Opinion · Otras miradas

La incultura del ‘des-esfuerzo’

Hace unos cuantos años, un profesor me pilló con los apuntes debajo de la mesa en medio de un examen de la facultad de Ciencias de la Comunicación de Santiago. Había llegado tarde a clase, con todo el personal ya sentado y justo después de que este señor diese indicaciones exactas acerca de la prohibición de tener nada bajo la mesa. Yo ya sabía que, en general, lo de ocultar apuntes no suele entusiasmar al profesorado, pero aún así arriesgué y guardé rápidamente la carpeta. Confieso que no fue una decisión inocente y que había algunos esquemas en los márgenes que bien podrían haberme servido de ayuda para refrescar datos.

La pillería me salió cara. A los cinco minutos de sentarme, el profesor advirtió el objeto no identificado bajo mi mesa y llamó la atención de toda la clase (unas 100 personas) para señalar a la criminal que ocultaba los apuntes cual alijo de cocaína. Me hice la rubia negando cualquier relación con la carpeta y también el conocimiento de reglamento alguno que prohibiese llevar los apuntes al examen (¡por los clavos de Cristo, qué me está contando!), mientras el escarnio derivaba en una notificación firmada por el profesor en mi examen y la obligación de que firmase como testigo mi compañera de al lado, que además era una de mis mejores amigas.

El examen siguió sin apuntes, esos que ni siquiera había abierto, pero el profesor ya me había mandado de una patada en el culo a septiembre. Saqué un 4,8 y el bochorno siguió en su despacho cuando se me ocurrió ir a reclamar. A la vuelta del verano, nos sentamos en primera fila yo, mi orgullo herido y el vestido con menos tela que tenía en el armario. Por no llevar, no llevaba ni pelo en las ingles. Saqué un sobresaliente.

Aquel suspenso que empañó uno de esos fabulosos agostos de veinteañera me enseñó que existía algo parecido a la justicia y que la posibilidad de copiar en un examen (y que te pillen) era ilícito, inmoral, deshonesto y otras cosas horribles. Les aseguro que yo, que siempre fui muy guiadiña e hice mi primera chuleta en la universidad, aprendí ahí algo más de la cultura del esfuerzo.

Recuerdo esta anécdota a raíz del suceso académico que estos días protagoniza la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y que pone en jaque su carrera política por intentar adjudicarse un máster de una universidad pública que, seguramente, se fumó mientras daba consejos a los pobres votantes sobre “la cultura del esfuerzo como pilar básico del sistema educativo”. Sus explicaciones incoherentes y la incoherencia de la propia universidad demuestran que hacerse la rubia, incluso a nivel institucional, no siempre funciona.

De cómo el expediente de Cifuentes sufrió una misteriosa transformación con dos aprobados en diferido nos enteraremos estos días, pero de cómo la universidad pública ha perdido 127.000 estudiantes (un 10% de alumnado desde que gobierna el PP), podemos ir hablando ya. La Universidad Rey Juan Carlos es una universidad pública, una de las muchas instituciones tocadas por la Ley Wert que estos días fue ratificada por los jueces más conservadores del Tribunal Constitucional, avalando, supuestamente, esa cultura del esfuerzo y la meritocracia con la que el Gobierno del PP justifica todas las mutilaciones al sistema educativo. Mientras Cristina se hace la rubia, el Gobierno ha reducido para 2018, y por tercer año consecutivo, la proporción de Producto Interior Bruto que destina a Educación (y también a Sanidad y Protección Social). Con un 3,8% del PIB dedicado a Educación, España es el quinto país de la UE con menos gasto en esta partida, sólo por delante de Rumanía, Irlanda, Bulgaria, Italia.

La Ley Wert impuso el “tasazo” o subida de la tasas públicas en los últimos años, aumentando exponencialmente la matrícula de las carreras, mientras implantaba el modelo 3+2 (tres años de grado más dos de máster) que en la práctica significa la casi obligatoriedad de cursar máster o posgrados, con los créditos más caros, para obtener una especialización profesional. El precio medio para el primero año de grado en España es de unos 1.100 euros (cifra que varía mucho entre comunidades), frente a los 50 euros que cuesta la matrícula en Alemania. Los másteres públicos pueden llegar hasta los 5.000 euros en comunidades como Madrid. Además, sólo un 29% de los estudiantes españoles han podido obtener alguna beca estatal, una cifra infinitamente menor a la de nuestros vecinos europeos “adelantados” que ofrecen otras ayudas como ventajas fiscales, préstamos estatales o ayudas familiares por hijo universitario.

Por contra, la Ley Wert le ha venido de maravilla a las universidades privadas que aumentan su alumnado cada año, y también a los colegios concertados que segregan por sexos o por “itinerarios académicos” y fomentan el estudio de la religión católica,  promoviendo la educación neoliberal baluarte de las familias de bien y la empresa, instalada desde hace años en todas las facultades en forma de cajeros automáticos.

Mientras a Cifuentes le regalan su máster, en España se promueve la incultura del des-esfuerzo. ¿No será que al Gobierno le viene bien tener ciudadanos pocos formados?