Enrique Pérez Cabezas
Empleado de RTVE

El PSOE ha presentando en el Congreso de los Diputados una propuesta para la elección del Consejo de Administración de RTVE, y por tanto de su presidente, que básicamente consiste en volver al modelo de 2006. Parece fácil. Se trata de acabar con el desastre creado por el PP de la misma manera que ellos lo propiciaron: de un plumazo. Pero muchos tememos que pueda acabar siendo, simplemente, un intercambio de cromos. Existe una referencia próxima en Radiotelevisión Castilla-La Mancha y no es satisfactoria. Más de lo mismo, pero de otro color.

El procedimiento de consenso planteado en la Ley 17/2006 de RTVE fue truncado por el PP en abril de 2012 mediante un real decreto, reforzado por su mayoría absoluta, que propiciaba el posterior secuestro de RTVE a manos del aparato propagandístico afín a los intereses de Génova 13. Como resultado, el grupo público ha sido profundamente cuestionado y ha estado al borde del colapso económico.

Durante el último mandato de Zapatero, el PP había bloqueado desde la oposición, durante año y medio, la elección de un presidente para RTVE. La verdad, se reconozca o no, es que el modelo había fracasado tres años antes del 'decretazo', cuando Luis Fernández presentó la dimisión al enterarse de que el Gobierno eliminaba la publicidad de TVE sin haberle consultado. A partir de ahí los Populares descubrieron que podían jugar a atravesarse, sencillamente porque las culpas de su insensatez se le iban a cargar al rival, que en el fondo era quien gobernaba. Tal actitud puso en evidencia el escaso respeto por lo público del partido que aspiraba a gobernar en aquel momento, tanto como la bisoñez con que se había diseñado el procedimiento. No había alternativas previstas en la ley ante un bloqueo parlamentario.

El panorama mediático general se encuentra en pleno proceso de transición, forzado por una imparable revolución tecnosocial que tiene a Internet como protagonista. Ello ha condicionado movimientos de recolocación, a los que no han sido ajenos los más recientes gobiernos de España, que han intervenido mediante la administración de licencias: creación y refuerzo del duopolio televisivo privado, concesiones a grupos e instituciones próximos y manga ancha a la concentración de telefonía y televisión de pago: Telefónica y Canal+ copan una oferta imparable contando con el apoyo del Gobierno, la complicidad del superregulador de la CNMC y la inhibición de las liberales autoridades de Competencia europeas. Si en tal escenario reducimos el debate sobre RTVE a la elección del Consejo de Administración y su presidente, estaremos más que abonados a nuevos fracasos de un viejo modelo agotado. Será poco más que una patada hacia delante en el último minuto de la prórroga de la final. ¿De verdad queremos ir a la tanda de penaltis?

Estamos ante una encrucijada sin retorno, obviamente. La sociedad y el medio cambian y la ocasión exige la elaboración de un nuevo proyecto mediático estatal que, sobre todo, debe volver a conectar con la sociedad. Una nueva empresa que debe partir de un modelo político inspirado en una visión diferente, que contemple la comunicación social como un vehículo de cohesión, de desarrollo y de participación social. Garantizar el derecho a la información es un mandato de la Constitución al Estado y RTVE la herramienta clave de su desarrollo. A una sociedad democrática le corresponde reivindicar su cumplimiento porque se trata de un derecho fundamental. El acceso a la mejor información, base de la democracia, debe ser libre y gratuito. Si no lo tenemos claro corremos el riesgo de que termine siendo selectivo y de pago. Ello no debe ser óbice para que se exija que la gestión empresarial de la herramienta se adapte a los tiempos y se asiente, indiscutiblemente, sobre una gestión transparente, que aquilate costes y rinda cuentas públicamente (actualmente RTVE es protagonista de dos demandas ante el Portal de Transparencia que sistemáticamente se niega a responder).

La corporación pública debe ser un bien para la sociedad que, sin abandonar el marco televisivo tradicional (la televisión en abierto sigue siendo el espacio natural de la comunicación pública y todavía el de influencia y uso mayoritarios) pueda superarlo, previendo la evolución futura de los medios. RTVE debe tener vocación de llegar allá donde el ciudadano se encuentre, con el dispositivo de que éste disponga en cada momento, para ofrecerle un servicio público intachable y puntero. De la máxima calidad e identificado con la sociedad de su tiempo, pero atento al pulso y a la evolución futura de la misma. Y que ofrezca al ciudadano la posibilidad de participar activamente, de responder, de intervenir. Información y entretenimiento activos. Comunicación y participación social, ¿por qué no? El colectivo Teledetodos ha puesto negro sobre blanco las bases de lo que podría ser ese nuevo modelo. Merece ser escuchado por el prestigio de sus integrantes y por la relevancia de la propuesta.

Por otra parte, pero enmarcando todo el debate, se debería revisar el controvertido sistema de financiación de RTVE para clarificar sus principales pilares, como tasas, patrocinios y aportación pública. Es necesario acabar con la inestabilidad. La transparencia debería ser el eje fundamental e ineludible que inspirase el nuevo modelo de gestión. Se pueden y deben establecer relaciones comerciales, de producción y de coproducción con el mercado audiovisual, con el de los creadores independientes y con la industria del cine, pero en un inexcusable entorno de transparencia. En el mundo existen modelos acreditados que se pueden emular: el de BBC es el más conocido y reputado. No caben excusas.

Aún siendo muchas las posibilidades de desarrollo para una comunicación de servicio público avanzada, el rediseño de una empresa de casi mil millones de presupuesto, 6.500 trabajadores y múltiples canales de difusión no es fácil. Mientras se obtienen resultados, puede que el paso obligado sea volver al sistema de elección por dos tercios, pero será necesario implementar fórmulas que eviten el bloqueo parlamentario y garanticen la independencia. Hay que contar con todos los grupos de la cámara, obviamente, pero no se pueden dejar puertas abiertas a los malintencionados.

En cuanto a los Servicios Informativos, visto lo ocurrido en estos años, otorgar carácter vinculante al preceptivo informe del Consejo de Informativos sobre el nombramiento del director del área, regulado en la ley, resulta imprescindible. Tanto como buscar fórmulas para evitar bloqueos. La exigencia de que en la convocatoria para la elección del presidente sea requisito imprescindible presentar un proyecto de gestión a un plazo mínimo de dos años puede ser una solución que ayude a generar el marco de confianza necesario. No solo en el nuevo y complejo ámbito parlamentario. También en la sociedad.