Opinion · Otras miradas

Nacionalismo español y adoctrinamiento ideológico

Javier Segura

Profesor de Historia javisegura.es

Escribo este artículo con el deseo de contrarrestar con argumentos la campaña desatada por los voceros del nacionalismo español más rancio contra el fantasma de la supuesta agresión que sufre el castellano en los centros docentes catalanes, dedicados, según ellos, a adoctrinar las mentes escolares en el odio a España. Más allá del desmantelamiento de tamaña insensatez, la presente reflexión pretende desvelar el amplísimo sustrato histórico que alimenta esta infundada acusación.

Veamos:

1) Régimen del 78 y poderes fácticos.

En la última década, la contrarreforma conservadora, iniciada durante la segunda legislatura del Gobierno de Rodríguez Zapatero e implantada en su versión más radical por el Gobierno de M. Rajoy ha supuesto el reforzamiento de los privilegios de los “poderes fácticos” del país en perjuicio de los derechos de la ciudadanía y, fruto de ello, una involución democrática sin precedentes en la historia del Régimen del 78. Así, el establishment  empresarial y financiero ha recompuesto su poder de clase mediante el progresivo desmantelamiento del Estado del Bienestar y la imposición paralela del marco adecuado para mercadear con los bienes públicos, degradar los derechos laborales y las prestaciones sociales y garantizar un trato privilegiado al gran capital privado; la casta episcopal ha incrementado su peso como grupo de presión social gracias a la revalorización del trato de favor, presupuestario y fiscal, dispensado por el Estado y al impulso de la enseñanza privada y concertada en detrimento de la educación pública y de la enseñanza confesional del catolicismo en centros públicos, en perjuicio de la educación cívico-social; y la cúpula militar se ha robustecido por el incremento del presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas por encima de la inversión en necesidades sociales. Este entramado de poderes, que escapa al control de la ciudadanía, se ha articulado históricamente en torno a la Monarquía y la unidad territorial del Estado español. De ahí que el nacionalismo español constituya la argamasa  ideológica que articula sus intereses corporativos.

Heredera del franquismo, dicha “nomenklatura” se encuentra perfectamente blindada en la Constitución de 1978. En efecto, si bien es cierto que, según la definición constitucional, España “se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”, también lo es que sus 169 artículos, en función de los que se aplican y los que no, podrían resumirse en unos pocos: el artículo 2, que establece la unidad indisoluble de la Nación española, a la que queda subordinado todo derecho soberanista; el 8, que otorga a las Fuerzas Armadas la misión de “defender su integridad territorial”; el 16, que menciona explícitamente el rango especial de la Iglesia Católica en las relaciones del Estado con las confesiones religiosas; el 56, que establece la inviolabilidad de la  Monarquía; y, por último, el 135, que en su modificación de Septiembre de 2011, obliga a que en los presupuestos de las Administraciones tenga “prioridad absoluta” el pago del capital y los intereses de la deuda pública sobre el resto de los gastos del Estado, por encima, por tanto, del mantenimiento  servicios  y prestaciones públicas. Hoy por hoy, el resto del articulado puede considerarse papel mojado.

En otras palabras, los artículos constitucionales que mejor encarnan el “imperio de la ley”, que tantas veces se invoca por la clase gobernante para justificar sus medidas, son aquellos que legitiman la continuidad de los privilegios de los poderes fácticos en su plácido tránsito desde la dictadura fascista, capitalista, unionista, católica y militar de Franco, hacia la legalidad democrática.

2) El intervencionismo de los poderes fácticos en la elaboración de la Constitución.

No hay que sorprenderse. Ninguno de los artículos mencionados surgieron de la libre contraposición de ideas en las Cortes encargadas en 1977 de discutir y aprobar el texto constitucional, sino de la presión ejercida por los poderes mencionados sobre los “constituyentes”.  Así, la redacción final del artículo sobre la unidad de España fue impuesto por el estamento militar, en sintonía con Juan Carlos de Borbón (1); la mención en el 16 a la Iglesia Católica, que permite definir al Estado español como aconfesional y no laico, fue el fruto de la intromisión en las labores constituyentes de la Conferencia episcopal, dirigida entonces por el cardenal Enrique y Tarancón (2); la modificación del 135, fruto del acuerdo entre Zapatero y M. Rajoy, que constitucionaliza la legitimidad de la deuda pública, un mercado financiero en el que fondos de inversión y bancos se parapetan para obtener pingües rendimientos a costa del erario público, fue dictada por la poderosa oligarquía que gobierna desde el FMI (Fondo Monetario Internacional) y  el BCE (Banco Central Europeo) y la Comisión europea; y, por último,  la forma monárquica del Estado fue el precio que la ciudadanía hubo de pagar si quería democracia y libertad.

Resulta evidente, por tanto, que la Constitución española, en la que se fundamenta el Régimen del 78, consagró lo que ha sido una constante en la política ibérica: la unión de la cruz, la espada, el trono y el capital.

Tras la muerte del dictador, esta “Santa Alianza” consiguió cimentar su perpetuación en el sistema democrático gracias a un sistema electoral que discrimina las legítimas aspiraciones colectivas de las minorías nacionales y patrocina un modelo bipartidista en el Estado central en el que las diferencias entre los grandes partidos hegemónicos, PP y PSOE, que se han venido alternando en el Gobierno y la oposición, no rebasan los límites de un tablero de consensos básicos, consistente en no traspasar las barreras impuestas por los privilegios de la patronal del dinero, el consorcio armamentístico y los adoctrinadores de las conciencias.

Simplificando: Franco puso al rey Juan Carlos y a Fraga, Fraga puso a Aznar y Aznar a M.Rajoy.  En medio, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, que empezaron ilusionando y terminaron claudicando.

Conviene añadir que tras la nueva correlación de fuerzas que resultó de la emergencia política de nuevas fuerzas de cambio social, como las derivadas de la rebelión democrática del 15M y de la movilización en favor del derecho a decidir en Cataluña, la función de un partido político como Ciudadanos, avalado por la patronal empresarial y financiera, empeñada ahora en restar apoyos al PP para entregarlos a sus nuevos delfines, no es acabar con lo que ha supuesto el bipartidismo, sino desbaratar toda opción soberanista en  Catalunya y social-progresista en el conjunto del Estado español. No están para gobernar, sino para impedir que otros lo hagan.

Es fácil entender, por tanto, que el marco constitucional vigente ampara aquello que  impide el desarrollo de una democracia avanzada: la concentración de poder económico, político, mediático e ideológico, en una casta agazapada en el manto protector de las formas democráticas y en permanente disposición a la ofensiva en defensa de sus intereses corporativos.

La propia implementación de la Carta Magna en su desarrollo normativo lo demuestra. Así, mientras los derechos económicos y sociales de la ciudadanía carecen de garantía legal alguna al considerarse, eufemísticamente, como principios rectores de la política social y económica, lo que impide la denuncia de su incumplimiento ante los tribunales y que, por ejemplo, sea “legal” la ejecución de un desahucio usando la fuerza bruta policial, los estamentos privilegiados tienen blindados penalmente sus prerrogativas mediante la contemplación de delitos como el de ultraje a la unidad y los símbolos de la nación, el de ofensa a los sentimientos religiosos y el de injurias a la corona, reforzados y completados, bajo el Gobierno de M. Rajoy, con nuevas figuras delictivas en las “leyes mordaza” y otras sacadas de la chistera para penalizar el procès soberanista en Catalunya. De todos es conocido el impacto que las medidas en cuestión han supuesto para restringir las libertades civiles.

El carácter nacional de los poderes fácticos.

En esta estructura de poder, tanto la Monarquía como el capital, la Iglesia y el Ejército son instituciones de ámbito nacional. Es algo que procede de la misma formación de España como Estado-nación. En efecto, dentro del ciclo de las revoluciones liberales impulsadas por la Revolución Francesa de 1789,  el proyecto de España como “nación” fundamentó la lucha de la burguesía liberal para romper las trabas impuestas por el Antiguo Régimen a la expansión del capital. De ahí que, frente a la fragmentación del territorio en áreas locales bajo poderes señoriales, con sus impuestos, peajes y sistemas de monedas, el ideario de la burguesía liberal identificara la nación española con el Estado unitario y el mercado nacional unificado, necesarios ambos para garantizar la libre circulación de mercancías y capital. La Iglesia católica acomodó sus privilegios a la nueva situación y la Monarquía sumó y siguió. Así, el nacionalismo español se configuró, desde un principio, como un nacionalismo de estado de la mano del liberalismo. Luego vinieron las diversas interpretaciones sobre la “cuestión nacional”

Poderes fácticos: represión, adoctrinamiento ideológico y construcción del enemigo. 

Es consustancial a todo poder dominante, como el que nos ocupa, la pretensión de controlar a la población, potencialmente rebelde. Los medios para conseguirlo resultan de la combinación de  la represión, “el palo”, y el adoctrinamiento ideológico, “la zanahoria”. Éste último incluye el intento de que los postulados ideológicos del poder sean asumidos por la población como propios de la identidad cultural común. En esta línea se inscribe la explotación del miedo y el odio, que operan como instrumentos necesarios para la neutralización/destrucción de toda disidencia y la obtención de adhesiones populares en torno al papel salvador de la autoridad. ¡A por ellos..!, ¿recuerdan? En este proceso, los grandes medios de comunicación, controlados por auténticos emporios económicos con intereses corporativos como los de cualquier otra corporación privada, cumplen un papel fundamental: invocan la libertad de expresión para atribuirse el privilegio de difamar, sobredimensionar amenazas y señalar enemigos, al tiempo que ocultan a la ciudadanía información significativa. Es la nueva fórmula de la censura.  ¿Mencionamos a la banda de mercenarios iletrados de la Caverna? No hay espacio.

Así, en el marco del Estado neoliberal unitario y “no-laico”español, el ideario neoliberal transforma a los explotadores de la fuerza de trabajo en creadores de riqueza, cuando, en realidad, lo que moviliza la inversión privada es la presencia de coyunturas favorables para la obtención de beneficios; la ideología católica concibe sus propios dogmas morales como valores éticos necesarios para el conjunto de la sociedad, al tiempo que define como libertad de enseñanza al privilegio de los centros en manos de la Iglesia, tanto privados como concertados, para seleccionar a los padres que pueden contribuir a su mantenimiento; y el nacionalismo unitarista convierte la unidad de España, que es unidad política de los territorios en torno al Estado central, en una construcción imaginaria (mito) que explota valores identitarios, con una fuerte carga emocional, como el orgullo de ser español o la igualdad entre españoles. ¡Ideología!

Este contexto ideológico define por sí mismo las figuras desestabilizadoras, los “otros”, frente a los que articular el discurso del miedo y el odio: los que luchan por remover los obstáculos impuestos por la propiedad capitalista al pleno ejercicio de los derechos humanos, los que abogan por la restauración de la legitimidad laica y republicana o los que reivindican el derecho al pleno ejercicio del autogobierno, como es el caso de Catalunya. Contra ellos, todo vale. Deben ser desacreditados sistemáticamente, o destruidos sin compasión, sin detenerse en enlodar la imagen personal de las cabezas visibles.

Es un soniquete muy conocido en este país. En la época de la dictadura ese proceso destructivo se materializó en represión (balas incluidas). Hoy lo hace en forma de campañas mediáticas que inundan de porquería “el verde jardín de nuestros hogares”, los hogares decentes.

La cuestión nacional y lingüística catalana, en este contexto.

En Catalunya hay un proceso de construcción nacional en marcha y sin retorno, un proceso legítimo y democratico. basado en el derecho a decidir sobre su soberanía. La alarma que genera en los círculos del nacionalismo español deriva de que el procès pone en tela de juicio las tradicionales estructuras de poder articuladas en torno al Estado unitario, incapaz de responder a las demandas soberanistas. De ahí que los voceros del esencialismo patrio, en particular de la derecha montaraz del PP y Ciudadanos, pretendan aniquilarlo, identificándolo con la insolidaridad y la ruptura del país. Falsa ideología. En realidad, es todo lo contrario. La autodeterminación nacional por la que se aboga en el Procès, se inscribe en el marco de la estrecha relación del soberanismo con la solidaridad y la igualdad entre los pueblos. ¿Nadie es capaz de ver que si se afirma la igualdad entre personas, el no reconocimiento del derecho al autogobierno de las minorías nacionales es contrario al principio de igualdad entre grupos nacionales, fundamento de proyectos compartidos? ¿No se puede entender que nada afecta a las relaciones fraternales con Catalunya que ésta sea o no independiente? ¡Dejemos de hacer el juego a los intoxicadores!

Desde esta perspectiva, asociar la inmersión linguística en el modelo educativo catalán a una agresión contra el castellano, además de suponer una falacia ideológica impresentable, una más, constituye una ofensa para el conjunto de los profesionales de la educación, no sólo de los que ejercen en Catalunya. Además, se inscribe en la ofensiva recentralizadora y contra la educación pública del Gobierno de M. Rajoy. En realidad, la invocación del sacristán del Ministerio de Educación, Mendez de Vigo, a la libertad de los padres para elegir la lengua vehicular en que quieren que estudien sus hijos, además de constituir un asunto que no es competencia de los padres sino de los profesionales de la educación, es un mero recurso ideológico, que camufla el interés de la derecha montaraz en utilizar la lengua como arma arrojadiza contra el soberanismo cívico catalán. ¡Divide y vencerás, y, de paso, acusa a los demás de lo mismo! ¡El viejo victimismo del verdugo!  Sorry, ya no cuela.

En la escuela catalana, la inmersión lingüística está pensada para incluir y no para segregar. Responde al derecho de la ciudadanía a gozar de una cultura común que facilite la comunicación, cuyo principal instrumento es el lenguaje. Además, este modelo es fruto del   esfuerzo de miles de padres y madres que no nacieron en Catalunya pero que quisieron que sus hijos fuesen bilingües y estuviesen plenamente integrados en la realidad plural catalana.  ¡Encomiable!

Conclusión. 

Dos ideas:

¿Quién adoctrina a quién en este país?                       

Vivimos tiempos de involución, pero también de emergencia de la ciudadanía social. El Régimen del 78 mantuvo un legado de la dictadura que resulta democráticamente insostenible ¿Para cuando un nuevo proceso constituyente?


NOTAS
(1) Véase mi artículo El transfonso silenciado del procès catalán en Público, 21-9-2017
(2) Tras la muerte del dictador, la Conferencia Episcopal española, presidida por el cardenal Enrique y Tarancón, temerosa tras de perder su relevancia social, adoptó, en los inicios de la Transición, una postura conciliadora que, si bien despertó la ira del integrismo contra el cardenal, le permitió mantener su status privilegiado.