Carles Castellanos i Llorenç
Vicepresident de l’ANC

Un proceso entre dos momentos de cambio

Para comprender el proceso catalán hacia la independencia que ha entrado en un estado de aceleración en los últimos meses es imprescindible tomar una cierta perspectiva. No hay nada casual en la explosión independentista de la actualidad. Mi exposición se extenderá desde el momento de la Transición (del franquismo al régimen político parlamentario), hasta el momento presente, en que Cataluña se aproxima a otro tipo de cambo político no menos radical.

Un nacimiento bajo el pacto de la transición

El independentismo catalán contemporáneo, a pesar de su apariencia de novedad tiene más de treinta años de existencia. Empezó a configurarse justamente en forma de oposición frontal al pacto de la transición política del régimen franquista al régimen parlamentario monárquico.

Si observamos con una cierta perspectiva las decenas de años que describimos, podemos constatar que la primera expansión espectacular del independentismo de nuestros días corresponde a la década de los años ochenta, época en que aparecen unas organizaciones nuevas que consiguen una relevancia simbólica considerable entre sectores importantes de la juventud, concretamente el Moviment de Defensa de la Terra (MDT) y Terra Lliure. Esta primera fase del nuevo independentismo se extiende principalmente desde 1979 a 1989 y se caracteriza por el hecho de aglutinar a lo largo de esta década miles de personas.

Ante esta experiencia social y política, la pregunta que cualquier investigador de la historia reciente se plantea es sin duda: ¿Qué es lo que hizo posible su arraigo en la sociedad catalana?

La explicación principal, según los análisis más convincentes, es que el independentismo catalán de nuestros días supo ir más allá del catalanismo inmovilista y conservador existente durante el franquismo y la transición, un catalanismo conservador que se comprometió mayoritariamente en la construcción de la España de las Autonomías; es decir, que el independentismo naciente se desmarcó claramente de aquel tipo de catalanismo (el autonomismo) que se había identificado con un régimen político surgido de la dictadura que no reconocía el carácter nacional del pueblo catalán y que se había construido sobre el aparato administrativo y represivo del franquismo sin el proceso de ruptura que es necesario en todo cambio democrático bien fundamentado.

Este distanciamiento respecto a los sectores moderados y conformistas de la sociedad se produce en muchas de las experiencias de los movimientos de liberación nacional. En el caso del País Vasco, por ejemplo, la toma de personalidad propia del nuevo independentismo se produjo en los años sesenta, es decir, antes del fin del franquismo. En los Països Catalans[1] este revulsivo fue más tardío, en casi veinte años, y tuvo lugar en base a dos «rupturas» sucesivas respecto a una política que era percibida, en muchos aspectos, como continuista del régimen político anterior.

Un desarrollo crítico con el poder del Estado

Entendiendo que el reto a que se enfrentaba era eminentemente político y de gran alcance, el independentismo naciente en los años 70 del siglo pasado fijó su posición en un doble sentido: por un lado en la búsqueda de su base social que le debería dar fuerza en la difícil travesía que empezaba; y por otro lado, en la identificación clara de las características del poder que se oponía a los objetivos del movimiento. En un primer momento a lo largo de los años setenta del siglo XX,  tuvo lugar una ruptura de tipo ideológico, con la aparición del Partit Socialista d’Alliberament Nacional (PSAN), organización que se define ideológicamente, de una manera clara, con respecto al catalanismo conservador.

Esta tendencia política conservadora era (y es aún) una corriente ideológica bien definida y bien arraigada en Cataluña que se fundamenta en el inmovilismo social y que tiene sus raíces en creencias y prejuicios, a menudo de tipo religioso tradicional, combinados con la defensa de la «paz social» propia de los sectores económicos dominantes. El catalanismo conservador es, en su práctica, una forma más de regionalismo español que se manifestó, en cierto momento histórico, a través de la Lliga Regionalista y más recientemente a través de las diversas expresiones políticas y ámbitos ideológicos que han estado bastante bien representados por sectores dominantes en la dirección de CIU hasta épocas recientes. Esta corriente enarbola el sentimiento patriótico de la población, pero ha sido repetidamente incapaz de proponer una salida política que rompa con el statu quo (el del poder del Estado por ejemplo) y actúa y ha actuado en sus alianzas y líneas de acción, en una orientación antiindependentista.

La ruptura ideológica que tuvo lugar en los años setenta consistió en abandonar esta referencia conservadora y situar la lucha independentista sobre unas bases más sólidas, las del llamado materialismo dialéctico (o marxismo). Este referente de análisis permitió ir más allá de las rutinas y de las creencias míticas tradicionales y situar de una manera objetiva quienes eran los amigos y los enemigos (socialmente) de la lucha independentista. Allí donde las ideologías conservadoras sólo sabían ver actitudes individuales más favorables o menos al país, el nuevo enfoque teórico podía encontrar una explicación social basada en los intereses de las diferentes clases y sectores sociales. Tenía, por otro lado, su correspondencia práctica en el arraigo del independentismo en las luchas sociales (populares en general, sindicales, ecologistas,  estudiantiles, feministas etc.) práctica que iba nutriendo la militancia de una base social sólida y combativa que permitió el impulso fundamental.

La ruptura de tipo político con el catalanismo conservador fue posterior y permitió la verdadera expansión. Tuvo lugar en los años ochenta y representó la creación de un verdadero movimiento de nuevo cuño con un proyecto político, análisis y eslóganes propios ampliamente difundidos especialmente entre la juventud de la época. Esta ruptura con el "orden establecido" y con el conjunto de los "partidos de orden" se reflejó en dos aspectos principales: El independentismo naciente no acepta la reforma transfranquista que desembocará en la monarquía parlamentaria española y el Estado de las Autonomías. Y por otro lado, se enfrenta al Estado, que concibe como un poder ajeno y más allá de la acción de gobierno, incluyendo no sólo las fuerzas represivas sino todo el aparato burocrático, informativo etc. Se desarrolla el concepto de "ocupación" y las fuerzas armadas del Estado son llamadas "fuerzas  de ocupación".

Las expresiones principales de esta política nueva son el MDT (Moviment de Defensa de la Terra) ya citado y los Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans, una organización que basaba su acción en la lucha contra la represión que se encarnizaba sobre el independentismo, una lucha que iba consolidando una conciencia política sobre el carácter real del Estado (el cual había llegado a prohibir la exhibición de símbolos  independentistas por medio de formas de represión consideradas "desproporcionadas", o había encarcelado militantes independentistas por el solo hecho de llevar una pancarta con el lema "Independència", entre otras actuaciones del mismo tipo).

A título de balance de esta época se puede afirmar que sin el independentismo de los años ochenta, no hubiera existido un verdadero movimiento independentista con una dinámica y una identidad propias, y con la posibilidad de extenderse socialmente.

El fracaso de la represión y la continuidad política

El año 1992 el régimen parlamentario monárquico español quiso asestar un golpe que estimó mortal y definitivo contra el independentismo catalán. Aprovechando unas primeras detenciones relacionadas con acciones de Terra Lliure en el momento de los Juegos Olímpicos de Barcelona, emprendió (bajo la dirección jurídica del juez tristemente famoso en Cataluña, Baltasar Garzón) una ofensiva intensísima contra el independentismo político en una ola represiva que culminaría en numerosas detenciones y torturas, una acción que mostró la verdadera cara del Estado en un momento en que, por otro lado, entre amplios sectores sociales, se tomaba conciencia del espolio fiscal que sufría Cataluña y que estaba llevando a la ruina amplias capas de la población. La represión repercutía, pues en este período nuevamente, en un aumento de la conciencia política.

En este clima de distanciamiento (de desafección ha sido llamado) progresivo de la población catalana con respecto al Estado español, el independentismo se abre a nuevos sectores: se implanta en todas las comarcas de los Països Catalans en forma de una nueva generación de militancia activa con todo un conjunto nuevo de organizaciones y de colectivos de la izquierda independentista; y, por otro lado, se extiende en el ámbito institucional (autonómico y municipal) en formas diversas como son ERC y la CUP (Candidatura d’Unitat Popular). Cabe añadir, en este contexto, que los ejemplos de las nuevas independencias en los Países bálticos y en los Balcanes ayudan a crear un clima favorable a la independencia.

Podemos decir, de manera general, que es en esta segunda etapa, iniciada a lo largo de los años noventa, cuando tiene lugar el despliegue en extensión y profundidad del independentismo en la sociedad catalana. En el año1995 había tenido lugar la disolución de Terra Lliure como símbolo de una época; a guisa de balance podemos resumir que la acción y la movilización intensas durante una quincena de años permitió al conjunto del movimiento la continuidad de los referentes políticos fundamentales que habían dado nacimiento al independentismo de nuestro tiempo: su radicalidad política y su voluntad de arraigo social.

La ruptura democrática por la independencia y la emancipación del movimiento independentista de masas

Las movilizaciones a lo largo de más de dos décadas (1980 – 2000) habían extendido la conciencia política a sectores amplios de la sociedad catalana, de manera que, entre los partidos catalanistas y soberanistas parlamentarios se extiende entonces la convicción de que es necesario, en la coyuntura que marca el nuevo siglo, avanzar en el marco político autonómico. La política lingüística y la financiación deberían conseguir, en un nuevo Estatuto, mejoras sensibles que debieran llegar a satisfacer, aunque fuera parcialmente, las aspiraciones más amplias de la población catalana. El rechazo por parte del Estado español del texto del Estatuto de Autonomía aprobado por amplia mayoría en el Parlamento de Cataluña el 30 de septiembre de 2005, empieza a crear entonces una conciencia creciente de exclusión política, sentimiento que se refleja en la reivindicación del Dret de decidir (Derecho a decidir).

Esta línea de acción política se formula por parte de los diferentes sectores del independentismo como la defensa de un derecho democrático básico, lo que lleva a la conclusión que, en el camino de la conquista de la independencia política, es imprescindible que todas las fuerzas auténticamente democráticas y nacionales de orientación independentista trabajen para conseguir conjuntamente una Ruptura Democrática que tiene como objetivo la Independencia, por medio del ejercicio del Derecho de Autodeterminación. La Plataforma pel Dret de Decidir (PDD), organizadora de la gran manifestación del 18 de febrero de 2006, que reunió centenares de miles de personas en Barcelona, es en este nuevo momento una expresión del despliegue social que ha ido alcanzando el independentismo, a partir de la defensa del derecho colectivo más elemental y general de la nación catalana. Las diferentes plataformas y colectivos constituidos a partir de esta fecha abren nuevas perspectivas para alcanzar la libertad nacional.

Es a partir de esta fecha cuando creemos que se puede hablar de una verdadera emancipación política del movimiento independentista de masas por el hecho de que, desde este preciso momento el movimiento adquiere capacidad propia de convocatoria, de manera independiente de los grandes partidos parlamentarios (los cuales cabe señalar que se habían opuesto a la manifestación).

La construcción de la unidad suprapartidista

Podemos decir pues que la última fase del independentismo que estamos describiendo viene marcada por las diversas iniciativas que han ido apareciendo al margen y más allá de los partidos políticos convencionales.

La PDD (Plataforma pel dret de decidir) creada el año 2005, continua su actividad después de la manifestación del año 2006 ya citada, con nuevas movilizaciones, como la del 1 de diciembre de 2007 en protesta por las deficiencias en las infraestructuras, especialmente los ferrocarriles, una manifestación que reúne otra vez centenares de miles de personas en Barcelona.

Apenas transcurridos dos años son las Consultas sobre la independencia, nacidas el 13 de septiembre de 2009, las que movilizan la población catalana también de una manera masiva, pues consiguen la sensibilización de centenares de miles de personas y la movilización militante de decenas de miles de organizadores. En el transcurso de estos meses cabe citar aún la gran manifestación del 10 de julio de 2010 ante la proximidad de la sentencia contraria del Tribunal Constitucional español sobre el Estatuto de Autonomía.

Todo este movimiento ciudadano de una gran envergadura encuentra su punto de confluencia final en la Assemblea Nacional Catalana (ANC) fundada recientemente (el 10 de marzo del año en curso, 2012) como resultado de un trabajo de organización paciente y de un largo debate a favor del consenso y de la unidad, de más de tres años.

La Assemblea Nacional Catalana es pues, el resultado de las experiencias de largos años de movilización independentista y también la plasmación de la última ola de sensibilización que ha tenido lugar en los últimos cinco o seis años.

La Marcha hacia la Independencia del pasado 11 de septiembre debe ser analizada pues como el resultado de todo este proceso de acumulación de fuerzas y de movilizaciones.

Se ha querido reducir la movilización independentista a razones puramente economicistas. No se debe menospreciar el efecto de la crisis económica en la aceleración de la consciencia política, pero si sabemos observar con una cierta perspectiva esta larga evolución que hemos descrito de manera esquemática, se debe llegar a la conclusión que la causa de fondo de la gran participación en la movilización del 11 de septiembre y el crecimiento espectacular de la ANC(con más de 300 Asambleas territoriales y más de 10.000 miembros en la actualidad) es el sentimiento de indignación causado por la vulneración del Estado español de sucesivos acuerdos y compromisos políticos y económicos, y la falta de respeto hacia Cataluña, los catalanes, su lengua y su cultura; y también la negación a los catalanes de su derecho a determinar libremente su futuro. La consciencia actual de la mayoría de la población catalana sensibilizada políticamente, se fundamenta en la convicción de que es el pueblo catalán, sin injerencias ni imposiciones, quien debe decidir sobre su forma de organización colectiva.

En este momento, ante las próximas elecciones del día 25 de noviembre, todo este esfuerzo de movilización de los últimos años va a encontrar un reflejo claro en el apoyo electoral que van a recibir en las urnas las organizaciones que se han comprometido a avanzar en el sentido del lema de la manifestación de hace dos meses: "Catalunya, nou Estat d’Europa"[2]. No se trata de un sentimiento coyuntural. Todo indica que se trata de un camino sin retorno porque es el resultado de una experiencia vivida largamente por más de una generación. Es la ruptura democrática que se vuelve a presentar como una nueva oportunidad de conseguir una sociedad más justa y democrática.