Otras miradas

La crisis de los refugiados y los riesgos para la salud

Manuel Martin Garcia

Presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública 

Manuel Martin Garcia
Presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública 

La crisis de los refugiados que pueblan los mares, fronteras y países se extiende como una mancha  física y moral por toda Europa.

Las causas han sido analizadas y conocidas por todos y tienen que ver con los conflictos de intereses geoestratégicos relacionados con el control del petróleo, el comercio internacional y los intentos de los países desarrollados por controlar a las potencias emergentes. Desde el año 2006  Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Turquía,  Israel y los países del Golfo Pérsico están intentado debilitar y derribar al Gobierno Sirio y desde el año 2012 están bombardeando el país, además de suministrar armas y dinero a diferentes grupos armados.

Los principales contingentes de refugiados provienen de Siria (65% del total), aunque también de Nigeria y de Afganistan, Irak, Eritrea y Somalia, países azotados por guerras que cuentan con el apoyo de las multinacionales petroleras y armamentísticas. Solo las españolas han vendido a las petromonarquías del Golfo 1.238 millones de euros en 2013, 30 veces más que el año anterior, violando la legislación que prohíbe vender armas a países que no respetan los derechos humanos.

Las principales victimas de esta política son los 278 millones de personas que viven en estos seis países. En conjunto, sus debilitados sistema de salud pública destinaban 9.570 millones de euros en el año 2013, seis veces menos que lo que gastamos en España para una población seis veces superior, con un gasto medio en salud por habitante de apenas 34 euros (40 veces inferior al nuestro), mientras el gasto en armamento ya se situaba en 40 euros/habitante, sin tener en cuenta el empleado por las fuerzas irregulares.

Ahora las débiles infraestructuras sanitarias de estos países (hospitales, centros de salud) han sido en su mayor parte destruidas por la guerra,  lo que supone una catástrofe sanitaria, a la que habría que añadir las destrucción de las infraestructuras de agua,  centrales eléctricas (cadenas de frío para conservación de alimentos, funcionamiento de quirófanos, etc.), viviendas, o los muertos directos por heridas, hambre o enfermedades trasmisibles.

En este horrible escenario lo normal es que quien disponga de recursos intente escapar a otros países (la mayoría de los demandantes de asilo son familias con un nivel medio o alto de recursos culturales y económicos, que les permite pagar las sumas astronómicas exigidas por las mafias que los trasportan en condiciones infrahumanas, a pesar de viajar hacinados en barcos, camiones frigoríficos y otros medios en los que mueren a millares ahogados, asfixiados o aplastados). Los pobres y enfermos no tienen más opción que sufrir la guerra.

Pero lo más cruel es que las autoridades de los países europeos (que tras la segunda guerra mundial estuvieron sometidos a situaciones similares), además de negarles el asilo hacen negocios con los medios utilizados para frenar su entrada, recurriendo a la colaboración público-privada en el control de fronteras y en la vigilancia marítima, que llevan a cabo multinacionales pagadas con fondos de la Unión Europea. El control fronterizo, la venta de concertinas y  alambradas (que hieren y mutilan a quienes pretenden traspasarlas, como en Ceuta y Melilla) o las devoluciones forzosas  en aviones suponen un importante nicho de negocio, en franco crecimiento.

El gasto en blindar las fronteras de Europa crece progresivamente. Ya entre los años 2007 y 2013 alcanzó los 2.000 millones de euros, frente a los 700 millones gastados en ayuda a los refugiados. En España las diferencias son muy superiores, con un gasto público en recursos para reforzar fronteras de 289 millones de euros frente a los 9,3 millones de euros empleados en proteger a los refugiados.

En resumen, los países de la UE han creado un grave problemas humanitario y no quieren hacerse cargo de sus consecuencias. El cierre irregular de sus fronteras, violando la legislación comunitaria, aboca a los refugiados a negociar con las mafias o a buscarse alternativas muy peligrosas, lo que provoca que se ahoguen miles de personas en el mar (más de 20.000). De no poner remedio, la crisis humanitaria no tendrá precedentes y el prestigio de las instituciones europeas también se hundirá.

Los países europeos disponen de recursos económicos y de infraestructuras sanitarias suficientes para atenderlos y evitar las graves consecuencias que se avecinan. La población europea debería reconocer la situación de emergencia humanitaria que nos atañe moralmente, ya que si no se instrumentan programas de acogida y asistencia a los refugiados, muchos hombres, mujeres y niños enfermarán o morirán, de parto y por heridas, infecciones u otras enfermedades prevenibles o curables. Además, es posible la aparición de epidemias y problemas de salud que pueden afectar a  toda la población, incluyendo a la europea, sin contar el riesgo de desestabilización moral y política, que puede ser el germen de la xenofobia y el fascismo, graves  enfermedades que afectan a la salud social, la paz  y la seguridad de los pueblos.

El ejemplo de la Europa previa a la Segunda Guerra Mundial debería hacer reflexionar a nuestras autoridades, especialmente a las españolas cuya población se vio obligada a huir a Francia tras la guerra civil, donde muchos encontraron la muerte en campos de refugiados.

Es necesario un Plan de Emergencia Europeo para los Refugiados, dotado de fondos europeos suficientes, destinados a:

1.- Identificar los problemas y necesidades relacionados con la salud que afectan a los miles de refugiados, especialmente los más vulnerables como los niños, embarazadas y ancianos.

2.- Elaborar un plan de actuación urgente, dotados de un presupuesto suficiente, para atender las necesidades inmediatas: Alimentación, vivienda, cuidados de salud, etc., con recursos públicos (esta actividad no puede estar en manos de ONGs, como en los países subdesarrollados)

3.- Establecer una estrategia a medio plazo para atender a estas personas, poniendo a la vez todos los medios posibles para mejorar los sistemas de salud y la situación general en sus países de origen.

 

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