La vida se abre paso en la Cañada

05 May 2016
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Raúl Camargo e Isabel Serra
Diputado y diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid

La Cañada Real Galiana es un gran asentamiento ilegal situado en el sureste de la Comunidad de Madrid. En sus más de 15 kilómetros que pasan por los municipios de Madrid, Rivas y Coslada se agolpan infraviviendas, chabolas,  un supermercado de la droga, un  vertedero legal, varios ilegales y una incineradora. Pero también hay casas normales, gente que tiene trabajo, chavales jugando al fútbol, mezquitas, iglesias evangélicas, una parroquia  católica y personas que apoyan solidariamente a los que menos tienen. La Cañada es polvo, tierra, escombros, jeringuillas usadas, suciedad, tiendas de campaña donde “viven” los que se chutan la dosis allí mismo… Pero La Cañada también son risas, dignidad, compromiso, solidaridad entre los que tienen poco pero comparten mucho, apoyo mutuo, empatía. La Cañada son contrastes. Es la Parroquia de Santo Domingo y el cura Agustín, un ejemplo de eso que se  llamó “la Iglesia de los pobres” y que tan poco se estila en este país por las imposiciones de la Conferencia Episcopal. Y las asociaciones y ONG que llevan lustros sustituyendo la incomparecencia de las instituciones, que prefirieron subcontratar la ayuda antes que  intervenir directamente. Secretariado Gitano, Cruz Roja,  El Fanal, ACCEM, Asociación Barró, el CAES y más, así como  los voluntarios de la Parroquia de Entrevías. Un ecosistema duro pero donde la vida se abre paso, desde hace décadas, a pesar de todas las dificultades.

Hace meses recorrimos La Cañada a pie, junto con  los maestros de Vallecas que dan clases a los niños y niñas de allí, aunque no pasamos del Sector VI, el más largo y donde se concentran la mayoría de los problemas sociales. El pasado jueves, ya en coches y en el marco de una visita de todos los grupos políticos de la Asamblea de Madrid, fuimos desde Perales del Río hasta Coslada, atravesando todos los sectores. Lo primero que llama la atención son las fronteras interiores: el sector II no tiene nada que ver con el VI y, dentro de este, tienes desde poblados chabolistas con zonas insalubres hasta casas con huertas y perímetros de seguridad. Contrastes propios de una ciudad construida sin ningún orden y donde las administraciones sucesivas, pero especialmente el Ayuntamiento y la Comunidad  gobernados por el PP durante dos décadas, han preferido mirar para otro lado. La Ley de la Cañada del 2011 desafectó estos terrenos quitándoles la calificación de vía pecuaria y los puso bajo propiedad de la Comunidad de Madrid, bien es cierto que con un nivel muy bajo de concreción y con altas sospechas de que se pudiera estar favoreciendo un nuevo pelotazo urbanístico, parecía que tenía la intención de solucionar la inseguridad jurídica de las personas que residen allí desde hace mucho tiempo pero no sirvió ni siquiera para eso. El Acuerdo Marco de 2014, surgido de aquella ley, que fue firmado por la Comunidad y los Ayuntamientos de Madrid y Coslada (Rivas no lo firmó), desarrollaba materias tales como la seguridad, encaje urbanístico, realojos, marco jurídico e integración social. Tras dos años de su firma, tampoco ha habido avances.

Son 7.631 personas censadas en la Cañada, de las cuales unas 6.000 residen en la zona del municipio de Madrid, otras 900 están censadas en Coslada y el resto en Rivas Vaciamadrid. El denominado sector VI, próximo al vertedero de Valdemingómez, concentra a más de la mitad de los residentes totales de la vía. Según el Ayuntamiento de Madrid, la zona es la más conflictiva de Cañada Real en lo que respecta a “problemas sociales, urbanísticos y de seguridad ciudadana”. Como ya señalaba un informe de Amnistía Internacional en agosto de 2014 “ … vemos con preocupación los términos en los que está redactado el Acuerdo, ya que adolece de una falta de concreción de las actuaciones previstas y de calendario de las mismas así como de una falta de información sobre el organismo que integre a todas las Administraciones implicadas, y las competencias que le serán atribuidas. También lamentamos que no se determine el proceso participativo de la población afectada en las soluciones concretas y que se haya este Acuerdo Marco Social para poder abordar la situación de las estribaciones de la Cañada, en particular del asentamiento de El Gallinero”.

Desde la realización de este informe ha habido dos novedades destacadas: el nombramiento de un Comisionado para la Cañada Real por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid y el apoyo de los 4 grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid a una moción presentada por Ciudadanos para, en un plazo de 3 meses, firmar un Pacto regional para impulsar una solución definitiva a la Cañada Real Galiana. Según se afirma en el texto “el Pacto contendrá objetivos, propuestas y compromisos presupuestarios y establecerá un modelo de gobernanza que garantice la transparencia de los trabajos que se desarrollen y sirva para coordinar y controlar su avance”. Ambas medidas han sido reclamadas de forma recurrente por los colectivos que trabajan allí, por las asociaciones de vecinos y por la Parroquia de Santo Domingo. Si bien el nombramiento del Comisionado se hizo sin que el gobierno buscara consenso alguno con el resto de grupos, su figura puede ayudar a desbloquear la situación, así como lo hará el reciente nombramiento de una figura similar  por parte del Ayuntamiento de Madrid. En cuanto a la firma del pacto regional, han pasado ya más de dos meses y aún no se ha empezado a debatir el contenido de ese acuerdo, esperemos que no se produzca una nueva dilación como las que ya ha hubo tras la aprobación de la Ley de 2011 y la firma del Acuerdo Marco en 2014. La Cañada no puede esperar más. Por nuestra parte, permaneceremos vigilantes para que las medidas que se adopten pongan en primer lugar a las personas que peor lo están pasando, se inicien  urgentemente los trabajos de alumbrado, alcantarillado, desescombro, limpieza viaria y enganche legal a la luz y el agua para los y las habitantes de la zona. Y posteriormente, insistiremos en que se estudien caso por caso las medidas jurídicas y patrimoniales para que las viviendas consolidadas puedan ser de quienes las habitan. Todo ello debería enmarcarse dentro de un Plan Integral para la dignificación de la Cañada que incluyera también la construcción de zonas comunes y las garantías ambientales para las y los residentes, ya que la Incineradora de Valdemingómez sigue estando demasiado cerca de muchas viviendas.

Igual que ocurrió en su día con Orcasitas o en muchas zonas de Vallecas, la Cañada debe convertirse, con el tiempo, en un barrio con todos los derechos y todos los deberes que tienen todos los demás, y donde la vida siga abriéndose paso, pero no entre polvo y escombros, sino de forma digna. En esa tarea, nos vamos a implicar a fondo.


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