Mercedes Ruíz-Giménez
Presidenta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo

El domingo finalizó la 70ª Asamblea General de Naciones Unidas. No fue una asamblea más; el encuentro dio el pistoletazo de salida a una nueva agenda internacional para luchar contra la pobreza y las desigualdades y para proteger el medioambiente. Los compromisos asumidos por 190 jefes de Estado y de gobierno marcarán sus responsabilidades para los próximos 15 años. Ahora se trata de ver cómo empieza este camino y, sobre todo, a dónde va a llevarnos. La senda que comienza viene marcada por luces y sombras.

La brújula la pondrán los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 objetivos que contemplan temas como la educación, la salud, el cambio climático, el hambre, la igualdad de género, la paz o el derecho al agua, entre otros. La amplitud es enorme, como enormes son los retos que afrontamos como humanidad. El abordaje integral de todos ellos será clave en un mundo tan interconectado como el actual.

La Agenda 2030  incorpora  novedades relevantes  respecto a propuestas anteriores que pueden suponer una oportunidad para el proceso que ahora se inicia. Por primera vez, una hoja de ruta de este tipo contempla que la lucha contra la pobreza, el desarrollo humano y el medioambiente van de la mano; aunque parece algo evidente, hasta ahora no se había contemplado de tal manera. El segundo elemento clave es el reconocimiento  de que la desigualdad entre países, y en el interior de ellos, es un problema central que hay que abordar de manera integral y urgente. Además, se trata de una agenda universal que afecta a todos los países; es decir, que también España deberá implementar un plan de acción para alcanzar los objetivos no solo en materia de  cooperación internacional sino también en relación  a las políticas públicas domésticas. Esto, sin duda, es un gran logro.

Hay ciertas cuestiones que han quedado en el aire y que pueden significar un freno importante para la consecución de los objetivos acordados. La primera de ellas es que el cumplimiento de estos objetivos es voluntario; y en relación con los compromisos internacionales, se ha demostrado que la buena fe no es suficiente. Por otra parte, se reitera el mantra del crecimiento económico como solución a nuestros problemas,  ignorando que el crecimiento por sí solo no conduce al bienestar y, lo que es más grave, que vivimos en un planeta cuyos recursos naturales están al límite de su explotación -este tema ha sido denunciado por el propio Papa  Francisco en la sede de la ONU. Otro elemento preocupante es cómo los derechos humanos han ido perdiendo fuerza a lo largo de las negociaciones. Por un lado, han desaparecido en partes fundamentales del texto  y, por otro,  cuando se habla del acceso a la  educación, sanidad o alimentación se evita mencionar que estamos ante derechos humanos fundamentales.

De las palabras a los hechos

Acabamos de dejar la salida, ahora debemos saber cómo vamos a realizar el viaje. La puesta en marcha de esta hoja de ruta exigiría, en primer lugar, cambios profundos en el sistema económico y político internacional, y eso, de momento, no parece que se vaya a dar. Si no atajamos las causas, nunca acabaremos con sus consecuencias. Seguir como hasta ahora no es una opción.

Es el momento de pasar de las palabras a los hechos. Y eso pasa, ineludiblemente, por la creación de un Plan Nacional de Implementación en cada país que sea definido con la participación de los distintos sectores implicados: academia, sociedad civil, parlamento, sindicatos... Y que además, contemple todas las políticas públicas que deben contribuir a la lucha contra la pobreza y la desigualdad, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Es la hora de la llamada coherencia de políticas; es decir, de garantizar que nuestras políticas económicas, comerciales, energéticas, migratorias... son coherentes con la defensa de los derechos humanos aquí y en cualquier lugar del mundo.

Llevar a cabo una agenda tan ambiciosa como esta exige una financiación suficiente; sin los medios necesarios es imposible que los compromisos se hagan realidad. Es preocupante que ésta sea una de sus grandes debilidades. Los gobiernos no parecen estar dispuestos a hacer grandes cambios en las reglas del juego y, sin cambios a fondo en el status quo, la agenda difícilmente será transformadora. La financiación pública es la única que puede garantizar la dotación necesaria  para implementar las políticas adecuadas.

La puesta en marcha de la agenda debe ir acompañada de políticas contra la evasión y los paraísos fiscales. No se puede exigir responsabilidad a los países empobrecidos a través de lo que se denomina "movilización doméstica de recursos", sin que se establezcan medidas contra la evasión y  los paraísos fiscales.  Además, debe establecerse un mecanismo independiente que aborde los problemas de endeudamiento insostenible de los Estados – un serio problema que afecta tanto a los países empobrecidos, como a los países europeos, tal como ha crisis griega ha puesto de manifiesto–; sin ese mecanismo los países con más poder podrán seguir imponiendo sus condiciones al resto.

Nunca antes el mundo estuvo tan interconectado como ahora. El abordaje de los problemas que nos afectan como sociedad no puede ser sino global; afrontarlos desde una óptica local o nacional nos llevaría a un callejón sin salida en el que se alcanzarían parches y no soluciones reales. El nuevo gobierno español se encontrará así con grandes retos por delante. Siendo como somos uno de los países más desiguales de Europa será muy interesante realizar un seguimiento sobre los avances de esta hoja de ruta. También lo será, tomarle el pulso a la posición de España como actor internacional. El establecimiento de un sistema de indicadores será imprescindible para realizar este tipo de seguimiento.

Desde la sociedad civil estaremos muy pendientes de las decisiones que se vayan tomando (o no) para garantizar que las propuestas de esta agenda –llamada Agenda2030– se aplican, tanto en las políticas nacionales como en las internacionales. Confiamos en que se habiliten espacios para que esa participación en los asuntos públicos sea asegurada. Se trata de garantizar que en el centro de las políticas se encuentran los derechos de las personas y la protección del planeta en el que vivimos. No hacerlo, sería jugarnos mucho. Demasiado.