Isabel Rodríguez
Diputada y secretaria general adjunta del Grupo Parlamentario Socialista

La infancia, una prioridad. O al menos así debería ser.

Intervenir en los primeros años de vida de las personas para garantizar la igualdad es una prioridad para nosotros como socialistas.

La lucha por la igualdad es nuestra seña de identidad. No hay nada más injusto que tu vida y tu futuro  dependan de las circunstancias y el lugar en el que naciste.

Por eso,  para garantizar la igualdad, es fundamental intervenir desde el nacimiento. La desigualdad en la cuna puede condenar a la desigualdad durante toda la vida.

En nuestro país hay niños y niñas que hoy viven una verdadera situación de emergencia. La fotografía de esta realidad es realmente dolorosa: 2,8 millones de niños, el 33,8% de la población menor de edad, están en riesgo de pobreza.

La pobreza infantil en España, cuya existencia se ha llegado a cuestionar desde las filas del PP, es la segunda tasa más alta de la UE, por detrás de Rumanía.

Nuestro país, es el segundo de la Unión, sólo por detrás de Grecia, donde menos eficaces está siendo las políticas sociales para combatir la pobreza infantil. (Informe "Pobreza infantil y exclusión social en Europa", Save the children, abril 2014).

El Gobierno, no ha actuado correctamente. Su política social, o más bien su política de infancia, es errónea. Su gestión ha acentuado la desigualdad y la pobreza. Los niños pobres, son los hijos e hijas de las familias pobres. La infancia es especialmente vulnerable, cuanto más tiempo permanezca el niño o la niña atrapado en el ciclo de la pobreza, menos posibilidades tendrá de escapar.

La infancia en nuestro país está siendo no sólo víctima de la crisis económica, sino también de los injustos recortes sociales y del austericidio que hemos sufrido en estos últimos años. En los últimos cuatro años se ha producido un descenso de 6.370 millones de euros en infancia. La inversión por niño ha caído en 772 euros.

Otros datos son los 10.000 millones de recortes en sanidad, 6.000 millones en educación, 2.600 millones en servicios sociales, o los 7.220 millones de euros menos en políticas de empleo. Estas decisiones han empeorado la situación de la infancia en nuestro país.

Esta semana estamos trabajando en el proyecto de Ley que modifica el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Insisto en que para abordarlo, no podemos obviar esta realidad.

Y ya advertimos un error. No es posible que nos presenten un texto que avance en la protección a la infancia y a la vez digan que las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer un incremento del gasto público, ni de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal, porque esa afirmación nos devuelve a la casilla de salida.

Es necesario invertir en infancia para no romper el pacto intergeneracional. Y también es necesario para ganar competitividad como país.

No  solo hay que recuperar todo lo que en esta legislatura se ha perdido. Si no que es necesaria una mayor y mejor inversión pública para garantizar condiciones de igualdad desde el nacimiento, y evitar situaciones de pobreza en nuestra población de niños y niñas, y en la juventud de nuestro país.