Manuel Menor Currás
Pedagogo

Ángel Gabilondo dijo en Valencia, el pasado día 28, que le gustaba "más un sistema que no impida, por razones económicas y sociales, que alguien pueda completar sus estudios". El candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid aprovechó para defender la educación pública y que una mayor equidad de ésta pasaba por su gratuidad desde los dos años. Estamos en período electoral de larga duración y, si bien los anhelos promisorios han de tomarse con cautela, en el caso del catedrático de la Autónoma vienen precedidas de una trayectoria proclive a generar consensos.

La ampliación por abajo de la gratuidad del sistema educativo español es preocupación de muchos expertos desde hace bastantes años y, a todas luces, una de las más democratizadoras de un sistema educativo. Comprobada está la rentabilidad sociocultural que tiene: quienes han disfrutado de esa posibilidad desarrollan mejor las competencias lingüísticas y de socialización, con gran diferencia respecto a quienes no han tenido acceso a tal experiencia en esa etapa temprana. Todo pasa, desde luego, por entender que la Infantil es una etapa educativa y no meramente asistencial, como a menudo suele verse en las llamadas "guarderías" en sus variadas versiones de aparcamiento de críos, sucedáneo barato de la "conciliación familiar". Desde los años 80, tenemos muy buenos especialistas en Educación Infantil. Sus informes, demandas y buenas prácticas —a menudo desatendidas por nuestras Administraciones— resaltan siempre el avance cualitativo que supondría para el sistema educativo una implementación adecuada de esta fase de gratuidad.

Muy atractivo es, igualmente, oír de nuevo en público a alguien con probabilidades de influir en las políticas educativas, que se pronuncie decididamente por un "sistema que no impida, por razones económicas y sociales, que alguien pueda completar estudios".  En los oídos tenemos —incluso de los pasados días últimos— a Gomendio explicando la "insostenibilidad" del sistema universitario español y que, en razón de ello, su acceso debería quedar a merced de la aleatoria disponibilidad económica de los candidatos. No ha tardado mucho en recibir réplicas de todo tipo —incluida una huelga y la convocatoria de otra para el 24 de marzo— por parte de cuantos ya sufren el ordenancismo de esta señora y su ministro, limitando el acceso a posibles universitarios por razón del incremento de las tasas y reducción de la cuantía de las becas, mientras, por otro lado, han recortado los presupuestos de la universidad –la pública sobre todo- o las contrataciones de su profesorado, en algunos casos drásticamente, como advertía hace poco CCOO en su Informe sobre la evolución de los presupuestos de las universidades, 2010-2014. Sólo en Madrid, se han perdido 1.243 profesores en estos tres años, el presupuesto ha caído  249 millones y ya la mitad de la plantilla residual tiene más de 50 años cuando sólo ha sido repuesto el 10% de los jubilados en este tiempo. Un fuerte estropicio, con derivaciones todavía difíciles de precisar.

Lo más oído en esta legislatura

El común de los ciudadanos ha tenido que soportar un constantemente adusto y desagradable trato de estos asuntos por parte de sus responsables, muy alejado de lo que acaba de decir Gabilondo. Después de la LOMCE, la preferente atención que han prestado a la Universidad ha vuelto a expresar una decidida inclinación hacia el elitismo educativo, Un conjunto de medidas muy bien acogidas por unos pocos pero que tratan de que, sin una ley orgánica por medio, nos hagamos cargo sin pausa —en el tramo final de la legislatura—, de otro modelo muy distinto del que hemos tenido hasta ahora. Destaca en esa línea la nada inocua flexibilidad –más o menos voluntaria, de momento- para que los estudios universitarios de grado y postgrado cambien su estructura temporal. Se trataría de que la todavía joven organización adoptada  en 2009 para cumplir las exigencias del EEE —comúnmente denominadas del  "Plan Bolonia"—, se modificara de nuevo sin una evaluación seria de lo que hayan dado de sí las innovaciones metodológicas propugnadas ni la mejora que haya podido suponer que la formación abarcara 4 años de Grado más 1 de Máster especializado y estrictamente profesionalizador. Ahora, se podría optar por una distribución distinta: 3 años para el Grado y 2 para el posible Máster posterior.

De las razones invocadas para esta propuesta precipitada de cambio, la más consistente es la menos democrática: el Estado —y no las familias— se ahorraría con el 3+2 un año de subvención presupuestaria a la universidad, mientras la aportación familiar deberá crecer de manera elevada, para muchos imposible después de los incrementos ya habidos. Sabido es que los créditos de los másteres son, como mínimo, dos veces más caros que los de grado y que, dada la precaria situación laboral en que cada dos jóvenes uno está en paro, son prácticamente obligados. Por otra parte, no se he de olvidar tampoco que desarrollar estas titulaciones de posgrado ha sido más fácil para entidades privadas, ni que su cantidad ha crecido de manera desorbitada y sin más evaluación exterior que la del boca a boca de un libérrimo mercado. De todo lo cual ha de deducirse que este Decreto ha venido a incrementar el hambre en casa del pobre, sin que por ningún lado aparezca —como no sea otro recorte presupuestario a la Universidad pública, en torno a los mil millones de euros—, una razón muy dudosamente convincente para este cambio. No sólo disminuirá el número de alumnos que tendrán un currículum apropiado para tener algún éxito en la demanda de empleo, sino también, y drásticamente, el número de titulaciones y profesores universitarios.

Más elitización y menos igualdad de acceso

Llueve, pues, sobre mojado con este decreto y sus razones. Ni siquiera es leal decir que "el sistema 4+1 escogido por España es una rareza en el ámbito europeo". Principalmente, porque cada país ha de seguir soberanamente el que mejor se adapte a su historia y características concretas, darle estabilidad y fortalecerlo como bien social que es. Meterse en este proceso cuando apenas se tienen datos fiables de cómo han ido estos cinco años —con muy mediocres presupuestos, y sin que siquiera el plan de 2009 se haya implantado del todo— es indicio de poca seriedad y de que las razones verdaderas están en esa perspectiva del elitismo antiigualitario del conocimiento y de las profesiones subsiguientes. De proseguir con esta dinámica, el conjunto de sinrazones y medias verdades alegadas sólo contribuirá a empeorar las cosas: con tal precipitación y un pretexto tan fútil, los grados pronto serán equivalentes a los antiguos bachilleratos. Fijar, en fin, el horizonte primordial de los estudios universitarios en torno a la pura rentabilidad económica de la empleabilidad e invocar en ese contexto la "movilidad y la internacionalización" de estudiantes y universidades no pasa de modernizadora superficialidad que no toca ningún verdadero problema de la universidad española. Si ese fuese el son, con nuestros más de 400.000 jóvenes migrantes —entre ellos, muchos de los mejor preparados— ya habríamos cumplido sobradamente: ¿deberían moverse al exterior  muchos más?

¡Bienvenido sea, pues, el nuevo aire que presagian las palabras de Gabilondo en Valencia! Es de esperar que, en los meses que siguen, puedan oírse de manera similar, o más contundente todavía, otras de quienes aspiran a regenerar el panorama político, también en lo relativo a los problemas educativos reales que tenemos pendientes. Que nadie "por razones económicas o sociales" quede fuera de las aspiraciones más altas del saber es un buen augurio para un necesario cambio de aires.