Opinion · Otras miradas

Nueva indignación

Antonio Antón

Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid Autor de 'El populismo a debate' (ed. Rebelión)

Queda lejos el 15-M-2011. No obstante, con características distintas y en un contexto diferente, se está conformando un nuevo proceso de indignación social, con dinámicas proclives a la activación cívica, con motivos y ámbitos específicos, entre los que sobresale un renovado e integrador sujeto sociopolítico. Me refiero, sobre todo, al movimiento feminista y su ejemplar y justa movilización por la igualdad y la justicia. Pero también hay indicios de nuevas protestas sociales, por ejemplo la de los pensionistas y colectivos de gente trabajadora –el número de huelgas laborales y participantes en ellas ha vuelto a crecer en 2017-. En otro sentido están las dinámicas nacionalistas que expresan un fuerte malestar aunque con otras mediaciones y sentido político.

Paralelamente, se comprueba la dificultad de las élites gobernantes y los cauces institucionales para satisfacer las demandas populares de justicia social, igualdad y democracia que afectan a la mayoría ciudadana, con agotamiento del discurso legitimador de su gestión.

La interacción entre indignación popular y activación cívica con valores democráticos e igualitarios y el agotamiento de la credibilidad de las élites gobernantes por su gestión impopular ha dado como resultado la conformación, entre los años 2008 y 2016, de unos nuevos equilibrios político-institucionales. Pero, sobre todo, se ha reforzado una nueva mentalidad crítica; se ha consolidado una cultura democrática en amplias mayorías sociales, especialmente juveniles, con la reafirmación en la justicia social y la dignidad ciudadana que choca con el poder establecido y sus prácticas más corruptas, regresivas y autoritarias.

Dejo al margen las implicaciones en la esfera estrictamente electoral, donde la competencia entre un continuismo remozado y un cambio sustantivo para desplazar y sustituir la hegemonía de la vieja derecha se está agudizando. Tampoco entro en su posible impacto en la configuración institucional a medio plazo, más difíciles de discernir hoy. Solamente señalar que los resultados electorales de 2019 y el nuevo carácter de los grandes ayuntamientos del cambio (Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Cádiz, A Coruña…) y algunas comunidades autónomas significativas (Madrid, Comunidad valenciana, Andalucía, Navarra…) van a tener una influencia sustancial en las expectativas de cambio gubernamental de progreso a través de las elecciones generales de 2020.

En todo caso, mi pronóstico es la nueva dimensión, interacción y articulación de esos tres factores –indignación cívica, activación popular progresista y representación política alternativa-, que expresan el comportamiento y las mentalidades de amplios sectores sociales. Ello aun en un contexto económico y político parcialmente diferente al de la última década en que se instaló la fuerte crisis social, económica y política. Sin embargo, su existencia constituye la palanca necesaria para posibilitar y porfiar en un cambio de progreso. Tenemos la experiencia de las distintas respuestas sociopolíticas y una limitada y contradictoria evaluación teórica, a menudo deudora de esquemas interpretativos rígidos. Pero hay que poner el énfasis en el análisis riguroso de los nuevos componentes y tendencias de esta etapa que comienza para definir mejor una posición normativa o estratégica transformadora.

De entrada, afirmo la necesidad de un enfoque realista,  crítico y socio-histórico de esta dinámica sociopolítica democrático-igualitaria frente a la posición liberal-conservadora de neutralizarla o distorsionarla. Igualmente, entre miradas progresistas, hay que superar tres tipos de desenfoques, a veces interrelacionados. Primero, los límites de una interpretación determinista económica, basada en el impacto mecánico de las condiciones materiales de existencia, por lo que la crisis económica conllevaría rebeldía popular generalizada (o integración cuando termina). Segundo, la visión determinista política, que considera que la crisis del poder crearía ventanas de oportunidad para el cambio, cuando hay que valorarlas socio-históricamente por la relación de ambas fuerzas –populares y de los poderosos-. Así mismo, tercero, es insuficiente la interpretación idealista del populismo discursivo, que sobrevalora la influencia del discurso y el liderazgo en la construcción de una dinámica sociopolítica o un sujeto colectivo transformador –el pueblo-, infravalorando la experiencia popular y cívica, las relaciones de fuerzas y las estructuras socioeconómicas.

Por tanto, frente al discurso neoliberal del comienzo de una nueva fase de crecimiento económico, desarrollo social y normalización política, funcional para su hegemonía institucional, todavía es pertinente el concepto de crisis socioeconómica y política y, más general, el de crisis sistémica. No en su versión extrema y determinista, como derrumbe o hundimiento del capitalismo y/o del régimen político que abocaría necesariamente a una transformación radical; idea con poca credibilidad. Sino crisis en su acepción convencional y contingente, con dos rasgos: uno, dificultades de esos sistemas para cumplir su función de garantizar el contrato social y político de bienestar social, igualdad y democracia, con deslegitimación de las élites gobernantes; dos, al mismo tiempo, oportunidad para un relevante cambio (de progreso), mediante la participación cívica y según los reequilibrios de las fuerzas sociales, económicas y políticas.  El futuro sigue abierto y en disputa. 

El impacto en el cambio

El horizonte europeo, según el plan liberal conservador, es: Estado social de mínimos, democracia débil, subordinación de las clases populares al poder económico-empresarial, neutralización del descontento social y la indignación cívica, así como  contención de la activación popular y la capacidad representativa y relacional de las fuerzas progresistas. No es un proceso de reversión del estatus social y político de las mayorías ciudadanas previo a la crisis y la ofensiva neoliberal, al menos para el sur europeo.

Ese plan normalizador, compartido por el bloque de poder europeo dirigido por Merkel, con la colaboración del SPD y Macron, tiene un grave problema: la deslegitimación cívica, especialmente en el sur europeo, derivada de la insatisfacción de las demandas populares y la persistencia de una amplia cultura democrática y de justicia social. Y para imponer su modelo político y económico deben contrarrestarla. En ello están, apoyándose en los condicionamientos y presiones de los populismos de derecha extrema, xenófobos y autoritarios.

En ese sentido, la socialdemocracia, cuyas direcciones mayoritariamente (y salvo excepciones como en el caso portugués o británico) han colaborado con esa estrategia dominante, está en una gran encrucijada con dos opciones por delante: Abrazar la operación gran centro y el continuismo económico y político, manteniendo solo una ligera retórica progresista con poca credibilidad; o bien, mantener una política de reformas igualitarias y democráticas con alianzas de progreso. Su decisión va a definir su futuro, así como el ritmo y las condiciones del cambio.

Las fuerzas alternativas tienen un gran reto: definir y consolidar un proyecto de cambio con un fuerte perfil social, vinculado a los problemas y percepciones de la mayoría social y estimulando los procesos de indignación social y activación cívica. El sujeto sociopolítico no se construye solo o principalmente por el discurso de una élite política o ilustrada. Se conforma a través de la experiencia relacional y la articulación popular en el conflicto social y frente a las relaciones de poder, desigualdad y subordinación.

La representación política y la gestión institucional progresistas deben estar interrelacionadas con la actividad de movimientos sociales, grupos populares y tejido asociativo, con una vinculación y arraigo entre la gente, con una democracia participativa. La pugna por el tipo de modelo social europeo y una construcción equilibrada e integrada está abierta. La soberanía popular y la diversidad nacional se deben articular con un horizonte de cambio europeo, basado en una ética universalista de los derechos humanos, unas relaciones económicas y políticas democráticas y solidarias y un sistema de co-soberanías y gobernanzas multinivel. Existen posibilidades para avanzar en un cambio de progreso. Debe partir de dos ejes centrales de la cultura progresista europea: igualdad (o justicia social) y libertad (o democracia). Es decir, una democracia social y económica avanzada y participativa, en una Europa más justa y solidaria.