.

Entre las medidas anunciadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid para regenerar la democracia, sólo se encuentra una encaminada a luchar contra la corrupción, y es la de eliminar los aforamientos. La pregunta que surge es si quitar los aforamientos es la panacea, cuando decenas de imputados del Partido Popular eran cargos públicos municipales que no tenían aforamiento alguno.

Si Cifuentes tuviera alguna intención verdaderamente regeneradora, si su llamada a un "código ético común para los cargos institucionales y orgánicos de todos los partidos" fuera algo más que un brindis al sol, empezaría por hacer dimitir a alcaldes de su partido como Borja Gutiérrez (Brunete), "investigado" en Púnica y otras cuestiones relacionadas con la corrupción; o Narciso de Foxá (Majadahonda), "investigado" por delitos urbanísticos y contra el medio ambiente. De hecho, tampoco tendría a cuatro concejales de nueve "investigados" en el municipio de Getafe.

Si Cifuentes tuviera interés en regenerar la democracia, tampoco habría estado jugando al ratón y al gato con la oposición para defender a sus predecesores – Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre e Ignacio González-  del caso Lezo, ocultando información y negando acceso a documentación relevante.

Pero lo preocupante en este supuesto pacto de regeneración democrática no es sólo lo que falta. Preocupa que Cifuentes trate de resucitar ese sueño de Aguirre de tirar por tierra la proporcionalidad del sistema electoral en la Comunidad de Madrid, reduciendo el número de diputados y creando un mapa electoral a medida que favorezca al bipartidismo.

El objetivo es claro, porque los resultados de las elecciones generales y las últimas encuestas muestran que PP y PSOE, que llevan 40 años repartiéndose el pastel, ven ahora peligrar su posición de privilegio.

En Izquierda Unida, sin embargo, proponemos cuestiones regeneradoras con mucho más fondo. Empezando porque este proceso no puede ser algo simplemente cosmético. Debemos acabar con los impedimentos estructurales de clase, género, procedencia, edad y diversidad funcional que excluyen a miles de personas cada día en la Comunidad de Madrid.

Para luchar contra la corrupción, debemos empezar por seguir el dinero. Acabemos con el despiece y la privatización de nuestros servicios públicos, porque así los corruptores no podrán pagar mordidas a costa de nuestros derechos y además mejorará nuestro bienestar.

Acabemos con las obras e infraestructuras faraónicas y pongamos la obra pública al servicio de las necesidades reales de la población y no de constructores que engrosan la caja B del Partido Popular.

Demos más poder a los técnicos para evaluar las necesidades reales y el impacto de las infraestructuras y un sistema de protección para que puedan denunciar cuando reciban presiones para modificar o mentir en sus informes.

Por último, pongamos el urbanismo -otro de los manjares que han saboreado los corruptores y los corruptos en nuestra Comunidad- al servicio de los vecinos y vecinas. Elaboremos una ley del suelo que anteponga las personas a los intereses de los especuladores porque si cerramos el grifo del dinero, dejaremos de regar el campo donde florece la corrupción y entonces podremos hablar de regenerar la democracia.

Además, para acercar las instituciones a las madrileñas y a los madrileños, creemos una ley de participación ciudadana y pongamos en marcha de manera efectiva reglamentos de participación ciudadana en los municipios. Reforcemos mecanismos como las Iniciativas Legislativas Populares, en vez de machacarlos como hacen PP y Ciudadanos, ignorando el clamor de los colectivos sociales que llevan sus reivindicaciones al Parlamento Regional tras recabar el apoyo de miles de madrileños y de madrileñas. Impulsemos mecanismos como las consultas populares para refrendar decisiones de gran trascendencia. Y por qué no, abramos la gestión de los servicios y empresas públicas a la participación ciudadana y de los y las trabajadoras.

Por último, en lo que se refiere a la ley electoral, en el supuesto que el número de diputados suponga un gasto excesivo, lo que sí podemos hacer es limitar el salario de todos los cargos públicos a tres veces el Salario Mínimo Interprofesional. Si queremos aumentar las voces y la pluralidad en la Asamblea de Madrid, reduzcamos el techo de porcentaje de votos para obtener representación del 5% al 3%. Y como consideramos necesario controlar a los cargos públicos, establezcamos mecanismos de revocación, para que así podamos expulsar a los corruptos de nuestras instituciones y a quienes incumplen gravemente sus programas electorales o hacen políticas que son lesivas para la mayoría.