Maribel Mora Grande
Portavoz adjunta del grupo Unidos Podemos en el Senado

En 2016, último año del que constan datos oficiales, se produjeron en nuestro país un total de 292 delitos contra la vida. Mientras la tasa internacional de homicidios se situaba en 6'9 víctimas al año por cada 100.000 habitantes, esa cifra se reduce en el contexto de la Unión Europea hasta los 3'5 homicidios. Nuestro país tiene, con una cifra del 0'6, una tasa seis veces inferior a la media europea y hasta once veces más reducida que la media internacional. Si contamos con datos tan concluyentes que deberían convencernos de lo contrario, ¿por qué periódicamente vuelve a aflorar la sensación de que vivimos en un país inseguro? Sucede fundamentalmente por dos razones.

En primer lugar, es innegable que crímenes tan execrables como los que acabaron con la vida de Diana Quer, Marta del Castillo, Sandra Palo o Anabel Segura nos producen un hondo impacto social. Sus nombres están ya grabados en la memoria colectiva y nos obligan a mirar de frente el horror del que es capaz el ser humano. Porque quienes cometieron estos crímenes tan viles y despreciables, no lo olvidemos, fueron personas, seres humanos como nosotros y nosotras.

Por otra parte, es evidente que existe una utilización política del dolor. Hay quién se vale de  sucesos tan crueles como los mencionados con la intención de imponer una determinada agenda política. Así actúa el Partido Popular. El pasado 7 de febrero se votaba en el Senado una moción del Partido Popular instando al Gobierno a mantener la prisión permanente revisable. Hace apenas 9 meses, en marzo de 2017, el PP se valió de su mayoría absoluta en la Cámara Alta para aprobar una moción idéntica a la que hoy hemos debatido. Más datos: en octubre de 2017 el Congreso aprobó, con los únicos votos en contra de PP y UPN (su sucursal navarra), la derogación de la prisión permanente revisable. Esa propuesta de ley, sin embargo, ha permanecido bloqueada por la Mesa del Congreso, en la que el Partido Popular ha contado con la connivencia de Ciudadanos.

España cuenta con uno de los códigos penales más duros de toda Europa, que permite la imposición de penas de hasta 40 años de cumplimiento efectivo por una sola condena. Pero lo que es poco conocido es que además es posible acumular sin límites varias condenas. No existen límites en esto del cumplimiento. De hecho, en junio de 2017 había en España 540 personas encarceladas con penas superiores a 30 años de cumplimiento efectivo; 214 personas condenadas a entre 30 y 40; 110 personas entre 40 y 50 años; y 61 personas con penas de más de 60 años de cumplimiento efectivo. Eso es cadena perpetua y esas condenas, además, no son revisables.

El Partido Popular alega que la prisión permanente revisable ya se aplica en otros países europeos. Lo que el PP oculta deliberadamente es que países como Dinamarca, Irlanda o Alemania tienen un ordenamiento penal que permite revisar la prisión tras 10 o 15 años de condena. En España, no obstante, es preciso el cumplimiento de 25 años de prisión para que se produzca esa revisión.

¿Puede contribuir la prisión permanente revisable a la reducción de la criminalidad? Todos los datos con los que contamos nos indican lo contrario. Está empíricamente demostrado que el mero incremento de la cuantía o de la dureza de la pena no tiene efecto en la reducción de estos delitos.  En Estados Unidos, donde se aplica tanto la cadena perpetua como la pena de muerte, existe una tasa de asesinatos ocho veces mayor que la española. En Rusia, donde también se aplica la cadena perpetua, la cifra es once veces superior. Cuando en agosto de 2016 José Enrique Abuín secuestró a Diana Quer, ya estaba en vigor la prisión permanente revisable. ¿Sirvió de algo su vigencia para evitar aquel crimen?

Antes recordaba los nombres Diana, Marta, Anabel y Sandra. A ellos podríamos sumar los de Desirée, Toñi y Miriam, las tres jóvenes de Alcásser cuyo asesinato, acaecido hace más de 25 años, todavía recordamos. Todas ellas fueron asesinadas a manos de hombres, que las cosificaron, humillaron y ultrajaron antes de poner fin cruelmente a sus vidas. Si, como hemos comprobado, la prisión permanente revisable no evitó el asesinato de Diana Quer.

El partido Popular solo habla de cadena perpetua pero estoy todavía por escucharles reflexionar sobre el germen machista que alimenta estos y otros delitos. Y ese germen machista puede y debe combatirse; puede y debe prevenirse. Si de verdad estuvieran interesados en defendernos a las mujeres invertirían en serio en educación contra el machismo, en dotar económicamente el pacto contra la violencia de género y, desde luego, en tratamiento y rehabilitación de los agresores.  Encerrar a los agresores y tirar la llave no va a ayudarles a respetar a las mujeres.

A finales de 2016 hasta 6.223 hombres cumplían condena en cárceles españolas por delitos de violencia machista. Sin embargo, el 17,64% no tienen ninguna oportunidad de recibir tratamiento en su prisión porque en la prisión en la que cumplen condena no existía ningún programa de tratamiento para condenados por violencia de género o violencia sexual. Del resto solamente el 14% estaban recibiendo tratamiento en el momento que el Gobierno me facilitó los datos.  Estos programas además son cortos, son francamente superficiales, y hay listas de espera para participar.

Los execrables crímenes que más han conmocionado a nuestra sociedad son fundamentalmente asesinatos machistas. Ser mujer en nuestro país es, en este sentido, un riesgo añadido. Y esto no sucede porque los hombres sean más proclives genéticamente a la maldad, sino porque vivimos en una sociedad machista, patriarcal. La tasa de desempleo femenino, la brecha salarial, el acoso sexual, las violaciones y los asesinatos a los que antes nos hemos referido no son sino una expresión de ese machismo. Es lo que el movimiento feminista define como patriarcado, un modelo de ordenamiento social que arraigado no desde hace años, sino desde hace siglos, nos ubica a las mujeres en una permanente situación de desigualdad.  

A pesar de los avances legislativos de las últimas décadas, el machismo no solo no ha desaparecido, sino que persiste tenazmente incluso entre las generaciones más jóvenes. Existe también todavía una justicia patriarcal, que nos sigue considerando a las mujeres como ciudadanas de segunda. La demagogia punitiva del PP no solo no pone fin a ese modelo de justicia patriarcal, sino que lo refuerza.

Hace falta voluntad política. Se necesitan recursos para implementar políticas de sensibilización, educación y formación. Y es urgente la puesta en funcionamiento con dotación suficiente del pacto de estado contra la violencia machista. Esa es la única receta que a corto, medio y largo plazo puede no solo ofrecer más seguridad a las mujeres, sino propiciar una sociedad más justa y también próspera.

Parafraseando a la poeta y activista estadounidense Audre Lord, quien afirmaba que "no seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas", tal vez debamos plantearnos que no conseguiremos vivir plenamente seguras hasta que no hayamos desterrado la opresión que, como mujeres, aún seguimos sufriendo.