Olga Abasolo
Diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid

La pobreza energética se ha convertido en una de las más extendidas consecuencias de la desigualdad, multiplicada por la mala gestión de la crisis. Solo en la Comunidad de Madrid, según el Instituto Nacional de Estadística, hay 225.000 hogares que están sufriendo junto a seres queridos los efectos de un modelo que los ha condenado socialmente. No son responsables de su situación; no han fallado a nadie, ni a sus hijos, ni a sus nietos. Es la realidad de una Comunidad con una renta per cápita de 31.000 euros, una fiscalidad a la medida de los ricos y veinte años de gobiernos populares que todavía plantean las políticas sociales como la gestión de las caridad.

La pobreza energética es una expresión más de la pérdida de derechos. Se multiplicó mientras subían constantemente los recibos eléctricos y el Gobierno perdonaba a las compañías deudas de 3.500 millones de euros, para calentar sus balances anuales mientras se enfriaban decenas de miles de hogares. Por las puertas por las que entraban ex miembros del PP y del PSOE en consejos de administración, entraba en las casas una espiral de empobrecimiento energético hasta superar los 4.000.000 de ciudadanos que no pueden mantener sus hogares a una temperatura adecuada.

La respuesta a la pobreza energética hay que abordarla desde la óptica de los derechos, de la garantía de acceso a todos los insumos (luz, agua y gas) durante todo el año, no como un mero acuerdo de buenas voluntades en el que llega la navidad y el Partido Popular siente pena por el frío en los hogares.

La primera medida para su combate debe ser acabar con los desahucios energéticos. Por un lado, habría poner fin a la rigidez de los contratos de la luz; en muchos casos la potencia contratada puede reducirse sin menoscabo de la calidad de vida de los hogares. Esta medida supondría un ahorro inmediato tanto para las familias como para las arcas públicas.

Pero no basta con paliar o disminuir el gasto, hay que fomentar una cultura de ahorro, generación de rentas y creación de empleo. Las medidas de micro-eficiencia energética en los hogares, son intervenciones de bajo coste que pueden generar un ahorro en el consumo de más del 60%. Así ahorran las familias, las administraciones públicas y  desciende el impacto ambiental. Pero, además, implica la dinamización de numerosos sectores productivos asociados a la energía y a la generación de una importante bolsa de empleo. Gran parte de la financiación de estas medias podría llegar a través de fondos comunitarios dentro de la estrategia Europa 20/20. Esa transición energética sería una herramienta para la reducción de la desigualdad en nuestras regiones.

El Partido Popular, en comunidades autónomas como Castilla y León o Madrid está presupuestando cantidades económicas para evitar cortes de luz. Se trata de un ejercicio de caridad política, paliar efectos sin cuestionar las causas, y sobre todo no extender derechos y garantías para la ciudadanía. En una sociedad dotada de recursos como la nuestra hay que garantizar los derechos, generar ahorro y renta, dinamizar la economía regional y disminuir el impacto ambiental que tienen nuestras necesidades energéticas.

En los bancos de alimentos, a los que acuden miles de familias y otras tantas no van por vergüenza, cada vez hay más demanda de platos precocinados. No los demanda gente sin tiempo; se trata de familias que no pueden dedicar recursos a cocinar sin prisa, a tener un fuego encendido durante una hora, pero pueden acceder a un minuto de microondas para calentar lo que van a comer.

En muchos hogares familiares hay gente pasando frío, estudiantes que tienen que hacer sus deberes a temperaturas que dificultan su aprendizaje, personas que van desmejorando su higiene personal para abrir menos veces el grifo del agua. La respuesta debe ser evitar los cortes y regular el derecho al bienestar energético.

En el programa Salvados, del domingo 13 de diciembre, el ministro de Industria, José Manuel Soria, respondía al mensaje de una afectada por la pobreza energética con el argumento de que la creación de empleo, gracias a las políticas de Rajoy, la sacaran del paro y solucionarían el problema. En la Comunidad de Madrid, cuando el Grupo Podemos ha presentado una Proposición de Ley para convertir las necesidades energéticas en un derecho, la presidenta Cristina Cifuentes intentó bloquear la propuesta para proteger los intereses de las grandes compañías energéticas. Las puertas giratorias y el favorecimiento de grandes beneficios han pervertido la actuación de los gobiernos. Pero las cosas están cambiando, las instituciones tienen que estar al servicio de la gente y eso significa que ninguna casa se quede a oscuras por falta de recursos económicos.