30/01/201020/09/2017

ANNA GARCÍA HOM

Miembro del Centre de Recerca en Governança del Risc (UOC-UAB) 

Las dificultades más destacadas (que no las únicas) del procedimiento de selección de emplazamientos para almacenar y gestionar los residuos radiactivos de las centrales nucleares parecen estar sujetas hoy a los mismos escollos del pasado. Entonces, dichas problemáticas se podían englobar en dos aspectos fundamentales. Por un lado, se ponía de manifiesto la ausencia de una dimensión propiamente plural y territorialmente participativa que requería la resolución de un proyecto de complejas connotaciones técnicas, económicas, políticas y sociales. Por otro, aumentaban las tensiones y preocupaciones sociales para con los riesgos que podían derivarse por la presencia y funcionamiento de aquellas instalaciones. Ahora bien, el proceso de toma de decisiones en esta materia debía fundamentarse en la existencia previa de un consenso político e institucional, tanto en el ámbito parlamentario como en el territorial.
Así, los municipios que disponen en su territorio de una instalación nuclear reconocían que la gestión de los residuos radiactivos requería una solución inmediata y gobernada a partir de la transparencia, la información y la consulta de todos los actores afectados o interesados en este fenómeno. Dicho desafío fue acompañado, además, por la necesidad de ampliar la participación a los diversos actores sociales e implicarlos en los procesos de elaboración y toma de decisiones, reto que aspiraba a la construcción plural y participativa sobre las directrices de aquel proceso. Esta exigencia fue justamente llevada a cabo por algunos de los actores afectados que, en ausencia de un claro posicionamiento político y verdadero consenso social, encabezaron una lucha a favor de los derechos de los municipios nucleares. A este nivel han existido interesantes iniciativas que, con importantes inversiones de tiempo, dinero y recursos humanos, pretendieron proporcionar a los municipios de elementos de participación, transparencia e información sobre estos procedimientos.

Ahora bien, resulta sorprendente que, a pesar de estos interesantes antecedentes, municipios como Ascó (Tarragona), Yebra (Guadalajara) y Villar de Cañas (Cuenca) se vean sometidos hoy a presiones que, en razón de aquellas experiencias, resultarían injustificadas. Así, se ha dicho que una de las razones de la falta de consenso político en este tema deriva del hecho de que la gestión de los residuos ha sido mayormente asumida por una sola organización (Ministerio de Industria) que, aun siendo pública o estando bajo el control público, ha adquirido grandes cotas de responsabilidad sin haber dado la oportunidad a otros actores sociales de contribuir a la discusión de aquellas políticas. Esta falta de participación se dejó sentir en un primer momento en España mostrando que algunas de las deficiencias aparecían en la discontinuidad que existía entre la inicial formulación de la política que se debía seguir en la gestión técnica de residuos, su implementación territorial y su gestión social a largo plazo. No obstante, lograr un consenso científico en torno a este tema es claramente distinto al que se requiere para seleccionar la búsqueda de emplazamiento para su almacenaje, donde se ponen de relieve cuestiones de índole social, de dimensiones y responsabilidades globales y de soluciones locales.
En efecto, el rechazo social no aparece durante la formulación de políticas generales sino cuando esta adquiere una dimensión espacial y se concreta territorialmente. Algo sucede, pues, cuando los responsables políticos locales se ven sorprendidos por una avalancha de "noes" a la instalación del almacén. Y decimos que sorprende, porque dichas reacciones están muy alejadas de aquellas directrices a las que hacíamos referencia anteriormente. Y también sorprende porque uno de los mayores obstáculos con los que, tradicionalmente, ha tropezado la participación social (plural y democrática) en estos asuntos –no en este caso que nos ocupa– ha sido la exclusión, desde el inicio, de los poderes locales y, por tanto, su no inclusión en los procesos de negociación y de resolución.
Asistimos una vez más a la emergencia de David (entes locales) frente a Goliat (Administraciones supramunicipales): véanse, si no, los casos del referéndum de Arenys, o del padrón de Vic. Curiosamente, estas iniciativas son demonizadas por las jerarquías centrales, ya sean estatales, autonómicas o partidistas, aun siendo intentos del eslabón más débil en la jerarquía administrativa, con menores recursos y mayor vulnerabilidad al ejercicio del cargo (a alcalde expedientado, alcalde sustituido o no renovado en la candidatura por su partido). Siendo como somos, hoy, un país nuclear, la opción de presentación de candidaturas a albergar un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares se presenta como la más sensata y adecuada a las circunstancias. Para ello se requiere responsabilidad en lo político, seguridad en lo técnico y sentido común en lo social. Y algo no funciona cuando las actitudes de algunos opositores, desde Barreda
y Montilla hasta Cospedal y Mas, por citar frentes de izquierda y derecha, resultan ambivalentes, cuando no contradictorias, respecto a esta cuestión: sí al ATC, no al apoyo al municipio candidato. Si se quiere mantener el debate lejos del electoralismo, debería atribuirse la competencia de decisión a una comisión estatal independiente con composición social, política y territorial representativa y nombrada por el Parlamento. A fin de cuentas de lo que se trata es de abordar inteligente y responsablemente los problemas asociados al tratamiento y disposición final de los residuos radiactivos ya generados, también en la producción de electricidad, en nuestro propio beneficio. A partir de ahí, como no hay más remedio, ATC, sí gracias.