Contra la elusión fiscal: Un impuesto temporal sobre los beneficios desviados

12 Dic 2014
Compartir: facebook twitter meneame
Comentarios

Manuel de la Rocha Vázquez
Secretario de Economía del PSOE

Vivimos un tiempo de cambio en la economía, al igual que otros órdenes de la vida, en el que todos estamos asistiendo a una sucesiva implosión de los viejos paradigmas y su sustitución por otros. La fiscalidad internacional no es ajena a dicha circunstancia.

La globalización y la libertad de movimiento de los grandes capitales imponen enormes desafíos a los Estados. Y la elusión fiscal es quizás uno de los mayores reto a corto plazo que nos enfrentamos los países desarrollados. Los impuestos son una de las piedras angulares del contrato social entre los Estados y los ciudadanos, por lo que parece imprescindible acabar con esta “doble no imposición” a las multinacionales (de la que hablaba el Secretario General de la OCDE en un célebre artículo del año pasado) y con las localizaciones de beneficios en jurisdicciones sin impuestos en las que no se realiza ninguna actividad real.

Ya no basta con hablar de tolerancia cero con el fraude fiscal. También hay que considerar la planificación fiscal agresiva como inaceptable desde el punto de vista de la Responsabilidad Social de las empresas, incluso aunque se encuentre dentro de la legalidad. Es intolerable que las grandes empresas multinacionales, especialmente las tecnológicas, prácticamente no paguen impuestos sobre los gigantescos beneficios generados en Europa, en general, y en España, en particular. Por ejemplo, Google declaró en España el ejercicio 2013 un resultado antes de impuestos 5,8 millones de euros, o la filial española de Amazon durante el año 2013 declaró pérdidas. Estas cifras solo pueden explicarse por la utilización de mecanismos sofisticados de elusión fiscal. Dicha situación no es aislada, sino que prácticamente se reproduce en similares términos en los países de nuestro entorno.

La globalización y la creciente importancia de los servicios digitales han posibilitado que las empresas deslocalicen sus actividades a efectos fiscales, dando facilidades a la planificación de impuestos para que las multinacionales minimicen su carga tributaria. Esto es un problema muy grave para los maltrechos presupuestos públicos. La consecuencia de los paraísos fiscales son los infiernos sociales que acompañan los recortes.

Pero también lo es para pequeñas y medianas empresas que solo operan en mercados domésticos y que tienen poco margen para la planificación fiscal. No hay que olvidar que el impuesto sobre sociedades es un coste empresarial y, por tanto, el que logra evitarlo logra una ventaja competitiva que en nada tienen que ver con su capacidad para ofrecer productos y servicios de calidad.

Para combatir estos problemas, es primordial proteger la base imponible nacional de forma que se grave en cada país el beneficio que le corresponda por haber sido generado en su territorio. Es decir que las empresas paguen sus impuestos allí donde tienen actividad. Y esto que suena fácil, requiere una gran voluntad, capacidad política y credibilidad para llevarlo a cabo. Pero se puede hacer.

Para combatir la planificación fiscal agresiva de las multinacionales la primera prioridad debe residir en la coordinación internacional, a través de medidas armonizadas que deben ser adoptadas en el seno de las organizaciones como la OCDE y la Unión Europea. En este sentido, sería deseable la puesta en marcha inmediata de medidas contra el fraude fiscal que se han aprobado y que se vienen discutiendo en el seno de la acción BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) en la OCDE y en el proceso de armonización fiscal del impuesto sobre sociedades en la UE.

Pero también es necesario dotarnos de mecanismos y acciones nacionales. Ni los gobiernos, ni los parlamentos pueden mirar para otro lado o estar impasibles. El gobierno de Francia ya ha adoptado medidas sobre las empresas multinacionales y la semana pasada conocimos que el gobierno británico planea gravar con un impuesto del 25% los beneficios que las multinacionales obtienen por su actividad económica en el país y que luego desvían para tributar en otros lugares. España puede y debe acometer la implantación de dichas medidas de forma unilateral, de la misma forma que lo va a hacer el Reino Unido con la conocida popularmente como ¨Google Tax¨.

Así, desde el PSOE proponemos la creación de un Impuesto sobre los Beneficios Desviados a través de ingeniería fiscal por las grandes multinacionales, que estará anclada en una nueva redacción de nuestra norma general anti abuso, es decir, el artículo 15 de la Ley General Tributaria que regula el Conflicto en la Aplicación de la norma.

Nuestra propuesta pasa por establecer un tributo diferente al impuesto sobre sociedades o al IRPF, de carácter específico y temporal, que grave todos aquellos beneficios, no gravados por el impuesto sobre sociedades,  derivados de operaciones de ingeniería fiscal  transfronteriza realizadas en abuso de derecho que se realicen por motivos de evasión tributaria. El tipo impositivo estaría en el entorno del 30%, superior al tipo actual del Impuesto de Sociedades para incentivar a las empresas a que paguen el IS y no sean penalizadas con este nuevo impuesto. Al ser un tributo específico, quedaría al margen de las redes de Convenios Internacionales para evitar la doble imposición, de forma que se soslayaría la utilización abusiva de dichas redes que es, precisamente, el gran catalizador del gran fraude internacional.

Esta medida es ciertamente extraordinaria, pero es que el tiempo que vivimos también es  extraordinario. Tiempo que, por otro lado, se nos está terminando en relación a las fórmulas sofisticadas de evasión fiscal, puesto que estas prácticas fiscales desleales minan nuestros ingresos públicos, la competitividad de nuestras empresas y, lo que es más grave, la confianza de nuestra ciudadanía que asiste impávida a fenómenos sorprendentes de como el contribuyente medio, el trabajador, el pequeño empresario, incluso el grande, paga más impuestos que Google o Amazon. Por todo ello pedimos a las grandes empresas que sean responsables con la sociedad. Pero no puede haber responsabilidad social, sin responsabilidad fiscal.


comments powered by Disqus